Arabia Saudita
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¡Las defensoras de los derechos de las mujeres deben ser puestas en libertad de inmediato y sin condiciones!
Dr. Awwad bin Saleh al Awwad
Presidente de la Comisión de Derechos Humanos de Arabia Saudí
Estimado Dr. Alawwad:
Nuestras organizaciones siguen sumamente preocupadas por la detención arbitraria a la que continúan sometidas desde 2018 defensoras de los derechos de las mujeres como Loujain al Hathloul, Nassima al Saddah, Samar Badawi, Nouf Abdelaziz y Miyaa al Zahrani. Varias de ellas sufrieron tortura, violencia sexual y otros malos tratos, sin tener acceso a un recurso efectivo.
Nuestra preocupación es compartida de forma extensa y sistemática por la comunidad internacional. La alta comisionada de las Naciones Unidas para los derechos humanos ha pedido reiteradamente la libertad de las defensoras de los derechos de las mujeres desde que fueron detenidas a mediados de 2018.[1] En el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, alrededor de 40 Estados de todo el mundo han pedido en reiteradas ocasiones al Reino de Arabia Saudí la libertad inmediata de todas las personas detenidas por ejercer sus derechos fundamentales y, en concreto, por defender los derechos de las mujeres.[2]
El Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer ha interactuado en reiteradas ocasiones con las autoridades saudíes y ha pedido la libertad de Al Hathloul y de todas las defensoras de los derechos de las mujeres y ha expresado su enorme preocupación por las condiciones de reclusión de Al Hathloul. Al Hathloul está en huelga de hambre como protesta por la privación de su derecho a tener contacto periódico con su familia. El secretario general de la ONU ha expuesto también los casos de detención de Al Hathloul y de Badawi en sus informes anuales sobre cooperación con la ONU.[3]
Los procedimientos especiales de la ONU, por su parte, han instado en reiteradas ocasiones al Reino a que ponga en libertad a las activistas mediante diversas comunicaciones y comunicados de prensa.[4] Al mismo tiempo que acogieron con satisfacción algunas reformas del sistema de tutela masculina, subrayaron que estos cambios positivos eran consecuencia de años de incansable defensa y esfuerzo de numerosas personas defensoras de los derechos humanos y de los derechos de las mujeres en Arabia Saudí, muchas de las cuales seguían detenidas, cuya libertad inmediata reclamaron.
Durante el Examen Periódico Universal (EPU) de Arabia Saudí de noviembre de 2018, Arabia Saudí recibió al menos 22 recomendaciones en las que se pidió la libertad de defensores y defensoras de los derechos humanos, defensoras de los derechos de las mujeres incluidas, y que se garantizara un entorno seguro y propicio para que llevaran a cabo su trabajo.
La Comisión de Derechos Humanos de Arabia Saudí declaró en su informe de marzo de 2020 que “el Reino de Arabia Saudí viene haciendo progresos constantes en cuanto a reformas consecutivas y revisiones de leyes y normativas con vistas al empoderamiento y habilitación de las mujeres”. La libertad inmediata e incondicional de todas las defensoras de los derechos de las mujeres sería una prueba definitiva de la voluntad política del gobierno saudí de mejorar la situación de los derechos humanos.
Las informaciones de los medios de comunicación sobre la “clemencia” de las autoridades saudíes para quienes defienden los derechos de las mujeres sugieren que estas personas han cometido delitos; sin embargo, reiteramos que están detenidas arbitrariamente debido a su activismo pacífico. Las autoridades saudíes deben poner en libertad inmediata e incondicional a todas las defensoras de los derechos de las mujeres, retirar los cargos formulados contra ellas y poner fin a todos los actos de hostigamiento e intimidación contra sus familiares y a la prohibición de viajar de estos.
Atentamente,
- ACAT-France
- ALQST for Human Rights
- Americans for Democracy & Human Rights in Bahrain
- Amnesty International
- Bahrain Institute for Rights and Democracy (BIRD)
- CIVICUS
- Coalition Tunisienne Contre la Peine de Mort
- CODEPINK
- Democracy for the Arab World Now (DAWN)
- English PEN
- Equality Now
- European Saudi Organisation for Human Rights
- FIDH, in the framework of the Observatory for the Protection of Human Rights Defenders
- Freedom Initiative
- Gulf Centre for Human Rights
- Human Rights Watch
- Humanists International
- International Service for Human Rights (ISHR)
- MENA Rights Group
- Nachaz Dissonances
- No Peace Without Justice
- Organisation against Torture in Tunisia
- PEN International
- Project on Middle East Democracy (POMED)
- Renewal Forum for Citizenship and Progressive Thought- Tunisia
- Saudi American Justice Project
- Scholars at Risk
- The B Team
- The Lebanese Council to Resist Violence Against Woman (LECORVAW)
- The Tunisian League for Human Rights Defence
- Urgent Action Fund for Women's Human Rights
- Vigilance for Democracy and the Civic State
- Women's March Global
- World Organisation Against Torture (OMCT), in the framework of the Observatory for the Protection of Human Rights Defenders
[1] Por ejemplo: en mayo de 2018, julio de 2018, septiembre de 2018, marzo de 2019, febrero de 2020, septiembre de 2020.
[2] En marzo de 2019 por iniciativa de Islandia, en septiembre de 2019 por iniciativa de Australia, en septiembre de 2020 por iniciativa de Dinamarca, y por Países Bajos en nombre de los países de la BENELUX en junio de 2020.
[3] En septiembre de 2019 y septiembre de 2020.
[4] En un comunicado de prensa de junio de 2018 y una comunicación de la misma fecha, un comunicado de prensa de octubre de 2018 y una comunicación de la misma fecha, y en comunicaciones de febrero de 2019, agosto de 2019, septiembre de 2019 y junio de 2020.
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G20: “La sociedad civil es tratada como un socio de segunda clase y a menudo no es escuchada”
CIVICUS conversa con María Emilia Berazategui, Coordinadora Global de Incidencia Política de Transparencia International, acerca del rol de la sociedad civil en los foros internacionales e intergubernamentales y el grado en que puede influir en los procesos de toma de decisiones, así como sobre los éxitos conseguidos y los desafíos encontrados en 2019 por el C20, el foro de sociedad civil dentro del G20. Antes de incorporarse a Transparencia Internacional, María Emilia lideró el área de Instituciones Políticas y Gobierno en la organización de la sociedad civil (OSC) argentina Poder Ciudadano. En 2018 fue nombrada Sherpa del C20 bajo la presidencia de Argentina. En 2017 y 2019 fue miembro del Comité Directivo del C20, y en 2018 y 2019 fue copresidenta del Grupo de Trabajo sobre Anticorrupción del C20.¿Qué es el C20, y por qué es importante?
El C20 (Civil-20) es uno de los grupos de afinidad oficiales del G20, y es el espacio natural para que las OSC hagan incidencia a nivel del G20.
Hay otras dos formas en que las OSC pueden participar en los procesos del G20: asistiendo a las reuniones del Grupo de Trabajo del G20, como invitadas, para presentar recomendaciones temáticas, y a través de su presencia en el Centro Internacional de Medios de Comunicación del G20 durante las cumbres, lo que les permite relacionarse directamente con los medios de comunicación que cubren la cumbre del G20 y difundir sus mensajes en torno a temas clave.
El C20 es un espacio global de la sociedad civil, sin estructura permanente y con una presidencia que rota anualmente, en consonancia con la del G20, para que las OSC de todo el mundo -desde grupos locales y de base hasta grandes OSC internacionales- influyan colectivamente en el G20. Según los recientemente adoptados Principios del C20, su objetivo es garantizar que los líderes mundiales escuchen no solo las voces que representan a los sectores gubernamental y empresarial, sino también las propuestas y demandas de la sociedad civil, y que se guíen por los valores fundamentales de los derechos humanos, la inclusión y el desarrollo sostenible.
El trabajo de la sociedad civil en el G20 es importante porque estamos a apenas 10 años de la fecha límite de 2030 para alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible, y la brecha entre las acciones emprendidas por los gobiernos y las medidas que deben tomarse para alcanzarlos es inmensa. La mayoría de los desafíos que enfrentamos -la polarización política y el extremismo, los abusos de derechos humanos y las restricciones del espacio cívico, la desigualdad extrema, la corrupción sistémica, las disparidades de género y la violencia de género, la discriminación interseccional, la falta de empleo digno, la crisis sanitaria y el impacto negativo de la digitalización y la tecnología sobre nuestras vidas- no solamente siguen sin respuesta, sino que continúan profundizándose.
Los gobiernos y las instituciones multilaterales tienen un rol fundamental que desempeñar en la búsqueda de soluciones compartidas para los desafíos comunes. Los líderes mundiales deben reunirse urgentemente para encontrar esas soluciones y, a pesar de todos sus déficits, el G20 es uno de los pocos espacios que les brinda la oportunidad de hacerlo.
Lamentablemente, en los últimos años hemos visto pocas pruebas de un progreso real por parte de los líderes del G20. Los compromisos se hacen frente a los medios de comunicación del mundo, pero se olvidan rápidamente y rara vez se ponen en práctica una vez que cada uno regresa a su casa. Un reciente informe de Transparencia Internacional que expone los problemas del lavado de dinero y la propiedad anónima de las empresas encontró debilidades profundamente preocupantes en casi todos los países del G20.
¿Qué puede aportar la sociedad civil?
El trabajo de la sociedad civil en el G20 puede ayudar porque la sociedad civil aporta un conjunto de capacidades únicas.
En primer lugar, al buscar que los resultados de las políticas sirvan al bien común, hacemos que los gobiernos rindan cuentas. Así que cuando los gobiernos se comprometen a algo, les hacemos cumplir sus promesas. A veces se resisten, pero otras veces conseguimos fortalecer a actores dentro de los gobiernos que realmente quieren hacer cosas.
En segundo lugar, aportamos nuestra experiencia. Los grupos de sociedad civil no son solamente perros guardianes. Somos innovadores, tecnólogos, investigadores y expertos en políticas públicas y podemos contribuir a la implementación de las políticas para conseguir los mejores resultados posibles. La sociedad civil también puede contribuir a una mayor transparencia y a una evaluación creíble de sus resultados.
En tercer lugar, la sociedad civil funciona como un puente, ayudando a traducir la jerga técnica en el lenguaje que habla la gente común, explicando en qué consiste el cambio deseado y acercando las perspectivas de la ciudadanía a los responsables de la toma de decisiones. Los gobiernos deben compartir sus planes con la sociedad civil, para que podamos dar nuestra opinión sobre el impacto que esos planes tendrán sobre la gente.
Por último, pero no por ello menos importante, la sociedad civil aporta un equilibrio muy necesario. Una de las mayores debilidades del G20 es la falta de apertura a la representación de la sociedad civil en la misma mesa donde se sientan los intereses empresariales. Esto plantea la cuestión de si el G20 valora más los intereses de las empresas que los de los y las ciudadanas. Sin duda, esto no favorece la confianza, y explica por qué en todo el mundo la gente cree que los gobiernos están demasiado cerca de las empresas o que solamente actúan en beneficio de unos pocos intereses privados.
¿Qué espacio ofrecen foros internacionales como el G20 para que la sociedad civil ejerza influencia real sobre la elaboración de las políticas?
El G20 es a menudo descripto como elitista, como un grupo de potencias económicas -aunque no todas las mayores economías participan en él- que intenta reescribir las reglas de la gobernanza económica mundial, operando en gran medida a puertas cerradas y de forma opaca. No es de extrañar que muchos miembros de la sociedad civil sientan instintivamente que debemos oponernos al G20 en lugar de involucrarnos en él.
El G20 invita a participar en sus reuniones a una gran variedad de invitados, entre los que se cuentan representantes de diferentes grupos regionales, Estados invitados y organizaciones internacionales. Sin embargo, su historial de conversaciones con grupos de ciudadanos y con la sociedad civil es, en el mejor de los casos, desparejo. A pesar de todo lo que podemos ofrecer, no nos sentamos a la misma mesa; se nos trata como socios de segunda clase y nuestras recomendaciones e ideas sobre cuestiones importantes a menudo no son escuchadas.
Las experiencias varían mucho entre los distintos grupos de trabajo que componen el G20. Por ejemplo, a pesar de todos los conocimientos que tiene la sociedad civil sobre cuestiones financieras, el Grupo de Trabajo sobre Arquitectura Financiera Internacional del G20 ha cerrado sistemáticamente sus puertas a la participación de la sociedad civil. Por otro lado, tenemos la suerte de contar con un ítem permanente en el orden del día del Grupo de Trabajo Anticorrupción, donde los gobiernos hablan con las empresas y la sociedad civil en igualdad de condiciones. Sin embargo, aunque apreciamos esto, creemos que tanto este grupo de trabajo como el G20 en general necesitan mejorar significativamente su relación con la sociedad civil.
A pesar de todas estas limitaciones y desafíos, durante 2019, cuando la presidencia del G20 estuvo en manos de Japón, la sociedad civil consiguió influir en el G20 en algunas áreas, tales como la protección de denunciantes, la transparencia del gasto en infraestructura y la relación entre género y corrupción.
En 2019, el Grupo de Trabajo Anticorrupción del G20 adoptó dos documentos importantes: los Principios de Alto Nivel para la Protección Eficaz de Denunciantes, que estuvieron muy en línea con las recomendaciones de la sociedad civil e incluyeron un reconocimiento sin precedentes por parte del G20 de los aspectos específicos de género de la denuncia de irregularidades, y un Compendio de Buenas Prácticas para Promover la Integridad y la Transparencia en el Desarrollo de Infraestructura, también alineado con las recomendaciones de la sociedad civil.
A través del Compendio, el G20 también reconoció que la transparencia respecto de quiénes son los propietarios últimos de las empresas es fundamental para la lucha contra la corrupción. En consonancia con las sugerencias de la sociedad civil, recomendaron la creación de registros de propiedad efectiva de las empresas para reducir la posibilidad de que los fondos públicos sean utilizados para favorecer a determinadas personas o empresas, y para identificar los conflictos de intereses.
En general, ¿cuáles diría que fueron los principales éxitos obtenidos por la sociedad civil en el G20 durante 2019?
En una palabra, el principal éxito del trabajo de la sociedad civil durante 2019 fue garantizar su continuidad. La sociedad civil pudo mantener un grado de involucramiento con el G20 similar al que tuvo en 2018, cuando el G20 fue presidido por Argentina. En 2018, y por un corto período de tiempo, la sociedad civil ganó acceso a algunas reuniones del Grupo de Trabajo del G20, aunque lamentablemente no a los grupos de trabajo que forman parte del llamado G20 Finance Track, así como al Centro de Comunicaciones del G20. Esto permitió a la sociedad civil acceder, por primera vez, a algunas sesiones que solían celebrarse a puertas cerradas. Además, conseguimos que los representantes locales del G20, incluido el sherpa, asistieran a las reuniones presenciales del C20.
El llamamiento que en 2018 la sociedad civil hizo a los delegados del G20 para que pasen de las palabras a la acción se desplazó de Argentina a Japón. Tuvo eco en las redes sociales, a través del hashtag #G20takeaction. Para seguir fortaleciendo la participación de la sociedad civil y garantizar un impacto cada vez mayor dentro del G20, en 2019 el C20 acordó un conjunto de principios que consagran la transparencia, la colaboración, la independencia, el internacionalismo, la inclusión y el respeto de los derechos humanos y la igualdad de género como pilares centrales de la práctica del grupo de afinidad. Este fue un hito muy importante en la historia del C20.
¿Cuáles han sido los desafíos, y qué es lo que hay que mejorar?
A pesar de estos éxitos, es urgente que el G20 cambie su forma de relacionarse con la sociedad civil. En el G20, los gobiernos discuten políticas que tienen un gran impacto sobre nuestras vidas. En tanto que sociedad civil, se nos debe permitir poner sobre la mesa las voces reales y diversas de los y las ciudadanas. Ellas son las personas que se verán afectadas por las políticas públicas promovidas en este foro.
Las pocas veces que hemos conseguido acceder a las reuniones del G20, la experiencia no ha sido positiva. Hacemos grandes esfuerzos para estar allí. Tras buscar los recursos y viajar muchas horas, esperamos -a veces durante mucho tiempo- fuera de la sala de reuniones hasta que finalmente nos dejan entrar. Una vez dentro, compartimos nuestras ideas y recomendaciones lo más rápidamente posible para que haya tiempo para el diálogo con las delegaciones, aunque en realidad no suele tratarse de una conversación abierta y honesta. Al cabo de un rato, nos sacan diplomáticamente de la sala para que, ya marcada la casilla de participación de la sociedad civil, las negociaciones puedan continuar.
El G20 todavía tiene un largo camino que recorrer para garantizar la participación efectiva de la sociedad civil. Los líderes del G20 deben dejar de pensar que invitar a representantes de la sociedad civil a un par de reuniones equivale a cumplir con su obligación de consultar ampliamente y abrirse al escrutinio. Deben reconocer las capacidades únicas que aporta la sociedad civil y avanzar hacia una vinculación más significativa y sostenida con la sociedad civil.
Pueden hacerlo de muchas maneras. En primer lugar, pueden, y deben, invitar a la sociedad civil y a los representantes de las empresas a secciones adicionales de las distintas reuniones del Grupo de Trabajo, para que aporten sus puntos de vista y perspectivas en relación con cada tema, y no solamente durante una única y breve sesión dedicada a escuchar todas nuestras preocupaciones. Además, deberían compartir con nosotros el orden del día de esas reuniones. Puede parecer una locura, pero la mayoría de las veces nos invitan y acudimos a las reuniones sin saber lo que se va a debatir, por lo que no necesariamente estamos enviando a la persona más adecuada o preparando la contribución más relevante o detallada.
En segundo lugar, los delegados del G20 deberían reunirse sistemáticamente con la sociedad civil nacional a lo largo del año, tanto antes como después de las reuniones del Grupo de Trabajo del G20. Esto ya está ocurriendo en algunos países del G20, pero no en todos.
En tercer lugar, los representantes del G20 deben ser más abiertos y honestos en sus intercambios con la sociedad civil. Cuando los delegados del G20 hablan con la sociedad civil, la mayoría de las veces solamente comparten información limitada sobre lo que están haciendo para abordar los principales desafíos globales, lo cual a veces no es más que propaganda. ¿Qué tal si nos preguntan de qué queremos hablar y qué información nos gustaría recibir? ¿Y qué tal si nos dan una respuesta honesta y directa en relación con las propuestas y recomendaciones que compartimos con ellos?
Los líderes del G20 parecen no ser conscientes de que una buena comunicación y el acceso a la información son fundamentales. No existe un sitio web permanente del G20. En su lugar, cada presidencia establece un sitio nuevo, que después queda desactualizado. El espacio virtual está plagado de sitios web obsoletos del G20. Esto hace que a la sociedad civil, a los medios de comunicación ya los investigadores que buscan informarse sobre las actividades del G20 les resulte difícil encontrar lo que buscan. En 2017, cuando Alemania presidió el G20, el gobierno alemán tomó una excelente iniciativa: recopiló en un solo lugar todos los compromisos anticorrupción existentes. Esto debería ser una práctica habitual. En aras de la transparencia y la rendición de cuentas, todos los grupos de trabajo del G20 deberían publicar las actas y agendas de sus reuniones. Y deberían consultar sistemáticamente a la sociedad civil para que podamos hacer aportes a los borradores de los documentos que planean adoptar y sugerir temas clave en los que debería centrarse el G20.
¿Qué cambió en cuanto a la participación de la sociedad civil cuando la presidencia del G20 pasó a Arabia Saudita?
A pesar de sus limitaciones y de su escasa vinculación con la sociedad civil, el G20 ha sido un espacio relevante para hacer llegar nuestras preocupaciones directamente a los gobiernos y abogar ante ellos para que aborden los problemas más críticos que enfrentamos. Lamentablemente, en 2020 el espacio para la participación de la sociedad civil se redujo significativamente cuando la presidencia del G20 y de todos sus grupos de afinidad, incluido el C20, pasó a Arabia Saudita, por efecto de una decisión tomada por los gobiernos del G20 en 2017 en Hamburgo, Alemania.
Arabia Saudita es un Estado que no ofrece prácticamente ningún espacio a la sociedad civil y donde no se toleran las voces de la sociedad civil independiente. Las críticas de los medios de comunicación son sistemáticamente reprimidas, las personas defensoras de derechos humanos son regularmente detenidas y perseguidas, la libertad de expresión es censurada, la libertad de movimiento limitada, y los periodistas y activistas detenidos son torturados y maltratados. Esto vuelve a la participación de la sociedad civil éticamente cuestionable.
Además, los principios del C20 hacen hincapié en una serie de elementos que la presidencia saudita es incapaz de proporcionar, como la inclusión de una variedad de actores de la sociedad civil verdaderamente independientes, desde el nivel local hasta el global, la transparencia de los procedimientos de toma de decisiones y los valores rectores de los derechos humanos, la igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres. Al participar en el limitadísimo espacio que el gobierno saudita podría ofrecer, solo contribuiríamos a lavar la reputación internacional de Arabia Saudita. El gobierno saudita ya ha contratado a costosos asesores de relaciones públicas occidentales y ha gastado millones de dólares para pulir su empañada imagen.
En respuesta a ello, numerosas OSC de todo el mundo han unido sus voces y han decidido boicotear el C20 organizado por Arabia Saudita este año. En Transparencia Internacional estamos deseando volver a participar plenamente en el proceso del C20 el año que viene, cuando la presidencia haya pasado a manos de Italia.
El espacio cívico de Arabia Saudita es calificado como “cerrado” por elCIVICUS Monitor.
Póngase en contacto con Transparencia Internacional a través de susitio web o su página deFacebook, y siga a@anticorruption y a@meberazategui en Twitter. -
Por qué no participaremos en el proceso de la sociedad civil del G-20 en 2020
La cumbre anual del G-20 parece a menudo una tertulia de los gobiernos más poderosos del mundo. Los líderes de 19 de las mayores economías nacionales, más la Unión Europea, se reúnen, se dan la mano delante de las cámaras y alcanzan imprecisos acuerdos, muchos de los cuales no implementan. Las cumbres llaman la atención de los medios de comunicación internacionales y, con frecuencia, de manifestantes de todo el mundo que quieren que esos gobiernos rindan cuentas.
Menos conocido es el largo ciclo de reuniones preparatorias de la cumbre de los líderes del G-20. A pesar de las muchas limitaciones y dificultades del proceso, para muchas voces ajenas a los gobiernos –en especial los sindicatos, los grupos de defensa de derechos y la sociedad civil–, esas reuniones son oportunidades excepcionales de formular recomendaciones sobre políticas directamente a las autoridades e influir en la agenda mundial sobre asuntos que afectan a miles de millones de personas. En los últimos años incluso ha habido dentro del G-20 una serie especial de reuniones para la sociedad civil, conocidas como Civil 20 (C-20).
Sin embargo, en 2020, las organizaciones de la sociedad civil guardaremos las distancias respecto al proceso oficial del C-20, que estará auspiciado por Arabia Saudí y tendrá lugar allí.
El anfitrión saudí del G-20 ha intentado dar una imagen de país moderno y atractivo para los inversores extranjeros. El gobierno ha contratado los servicios de gran número de asesores occidentales sobre relaciones públicasy ha gastado millones de dólares en limpiar su imagen y eliminar las críticas en los medios de comunicación internacionales. Al mismo tiempo, internamente Arabia Saudí detiene y procesa de manera habitual a defensores y defensoras de los derechos humanos, censura la libertad de expresión, limita la libertad de circulación y tortura y somete a malos tratos a periodistas y activistas detenidos. Utiliza una imprecisa legislación antiterrorista para silenciar a quienes critican al gobierno, llegando incluso a imponer la pena de muerte. En octubre de 2018, el brutal asesinato del periodista y disidente Jamal Khashoggi en el consulado saudí en Estambul conmocionó al mundo. Las mujeres sufren discriminación sistemática en la legislación y en la práctica. Además, las defensoras de los derechos humanos que se atreven a defender los derechos de las mujeres son sometidas a persecución judicial y detención arbitraria.
En vez de una reforma real, lo que intenta hacer el gobierno saudí es blanquear su terrible historial en materia de derechos humanos con la celebración de grandes eventos internacionales en el país. Entre ellos figuran el G-20 y, por medio de una ONG autorizada por el gobierno, el C-20. Como organizaciones de la sociedad civil presentes en la mayoría de los países del mundo (pero en absoluto en Arabia Saudí), no podemos participar en un proceso con el que se intenta dar legitimidad internacional a un Estado donde la sociedad civil no tiene prácticamente cabida ni se toleran sus voces independientes.
En junio de 2019, el C-20 estableció un conjunto de principios, entre ellos una estructura básica y mecanismos operativos, para garantizar sus sostenibilidad y eficacia. Los principios del C-20 hacen hincapié en: la inclusión de actores diversos de la sociedad civil, abarcando desde el ámbito local hasta el mundial; la transparencia en la toma de decisiones; la libertad y la independencia frente a la influencia indebida de todo actor ajeno a la sociedad civil; la inclusividad y la diversidad, y los derechos humanos, la igualdad de género y empoderamiento de las mujeres como valores rectores. Las mayoría de estos principios no estarán presentes en 2020, y, lo que es aún más preocupante, estamos viendo ya que la presidencia saudí del G-20 los menoscaba.
Aparte de un número simbólico de organizaciones que tratan temas considerados inofensivos por el gobierno saudí, prácticamente ningún actor de la sociedad civil del país podrá participar en el próximo C-20 de Arabia Saudí, pues las autoridades saudíes no permiten la existencia de partidos políticos, sindicatos ni grupos de derechos humanos independientes. La mayoría de los activistas de la sociedad civil progresistas están siendo juzgados o cumplen largas penas de prisión por haber expresado sus opiniones, o se han visto obligados a exiliarse para evitar la cárcel o algo aún peor. No tienen posibilidad de regresar al país, pues correrían peligro si lo hicieran. Sin estas voces críticas e independientes en el foro, la credibilidad el C-20 se ve gravemente comprometida.
Los actores extranjeros e internacionales de la sociedad civil tendrían también grandes dificultades para participar libremente en un C-20 organizado por Arabia Saudí.
Las leyes y políticas vigentes en el país no sólo afectan directamente a la libertad de asociación, expresión y reunión pacífica, sino que tienen también un efecto disuasorio, capaz de silenciar a determinadas categorías de activistas que, si expresaran abiertamente sus opiniones, pondrían en peligro su propia seguridad. Además, en noviembre de 2019, la agencia saudí de seguridad de Estado clasificó el feminismo y la homosexualidad como delitos. Aunque luego se rectificó el anuncio, todavía siguen encarcelados y procesados por su trabajo destacados defensores y defensoras de los derechos de las mujeres y de cuestiones de género de Arabia Saudí. Esas leyes y prácticas contradicen los principios del C-20 sobre diversidad, igualdad de género y empoderamiento de las mujeres, y reprimirían la libertad de expresión en los debates sobre los derechos de las mujeres, los derechos sexuales y reproductivos y los derechos LGBTI.
A esta situación se suma la grave falta de libertad de prensa en Arabia Saudí. Dadas las estrictas medidas de control de los medios de comunicación, censura y vigilancia de las redes sociales, ningún debate mantenido en un C-20 dirigido por Arabia Saudí se haría jamás extensivo a la población del país en general sin las restricciones del discurso aprobado por el Estado. Incluso si tales debates fueran posibles, sin medios de comunicación libres todo debate significativo del C-20 llegaría sólo a un público limitado. Esta limitación es incompatible con los principios rectores del C-20 de inclusividad, apertura, transparencia y participación.
En anteriores cumbres del G-20 ha habido protestas de activistas del país anfitrión y de otras partes. La libertad de reunión pacífica es un derecho, pero en un país donde toda concentración de personas, incluidas las manifestaciones pacíficas, está prohibida, es imposible que este derecho fundamental se respete.
El proceso del C-20 dirigido por Arabia Saudí es deficiente en muchos aspectos, pero sobre todo en lo que respecta a garantizar los principios fundamentales del C-20. Incluso en esta temprana etapa del proceso del C-20 de 2020 hemos observado ya una acusada falta de transparencia por parte de los organizadores. El nombramiento de los presidentes de los grupos de trabajo y los diversos comités ha sido opaco y no consultivo, y se han tomado decisiones arbitrarias que han excluido a grupos internacionales con experiencia. El proceso del C-20 dirigido por la Fundación Rey Jalid, que está vinculada a la familia real saudí, no puede ser considerado transparente, inclusivo ni participativo, como exigen los principios del C-20.
En un momento en que el mundo se enfrenta a una amplia variedad de desafíos, las voces independientes son más necesarias que nunca. Cuando un Estado limita el espacio civil hasta hacerlo prácticamente inexistente, no se puede confiar en que garantice las condiciones básicas necesarias para que la sociedad civil internacional intercambie ideas y colabore libremente en cualquier tema, y mucho menos en los temas que considere delicados u ofensivos.
Aunque este año no participaremos en el C-20, nos comprometemos a hacer esfuerzos conjuntos para garantizar que en 2020 se escucha a esas voces.