Aprobación del Informe EPU de Paraguay

Leída por Inés M. Pousadela

Gracias, Señor presidente.

Semillas para la Democracia y CIVICUS celebran que el gobierno de Paraguay haya aceptado las recomendaciones del EPU relativas al espacio para la sociedad civil. Sin embargo, nuestra presentación conjunta documenta que Paraguay no implementó 13 de las 19 recomendaciones sobre este tema recibidas durante su examen anterior, y apenas implementó parcialmente seis.

Como lo detalla nuestra presentación, actores tanto estatales como no estatales frecuentemente atacan, intimidan y acosan judicialmente a personas defensoras de derechos humanos y periodistas – a estos últimos, especialmente cuando informan sobre protestas, crimen organizado, corrupción y violaciones de derechos humanos. El ambiente hostil para el periodismo es alimentado desde las más altas esferas políticas. Las personas defensoras indígenas y campesinas y quienes se movilizan por el derecho a la tierra son objeto de ataques a menudo procedentes de empresas de agronegocios; las personas defensoras de los derechos de las mujeres y de las personas LGBTQI+ enfrentan ataques mayormente perpetrados por grupos fundamentalistas y anti-derechos. Abundan los ejemplos de personas defensoras del derecho a la tierra que han sufrido atentados contra sus vidas, y algunas han sido asesinadas. La mayoría de las agresiones permanece impune.

Los y las trabajadoras enfrentan fuertes obstáculos legales para ejercer su libertad de asociación, así como obstáculos de hecho bajo la forma de ataques de actores no estatales, y especialmente de empresas privadas que amenazan con despedirles si intentan organizarse. La ley no protege adecuadamente esta libertad.

Nuestra presentación también indica que la libertad de expresión se ve amenazada por el uso sistemático de leyes de difamación penal por parte de figuras públicas para intimidar y silenciar al periodismo crítico, especialmente cuando investiga denuncias de corrupción. La deficiente aplicación de la Ley de Acceso a la Información ha restringido la disponibilidad de información que debería ser pública, y se han registrado casos de censura y autocensura.

El ejercicio de la libertad de reunión pacífica continúa obstruido. Las manifestaciones pacíficas, especialmente las del movimiento campesino e indígena y las de las comunidades movilizadas por el derecho a la tierra, son frecuentemente disueltas con fuerza excesiva y suelen arrojar numerosas detenciones y manifestantes heridos, y ocasionalmente víctimas fatales.

Pedimos al gobierno de Paraguay que adopte medidas proactivas para abordar estos problemas y que implemente las recomendaciones recibidas para crear y mantener, en la ley y en la práctica, un entorno propicio para la sociedad civil.

Muchas gracias.

El espacio cívico en Paraguay es calificado como “obstruido” por el CIVICUS Monitor

CIVICUS conversa acerca del Día Internacional de la Mujer y el rol de la sociedad civil para combatir la desigualdad de género en Chile con Cecilia Ananías Soto, fundadora de Amaranta, una organización de la sociedad civil (OSC) independiente basada en la ciudad chilena de Concepción, en la región del Biobío.

Amaranta es un espacio feminista conformado por mujeres procedentes de las ciencias sociales, las humanidades y el activismo social con el objetivo de promover la equidad de género y los derechos humanos en los ámbitos de la educación, la salud, la cultura, las tecnologías y los medios de comunicación. Fue fundado a comienzos de 2018 para dar visibilidad y respuesta a los problemas cotidianos de las mujeres, y específicamente de las mujeres lesbianas, bisexuales, trans, trabajadoras, migrantes, desplazadas, pobladoras y originarias. Desde una mirada crítica, local y decolonial, realiza labores de formación, diálogo, investigación e incidencia.

¿Qué impactos ha tenido la pandemia de COVID-19 sobre las mujeres y niñas de Chile, y cómo ha respondido a ello la sociedad civil?

La pandemia afectó diferencial y desproporcionadamente a mujeres y niñas. En el caso de Chile, en el primer año de pandemia hubo un aumento explosivo de las solicitudes de ayuda por violencia de género (VG). Esto ocurrió porque, en medio de las cuarentenas obligatorias, mujeres y niñas quedaban encerradas en sus hogares con sus agresores.

Además, como durante mucho tiempo no hubo clases presenciales, e incluso permanecieron cerrados los jardines infantiles, el trabajo de cuidar a niños y niñas –como también a familiares enfermos- recayó sobre las mujeres, En muchos casos, éstas debieron abandonar su trabajo y sus estudios para sostener sus hogares. Justo antes la pandemia la participación femenina en el mercado de trabajo había alcanzado su máximo nivel histórico, 53,3%, mientras tras la pandemia cayó al 41%. Llevará bastante tiempo recuperar la participación de las mujeres en la fuerza laboral. 

Ante este escenario, mujeres y colectivas tendieron redes de apoyo. A nivel vecinal, los grupos de mujeres organizaron ollas comunitarias y ferias de compraventa, entre otras iniciativas. Muchas agrupaciones feministas establecieron líneas de ayuda porque las líneas oficiales no daban abasto o no siempre daban respuesta. Amaranta recibió cientos de solicitudes de ayuda por VG en espacios digitales y, a pesar de ser un equipo pequeño, contribuyó proporcionando contención inicial y comunicando estrategias básicas de autocuidado.

La pandemia nos obligó a trasladar buena parte de nuestro trabajo al espacio digital. Por un lado, esto nos permitió no dejar de trabajar, hacerlo de manera segura y llegar a muchos más territorios. Pero, por otro lado, no toda la población tiene acceso a internet ni alfabetización digital, por lo que hubo que encontrar otras estrategias. Hoy trabajamos mezclando la educación en género de forma presencial y a distancia con material educativo y activista que entregamos en las calles, como fanzines o publicaciones independientes y stickers.

¿Cuáles son los principales asuntos pendientes en materia de derechos de las mujeres en Chile? 

Un gran problema es que el trabajo doméstico y de cuidados sigue recayendo abrumadoramente sobre las mujeres. Esto tiene profundos efectos sobre la calidad de vida, porque implica que las mujeres ya sea abandonen sus estudios o empleo para realizar esta labor no paga en sus hogares, ya sea intenten convertirse en “multi-mujeres” que deben poder hacerlo todo, aunque ya no puedan más de cansancio.

Esto quedó en evidencia en un reportaje que sacó Revista Ya a finales de 2020, “Radiografía al hombre cero”, así titulado porque, según el estudio en que se basaba la nota, el 38% de los hombres dedica cero horas semanales a realizar tareas domésticas. Asimismo, el 71% dedica cero horas al acompañamiento de sus hijos e hijas en tareas escolares, y el 57% dedica cero horas al cuidado de niñas y niños. En contraste, las mujeres encuestadas cada semana dedican 14 horas más que los hombres a tareas de cuidado de menores de 14 años.

Otra gran deuda son los derechos sexuales y reproductivos. Aun no se nos reconoce el derecho de decidir sobre nuestros propios cuerpos. El aborto  está permitido solamente bajo tres causales: peligro para la vida de la persona embarazada, malformaciones fetales incompatibles con la vida, y embarazos resultantes de violación. Al mismo tiempo, no hay programas de educación sexual integral para prevenir embarazos no deseados, enfermedades de transmisión sexual y violencia sexual. Durante la pandemia se documentaron muchas fallas de anticonceptivos hormonales orales, muchos de los cuales eran entregados en forma gratuita en establecimientos de salud; en consecuencia, muchas mujeres de sectores vulnerables acabaron embarazadas, sin poder optar por un aborto y sin recibir ninguna clase de indemnización monetaria.

¿Qué habría que hacer para reducir la desigualdad de género en Chile?

En Amaranta creemos que hay que empezar por una educación no sexista, que incluya educación sexual integral. Solo así dejaremos de repetir estereotipos que perpetúan la desigualdad desde temprana edad. Esto es un factor importante para prevenir la VG.

También son importantes leyes y políticas públicas que vayan preparando el terreno para una sociedad más equitativa e inclusiva. Desde 2019 Chile atravesó por múltiples protestas sociales, las cuales incluyeron en un sitio muy prominente al movimiento feminista. A raíz de esas protestas, hoy nos encontramos redactando una nueva Constitución que, de ser aprobada, ya sabemos que incluirá sistemas de justicia con perspectiva de género. Se trata de un tremendo avance para nuestro país, e incluso de una novedad en el continente.

El tema de la campaña del Día Internacional de la Mujer para 2022 es #EliminarLosPrejuicios. ¿Cómo se organizó Amaranta en torno a este tema?

Nuestra campaña permanente como organización consiste en quebrar sesgos y superar prejuicios y estereotipos. Lo hacemos a través de la educación, la cual puede tomar muchas formas: desde una charla o taller relativamente formal, hasta la recomendación de un libro, la entrega de un fanzine feminista, o la difusión de contenido a través de un video de TikTok.

En términos de movilización, estamos atentas a todos los llamados de las organizaciones feministas de la zona y participaremos en las convocatorias de mujeres, marchas, bicicleteadas y pañuelazos –es decir, grandes manifestaciones de mujeres con pañuelos verdes– que se organicen.

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CIVICUS conversa con Marco Becerra, director de ACCIONGAY, acerca del proceso conducente a la reciente aprobación de la Ley de Matrimonio Igualitario en Chile. ACCIONGAY es una organización de la sociedad civil fundada en 1987 en respuesta a la epidemia de VIH/SIDA, por entonces ignorada o minimizada como un problema que solo afectaba a “grupos de riesgo”. Con el tiempo amplió su radio de acción en defensa de los derechos de las personas LGBTQI+, sobre la base del principio de que todas las personas tienen derecho a la autodeterminación en relación con sus vidas, cuerpos, salud, relaciones y sexualidad.

¿Cómo fue el proceso que culminó en la legalización del matrimonio igualitario en Chile, y qué papel desempeñó ACCIONGAY?

Fue un proceso largo, de unos 30 años. El movimiento por la diversidad sexual y de género en Chile empezó a surgir a fines de los años ‘80 y principios de los ‘90. Este proceso tuvo distintas etapas. En un principio el trabajo se centró en la consolidación y visibilización del movimiento en un contexto de transición política postdictadura muy desfavorable para las demandas de igualdad de las personas LGBTQI+. En un segundo momento el trabajo se enfocó en la incidencia política con el objetivo de generar un compromiso efectivo de los actores políticos para enfrentar los desafíos relacionados con la inclusión de las personas LGBTQI+.

Ya hacia fines de la década de los ‘90 se comenzaron a producir algunos cambios importantes, tales como la derogación de la ley que penalizaba las relaciones sexuales entre hombres adultos. Sin embargo, otras demandas -como la del matrimonio igualitario- recién aparecieron en la conversación pública alrededor de 2005, cuando se aprobó el matrimonio igualitario en España. Para entonces ACCIONGAY recibió la visita del activista español Pedro Zerolo, quien nos ayudó a entender la importancia de ampliar el debate respecto de las uniones civiles y el reconocimiento de los derechos de las personas LGBTQI+.

En un sentido más amplio, me atrevería a firmar que las demandas de igualdad ante la ley fueron el resultado del cambio social y cultural que América Latina experimentaba desde hacía algunos años. La aprobación del matrimonio igualitario en Argentina y en Uruguay, además de su avance en Europa, impulsaron a los movimientos LGBTQI+ y a las organizaciones de la diversidad sexual de Chile a movilizarse en torno de los temas de la igualdad.

Es importante destacar la contribución de numerosas organizaciones y activistas que trabajaron sostenidamente durante años para generar alianzas con sectores políticos progresistas, los cuales fueron comprometiéndose con estas luchas. La idea de la unión civil se concretó durante el primer gobierno de la presidenta Michelle Bachelet, en 2015, y luego, a medida que fue aumentando la adhesión de la opinión pública junto con la percepción de estas desigualdades como una injusticia, fue tomando más fuerza la igualación de los derechos de familias formadas por personas del mismo sexo.

El proyecto de Ley de Matrimonio Igualitario fue enviado al Congreso por el segundo gobierno de Bachelet en 2017 y finalmente aprobada en diciembre de 2021. Entrará en vigor en marzo y representará un cambio muy significativo para la vida de cientos de familias homo-lesboparentales que no tenían reconocimiento legal y, por lo tanto, vivían en situación de completa indefensión frente al Estado.

Las claves para conseguir este avance fueron la coordinación del movimiento, la incidencia con actores políticos y las campañas para concientizar y sensibilizar a la opinión pública.

¿Cómo interactuó este proceso con la ola de protestas de 2019 y el subsiguiente proceso constituyente?

Chile está viviendo un proceso complejo, de cambio de época, como resultado del estallido social de 2019. Pero las exigencias de igualdad y reconocimiento de derechos de las personas de la diversidad sexual y de género son anteriores. Este movimiento ya era muy fuerte antes del estallido social, con un entramado de organizaciones muy activas y movilizadas desde los años ‘90. No obstante, el contexto de movilización social generó un ambiente propicio para la consolidación de un actor político LGBTQI+ reconocible en las calles y en las manifestaciones ciudadanas por más igualdad.

El cambio social profundo que empezó a ocurrir en Chile recogió las luchas históricas de las organizaciones y movimientos LGBTQI+ que se levantaron en el contexto del estallido social de 2019. En gran medida esto se vio reflejado en la cantidad de personas LGBTQI+ elegidas por medio de procesos eleccionarios, en especial para la Convención encargada de redactar la nueva constitución, así como en la designación de ministros y ministras de las disidencias sexuales en el gabinete del próximo presidente, Gabriel Boric.

¿Por qué la aprobación se demoró tanto, si las encuestas mostraban un altísimo grado de apoyo de la opinión pública?

Si bien en Chile hay una sociedad civil muy activa, el sistema político, pese a que ha cambiado en los últimos tiempos, tenía enclaves muy conservadores. Esto se expresó en la dificultad que tuvo el Congreso para avanzar con esta ley. No menos cierto es que tampoco hubo un compromiso fuerte de los sucesivos presidentes. No obstante, el segundo gobierno de Bachelet incorporó la idea de legislar el matrimonio igualitario. Fue durante su gobierno que se aprobó la Ley de Unión Civil y se envió el proyecto de Ley de Identidad de Género, que se aprobó durante el gobierno del presidente Rafael Piñera.

Desde el punto de vista de la percepción ciudadana, los cambios ocurrieron porque se alcanzó un consenso social de que la exclusión arbitraria de las familias diversas es inadmisible. El apoyo que recibe el matrimonio igualitario es impactante: casi un 70% de la gente está de acuerdo, y una cifra similar apoya la adopción por parte de parejas del mismo sexo.

Las campañas por el matrimonio igualitario las desarrollaron principalmente las organizaciones LGBTQI+ con el apoyo de otros movimientos sociales, organizaciones de derechos humanos y feministas, por nombrar a algunos. Paralelamente se generaron alianzas, solidaridades y complicidades, no solo con otras organizaciones sociales sino también con los sectores progresistas de los partidos políticos. El apoyo a la Ley de Matrimonio Igualitario fue bastante transversal, y llegó a incluir a sectores de la centroderecha liberal que aportaron sus votos para hacerla posible. Solo se autoexcluyeron los sectores ultraconservadores.

En contra de la ley de Matrimonio Igualitario se movilizaron, sobre todo, algunos líderes de las iglesias evangélicas pentecostales que en la actualidad tienen cierta influencia social en Chile, pero fueron derrotadas en el debate parlamentario. La Iglesia Católica en cambio se mantuvo en silencio, probablemente debido a que en los últimos años ha perdido importancia social y política como consecuencia de los escándalos de pedofilia y abusos sexuales a niños, niñas y adolescente cometidos por el clero.

¿Cuáles serán los efectos inmediatos de la nueva ley, y qué es lo que queda por hacer?

Esta ley tendrá consecuencias inmediatas en la medida en que garantizará el goce de todos los derechos y los efectos positivos de la institución del matrimonio independientemente del sexo y orientación sexual de las personas. Como la ley incorpora la adopción y la filiación, resolverá una serie de problemas que experimentan las familias homo-lesboparentales con hijos. Por ejemplo, los padres no biológicos no tenían ningún derecho legal sobre sus hijos de crianza; ahora tendrán reconocimiento legal.

Chile ha tenido una seguidilla de avances legales: la Ley Antidiscriminación en 2012, la Ley de Unión Civil 2015, la Ley de Identidad de Género en 2018, y a partir de 2022 la Ley de Matrimonio Igualitario. Sin embargo, persisten situaciones de mucha discriminación en los ámbitos laboral y educativo. La violencia contra las comunidades LGBTQI+ es permanente.

Desde marzo se viene un desafío enorme que va a implicar revisar la agenda de trabajo, sobre todo desde que a partir del 11 de marzo tendremos un gobierno progresista que incorporó en su programa la igualdad y el reconocimiento de las comunidades LGBTQI+. 

Estamos seguros de que será un gobierno muy diferente de los anteriores, y estamos muy esperanzados de que se podrá comenzar a cerrar la brecha de inclusión real de las personas LGBTQI+ en todos los ámbitos de la vida social, desde las instituciones de la administración pública hasta el ámbito educativo.

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CIVICUS conversa acerca del inminente referéndum constitucional de Chile con Julieta Suárez Cao, doctora en Ciencia Política y profesora asociada de Política Comparada en la Universidad Católica de Chile. Julieta desempeñó un rol destacado en el diseño y la promoción de un sistema electoral innovador que aseguró un resultado paritario de género en las elecciones constituyentes chilenas de 2021, por lo cual recibió el Premio al Compromiso Público 2022 de la Asociación Estadounidense de Ciencia Política.

¿Cuáles consideras que han sido los elementos más novedosos del proceso constituyente chileno?

Un elemento novedoso ha sido la conformación de la Convención Constitucional. Si bien en otras partes del mundo ya había habido experiencias tales como tener escaños reservados para pueblos indígenas y permitir las candidaturas extrapartidarias, en Chile a estos dos elementos se le agregó la conformación paritaria de género. Esto ya había ocurrido en la ciudad de México, pero nunca se había hecho a nivel nacional.

Otro elemento novedoso tiene que ver con es un cambio de constitución, no una simple reforma. Es un cambio profundo a partir de una hoja en blanco, sin ninguna clase de acuerdo que establezca los parámetros de lo que se puede cambiar y lo que no. Lo único establecido fueron tres procedimientos centrales: la regla de los dos tercios para la votación de las normas, el plebiscito de entrada (para habilitar la convocatoria a la Convención Constitucional) y el plebiscito de salida (para aprobar la nueva constitución).

También cabe resaltar que es un cambio constitucional que se produce en democracia, y no en un momento de transición. Si bien es una respuesta a la crisis social y política que sufre Chile, no es una respuesta apresurada a una situación coyuntural, dado que la discusión constituyente viene de mucho antes del estallido social del 2019. La expresidenta Michelle Bachelet ya había intentado llevarla adelante durante su último mandato, de 2014 a 2018, pero no lo consiguió. La derecha, que gobernó con Sebastián Piñera en el período siguiente, advirtió que iba a “cajonear” todo proyecto de reforma constitucional, y así lo hizo – hasta que el estallido social la obligó a reevaluar su posición, ante la necesidad de encauzar las demandas sociales por una vía institucional, mediante un proceso constituyente.

¿Cómo se ha dividido el campo político frente al plebiscito del 5 de septiembre sobre la Constitución?

Las líneas divisorias frente al plebiscito constitucional son muy interesantes. La Convención Constitucional fue extremadamente transparente, tal vez demasiado, porque para cierta literatura especializada la política a veces necesita de cierta opacidad. Esto, en cambio, fue como un reality show constitucional, un espectáculo que era transmitido todos los días, las 24 horas del día. Evidentemente, las noticias que llegaban a la prensa solían ser sobre temas intrascendentes e incluso ridículos, que no representaban lo que realmente estaba ocurriendo allí. Por ejemplo, una constituyente propuso una derogar todos los poderes estatales; por supuesto, esto ni siquiera salió de la comisión, pero sin embargo ocupó los titulares durante mucho tiempo. Estas cosas generaron un clima adverso a la Convención, que creo afectó mucho la campaña.

Visto en perspectiva, fue un proceso muy dinámico que, en tan solo un año, logró generar el documento completo de una nueva constitución. El proceso fue bueno, aunque haya dejado un clima de opinión enfocado en debates absurdos que fueron magnificados por los medios.

Este clima de opinión terminó delimitando dos campos. Por un lado, el campo del rechazo, donde no está solamente la derecha, sino también muchas figuras de centroizquierda, incluidos muchos actuales senadores y senadoras. Son figuras que se unen al rechazo por muchas razones, no solamente porque no están de acuerdo con muchas de las reformas propuestas.

En suma, la coalición del rechazo va desde la ultraderecha –que en Chile no solamente tiene presencia, sino que hace menos de un año llegó a la segunda vuelta presidencial– a figuras ubicadas en el centro político. Pero fueron estas últimas las que se convirtieron en la cara visible de la campaña del rechazo a la constitución.

Esto ha sido el resultado de una buena estrategia comunicacional consistente en delegar la vocería en figuras moderadas y esconder a las extremistas. Casi no han hecho marchas ni actos públicos, porque lo que se vio frente al plebiscito de entrada fue que estas manifestaciones incluían armas, banderas nazis, esvásticas, imágenes que provocan un repudio fuerte.

Por su parte, la coalición a favor de la nueva constitución incluye a numerosos ex convencionales, la mayoría de los cuales ha hecho campaña a favor, a diputadas y diputados, senadores y senadoras, y a muchos artistas populares. El gobierno no tiene permitido participar de la campaña ni pronunciarse directamente por una u otra opción. Por esta razón, solamente intervino mediante la provisión de información: en particular, colaboró con la impresión de la nueva constitución, que es ahora uno de los libros más vendidos en Chile.

¿Está la sociedad chilena surcada por esas mismas divisiones?

Lo que muestran las encuestas de opinión pública es que la sociedad chilena no está polarizada, como sí lo están las élites.

En Chile hay una polarización asimétrica, fenómeno que también ocurre en países como Brasil y Estados Unidos. Lo que genera esta polarización asimétrica es la presencia de un extremismo de derecha. La ultraizquierda, en cambio, es muy pequeña: tiene muy pocos votos, carece de presencia mediática y no tiene visibilidad nacional. La extrema derecha, en cambio, está casi normalizada.

Lo que ocurre frente al referéndum es que éste es por naturaleza polarizante, simplemente por el hecho de presentar dos opciones contrapuestas. Si el plebiscito ocurre en un contexto donde las élites están polarizadas, se genera una división más pronunciada. Por el momento, sin embargo, pienso que los efectos no han llegado a lo profundo de la sociedad chilena.

Hace unos meses las encuestas parecían mostrar una mayoría a favor de la aprobación, que luego parece haberse invertido. ¿Se ha erosionado el consenso reformista?

Yo no diría que el consenso reformista se ha erosionado. Prácticamente nadie defiende la Constitución de Pinochet: casi todos los que promueven el rechazo lo hacen con el argumento de que hay que rechazar para luego reformar. Es decir, casi nadie aboga por mantener la constitución actual, aunque si gana el rechazo eso es precisamente lo que ocurrirá. Al menos, en el corto plazo. Dada la falta de acuerdos dentro de la coalición por el rechazo, su triunfo abriría un período de enorme incertidumbre.

Ahora bien, si bien el consenso reformista no se ha erosionado, sí se ha generado un clima de opinión distorsionado mediante campañas de desinformación, con interpretaciones poco plausibles de los debates y noticias falsas para sembrar dudas sobre los contenidos del texto constitucional. Por ejemplo, circuló mucho la afirmación de que la nueva constitución no protege la propiedad privada o que las personas indígenas tendrían “privilegios”. Todo esto enrareció el debate público y echó un manto de dudas sobre la viabilidad de la propuesta.

¿Cuáles consideras que son los aspectos más positivos, y cuáles los más negativos, de la nueva constitución?

Personalmente, la nueva constitución me gusta mucho. Establece un sistema político con menos poderes presidenciales y mayor equilibrio entre los poderes ejecutivo y legislativo. La constitución actual, en cambio, está muy sesgada a favor del “hombre fuerte”, como buena constitución autoritaria.

También me gusta la definición de Chile como un Estado regional, una especie de forma intermedia entre el Estado unitario y el Estado federal. Chile es de los países más centralizados de América Latina y el más centralizado de los países democráticos que integran la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos.

Toda la agenda de derechos y de Estado social que incorpora la nueva constitución también me parece muy positiva. Y la incorporación de la paridad el enfoque de género y la multiculturalidad son grandes avances. Ya era hora de tener un reconocimiento a la plurinacionalidad y a los pueblos indígenas.

Mis dudas son justamente en relación con temas que escapan de mi área de conocimiento: tienen que ver con algunos aspectos de la plurinacionalidad, como la implementación de sistemas de justicia diferenciados y autonomías indígenas. Este es también uno de los temas que genera mayor rechazo en la opinión pública, donde se mezclan cuestiones de racismo y clasismo, en un contexto complicado ya que en el sur de Chile se mantiene un conflicto entre el Estado y algunas comunidades del pueblo Mapuche.

Pero lo cierto es que la mayoría de estas cuestiones solamente están enunciadas en la constitución y quedarán sujetas a la legislación ordinaria por parte de este Congreso, que no tiene representación reservada para los pueblos indígenas. Por esto, en mi opinión estos asuntos se moderarán mucho más y no habrá cambios muy radicales.

En la ciudadanía en general, los derechos sociales son lo que genera más adhesiones. Poca gente defiende el Estado neoliberal o subsidiario que tiene Chile, aunque ciertos sectores de las élites muestran preocupación en relación con el costo de estos cambios: se preguntan de dónde saldrá el dinero para financiar todos estos derechos. ¡Como si esto fuera un buen argumento para decidir si reconocer o no un derecho!

¿Qué pasa si la nueva constitución es aprobada, y qué pasa si es rechazada?

Si la Constitución es aprobada el proceso continúa, ya que muchas disposiciones de la nueva constitución quedan sujetas a la legislación ordinaria. En ese caso, se abrirá un proceso de intensa actividad legislativa para dar una forma concreta a los mandatos de la nueva Constitución.

Si gana el rechazo, mucho dependerá del margen que obtenga. Si gana por mucho, será más difícil que el proceso constituyente continúe. De ganar la opción por el rechazo, el gobierno inmediatamente enviará un proyecto de ley para convocar a una nueva elección de convencionales. Pero su aprobación requiere de 4/7 de los votos en las dos cámaras, una mayoría que el gobierno no tiene, por lo que necesita los votos de la derecha. La disposición de la derecha a sentarse a negociar dependerá del margen de su victoria.

Si gana por poco, intentará diseñar un proceso constituyente más inofensivo, con una convención más pequeña, con un mandato más breve, sin paridad de género, sin pueblos indígenas o con muy pocos escaños reservados. Si gana por mucho, no habrá convención constitucional, sino una reforma a través del Congreso o de una comisión de expertos. Aquí volveríamos a fojas cero y habría que volver a negociar absolutamente todo.

La pregunta del millón es cómo reaccionará la sociedad si la nueva constitución no sale y el proceso no continúa o continúa de una manera insuficiente. No me atrevo a aventurar una respuesta a esta pregunta.

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CIVICUS conversa con Mariela Infante Erazo, directora de la Corporación Humanas, acerca de los impactos de la pandemia sobre mujeres y niñas en Chile, y sobre sus expectativas frente al comienzo de un nuevo gobierno y los resultados del proceso constituyente en curso.

Fundada en 2004, Humanas es una organización de la sociedad civil (OSC) dedicada a la incidencia para la profundización de la democracia y la inclusión de las mujeres.

¿Qué impacto ha tenido la pandemia sobre mujeres y niñas en Chile?

La pandemia ha tenido un impacto gravísimo sobre los derechos humanos de niñas y mujeres. Las mujeres retrocedieron más de una década en su inserción laboral, Cuando cerraron los colegios, debieron asumir la mayor parte de las tareas domésticas y de cuidados, tanto de sus hijos como de familiares enfermos o personas mayores, por lo que muchas tuvieron que dejar de trabajar. Las que siguieron trabajando -o teletrabajando- tuvieron una enorme sobrecarga, lo cual tuvo impactos sobre su salud tanto física como mental.

La violencia de género también aumentó de manera escandalosa, ya que en Chile el encierro y las restricciones de movimiento fueron bastante estrictas. Según las estadísticas del Estado, los llamados por violencia doméstica de mujeres adultas se triplicaron. Pero la situación también afectó a las niñas que enfrentaban abusos familiares.

Los ámbitos laborales más feminizados, como la educación y la salud, fueron los más exigidos durante la pandemia. Las mujeres son mayoría en las profesiones que dieron la batalla contra la pandemia -enfermeras, personal de la salud, de los servicios, de la educación- pero no tuvieron gran reconocimiento. Las educadoras debieron dar clase a distancia y esto perjudicó el aprendizaje, al menos entre los sectores de menores recursos económicos y culturales. En Chile no hay acceso universal al servicio básico de internet, lo cual perjudicó el acceso a la educación.

Falta mucho para una recuperación total: el desempleo continúa siendo elevado y el empleo de las mujeres no se está recuperando a la par del de los hombres. Es necesario un enfoque de género para que las mujeres puedan regresar al ámbito laboral y recuperar autonomía económica, ya que ésta es clave para ejercer nuestros derechos.

¿Cómo ha respondido la sociedad civil en general, y Humanas en particular?

En los primeros meses de la pandemia, y especialmente mientras duró el confinamiento, hubo una gran efervescencia entre las organizaciones feministas: muchos seminarios, encuentros, conversatorios. Hubo mucha reflexión y muchas ansias de compartir. Pero la virtualidad es muy desafiante y esos espacios con el tiempo se fueron agotando: el primer año la gente participaba más, pero luego la participación empezó a decaer. El formato está un poco agotado; creo que debemos pensar en nuevas formas de participación.

Durante estos dos años en Humanas hemos hecho teletrabajo, cada una desde su casa, con las dificultades que esto a veces supone para la comunicación entre compañeras de trabajo. Se perdieron las oportunidades de comunicación informal y el trabajo se enlenteció. De cara hacia afuera, tuvimos que repensar talleres, seminarios y capacitaciones, porque es muy difícil hacer una capacitación interactiva y motivadora a través del computador. Por supuesto tuvimos que cancelar todos los viajes, lo cual resultó limitante para nuestra estrategia de articulación regional.

Pero hicimos aprendizajes importantes respecto a cómo lo virtual reemplaza lo presencial, y nos fuimos adaptando.

¿Cuáles son los principales problemas de derechos de las mujeres en Chile?

Al igual que en el resto de Latinoamérica, los desafíos son múltiples. En el terreno laboral, un gran problema es la precarización: las mujeres tenemos empleos más precarios, informales y peor pagados, así como mayores tasas de desempleo.

Las mujeres también asumimos el grueso de la carga de cuidados familiares. Esto nos limita el tiempo libre, perjudica nuestra salud, limita nuestras perspectivas laborales y dificulta nuestra participación política. Por eso el movimiento feminista, dentro del cual nos contamos, prioriza el establecimiento en Chile de un sistema nacional de cuidados.

En cuanto a derechos sexuales y reproductivos, el aborto -que solía estar prohibido en toda circunstancia- desde 2017 es legal bajo tres causales: cuando la vida de la persona embarazada corre peligro, cuando el feto padece malformaciones incompatibles con la vida, y cuando el embarazo es el resultado de una violación.

Pero durante la pandemia aumentaron las limitaciones en el ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos: disminuyó la distribución de anticonceptivos, se distribuyeron anticonceptivos defectuosos a través del sistema público, y disminuyó la cantidad de exámenes ginecológicos preventivos. Mucha gente dejó de consultar en centros de salud porque éstos estaban colapsados por la cantidad de casos de COVID-19, por lo que muchas patologías quedaron sin diagnosticar y sin tratar.

Chile no tiene una ley integral para prevenir la violencia contra las mujeres en sus distintos ámbitos y manifestaciones. Hay un proyecto de ley al respecto que lleva muchísimos años sin lograr avanzar. El número de femicidios –y de femicidios frustrados- es muy elevado. Los niveles de violencia son muy preocupantes, y aumentaron aún más con el confinamiento durante la pandemia.

Además, Chile se ha convertido en uno de los principales países de acogida de migrantes venezolanos y ha adoptado una política restrictiva hacia las personas migrantes, refugiadas y solicitantes de asilo, y en particular con las mujeres. Como solicitar una visa se ha vuelto prácticamente imposible, la gente está entrando a Chile de manera irregular. Con ello han aumentado la trata y el tráfico de personas, cuyas principales víctimas son mujeres y niñas.

La irregularidad migratoria también ha repercutido sobre la explotación laboral. Por no contar con documentación, muchas mujeres migrantes ni siquiera se atreven a concurrir a centros de salud por miedo a ser expulsadas del país. Según los principios de la Declaración de Cartagena, que establece una definición amplia de asilo, las mujeres venezolanas deberían ser consideradas sujetas de protección internacional, ya que están huyendo de una crisis de orden público. Pero no se les reconoce esa condición y se les niegan los derechos laborales y a la salud, entre muchos otros.

Además, el racismo ha aumentado junto con la xenofobia. Las migrantes afrodescendientes, procedentes sobre todo de Haití y Colombia, han experimentado racismo y xenofobia. Lo mismo ocurre con la población indígena. En el marco del conflicto territorial con el pueblo Mapuche en el sur de Chile, la violencia institucional y policial ha afectado diferencialmente a las mujeres indígenas, por ejemplo cuando se hacen allanamientos violentos en las comunidades.

¿Cómo trabaja la sociedad civil para llevar estos temas a la agenda pública?

En este momento, la Convención Constitucional es el espacio a través del cual estamos canalizando la agenda feminista. Tenemos mucha expectativa y estamos trabajando para que la Convención produzca un marco normativo general para el reconocimiento de los derechos de las mujeres, que luego deberá ser implementado mediante leyes y políticas públicas.

Entiendo que la actual Convención Constitucional es la primera en su tipo en todo el mundo, con paridad de género y escaños reservados. La Convención no refleja la composición de la élite chilena –hombres heterosexuales blancos- sino al Chile verdadero: hay indígenas, mujeres y personas de todos los niveles educativos y profesiones, en vez de puros abogados como en el parlamento. La diversidad de perspectivas le da una enorme riqueza.

El proceso de redacción de una nueva constitución para Chile es una oportunidad histórica que estamos tratando de aprovechar para canalizar los problemas de derechos de las mujeres. Este proceso fue producto de una movilización social masiva que reclamaba derechos, justicia y dignidad. Es la salida institucional al descontento y la fragmentación del tejido social chileno.

Después de 40 años, hoy tenemos la posibilidad de reformular una constitución hecha en dictadura, que no garantiza derechos sociales. Estamos a pocos meses de tener un borrador que se va a plebiscitar, por lo que el momento constituyente es para nosotras un gran momento político con perspectivas de avance para los derechos de las mujeres.

¿Cómo podrían reducirse en Chile las brechas y desigualdades de género?

La pandemia dejó al descubierto una crisis de cuidados que es estructural. El espacio privado y doméstico sigue siendo responsabilidad de las mujeres, a lo cual se suman las labores remuneradas. Queremos un cambio de paradigma que establezca que esto es una responsabilidad social compartida, que no debe recaer exclusivamente en las mujeres. La creación de un sistema nacional de cuidados en el cual el Estado, el sector privado y las familias –pero las familias completas, no solamente las mujeres- asuman los cuidados familiares podría lograr verdadera una transformación de la división sexual del trabajo. 

La atención al tema de los cuidados es un primer paso para avanzar en una cuestión estructural como es la división sexual del trabajo: sacando a las mujeres de un rol único, valorizando sus roles e incluso generando nuevas fuentes de trabajo para las mujeres. Necesitamos un paradigma de cuidados transversal que fomente los vínculos de respeto y solidaridad. Es de una importancia enorme: ninguno de nosotros estaríamos aquí si alguien no nos hubiera cuidado.

El tema del cuidado es también muy relevante en relación con la naturaleza, el agua y los bienes comunes, si es que han de servir para mejorar la calidad de vida de todas las personas, más que para generar riqueza para unos pocos. Lo importante es que el foco esté en el bien común y no en la extracción y la acumulación. El actual modelo de desarrollo extractivista reproduce desigualdades y está en la raíz de la violencia contra las mujeres defensoras de tierra y territorio.

Actualmente el feminismo está teniendo una mirada mucho más global y está haciendo alianzas con otros movimientos sociales. Somos feministas, pero tenemos un vínculo con otros mundos -el del ambientalismo, las mujeres indígenas, las defensoras de tierra y territorio- que nos hace entender que las desigualdades y exclusiones provienen de la intersección de distintos sistemas de dominación: capitalismo, colonialismo, patriarcado. Para generar una transformación profunda debemos tener una mirada integral.

¿Qué expectativas tiene el feminismo chileno ante el inicio del nuevo gobierno?

Nuestras expectativas son altas pero realistas, no desmesuradas. Sabemos que cuatro años es poco tiempo para tantos desafíos y que no podremos transformar todo en tan poco tiempo, pero creemos que hay voluntad política para avanzar en leyes de cuidados, de igualdad y no discriminación, de derechos sociales, de derechos sexuales y reproductivos, y de violencia de género.

El presidente Gabriel Boric, que asumió el 11 de marzo, se identifica como feminista. Ya dio una buena señal al situar al Ministerio de la Mujer dentro del gabinete político, indicando que no entiende al género como una cuestión sectorial; esperamos que esto se traduzca en una real transversalización del enfoque de género, para permear todas las políticas.

El gabinete del nuevo gobierno es más que paritario: tiene más ministras que ministros. Varias de las ministras -las de la Mujer, Justicia y Bienes Nacionales- son feministas. Esto es más importante que el hecho de que haya más mujeres, porque permitirá generar avances importantes en nuestra agenda. 

Sabemos que, al igual que en el resto de Latinoamérica, se vienen momentos muy difíciles, de crisis económica y altísima inflación. Deberemos afrontar un proceso de mayor precarización de la vida, en un escenario de pandemia aún un poco incierto. No sabemos qué tanto podremos volver a la “normalidad”, ni cómo será.

El nuevo gobierno deberá proteger el trabajo de la Convención, que es muy atacado y criticado por los medios hegemónicos que rechazan toda redistribución del poder. El nuevo gobierno deberá darle a la Convención las condiciones presupuestarias e institucionales para que pueda seguir trabajando. Luego recibirá el borrador de la nueva constitución -que al parecer será bien transformadora y esperamos que sea ratificada mediante un plebiscito- y tendrá el enorme trabajo de implementar gradualmente las normas de paridad en distintos espacios.

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CIVICUS conversa con Delio Cubides, asesor jurídico migratorio del Instituto Católico Chileno de Migración (INCAMI), acerca de la situación de las personas migrantes en Chile, y sobre las medidas restrictivas y las expulsiones masivas que tuvieron lugar este año. Fundado en 1955, el INCAMI es una organización de la sociedad civil dedicada a apoyar a personas migrantes en Chile, proveyendo, entre otras cosas, servicios de acogida, asistencia social, asesoramiento para la regularización de documentos, capacitación y apoyo en la búsqueda de empleo.

¿Cómo se llegó en Chile a la actual situación de protestas contra migrantes y expulsiones masivas?

Para responder esa pregunta deberíamos situarnos en el contexto internacional, al que Chile no es ajeno. Desde 2010 se percibe un aumento en la cantidad de personas migrantes de países no fronterizos, como Venezuela y Haití, que han superado al flujo procedente de países fronterizos.

En cierta forma, Chile ha sido visto en la región como un país con seguridad y estabilidad institucional y económica, al mismo tiempo que la situación política, social y económica en Venezuela hizo que desde 2013 el ingreso de personas de ese país creciera exponencialmente, con un pico en 2013 y otro en 2018, pese a que, a diferencia de lo que ocurre con la migración haitiana, no existe en Chile una visa de reunificación familiar para venezolanos.

Frente al aumento de las migraciones, la actual administración de Sebastián Piñera comenzó a tomar medidas restrictivas; de hecho, a los 30 días de asumido su mandato en 2018 publicó una minuta destinada a limitar el ingreso de personas haitianas y venezolanas. La migración haitiana se vio especialmente restringida por la implementación de un visado consular de turismo simple para el ingreso a Chile y, al igual que el resto, por la eliminación del visado por contrato de trabajo.

Aunque no tenemos cifras exactas, sabemos que la tasa de rechazo de las visas consulares solicitadas por personas haitianas es alta; testimonios de migrantes haitianos que atendemos en nuestras oficinas dan cuenta de numerosos rechazos por motivos que les son ajenos o por requisitos que no está en sus manos cumplir.

Por ejemplo, para la tramitación de la permanencia definitiva de las personas migrantes ya presentes en Chile, el gobierno solicita un certificado de antecedentes penales que debe obtenerse en el consulado del país de origen. En el caso de países como Haití, al costo elevado y la prolongada tramitación en el país de origen se suma el hecho de que, en el actual contexto político, social y sanitario, el certificado es casi imposible de conseguir. En consecuencia, muchas personas no logran presentarlo dentro de los plazos establecidos. En la actualidad, ese requisito está limitando el acceso de cientos de personas de origen haitiano al llamado ‘proceso de regularización extraordinaria´.

A las personas migrantes procedentes de Venezuela se les impuso en 2019 la exigencia de una visa consular conocida como ‘visa de responsabilidad democrática’. Pero la situación desesperada de Venezuela siguió impulsando a las personas a migrar a pesar de los obstáculos, ya que las restricciones migratorias no atacan las causas de la migración.

Lo que no lograron estas medidas lo hicieron las restricciones impuestas por la pandemia de COVID-19: en noviembre de 2020 el gobierno suspendió alrededor de 90 mil trámites de visas a personas venezolanas, y muchas otras con sus visas ya otorgadas o próximas a la entrevista de otorgamiento no pudieron ingresar a Chile porque la suspensión de los vuelos internacionales les impidió hacerlo dentro del plazo de 90 días que les otorga la ley; en consecuencia, sus trámites fueron cerrados administrativamente sin ninguna consideración por la situación de pandemia.

Muchas personas han interpuesto recursos de amparo y han logrado reabrir sus casos, pero claramente Chile ha optado por una estrategia de restricción. Todas estas medidas se tomaron para regular y controlar un flujo migratorio que venía en crecimiento, pero muchos lo vemos como un reflejo de la falta de empatía a la realidad humanitaria que atraviesan estas personas en su país de origen. Muchas de ellas requerían protección o estaban en proceso de reunificarse con sus familias, proyectos que se vieron truncados ya sea por la pandemia, ya por las restricciones administrativas.

¿Está la sociedad chilena polarizada en torno del tema de la migración?

Yo no veo tal polarización. La situación de la ciudad de Iquique, donde en septiembre de 2021 se produjo una marcha contra la llegada de migrantes, fue un hecho aislado, fruto también del estrés que puede generar una situación de convivencia en condiciones indignas, como consecuencia de la falta de políticas públicas que se anticiparan al drama de esta crisis humanitaria.

En las redes sociales las opiniones se polarizan y la gente dice muchas cosas, pero estas posiciones no se han materializado en marchas en la capital, Santiago de Chile, o en otras ciudades. Al contrario, en Iquique hemos visto migrantes en las calles en condiciones sumamente difíciles, y a residentes de la ciudad ayudándoles y acogiéndoles en la medida de sus posibilidades.

La situación en Iquique también fue de la exclusión de la posibilidad de regularización de las personas que ingresaron por pasos no habilitados, por efecto de la Ley 21.325 de Migración y Extranjería aprobada en abril de este año. En el anterior proceso de regularización de 2018 se permitió la incorporación de ingresantes por pasos no habilitados, aunque no se otorgaron permisos de trabajo a quienes se inscribieron. Las personas migrantes lo saben, pero prefieren esa precariedad antes que pasar hambre en su país de origen.

En el contexto de la pandemia, a causa de las restricciones sanitarias, muchas personas migrantes se vieron obligadas a quedarse en plazas públicas, sin poder ir a ninguna parte, sin documentos y excluidas de los beneficios sociales. Esto generó dificultades para los residentes locales, así como para los propios migrantes desprovistos de asistencia estatal.

Recién luego de que se produjeran muertes de migrantes venezolanos durante su cruce de la frontera, el Estado chileno comenzó a proveer asistencia, entendiendo que se trataba de personas refugiadas o solicitantes de refugio.

¿Qué tendría que hacer el Estado frente a esta situación?

El Estado tiene la obligación de dar una solución a esta realidad. Una alternativa puede venir de la articulación con el sector privado, que requiere trabajadores sobre todo en la construcción, la agricultura, los servicios y ciertas profesiones. La situación de estas personas podría regularizarse previa coordinación con tal sector, brindándoles capacitación e inserción laboral. Esto daría otra perspectiva a la migración y evitaría situaciones de dependencia y de falta de autonomía.

Pareciera que poner restricciones no es la mejor solución. Las restricciones no detienen las migraciones, y en cambio profundizan las vulneraciones de derechos de las personas migrantes, pues las hace susceptibles a las inclemencias del mercado de trabajo o del mercado de alquiler de vivienda y les limita el acceso a derechos básicos como salud y educación. Esto tampoco resulta útil para la autoridad, que no sabe dónde están, quiénes son, cuántos son o cómo llegaron.

En todo el período reciente desde la recuperación de la democracia, ninguno de los sucesivos gobiernos de Chile desarrolló una verdadera política migratoria que incluyera una reforma y actualización de la normativa. Este gobierno ha sido el único con una propuesta de cambio en la Ley de Extranjería y en la gestión migratoria, pero, a causa del contexto y de la presión de los flujos migratorios, ha devenido en una política restrictiva, o cuanto menos limitante de los flujos. Es una política que desincentiva el ingreso al país, llevando también a las personas en situación regular a la extenuación por la eterna espera en la obtención de documentos, la escasa comunicación de la autoridad migratoria y la centralización de la gestión en Santiago.

Ahora estamos en campaña, y en estos tiempos el tema migratorio puede ser instrumentalizado para ganar votos. Los programas de gobierno de todos los candidatos son muy pobres esta materia, pero todos los que han hablado del tema lo han hecho en un tono restrictivo. Creo que el problema pasa por ahí, más que por el hecho de que haya xenofobia en la sociedad. Pareciera que el migrante solo comienza a ser oído cuando se vuelve una fuerza con capacidad de elección, lo cual en Chile apenas empieza a ocurrir.

¿Qué tan apta es la nueva ley para lograr una migración “segura, ordenada y regular”?

La Ley 21.325 refleja bien la posición de esta administración en torno al tema de la migración. Hay que recordar que en diciembre de 2018 Chile se negó a firmar el Pacto Mundial para una Migración Segura, Ordenada y Regular, alegando que cada país debe conservar su soberanía para fijar sus reglas migratorias, pese a que Chile había sido uno de los países que había liderado su redacción.

La nueva ley tiene algunos aspectos positivos y garantiza ciertos derechos: a la salud, a la educación, a la reunificación familiar y al trabajo. Incluye visa para menores de edad y considera a las personas en situación de discapacidad y a las mujeres y les da protección en ciertos casos específicos como embarazo, tráfico y trata y violencia de género. Descentraliza la revalidación de títulos y aumenta la presencia en las regiones. Asimismo, concede autonomía para el desarrollo de actividad económica a las personas con visa en calidad de dependientes.

Si bien estos derechos actualmente no están negados, tampoco están garantizados en la ley, sino que se conceden por vía administrativa, lo cual les confiere cierta fragilidad.

Al mismo tiempo, la nueva ley representa un cambio en la gestión migratoria. Hasta ahora la normativa permitía el cambio de estatus dentro del territorio nacional, pero la nueva normativa no lo va a permitir: todas las visas deberán obtenerse en los consulados de los respectivos países de origen. Eso entregará a la administración la decisión última de cuántos migrantes permite entrar, cuáles y en qué condiciones. Este es tal vez el mayor cambio propuesto en la nueva ley. Solo en algunos casos se permitirá a algunas personas cambiar su estatus migratorio, pero esto dependerá de los contenidos del reglamento para la implementación de la nueva ley.

¿Qué trabajo realiza el Instituto Chileno Católico de Migración en este contexto? 

Como está fuera de nuestro alcance atacar las causas de la migración, defendemos los derechos de las personas migrantes. Nuestros objetivos son acogerlas, protegerlas e integrarlas. 

Hacemos incidencia con las autoridades, lo cual a veces tiene costos. Este es un trabajo necesario porque si bien existen organizaciones de personas migrantes, suelen estar organizadas en torno de una persona, un líder, sin mucha institucionalidad. Hay organizaciones de colombianos, ecuatorianos, haitianos y venezolanos, entre otros. También está la Coordinadora Nacional de Inmigrantes Chile, que nuclea a varias organizaciones, tiene presencia en las manifestaciones, en las redes sociales, y cuenta con presencia de varios colectivos haitianos, peruanos y venezolanos.

También prestamos un servicio de asesoría legal, que es lo que más escasea en Chile, por falta de acceso a la información, que no es promovido por la autoridad que debería atender a las personas migrantes. Nos encargamos de trámites digitales y brindamos asistencia social, particularmente bajo la forma de casas de acogida, ya que no hay albergues para migrantes gestionados por el Estado.

Todo lo que existe en materia de acogida y atención a personas migrantes en Chile es por iniciativa de la sociedad civil, y mayormente de organizaciones, instituciones y servicios de la Iglesia Católica. INCAMI es el organismo de la Iglesia Católica de Chile referente en temas de migración: a través de los equipos de trabajo de la Pastoral de Movilidad Humana (PMH) en las distintas regiones de Chile, coordinamos con otros organismos de la Iglesia la recepción y atención de personas migrantes. Nuestros recursos son limitados, pero durante la pandemia hemos habilitado iglesias y parroquias para recibir a mujeres y niños y hemos brindado toda la atención que hemos podido a través de las redes sociales.

Nosotros escuchamos lo que las personas precisan, cosa que las autoridades no hacen. Con ayuda de algunas municipalidades acompañamos el retorno de miles de personas no solamente de la vecina Bolivia, sino también de Colombia, Ecuador, Haití, Venezuela y otros países.

Nuestros equipos de atención migratoria se desplazan no solo dentro de la Región Metropolitana de Santiago sino también a las regiones, para visitar las comunas con mayor presencia de migrantes y acercarles la posibilidad de regularizarse, tener una visa, trabajar en igualdad de condiciones, aportar al sistema previsional y acceder a sus derechos fundamentales. En ocasiones lo hacemos con el apoyo de los equipos de la PMH en las regiones, de algunas autoridades o de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM).

¿Qué apoyo necesitan de la comunidad internacional las organizaciones que defienden los derechos de las personas migrantes en Chile?

Enfrentamos un desafío regional que requiere una respuesta regional. Los Estados deberían coordinar un abordaje internacional de la migración, como ya lo está haciendo la Plataforma Regional de Coordinación Interagencial para Refugiados y Migrantes de Venezuela (R4V), liderada por la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados y la OIM. Se requiere seguir avanzando en este proceso, pues la situación que vive Venezuela está lejos de terminar.

Para asistir a las personas migrantes al tiempo que hacemos este necesario trabajo de incidencia necesitamos recursos: bienes alimentarios para armar canastas básicas y recursos económicos para el pago de alojamiento, entre otras cosas. Es importante recordar que las personas migrantes no son el problema, sino que son el síntoma de realidades en transformación más profunda, y en su mayoría requieren protección.

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CIVICUS conversa con Carmen Aida Faria, directora de la Fundación Manitas Amarillas, acerca de las dificultades que enfrentan las personas migrantes venezolanas en Colombia y la labor de la sociedad civil para facilitar el acceso a sus derechos.

Manitas Amarillas es una organización de la sociedad civil (OSC) colombiana constituida en 2018, en el contexto de la migración venezolana masiva en Colombia, para brindar asistencia humanitaria, acceso a servicios de salud y asesoramiento a personas migrantes y refugiadas.

¿Cómo ha evolucionado en los últimos años la situación de las personas migrantes venezolanas en Colombia?

Los flujos migratorios que recibe Colombia han cambiado a lo largo del tiempo. La ola migratoria venezolana de 2015 fue muy importante, pero la cantidad de migrantes en los años siguientes aumentó, con un pico en 2017. En comparación con la anterior, esta oleada incluyó a muchas más personas en situación de vulnerabilidad.

Estas personas que estaban llegando necesitaban inmediata atención de salud y acceso a otros derechos fundamentales que el sistema no podía brindarles. Colombia no contaba con la infraestructura, ni los recursos económicos necesarios para dar respuesta, en particular en las zonas de frontera, con poblaciones locales que también tienen déficits de acceso a educación y salud, entre otros derechos.

Los migrantes en situación de vulnerabilidad tampoco podían acceder a los programas asistenciales del gobierno colombiano para recibir ayudas monetarias o ingresar al sistema de salud subsidiado. Para acceder a los programas sociales las personas deben tener regularizada su situación migratoria.

Además de a la población migrante con vocación de permanencia, hay que considerar a la población de las zonas de frontera, que es pendular, ya que cruza la frontera permanentemente para acceder a ciertos servicios. Por ejemplo, hay muchos niños que viven en Venezuela pero estudian en Colombia y no están incluidos en los programas de alimentación escolar. Hay organizaciones que trabajan específicamente para que estos niños tengan acceso a alimentación, ya que llegan con problemas nutricionales importantes.

Estos procesos generaron una exigencia a la comunidad, pero sobre todo al Estado colombiano, para que brindara respuestas. Y el país comenzó a operar bajo una lógica de solidaridad y de agradecimiento: los colombianos recordamos que en el pasado fue Venezuela la que recibió migrantes colombianos. Así, el gobierno comenzó por otorgar permisos especiales de permanencia para regularizar de alguna manera a toda esa población. Pero lo que definitivamente marcó un hito fue el Estatuto Temporal de Protección para Migrantes Venezolanos (ETPMV), aprobado en 2021 con una lógica esencialmente humanitaria.

¿Qué avances supuso la implementación de esa nueva política?

El ETPMV propuso una regularización temporaria para que las personas venezolanas pudieran acogerse a los mismos derechos y tener los mismos deberes que las y los ciudadanos colombianos. Mediante el otorgamiento de un documento de identidad llamado Permiso por Protección Temporal, las personas migrantes tienen la posibilidad de acceder, al sistema de salud y al mercado laboral, entre otros derechos.

Teóricamente el mecanismo está bien pensado; sin embargo, ha costado llevarlo a la práctica. Mucha gente ha quedado afuera: más de 2,4 millones de migrantes se inscribieron en el Registro Único para Migrantes Venezolanos, pero todavía hay más de 1 millón que, habiendo completado todo el proceso, no han recibido su permiso.

Hay quienes aplicaron para el permiso en septiembre de 2021, es decir, hace más de un año, y han consultado a Migración Colombia, la autoridad migratoria de vigilancia, control migratorio y extranjería, pero todavía desconocen qué ha ocurrido con su aplicación. También ha habido quienes no han recibido sus permisos por problemas de logística: se trata de una población de alta movilidad y cuando cambian de domicilio muchas veces no es posible localizarlos para entregarles la documentación.

Pero también ocurre que las dificultades continúan una vez obtenido el permiso. Ello indica que existen problemas más profundos. Cuando el ciudadano venezolano va con su permiso a abrir una cuenta bancaria o a inscribirse en el sistema de salud, con frecuencia no lo aceptan. El Permiso por Protección Temporal es un documento nuevo y muchas instituciones, tanto públicas como privadas, aún no lo conocen. De ahí que haga falta mucha pedagogía para que estos derechos sean efectivamente accesibles.

Se suponía que el ETPMV priorizaría a los grupos poblacionales más vulnerables. Las primeras en recibir sus permisos debían ser las personas que necesitaban atención médica inmediata y los niños y adolescentes que debían ingresar al sistema educativo, pero carecían de documento de identidad. Esto finalmente no sucedió, a tal punto que se han tenido que presentar tutelas, una herramienta jurídica para garantizar derechos, para asegurar el acceso a la salud por parte de personas con enfermedades crónicas u otras patologías que necesitan atención inmediata.

¿Qué trabajo está haciendo la sociedad civil colombiana para apoyar a las personas migrantes venezolanas?

A partir de la última gran ola migratoria de 2017 han surgido muchas OSC. Fue la misma comunidad de migrantes los que comenzamos a unirnos para ayudar a otros migrantes. Nosotros comenzamos dando comida en la calle y brindando asistencia humanitaria a los caminantes, como llamamos a las personas que se trasladan a pie a través del territorio colombiano, quienes no contaban con información o ni siquiera con el abrigo necesario para adaptarse al clima de Colombia.

Así, las OSC nos convertimos en un pilar importante del trabajo con la población migrante, porque estamos en el terreno y conocemos las problemáticas de las personas migrantes.

Actualmente, muchas OSC estamos agrupadas a través de la Alcaldía de Bogotá e impulsamos una serie de iniciativas conjuntas. Lanzamos campañas publicitarias y firmamos un pacto simbólico para la integración, porque en Colombia los migrantes venezolanos todavía sufren xenofobia y aporofobia, es decir, rechazo por su situación de pobreza. Solicitamos a los medios de comunicación que dejen de difundir la nacionalidad de los autores de delitos, porque solo lo hacen cuando la persona implicada es extranjera, con lo cual sobredimensionan el problema y contribuyen a la discriminación contra los venezolanos.

También estamos participando, en colaboración con el gobierno colombiano y la cooperación internacional, del primer Entregatón, un operativo de entrega masiva de permisos que espera distribuir 40,000 en cinco días. Migración Colombia ha enviado mensajes vía celular a las personas migrantes cuyo documento está listo, con la fecha y lugar donde pueden ir a buscarlo. Pero además de entregar los documentos, en el marco del operativo se prestan servicios de enrolamiento y de registro biométrico para quienes aún no han realizado estas fases del proceso. A quienes ya hayan recibido sus permisos se les ofrecen también servicios de vacunación, de afiliación a entidades promotoras de salud, de inscripción en el sistema de asistencia social, de acompañamiento legal y de información sobre diferentes cuestiones, desde el sistema de transporte hasta el acceso escolar y los programas dirigidos a mujeres migrantes.

El trabajo es mucho y las OSC estamos contribuyendo enormemente. El gobierno y la cooperación internacional deberían tomarnos en cuenta no solamente como fuentes de diagnóstico del fenómeno migratorio, sino también como socias a la hora de ejecutar de manera conjunta las políticas públicas que surgen a partir de estos diagnósticos.

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La 26ª Conferencia de las Partes de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP26) acaba de terminar en Glasgow, Reino Unido, y CIVICUS continúa entrevistando a activistas, líderes y personas expertas de la sociedad civil sobre los resultados de la cumbre, su potencial para resolver los desafíos medioambientales que enfrentan, y las acciones que están llevando a cabo para abordarlos.

CIVICUS conversa con Ruth Alipaz Cuqui, lideresa indígena de la Amazonía boliviana y coordinadora general de la Coordinadora Nacional de Defensa de Territorios Indígena Originario Campesino y Áreas Protegidas (CONTIOCAP). La organización surgió a fines de 2018 a partir de la convergencia de varios movimientos de resistencia frente a la destrucción de los territorios indígenas y áreas protegidas por parte de proyectos extractivos y la cooptación de las organizaciones tradicionales de representación de los pueblos indígenas. Inicialmente integrada por 12 movimientos, actualmente incluye a 35 procedentes de toda Bolivia.

¿En qué problemas ambientales se enfoca su trabajo?

Como defensora de territorios indígenas, derechos indígenas y derechos de la naturaleza, realizo mi labor en tres diferentes ámbitos. En primer lugar, a nivel personal, en mi comunidad del Pueblo Indígena Uchupiamona, que está en su totalidad dentro de una de las áreas protegidas con mayor diversidad en el mundo, el Parque Nacional Madidi.

En 2009 mi pueblo estuvo a punto de dar una concesión forestal que devastaría 31.000 hectáreas de bosque, en un área sensible para la preservación de agua y particularmente rico en diversidad de aves. Para evitar esa concesión hice una propuesta alternativa, de turismo especializado en observación de aves. Si bien actualmente, a causa de la pandemia, la opción del turismo ha demostrado no ser la más segura, lo cierto es que gracias a esa actividad siguen estando los bosques, aunque siempre bajo amenaza debido a la presión de la gente de la comunidad que requiere dinero inmediato.

Actualmente, mi comunidad enfrenta serios problemas de abastecimiento de agua, pero nos hemos organizado con mujeres jóvenes para restaurar nuestras fuentes de agua mediante la reforestación con plantas nativas frutales y la transmisión de conocimientos de la gente mayor hacia las mujeres y niños sobre estas plantas frutales y medicinales.

En segundo lugar, soy miembro de la Mancomunidad de Comunidades Indígenas de los Ríos Beni, Tuichi y Quiquibey, una organización de base de la región amazónica de Bolivia, que desde 2016 lidera la defensa de territorios de seis Naciones Indígenas -Ese Ejja, Leco, Moseten, Tacana, Tsiman yd Uchupiamona- de la amenaza de construcción de dos centrales hidroeléctricas, Chepete y El Bala, que inundarían nuestros territorios, desplazando a más de cinco mil indígenas, obstruirían para siempre tres ríos, y devastarían dos áreas protegidas: el Parque Nacional Madidi y la Reserva de Biósfera Pilón Lajas. El 16 de agosto de 2021, las organizaciones indígenas afines al gobierno autorizaron la puesta en marcha de estas centrales hidroeléctricas.

Por otro lado, el Rio Tuichi, que está dentro del área protegida Madidi y es esencial para mi Pueblo Uchupiamona para nuestra actividad de ecoturismo comunitario, ha sido en su totalidad concesionado en forma inconsulta a terceros ajenos a la comunidad, para el desarrollo de actividad minera aluvial aurífera. La Ley de Minería y Metalurgia discrimina a los pueblos indígenas permitiendo que cualquier actor externo pueda adquirir derechos sobre nuestros territorios.

Finalmente, soy coordinadora general de CONTIOCAP, una organización que ha denunciado las violaciones sistemáticas de nuestros derechos en los territorios indígenas de las cuatro macro regiones de Bolivia: el Chaco, Valles, Altiplano y Amazonia. Estas violaciones vienen de la mano de la exploración y la explotación petrolera, el incendio de bosques y la deforestación para liberar tierras para los agronegocios, la construcción de carreteras y centrales hidroeléctricas, y la actividad de minería aluvial aurífera que está envenenando a poblaciones vulnerables.

¿Han enfrentado reacciones negativas por el trabajo que realizan?

Hemos enfrentado reacciones negativas, procedentes principalmente desde el Estado, a través de instancias descentralizadas como las agencias de Impuestos Nacionales y Migración. Recientemente he descubierto que mis cuentas bancarias tienen orden de retenciones por demandas de esos organismos.

Durante la marcha liderada por la Nación Qhara en 2019, he sufrido seguimiento y acoso físico constante de dos personas, mientras estaba en la ciudad presentando nuestros proyectos de ley junto a líderes de la marcha.

Y recientemente, cuando las organizaciones indígenas afines al gobierno dieron autorización para las centrales hidroeléctricas, nuestras denuncias fueron respondidas con acciones para descalificarnos y desacreditarnos, algo que el gobierno boliviano viene haciendo desde hace años. Dicen, por ejemplo, que quienes nos oponemos a los megaproyectos hidroeléctricos no somos representantes legítimos de los pueblos indígenas sino activistas financiados por ONG internacionales.

¿Cómo se conectan sus acciones con el movimiento global por el clima?

Nuestras acciones convergen con las del movimiento global, porque al defender nuestros territorios y las áreas protegidas contribuimos no solamente a evitar mayor deforestación y contaminación de ríos y fuentes de agua y a preservar los suelos para mantener nuestra soberanía alimentaria, sino también a conservar los conocimientos ancestrales que contribuyen a nuestra resiliencia frente a la crisis climática. 

Los pueblos indígenas hemos demostrado ser los más eficientes protectores de los ecosistemas y la biodiversidad, así como de recursos fundamentales para la vida tales como el agua, los ríos y los territorios, en contra posición del Estado cuyas leyes más bien sirven para violentar nuestros espacios de vida.

¿Han hecho uso de los espacios de participación y foros de denuncia de los organismos internacionales?

Sí, lo hacemos regularmente, por ejemplo solicitando a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que dé seguimiento a la criminalización y la violencia contra las personas defensoras de derechos de los pueblos indígenas en Bolivia y participando de la realización colectiva de un informe sombra de la sociedad civil para el Examen Periódico Universal de Bolivia en el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, que presentamos en las pre-sesiones del Consejo en octubre 2019.

Recientemente, en una audiencia en la ciudad de La Paz, presentamos un informe sobre las violaciones a nuestros derechos al Relator Especial de Pueblos Indígenas de las Naciones Unidas.

¿Qué opina de los espacios de participación para la sociedad civil en las COP, y cómo evalúa los resultados de la recién finalizada COP26?

Una vez más, en la COP26 los Estados han demostrado una total ineficiencia para actuar en cumplimiento de sus propias determinaciones. Yo he manifestado en más de una ocasión que el 2030 estaba a la vuelta de la esquina y hoy ya estamos a escasos ocho años y se sigue discutiendo qué medidas serán las más eficientes para alcanzar las metas fijadas para esa fecha.

Se está invirtiendo mucho más dinero en destruir el planeta que en salvarlo. Eso es el resultado de acciones y decisiones de los Estados en pro del capitalismo salvaje que está destruyendo el planeta con su extractivismo depredador de la vida.

Veamos cuanto se avanzó desde el Protocolo de Kioto, acordado en 2005 para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero. Todo quedó en palabras, y encima en los últimos años las empresas se han amparado en el supuesto concepto de “derecho al desarrollo” para seguir operando en perjuicio del planeta, y sobre todo de las poblaciones más vulnerables como los pueblos indígenas. Somos nosotros quienes pagamos los costos, y no quien ocasiona los desastres.

Los resultados de la COP26 no me satisfacen porque queremos ver acciones concretas. El Estado Boliviano ni siquiera ha firmado la declaración, pese a que ha utilizado el espacio de la COP26 para dar un discurso engañoso de que se debe cambiar el modelo capitalista por uno más amable con la naturaleza. Pero en Bolivia ya hemos deforestado alrededor de 10 millones de has de bosque, de la forma más brutal imaginable, a través de incendios que por más de una década y media han sido legalizados por el gobierno.

Pienso que mientras en estos espacios no se discutan sanciones para los Estados que no cumplan acuerdos, o que no firman siquiera las declaraciones, no habrá resultados concretos.

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Mientras la 26ª Conferencia de las Partes de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP26) se pone en marcha en Glasgow, Reino Unido, CIVICUS continúa entrevistando a activistas, líderes y personas expertas de la sociedad civil sobre los desafíos medioambientales que enfrentan en sus contextos, las acciones que están llevando a cabo para abordarlos y sus expectativas para la cumbre.

CIVICUS conversa con Daniel Gutiérrez Govino, fundador de la Brigada de Incendios Forestales de Alter do Chão, un grupo que trabaja para prevenir, combatir y promover la coordinación sociopolítica contra los incendios en la selva amazónica en el estado de Pará, Brasil. Daniel también es cofundador del Instituto del Acuífero de Alter do Chão, institución que promueve proyectos sociales en la localidad de Alter do Chão, municipio de Santarém, estado de Pará.

¿Qué le llevó a convertirse en defensor del medio ambiente?

Sentí la urgencia de trabajar para mantener al planeta viable para los seres humanos y otras especies. Me conmovió, y lo sigue haciendo hoy, la posibilidad de que los seres humanos reviertan sus acciones y su forma de pensar sobre nuestro papel en la naturaleza. Tenemos que regenerarnos a nosotros mismos y a lo que hemos destruido.

¿Qué hace la Brigada Alter do Chão?

Trabajamos desde 2017 para prevenir y combatir los incendios forestales en Alter do Chão, en el municipio de Santarém, en el norte de Brasil. Reunimos a un grupo de voluntarios de la comunidad que, con gran valentía, han trabajado para proteger la biodiversidad, a la población de Alter do Chão y a la región de los incendios forestales. Para ello, recibimos formación del Cuerpo de Bomberos Militares, la Defensa Civil y la Secretaría Municipal de Medio Ambiente y Turismo de Belterra. Hemos formado a nuevos brigadistas y promovido la coordinación sociopolítica y la comunicación con las comunidades locales.

¿Qué restricciones han enfrentado en respuesta a su activismo ambiental?

En el caso de la Brigada de Alter do Chão, yo y otros tres brigadistas fuimos detenidos en 2019 bajo acusaciones infundadas de provocar incendios en un área de protección ambiental. Nuestro trabajo fue criminalizado porque propone soluciones y exige una transformación del contexto político local.

Además, el contexto nacional actual es hostil para la sociedad civil organizada. Hemos sido chivos expiatorios en una narrativa que pretendía criminalizar a las organizaciones de la sociedad civil, en un momento en que el presidente del país y sus partidarios intentaban culpar a la sociedad civil del dramático aumento de los incendios forestales.

También he enfrentado resistencias al intentar promover cambios en las políticas públicas actuales en el microcosmos de Santarém. El conservadurismo político y social socava todo movimiento que pretenda impulsar agendas progresistas. El gobierno, la policía civil y la élite local rechazan el activismo ambiental atacando nuestro trabajo. Hemos tenido suerte y nuestro privilegio nos ha mantenido con vida, pero los activistas de la Amazonia están permanentemente amenazados de violencia y muerte. No es una región segura para quienes luchan por la libertad y la justicia.

¿Qué tipo de apoyo recibieron cuando fueron criminalizados?

Cuando nos detuvieron recibimos toda clase de apoyos, a nivel tanto nacional como internacional. El principal apoyo provino de los abogados penalistas pro-bono del Proyecto Libertad, que aún hoy nos acompañan. Pero también recibimos apoyo de instituciones nacionales como Proyecto Salud y Alegría y Conectas, así como de organizaciones internacionales como WWF Brasil, Artículo 19, Front Line Defenders y muchas otras.

Salimos de la cárcel a los pocos días gracias a la actuación de estas redes de incidencia y protección. Sin embargo, el proceso penal contra nosotros continuó y ya lleva dos años, aunque no hay ninguna prueba que respalde las acusaciones en nuestra contra. A nivel federal, la investigación policial se cerró; sin embargo, las autoridades del estado de Pará han insistido en sus acusaciones. Recientemente, la fiscalía federal impugnó la competencia de la causa judicial, pero durante meses el proceso ha seguido dando vueltas en la justicia brasileña. Parte de nuestro equipo sigue estando confiscado hasta el día de hoy. Ya no tengo esperanzas de que se haga justicia.

A pesar de todo, creo que la sociedad civil brasileña está saliendo fortalecida. Nuestro socio Caetano Scannavino, del Proyecto Salud y Alegría, que también trabaja en Alter do Chão, dice que se trata de algo así como un efecto búmeran. Creo que esta apreciación es brillante. Ellos nos atacan, y sus ataques nos hacen más fuertes.

¿De qué vías disponen los activistas de su región para buscar protección y apoyo? ¿Qué tipo de apoyo necesitan de la sociedad civil y de la comunidad internacional?

Lo principal es conocer las redes de apoyo disponibles y coordinarse con ellas antes de que ocurra algo malo, es decir, coordinarse preventivamente. Esto incluye a instituciones nacionales e internacionales como las que nos apoyaron. Pero, sobre todo, es fundamental conocer las redes de apoyo locales.

Los tipos de apoyos necesarios son específicos y dependen mucho de cada región. Brasil tiene un tamaño continental y las necesidades del sur, por ejemplo, no son las mismas que las de la Amazonia. Ni siquiera se puede decir que la Amazonia sea una región, porque es, de hecho, un continente con particularidades en cada región. Pero son estas redes las que pondrán en contacto a los que necesiten apoyo con los que puedan ayudar.

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CIVICUS conversa con Alicia Amarilla, Coordinadora Nacional de la Organización de Mujeres Campesinas e Indígenas (CONAMURI) de Paraguay acerca de los conflictos por los derechos territoriales entre el Estado paraguayo, el sector privado y las comunidades indígenas. CONAMURI es una organización paraguaya de mujeres indígenas y campesinas que trabaja desde hace 22 años en la defensa y promoción de sus derechos y para buscar soluciones a situaciones de pobreza, exclusión y discriminación por etnia y género.

¿Qué desafíos enfrentan los pueblos indígenas de Paraguay en el acceso a sus derechos territoriales?

Los principales desafíos siguen siendo la organización y la formación de alianzas. Si no se toma conciencia política de que lo que está en juego es el futuro, toda resistencia será endeble. Y en ausencia de articulación con otros sectores populares es muy difícil la defensa del territorio.

La falta de acceso a derechos básicos en las comunidades indígenas es otro desafío, que además se ha agudizado durante la pandemia de COVID-19. A esto se le suma ahora la infinidad de amenazas de desalojo, así como la cantidad de desalojos que efectivamente llegaron a ejecutarse. Las familias indígenas, al igual que muchas campesinas, se quedan a la intemperie. A pesar de que existen leyes e instituciones que deberían protegerlas, se las abandona, y las instituciones incluso avalan estos atropellos que sufren los pueblos indígenas de parte del Estado paraguayo.

Además, se observan nuevas formas de ataque que están siendo usadas para desplazar a los pueblos campesinos e indígenas de sus territorios. Por ejemplo, la plantación de eucalipto en forma de monocultivo, que pone en peligro la cultura, la biodiversidad y la vida misma de las comunidades, y les quita la posibilidad de plantar cultivos para renta propia.

A ello se suman retrocesos que ocurren a partir de la manipulación y la compra de conciencias por parte de grandes empresas que se aprovechan de las necesidades materiales de las comunidades indígenas para alquilarles sus tierras e instalarse en sus territorios, haciendo avanzar el agronegocio en el territorio indígena.

¿Qué estrategias de movilización están empleando para responder a estos desafíos?

Como estrategia, la unidad y la solidaridad entre los pueblos es la única forma de resistir. La unidad comienza por organizar y planificar una producción agrícola orgánica y con enfoque agroecológico, con énfasis en la producción de autoconsumo, porque en ausencia de garantía de acceso a la alimentación la lucha se vuelve mucho más difícil. Tratamos de evitar depender del mercado externo, y en cambio volcarnos hacia una alimentación sana respetuosa de la naturaleza y el ambiente que nos rodea.

La comunidad Hugua Po’i ha tenido una estrategia de movilización muy interesante, desplegando todo el simbolismo de sus arcos y flechas. Eso fue muy significativo porque comunicaron la resistencia de los pueblos indígenas ante la violencia del Estado, que utiliza toda su estructura y las fuerzas armadas contra ellos. El Estado criminaliza sistemáticamente sus protestas, como si los violentos fueran los pueblos indígenas, aunque sabemos que en realidad lo que ocurre es exactamente lo contrario.

¿Cómo podría solucionarse este conflicto territorial?

La única forma de solucionar este conflicto es haciendo valer la Constitución Nacional y las leyes que recogen los derechos de los pueblos indígenas, leyes vigentes que defienden el territorio indígena y la forma de vida de las comunidades.

Mientras las tierras sigan estando en manos privadas, el conflicto a nivel local va a continuar. El conflicto se soluciona respetando a los territorios ancestrales y a los verdaderos dueños de la tierra con una reforma agraria integral que no solo pase por repartir tierras, sino que también acompañe el proceso de arraigo en las comunidades. Para ello debe haber un reparto de las riquezas de nuestro país a través de las políticas públicas y de un sistema impositivo más justo que beneficie al sector campesino e indígena, generando mercados solidarios para la producción agrícola y la artesanía, así como a la clase trabajadora, que es la más expoliada de nuestra sociedad.

¿Cómo se integran las luchas de CONAMURI en el movimiento regional más amplio?

CONAMURI forma parte de la Coordinadora Latinoamericana de Organizaciones del Campo-Vía Campesina, que aglutina más de 300 organizaciones de 80 países en cuatro continentes: África, América, Asia y Europa. En este espacio se generan debates sobre las problemáticas, luchas y realidades de los pueblos y se piensan estrategias adecuadas a las luchas y procesos de cada país. De ahí surgen líneas políticas que se siguen para lograr una construcción conjunta y sostenida.

También estamos en contacto con otras organizaciones similares de otros países. Nos articulamos con otros países donde sabemos que hay movimiento a nivel nacional y observamos la misma lucha de nuestros pueblos.

¿Qué apoyos de la sociedad civil nacional e internacional necesitan los grupos que defienden los derechos territoriales en Paraguay?

La sociedad en general necesita entender que en el campo está nuestro futuro, que nuestra vida depende de los y las agricultoras que alimentan al mundo. La gente debe defender y apoyar la lucha campesina e indígena por los territorios y asentamientos y la lucha de las mujeres por el fin de la violencia machista, y entender que estas luchas son de todos y tienen muchas ramificaciones, ya que abarcan hasta la sobrevivencia en el planeta y la disminución de los efectos del cambio climático.

El Estado paraguayo soporta varias denuncias y demandas ante organismos internacionales de derechos humanos como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

En el caso de la masacre Curuguaty, en el que se desalojó de forma irregular a campesinos que ocupaban tierras en 2012, desde hace unos días el Estado se encuentra a la vista de todo el mundo porque la CIDH abrió el caso para un análisis a profundidad ante presuntas vulneraciones al debido proceso, como el ocultamiento de evidencias.

En el caso de la comunidad indígena Ka’a Poty, que fue despojada de sus tierras, el 22 de diciembre se presentó una denuncia internacional contra el Estado paraguayo por los dos primeros desalojos ilegales sufridos, aun cuando había una medida cautelar vigente. La Dirección de Derechos Humanos de la Corte Suprema de Justicia solicitó informes tanto al Estado como a la Plataforma Social de Derechos Humanos, que acompaña el caso.

Ante la impunidad y la corrupción de los procesos jurídicos es importante dar a conocer estos hechos de violaciones de derechos humanos, así como todos los daños e impactos que generan y sufren las comunidades indígenas y campesinas en la defensa de sus territorios.

Asimismo, está en estudio la salud mental de las familias afectadas por los desalojos, así como los impactos sobre otros derechos, en particular los derechos humanos de las mujeres, de los niños y adolescentes, y el derecho a la seguridad alimentaria. Por efecto de los desalojos hay muchos niños y niñas desnutridos, y que no van a la escuela.

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CIVICUS conversa con Iván Lanegra, secretario general de la Asociación Civil Transparencia, sobre las recientes elecciones presidenciales y el estado de la democracia en Perú. La Asociación Civil Transparencia es una organización de la sociedad civil independiente que trabaja por la calidad de la democracia y la representación política mediante la facilitación del diálogo entre actores políticos, gubernamentales y de sociedad civil, la implementación de programas de educación y de desarrollo de capacidades para el liderazgo ciudadano y político, la elaboración de propuestas de política pública y la observación de los procesos electorales.

¿Cuáles fueron las particularidades de este proceso electoral, y qué es lo que estuvo en juego?

Las últimas elecciones generales estuvieron vinculadas con varios procesos políticos y sociales. En primer lugar, tuvo lugar al cabo de un período de cinco años muy inestable políticamente, en el cual tuvimos cuatro presidentes -Pedro Kuczynski, Martín Vizcarra, Manuel Merino y Francisco Sagasti- y el Congreso fue disuelto constitucionalmente. Al mismo tiempo, la economía ya no venía creciendo tanto, con lo cual empezó a aumentar el descontento social. En este contexto, los escándalos de corrupción terminaron por minar la credibilidad de los partidos políticos. A esto se sumó el impacto socioeconómico de la pandemia, que generó mayores demandas redistributivas.

Como resultado de todos estos procesos, se produjo una atomización de las preferencias de la ciudadanía. Los efectos de esta situación se expresaron en una gran fragmentación del voto en las elecciones parlamentarias de enero de 2020 y, nuevamente, en la primera vuelta de la elección presidencial de abril de 2021, donde los dos candidatos que salieron primeros, y que por lo tanto pasaron a la segunda vuelta, sacaron en conjunto apenas el 33% de los votos. En un Congreso de 130 asientos hay representados diez partidos políticos diferentes.

En la segunda vuelta, el triunfo de Pedro Castillo, del partido de izquierda Perú Libre, frente a Keiko Fujimori, de Fuerza Popular -un partido de derecha-, mostró el gran peso que tuvo la demanda de cambio, sumada al rechazo de la política convencional de los últimos años.

Sin embargo, los resultados oficiales demoraron en ser proclamados, lo cual generó un clima de gran incertidumbre. En un contexto de alta polarización, hubo un aumento exponencial de los recursos contra los resultados electorales: lo habitual es que se presente menos de una decena, pero en esta ocasión se presentaron más de mil, ninguno de los cuales fue considerado con fundamentos. Se hizo un uso instrumental de estos recursos: las denuncias infundadas de fraude fueron utilizadas para alargar al máximo el proceso y tratar de impedir la oficialización de los resultados. Si bien este intento no tuvo éxito, demoró la transferencia del poder y aumentó la desconfianza hacia la política y las instituciones electorales.

¿Por qué hubo tanta gente que no fue a votar?

La tasa de ausentismo en la primera vuelta fue de casi 30%, algo superior a la de las elecciones legislativas de 2020, cuando había sido del 26%; sin embargo, en la segunda vuelta bajó a menos de 24%. Hay que recordar que la primera vuelta electoral se dio en el punto más alto de la pandemia de COVID-19 en Perú. En otros países, como Chile, ni siquiera fue posible votar debido a la emergencia sanitaria, pero en Perú las elecciones se desarrollaron normalmente. En realidad, es notable que el ausentismo no haya sido más alto.

¿Qué rol desempeñó Transparencia en relación con el proceso electoral?

En el período previo a las elecciones, en el marco de la campaña #DecideBien, Transparencia difundió información sistemática sobre los partidos, las candidaturas y las propuestas, para que la ciudadanía pudiera evaluar sus opciones. Desglosamos los programas de gobierno para que cada persona pudiera conocer y comparar las propuestas de cada candidato en torno de los temas de su interés y votar en función de ese conocimiento.

Además, invitamos a la ciudadanía a inscribirse a la Red Nacional de Voluntariado de Transparencia para participar como observadores en las elecciones. Desde nuestra perspectiva, la observación electoral consiste en vigilar, orientar y dar testimonio de los hechos ocurridos durante la jornada electoral, además de hacer pedagogía ciudadana sobre la conducta y las reglas electorales.

Con esta red de voluntarios y voluntarias Transparencia observó el proceso y desde un primer momento señaló que el proceso electoral se había desarrollado con normalidad, más allá de los incidentes menores que suelen ocurrir en todas las elecciones, pero que no afectan los resultados.

En vistas de las alegaciones infundadas que buscaron desacreditar el proceso, también trabajamos para contrarrestar la desinformación electoral. El fenómeno de la desinformación en redes sociales, en particular después de la segunda vuelta, fue mucho más fuerte que en elecciones anteriores, y las propias autoridades electorales tuvieron que montar equipos dedicados casi exclusivamente a desmentir las “noticias falsas”. El clima de polarización seguramente contribuyó a aumentar el impacto de la desinformación.

¿Qué desafíos políticos se perfilan tras las elecciones?

Los principales desafíos son cómo reducir la desconfianza en el Estado, como encarar la insatisfacción con la democracia y cómo mejorar la representación política. Aunque en comparación con estos retos, la polarización política, que se exacerbó en el contexto electoral, es menos preocupante, también debe ser considerada. Si bien los sectores más radicalizados siguen atizando la polarización, se trata de sectores minoritarios. Lograron polarizar las elecciones porque consiguieron pasar a la segunda vuelta a pesar de haber conseguido un bajo porcentaje de votos, pero pasadas las elecciones, la mayoría de la ciudadanía se ubica lejos de los extremos. Sin embargo, es importante tener en cuenta que la desconfianza, la insatisfacción y la sensación de falta de representación son elementos que los sectores que buscan polarizar pueden aprovechar en su beneficio.

Es necesario recuperar la confianza en las elecciones. Para eso debemos continuar formando e informando a la ciudadanía sobre las reglas de las elecciones, la política y la democracia. También debemos mejorar los mecanismos de que disponemos para combatir la desinformación. Asimismo, es necesario avanzar en las reformas electorales pendientes, para crear incentivos para el fortalecimiento de los partidos políticos, así como para mejorar la calidad de la representación política.

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CIVICUS conversa sobre la crisis política en Perú con Nadia Ramos, CEO del Centro de Liderazgo para Mujeres de las Américas y portavoz oficial de la Red Hemisférica Somos Lideresas, organizaciones que impulsan el liderazgo y el empoderamiento de las mujeres en Perú y en América Latina.

¿Cómo se gestó el conflicto de poderes que acabó con la salida del presidente Castillo?

El expresidente Pedro Castillo fue elegido democráticamente a través del voto popular, pero desde antes de iniciar su mandato vivió un acoso constante de grupos que argumentaban que su victoria electoral nació a partir del fraude y, por ende, no lo reconocían como presidente legítimo. Estos grupos presentaron denuncias sin pruebas ante organismos internacionales para tratar de impedir su juramentación.

Perú tiene un sistema presidencialista híbrido, ya que, en vez de estar completamente separados, los poderes Ejecutivo y Legislativo tienen poderes para destituirse o disolverse recíprocamente. Hay un Consejo de Ministros conformado por todos los ministros de Estado cuyo presidente es nombrado directamente por el presidente del Perú. El Congreso otorga su voto de confianza al presidente del Consejo de ministros, pero si le niega su confianza en dos oportunidades el presidente de la República puede disolver el Congreso.

Los dos poderes están constantemente midiendo fuerzas, y durante el Gobierno de Castillo el choque institucional se sintió aún más. Si a esto se le suma que tenemos partidos políticos débiles, el resultado es una situación política inestable, algo a lo que estamos los peruanos muy acostumbrados.

Durante su gobierno, Castillo fue acosado por el Congreso, a lo que luego se sumó una denuncia grave de corrupción presentada por la Fiscal de la Nación. También fue atacado por la prensa tradicional, que durante meses nunca pudo obtener una entrevista con el presidente. Castillo no daba explicaciones de nada: guardó absoluto silencio y daba mensajes a la nación de un minuto de duración para explicar temas puntuales de su gestión.

A pesar de no tener mayoría en el Congreso, Castillo evitó ser destituido por el Congreso en varias oportunidades. Como se supo luego, lo hizo buscando discretamente apoyos en algunas bancadas clave. Pero mientras que sus antecesores tuvieron entre seis meses y un año en que pudieron gobernar, Castillo nunca tuvo tregua. Ante el acoso y la persecución, finalmente recurrió a la Organización de Estados Americanos (OEA) para solicitar la activación de la Carta Democrática, un instrumento de defensa de la democracia bajo amenaza, argumentando que era víctima de un complot que buscaba sacarlo del poder. La OEA respondió enviando una Comisión de Alto Nivel a Perú para analizar la situación política y confirmar si se estaba gestando un complot en su contra, amenazando la democracia.

La democracia en Perú es muy precaria, y este fue un gobierno precario que buscó sobrevivir día a día. Era prácticamente imposible que llegara hasta el final de su mandato el 28 de julio de 2026.

¿Qué ocurrió el 7 de diciembre?

Desde hacía tiempo Castillo venía siendo hostigado por el Congreso, que de manera constante presentaba mociones de vacancia, aunque no obtenía los votos suficientes para destituirlo. Mientras tanto, el presidente guardaba silencio y se concentraba en lograr los apoyos necesarios para sobrevivir en el cargo. Hasta el 7 de diciembre, cuando el escenario político cambió por error del propio Castillo.

Ese día, el presidente inesperadamente quebró el orden constitucional de Perú y cometió un suicidio político. Durante su mensaje a la nación ordenó instaurar un “Gobierno de excepción”, disolvió el Congreso y convocó a elecciones para un Congreso Constituyente encargado de elaborar una nueva constitución. Declaró un toque de queda por 48 horas y anunció la reorganización del Poder Judicial, entre otras medidas.

Pero Castillo no contaba con que sus ministros renunciarían en bloque y las Fuerzas Armadas le darían la espalda y sacarían un comunicado indicando que no le debían obediencia a un gobierno usurpador. En respuesta a su mensaje a la nación, el pleno del Congreso hizo un llamado a todas las bancadas para celebrar una sesión extraordinaria en la que aprobó la moción de vacancia presidencial por incapacidad moral con 101 votos a favor -bastantes más de los 87 requeridos- y cuatro en contra, en ausencia de varios congresistas afines al gobierno.

Castillo quedó detenido y una semana más tarde un juez dictó 18 meses de prisión preventiva mientras es investigado por rebelión, crimen organizado y corrupción, delitos por los cuales de ser condenado podría pasar varias décadas de prisión.

¿Cómo se resolvió la crisis institucional?

En los últimos años hemos visto pasar a seis presidentes y sobrevivido a varias situaciones de inestabilidad profunda. Esta crisis política se resolvió en pocas horas, ya que el Congreso enseguida vacó al presidente y convocó a la vicepresidenta, Dina Boluarte, para asumir como la primera presidenta del Perú.

No obstante, la ciudadanía esperaba que Boluarte renunciara, que el Congreso eligiera una nueva Mesa Directiva – el órgano encargado de la dirección administrativa del Congreso – y que el presidente del parlamento asumiera la presidencia para convocar a nuevas elecciones generales. Cuando Boluarte decidió continuar al frente se desató una ola de protestas en todo el país en reclamo de su dimisión. En la represión de las protestas fueron asesinadas 28 personas, entre ellas cuatro menores de edad. Esto llevó a la renuncia de dos ministros y a la renovación del primer gabinete del gobierno de Boluarte.

A continuación el Congreso aprobó en primera votación que las elecciones generales se lleven a cabo en abril de 2024. Ahora toca llevar a cabo una segunda votación en la siguiente legislatura ordinaria. Esperamos que las reformas electorales y políticas continúen para garantizar que las personas correctas puedan llegar al Congreso y a la presidencia.

¿Qué posición ha adoptado la sociedad civil peruana, y qué clase de apoyos internacionales necesita?

La sociedad civil peruana está llevando a cabo protestas pacíficas, pero la represión ha sido una constante durante las últimas semanas. La inestabilidad política y social ya ha costado decenas de vidas, por lo que esperamos mensajes firmes de condena de la comunidad internacional, la continuidad de las investigaciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y que las redes internacionales de derechos humanos sean nuestra voz para que los crímenes cometidos contra adultos y adolescentes peruanos no queden impunes.

Buscamos y exigimos justicia y reparación para los familiares de las víctimas. Asimismo, exigimos judicialización de todos los responsables –desde quien dio la orden y cometió las matanzas, hasta los involucrados en el sembrado de pruebas falsas contra líderes de organizaciones sociales y civiles para acusarlas falsamente de terrorismo.

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CIVICUS conversa con Feliciano Reyna, fundador y presidente de Acción Solidaria, una organización de la sociedad civil (OSC) venezolana establecida en 1995 con la misión de contribuir a reducir el impacto social de la epidemia del VIH, que a raíz de las múltiples crisis que enfrenta Venezuela ha expandido su radio de acción para proveer medicinas e insumos médicos a poblaciones más amplias en situación de vulnerabilidad.

¿Cómo se ha llegado a la crisis actual en Venezuela?

Se ha producido a lo largo de varios años un proceso de desmontaje del Estado de derecho que aún continúa. Hace tiempo que la justicia dejó de ser independiente y opera en función de los intereses del gobierno. A esto se agrega un gran nivel de corrupción. Hay muchos documentos e informes, como uno reciente de la Misión Internacional Independiente de determinación de los hechos sobre Venezuela de las Naciones Unidas (ONU), que describe cómo se fue instaurando una estructura de justicia no independiente, que se aprovechó de la opacidad de los datos públicos y del manejo discrecional del Estado.

Esto llevó a que muchos, actuando en función de sus intereses, destruyeran el aparato económico y productivo. Hoy en día la economía venezolana es el 20% de lo que era en 2013. Esto impacta sobre los niveles de pobreza, la calidad de los servicios públicos y la total falta de protección.

Hubo un primer periodo de ingentes ingresos, gran derroche de riqueza, que permitió que durante muchos años les llegaran recursos a los principales grupos de apoyo del gobierno de Hugo Chávez, entre 2005 y 2013. Pero era solo gasto en beneficios individuales, nada de inversión en servicios públicos. Así, poco a poco lo público fue quedando en un estado de total abandono: hospitales, carreteras, alumbrado, sistema eléctrico, distribución de agua. Todo está muy destruido. Hay alrededor de cuatro millones de personas que cocinan con leña o carbón porque no les llega el gas. En donde yo vivo recibimos agua una vez a la semana durante 24 horas, y hay momentos en que no nos llega agua durante dos o tres semanas.

Hubo un cambio importante en la economía mundial, con una fuerte caída del precio del petróleo que coincidió en los últimos días de Chávez en el gobierno. Cuando Nicolás Maduro tomó el poder en 2013 quedó en evidencia la fragilidad de un régimen en gran medida basado en la personalidad de Chávez. Tras el triunfo de Maduro se desencadenaron protestas políticas porque su mandato fue cuestionado, y en consecuencia se iniciaron prácticas represivas muy duras. Desde entonces se percibe un gran deterioro conducente a esta crisis de derechos humanos. Las OSC han documentado detenciones arbitrarias, torturas y tratos crueles en prisión. Ha habido un ataque sostenido a la disidencia y a los adversarios políticos. A cualquiera que tenga una posición de poder y sea visto como una amenaza política lo sacan de juego.

Los años entre 2014 y 2016 fueron terribles. Además de la vulneración a los derechos humanos, hubo un daño generalizado a la población en materia de salud, nutrición, acceso al agua, educación y otros derechos. A medida que la economía se fue deteriorando, comenzó a haber muchas protestas sociales, no por razones políticas sino por problemas de ingresos, falta de recursos, cortes de electricidad, falta de medios de transporte y servicios públicos. Con dos grandes excepciones – las olas de protesta de 2017 y de 2019, que expresaron un desacuerdo político -, la gran mayoría de las protestas han sido protestas sociales, no ideológicas, en las cuales expresaba su descontento mucha gente que en última instancia apoyaba y votaba al gobierno.

Mientras que el ataque a la oposición y a la disidencia ha llevado a muchos al exilio, las carencias económicas han provocado una ola migratoria masiva. Más de cuatro millones de venezolanos han emigrado y se han ido muchos profesionales, maestros, médicos, lo cual debilitó aún más a los sistemas de prestación de servicios.

¿Cómo es el contexto en que trabaja la sociedad civil?

Hay un gran debilitamiento del Estado, que claramente no puede controlar todo el territorio bajo su jurisdicción, y por eso ha ido entregando el control a otros actores. El poder está cada vez más en manos de actores locales paraestatales que gozan de pequeñas burbujas de bienestar en el marco de la inmensa pobreza en que vive la gran mayoría de la población.

A causa del debilitamiento del Estado y del deterioro de la industria petrolera, siempre la principal fuente de ingresos del país, el gobierno ha abierto algunos espacios a una economía más libre. Eso significa que para servir a las poblaciones con las que trabajamos, hemos podido importar medicamentos e insumos gracias a la cooperación internacional. Tenemos donantes internacionales que nos envían los insumos o que pagan el transporte para que podamos recibirlos, usando el sistema de transporte puerta a puerta.

Desde 2017 Acción Solidaria ha traído casi 240 toneladas de ayuda. Hemos pasado de ser nueve personas en 2016 a ser 40 en 2021. Cada semana recibimos a unas 120 personas que vienen a las oficinas de Acción Solidaria a buscar medicina. La mayoría son mujeres y personas con muy pocos recursos, mayores de 55 años. Puede que las cosas que ellas necesitan estén disponibles en la economía paralela, pero a unos precios que les resulta imposible pagar.

Pero el entorno para la sociedad civil sigue siendo de alto riesgo. El año pasado tuvimos un allanamiento de las Fuerzas de Acciones Especiales, el comando más temible de la Policía Nacional Bolivariana. Lo que nos hicieron no fue un operativo oficial sino una acción delictiva. La sociedad civil que hace incidencia en derechos humanos es objeto de criminalización, y la sociedad civil que trabaja en acción humanitaria enfrenta graves problemas de acceso, es extorsionada por estos grupos autónomos y por actores paraestatales. Nos hemos convertido en blanco no porque seamos opositores o disidentes, sino porque tenemos recursos codiciados.

De hecho, tenemos a un compañero preso hace 160 días y otros cinco compañeros de una organización que trabaja junto con la Agencia de la ONU para los Refugiados que estuvieron presos un mes en una instalación militar.

Con el proceso electoral, las redes de información del gobierno en los sectores populares parecen haber alertado que los programas gubernamentales - que transfieren a los beneficiarios el equivalente a unos cuatro dólares mensuales - no podían competir con los cerca de 60 dólares que organizaciones humanitarias transferían a las personas pertenecientes a sus poblaciones objetivo, sin exigirles nada a cambio, como parte de la respuesta humanitaria. De modo que intervinieron de inmediato y suspendieron los 38 programas de ayuda humanitaria que hacían transferencias en efectivo.

Después de las elecciones se ha empezado a recomponer el ecosistema de transferencias, pero por el momento solo se han activado los de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) y UNICEF.

¿Cuánto apoyo popular le queda al gobierno de Maduro? ¿Suficiente para ganar las elecciones regionales de noviembre, o ha recurrido al fraude?

En noviembre de 2021 se realizaron las elecciones regionales en las que se renovaron todos los cargos ejecutivos y legislativos de las 23 entidades federales y los 335 municipios del país. La cifra oficial de participación fue de poco más de 40%, y el gobierno obtuvo 19 gobernaciones, frente a cuatro de la oposición. El chavismo también ganó 213 alcaldías, pero los distintos grupos de oposición obtuvieron una cantidad no desdeñable, 121.

Las condiciones de la lucha electoral se plantearon bastante antes de la selección de las candidaturas, las campañas y la propia votación, con el nombramiento de nuevos miembros para el Consejo Nacional Electoral (CNE). El Foro Cívico, una OSC, había propuesto nombres de personas independientes para integrar el CNE – personas con mucha trayectoria en lo electoral, que podían establecer un puente de diálogo con la gente en el gobierno que quiere gobernar de una manera menos autoritaria. Así se consiguió un CNE más equilibrado, con un rector independiente y uno procedente de la oposición, entre los cinco principales, y tres suplentes propuestos por la sociedad civil, entre los cinco suplentes. Esto permitió pensar que las elecciones tendrían mayor legitimidad que otras anteriores.

El proceso electoral fue muy tenso; si bien no hubo fraude en el sentido de que se cambiaran las cifras de la votación, hubo muchas presiones y obstáculos para que no votaran los partidarios de la oposición. Políticos de mucho peso en la oposición fueron inhabilitados y no pudieron presentar sus candidaturas. Se cambiaron las condiciones en los centros de votación, incluidos los horarios, para mayor conveniencia del gobierno, y se acarreó mucha gente para que fuera a votar, aunque ya el gobierno no tiene la misma capacidad de movilización que en procesos anteriores. La participación fue baja por varias razones: influyó el hecho de que millones de personas han migrado, y de que muchas figuras populares de la oposición no participaban de la competencia.

La oposición tuvo también mucha responsabilidad en esto, porque contempló las elecciones con mucha suspicacia, voceros de peso se oponían a participar, y no cerró acuerdos amplios que le hubieran permitido hacerse con hasta diez o doce gobernaciones. En parte, vio limitado su crecimiento por los obstáculos impuestos por el gobierno, pero también por su incapacidad para ponerse de acuerdo.

Aun así, es importante recalcar que las condiciones de la competencia no eran equitativas. La oposición podría haber ganado más gobernaciones de las que ganó, pero esto tenía un claro límite. Esto se vio en el estado Barinas, de donde era originario Hugo Chávez, que el gobierno no podía permitirse dejar en manos de la oposición. Allí ganó claramente un candidato opositor, pero luego de las elecciones el Tribunal Supremo de Justicia dictaminó que el candidato en realidad no cumplía con las condiciones para estar habilitado para competir, y ordenó repetir las elecciones.

Frente a estas limitaciones, que eran previsibles, hubo una parte de la oposición que desde el inicio se opuso a participar en las elecciones y dejó abierto el camino a muchos triunfos oficialistas que tal vez en otras circunstancias no se hubieran producido.

¿Cuán consolidado está el régimen de Maduro, y cuáles son las chances de que pueda producirse una apertura democrática?

La apertura democrática no parece ser una opción en el corto plazo. La oposición es muy diversa y está muy dispersa en términos de programa y manejo institucional, por lo que es cuestionable si sería capaz de gobernar si ahora mismo tuviera la oportunidad.

Lo que tenemos por delante es un largo tránsito por el desierto. El gobierno padece muchas debilidades, pero tiene apoyos en China, Irán, Rusia, Turquía, y mucho apoyo político de Cuba y de otros países de la región, como se puede ver en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU. A imagen y semejanza de estos estados que le apoyan, el gobierno de Maduro ha tenido un manejo hábil: a pesar de la corrupción y la falta de transparencia, ha ido abriendo la economía al tiempo que ha mantenido intacta su conducta represiva.

Los apoyos internacionales que recibe el gobierno son importantes y han sido sistemáticamente subestimados, en tanto se ha sobreestimado el apoyo que recibe el gobierno interino liderado por Juan Guaidó. Se dice que tiene de su lado a Estados Unidos y a 60 países, pero quienes lo apoyan con acciones concretas son en realidad muchos menos.

Para muchos en la oposición el interinato en sí mismo ha sido un gran problema, en parte porque quedó asociado a la administración de Donald Trump, y en parte porque desde que se instaló el interinato lo que hacía el gobierno interino pasó a ser lo único que importaba y se abandonó el espacio de la Asamblea Nacional, que había contado con un amplio apoyo popular.

El interinato fue impulsado sobre la base del artículo 233 de la Constitución venezolana; puesto que en virtud de su reelección fraudulenta Maduro en 2018 no era reconocido por la oposición como presidente legítimo, la Asamblea Nacional, dominada por la oposición, proclamó a su presidente, en aquel momento Juan Guaidó, como presidente interino de Venezuela. Pienso que se debería haber continuado trabajando a través de la Asamblea Nacional, un cuerpo electo y legítimo en cuya presidencia se alternaban los partidos con más votos. Se podrían haber presentado pruebas de la corrupción y buscado mecanismos para proteger los activos del país con ayuda de la comunidad internacional.

En cambio, la oposición se asumió como un gobierno legítimo sin ningún control sobre los procesos internos. Y al asumir, planteó condiciones y plazos expeditos, reclamando que primero saliera Maduro del gobierno para que el gobierno interino se constituyera en gobierno de transición y organizara elecciones libres.

La opción por el interinato fue el resultado de la subestimación de las fuerzas del gobierno y la sobreestimación de las fuerzas propias. Cuando las expectativas no se satisficieron, como era evidente que iba a ocurrir, empezó a aumentar la desafección hacia el gobierno interino. Sigue habiendo un deseo enorme de cambio, porque las cosas están mal para la gran mayoría de la población, pero se fue perdiendo la esperanza de que ese cambio se lograría con el interinato.

¿Qué clase de apoyos debería brindar la comunidad internacional para facilitar una salida democrática?

Lo que desearíamos de la comunidad internacional es un enfoque multilateral, flexible, y creativo. El cambio de administración en Estados Unidos es sumamente importante porque la postura del gobierno de Trump era unilateral y avasalladora. Afortunadamente, el gobierno de Biden parece adherir a un enfoque multilateral, que incluye a Europa, Canadá y otros países de nuestra región.

De parte de Europa, fue muy importante que enviara una misión de observación electoral para las elecciones del 21 de noviembre, así como lo fue que la ONU y el Centro Carter enviaran a expertos electorales. La ONU también tiene aportes esenciales que hacer en materia humanitaria y de derechos humanos, tanto en lo que se refiere a la movilización de recursos para atender la emergencia humanitaria en el país y en apoyo a personas migrantes y refugiadas en la región, como respecto de las situaciones de violación de derechos humanos que siguen ocurriendo.

La comunidad internacional debe escuchar a la sociedad civil y prestar atención a los reclamos de la gente que es directamente afectada por las medidas que actores externos toman en relación con Venezuela. Muchas de las sanciones que se han impuesto al gobierno, como la sanción secundaria de Estados Unidos que penaliza el intercambio de petróleo por diésel, terminan no afectando al gobierno, que tiene vías de acción alternativas, y en cambio perjudican a los usuarios y consumidores, a personas comunes cuyas vidas, ya complicadas, se complican aún más.

Si se escuchara a esa parte de la sociedad venezolana, se podría pensar políticas alternativas para generar los espacios de negociación y acuerdos que nos permitan retomar el camino de la democracia y la vigencia de los derechos humanos, de manera no violenta.

El espacio cívico en Venezuela es calificado como “represivo” por elCIVICUS Monitor.
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