CIVICUS conversa con Regina Fonseca, coordinadora del programa Fortaleciendo el Derecho a Decidir del Centro de Derechos de Mujeres (CDM), sobre el caso que la organización llevó al Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas (ONU) en busca de cambios en la restrictiva legislación hondureña sobre el aborto.
El CDM es una organización de la sociedad civil hondureña feminista, autónoma, crítica y propositiva, que lucha por los derechos humanos de las mujeres.
¿Por qué llevaron un caso al Comité de Derechos Humanos de la ONU?
Honduras es un país hostil para las mujeres y sus libertades reproductivas, lo cual se refleja en casos como el de Fausia, una mujer indígena y defensora de derechos humanos del pueblo Nahua que sobrevivió a violencia sexual y tuvo que enfrentar una maternidad forzada producto de la prohibición total del aborto. Recurrimos a los organismos internacionales porque agotamos todas las posibilidades de búsqueda de justicia reproductiva en el país.
El de Honduras es un caso muy particular, porque la constitución prohíbe explícitamente el aborto, que además está criminalizado sin excepciones en el Código Penal que rige desde 2020. El aborto ya era penalizado bajo el antiguo código penal, por lo que cuando se inició la discusión legislativa de un código penal nuevo tuvimos la esperanza de que esto pudiera cambiar, y trabajamos duramente para ello. Sin embargo, la prohibición y criminalización del aborto se trasladaron intactas del código anterior.
Frente a esto nosotras interpusimos un recurso de inconstitucionalidad, y luego, cuando en 2021 la prohibición también se incluyó en la constitución, reclamamos por considerarla violatoria de los compromisos asumidos por el país en materia de derechos humanos. La prohibición del aborto en todas las circunstancias viola derecho a la vida y a la salud de las mujeres, así como los principios de dignidad humana, igualdad, no discriminación y progresividad de los derechos humanos.
La Corte Suprema de Justicia admitió el recurso que presentamos, pero falló en contra. Interpusimos una apelación, el último recurso que nos quedaba, pero la Corte Suprema ratificó su sentencia.
Por eso, junto con el Centro de Derechos Reproductivos, llevamos el caso de Fausia ante el Comité de Derechos Humanos de la ONU, pidiendo justicia para ella y garantías de no repetición para que ninguna mujer hondureña tenga que pasar por la misma situación. Esperamos que el Comité de Derechos Humanos recomiende al Estado hondureño que regule el aborto fuera del ámbito penal, como un servicio de salud, e implemente protocolos de acceso tanto a la interrupción del embarazo como a la anticoncepción de emergencia en el marco de los servicios de salud pública.
¿Por qué consideran que la prohibición total del aborto es una violación de los derechos humanos?
La prohibición absoluta de la interrupción del embarazo resulta en embarazos y maternidades forzadas, violatorias de la autonomía reproductiva, como ocurrió con Fausia y con miles de mujeres más. Cada año, más de mil niñas hondureñas menores de 14 años se convierten en madres, producto de violación sexual. Es posible que sean muchas más, porque muchas veces las familias no hacen la denuncia.
La prohibición total del aborto produce muertes de mujeres con complicaciones de salud que les impiden llevar adelante el embarazo. El aborto clandestino e inseguro también produce numerosas muertes o problemas graves de salud. Obviamente, las mujeres que pueden costear un aborto clandestino en condiciones relativamente seguras así lo hacen, pero esto no está al alcance de la mayoría. Las mujeres más jóvenes, rurales, de pueblos originarios o con discapacidad y los hombres trans son los más vulnerables, por carecer de recursos para buscar soluciones seguras con personal capacitado.
No tenemos datos fiables sobre los impactos de un embarazo no deseado sobre la salud mental, pero personalmente, conocí a una mujer que se suicidó por este motivo. También conocí el caso de una mujer con un embarazo que había sido muy deseado, pero cuyo feto se desarrollaba sin cerebro. Aun así, no se le permitió interrumpir el embarazo y sufrió desde que se enteró de la prognosis hasta que dio a luz a un bebé que murió a los pocos minutos. La angustia emocional de un embarazo no deseado y la perspectiva de una maternidad forzada son una forma de tortura, especialmente en casos de violación o malformación congénita incompatible con la vida.
Por todo ello consideramos que la prohibición total del aborto viola los derechos humanos. Ante la falta de opciones frente a un embarazo no deseado, las mujeres ponen en riesgo su salud física y mental e incluso su vida. Y esto es injusto y discriminatorio. Al fin y al cabo, no hay en Honduras ninguna ley que obligue a un hombre a hacer nada que ponga en riesgo su salud o su vida. Estas leyes refuerzan las jerarquías y desigualdades de género.
¿Cómo trabajan las feministas hondureñas para promover los derechos de las mujeres?
Nosotras intentamos construir narrativas alternativas a las narrativas dominantes, que son fuertemente antiderechos. Tenemos poca capacidad de incidencia con los representantes políticos, porque las élites políticas hondureñas temen perder votos si adoptan posturas favorables a los derechos de las mujeres. Funcionan en sintonía con una sociedad profundamente conservadora, empobrecida, con bajos niveles de educación y fácilmente manipulable por los medios y las iglesias, ya sean católicas o evangélicas.
Los grupos antiderechos hondureños utilizan las mismas tácticas y argumentos que en el resto de la región. Están muy articulados a nivel transnacional y cuentan con considerables recursos, en parte porque están muy cerca de los poderes políticos o incluso ocupan posiciones de poder institucional.
Es difícil construir narrativas alternativas cuando la narrativa predominante es “con mis hijos no te metas”, porque el slogan parte de una preocupación legítima de los padres de que nadie dañe a sus hijos. Enfrentar estas narrativas requiere de una reflexión más profunda, para la cual generalmente no hay ni tiempo ni espacio en las campañas o medios de comunicación.
Los cambios que conseguimos en términos de sensibilización de la población son limitados. En los medios tradicionales, los dueños de los medios suelen vetar el tema. En las redes sociales, la gente – que en general tiene un bajo nivel de educación formal – cae fácilmente presa del discurso antiderechos que agrupa todos los reclamos de igualdad, libertad y autonomía de género como parte de la agenda repudiable de la “ideología de género”.
Frente a esto, hacemos esfuerzos por ampliar los diálogos entre mujeres, llevamos a cabo procesos de formación feminista, nos articulamos para realizar activismo de calle e intentamos incidir para lograr cambios progresivos. Pero partimos muy desde abajo: en Honduras, la educación sexual no está permitida en el currículo de la educación pública.
El espacio cívico en Honduras es calificado como “represivo” por el CIVICUS Monitor.
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