CIVICUS conversa acerca de los resultados de las recientes elecciones mexicanas con Daniela Arias Sánchez, coordinadora del Laboratorio Electoral de México, un centro de pensamiento independiente dedicado a la investigación, reflexión y análisis en temas relacionados con las elecciones y la democracia en América Latina.
Tras una de las campañas electorales más violentas de su historia, México se prepara para el cambio de gobierno. La presidenta electa, Claudia Sheinbaum, se impuso con cerca del 60% de los votos, pero enfrenta un panorama desafiante. Bajo el sexenio de su predecesor y mentor, Andrés Manuel López Obrador, México experimentó un alarmante aumento de la violencia en general, y de la violencia política en particular, que durante la campaña se cobró varias víctimas entre candidatos y funcionarios públicos.
¿Qué factores contribuyeron a la victoria de Claudia Sheinbaum?
La notable victoria de Sheinbaum se explica no solo por la habilidad del gobierno para canalizar el descontento ciudadano, sino también por una inadecuada interpretación de la situación por parte de la oposición. Durante los seis años del actual gobierno, los partidos de la coalición opositora tuvieron múltiples oportunidades para renovar su estrategia y programa. Sin embargo, las victorias locales que obtuvieron entre 2021 y 2023 los llevaron a subestimar la necesidad de cambio. Estas victorias, que incluyeron apenas cinco gubernaturas de las 23 en disputa y un refuerzo limitado en el Congreso, les hicieron creer erróneamente que esa estrategia les alcanzaba para ganar.
La coalición opositora optó por reciclar candidatos con antecedentes cuestionables y presentar propuestas que no diferían significativamente de las que habían fallado en el pasado. La campaña de Xóchitl Gálvez, la principal candidata opositora, que en un principio ganó impulso gracias a las acusaciones del presidente López Obrador, se centró en criticar al gobierno en lugar de ofrecer una alternativa clara.
El tercero en disputa, Movimiento Ciudadano, intentó posicionarse como una tercera vía, pero sus esfuerzos se vieron entorpecidos por malos cálculos en la designación inicial de su candidato y con la posterior designación de Jorge Maynez, que trajo consigo una campaña excesivamente centrada en las redes sociales.
En contraste, el partido triunfante Morena, junto con sus aliados, llevó a cabo una campaña unificada y respaldada por el apoyo explícito del presidente. Desafiando las más de 30 medidas cautelares que le impuso el Instituto Nacional Electoral por intervenir en el proceso electoral, López Obrador pidió abiertamente el voto para Sheinbaum y otros candidatos de la coalición, buscando asegurarse una mayoría calificada para aprobar reformas clave.
¿Qué impacto tuvieron los altos niveles de violencia política en el proceso electoral?
La violencia política fue subestimada por el gobierno, a pesar de que la coalición gubernamental encabezó, según nuestros cálculos preliminares, la lista de víctimas mortales. El gobierno federal publicó cifras oficiales minimizando el número de víctimas, mientras que nuestro monitoreo registró 338 agresiones y varios asesinatos relacionados con el proceso electoral.
El impacto de esta violencia fue particularmente evidente en estados como Chiapas, Guerrero y Michoacán, donde la violencia contra candidatos de todos los partidos impidió la realización de elecciones o llevó a los partidos a abstenerse de participar, especialmente en comicios municipales. Esto dejó varios cargos vacantes, afectando a zonas ya muy vulnerables a la influencia de grupos del crimen organizado.
Nuestro segundo informe preliminar destacó casos en que las autoridades electorales consideraron a la violencia como causal para anular o invalidar elecciones. La violencia está teniendo impactos profundos en la democracia mexicana, pero al darse en niveles tan locales puede pasar desapercibida.
¿En qué se diferencia la agenda de la presidenta electa de la de su predecesor?
Sheinbaum ha mostrado ciertas diferencias respecto de López Obrador, aunque también ha prometido mantener la continuidad en varios aspectos. Una vez pasadas las elecciones y ante la certidumbre de que contará con mayoría calificada, ya se han abierto foros y consultas para discutir las reformas constitucionales. Pero sigue habiendo escepticismo sobre si realmente se considerarán diversas opiniones o si se mantendrá la propuesta original después de los foros, como sucedió con anterioridad.
Asimismo, aunque Sheinbaum ha nombrado funcionarios con perfiles técnicos y especializados en algunas secretarías, también ha recibido críticas por nombramientos que parecen ser devoluciones de favores políticos.
En términos de seguridad, Sheinbaum parece mantener el enfoque de su predecesor, manifestando la intención de mantener a la Guardia Nacional bajo la supervisión de la Secretaría de la Defensa Nacional. El interrogante es cómo se abordarán los desafíos persistentes en materia de seguridad y si se explorarán nuevas estrategias para mejorar la eficacia y la transparencia de esta institución clave.
¿Qué espera la sociedad civil del nuevo gobierno?
La sociedad civil espera que el nuevo gobierno sea más receptivo y abierto al diálogo con sectores que anteriormente han encontrado acceso limitado. Dados los perfiles de los funcionarios ya anunciados para integrar el gabinete, se anticipa una mayor disposición a colaborar con la sociedad civil y a considerar sus aportes.
Sin embargo, persisten dudas respecto del futuro de organismos constitucionales autónomos tales como la Comisión Nacional de Derechos Humanos, el Instituto Nacional de Acceso a la Información y el Instituto Nacional Electoral, que en los últimos años han sido debilitados. Hay preocupación porque las propuestas de austeridad podrían resultar en mayores recortes presupuestarios en estos organismos cruciales para el equilibrio de poderes.
Para mejorar la calidad del espacio cívico y de la democracia, es esencial que el gobierno valore la diversidad de opiniones, fomente la colaboración y fortalezca los contrapesos institucionales.
El espacio cívico en México es calificado como “represivo” por el CIVICUS Monitor.
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