Argentina

  • ARGENTINA: ‘Debemos impedir el intento de volver a las injusticias de la pre-pandemia’

    CIVICUS conversa sobre la crisis del COVID-19 y las respuestas de la sociedad civil con Sebastián Pilo, codirector de la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ), una organización de la sociedad civil (OSC) dedicada a la defensa de los derechos de los grupos más desfavorecidos y al fortalecimiento de la democracia en Argentina. Fundada en 2002, ACIJ tiene por objetivos defender la efectiva vigencia de la Constitución Nacional y los principios del estado de derecho, promover el cumplimiento de las leyes que protegen a los grupos desaventajados y la erradicación de toda práctica discriminatoria, y contribuir al desarrollo de prácticas de democracia participativa y deliberativa.

    Sebastien Argentina

    ¿Qué impactos ha tenido la pandemia del COVID-19 sobre los derechos de los y las argentinas?

    Sin perjuicio de los buenos resultados en términos sanitarios de las medidas de aislamiento, la pandemia ha golpeado muy especialmente a las poblaciones más vulnerables. Por citar solo algunos ejemplos, sobre las y los habitantes de asentamientos informales ha recaído en una proporción significativamente superior el impacto de los contagios. Los adultos mayores institucionalizados también han sufrido la pandemia de un modo particularmente cruel, y a ello se suma el presumible aumento de casos de violencia doméstica asociado al encierro.

    El hecho de que se les pida “quedate en casa” a quienes no encuentran satisfecho su derecho a una vivienda adecuada resulta una muestra clara de la brecha entre las promesas constitucionales y la realidad, así como de la interrelación entre el derecho a la salud y otros derechos fundamentales. Sobre este punto justamente, a mediados de marzo, cuando recién comenzaba la cuarentena obligatoria, junto con otras OSC presentamos una nota al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires advirtiendo la falta de políticas públicas adecuadas para las personas que viven en situación de calle, un grupo especialmente vulnerable ante la pandemia. Si bien el Gobierno de la Ciudad anunció medidas para mitigar la propagación del COVID-19, las acciones están principalmente orientadas al control de la circulación de esta población, pero ninguna garantiza su acceso a condiciones adecuadas de higiene y salud. Las causas que llevan a la situación de calle son estructurales y están relacionadas con la falta de políticas públicas que garanticen a todas las personas acceder a una vivienda digna. Las acciones que se adopten en esta emergencia deberían ser un punto de partida para construir una política a largo plazo que revierta la precariedad en que viven miles de personas en la ciudad.

    Más en general, la iniciativa multisectorial Habitar Argentina ha reclamado en el contexto de la pandemia la implementación de una política nacional de emergencia en materia de hábitat, que apunte no solamente a mejorar las condiciones de las personas que ya se encuentran en situación de calle, sino que incluya también la suspensión -por seis meses o hasta que se haya superado la pandemia- de todos los desalojos y ejecuciones judiciales que puedan producir mayor número de personas en situación de calle o empeorar sus condiciones sanitarias; así como políticas específicas para familias que alquilan, tienen hipotecas o habitan en viviendas precarias. También reclama la implementación de mecanismos de protección para mujeres, niños, niñas, adolescentes y minorías sexuales o disidencias de género que se encuentren en situación de violencia en cualquier tipo de hogar y territorio.

    ¿Qué obstáculos ha enfrentado ACIJ para continuar funcionando en este contexto, y cómo los ha superado?

    El mayor obstáculo se relaciona con las medidas de aislamiento y la consecuente imposibilidad de mantener, en las mismas condiciones, nuestra presencia territorial en las comunidades con las que trabajamos. Ello nos ha llevado a tener que redoblar nuestros esfuerzos para seguir en contacto -virtual o con presencias esporádicas autorizadas- con líderes y lideresas comunitarias, e impulsar acciones tendientes a brindar la protección especial requerida por el contexto.

    Así, por ejemplo, junto con la Fundación Huésped y TECHO organizamos una serie de capacitaciones destinadas a referentes populares, que históricamente han sido claves en las redes de contención en sus barrios. A partir del 5 de junio tuvimos cinco encuentros destinados a brindarles información sobre medidas de prevención frente al COVID-19 y a otras enfermedades presentes en los barrios, información legal en el marco del aislamiento social obligatorio, orientación en caso de violencia institucional y/o de género y medidas de prevención para comedores comunitarios y ollas populares, y a darles a conocer los programas de asistencia estatal que surgieron en el marco de la pandemia. De los encuentros participaron más de 90 referentes de las provincias de Buenos Aires, Chaco, Córdoba y Tucumán.

    También se desarrollaron un asistente virtual con información específica para responder a las consultas de los habitantes de los barrios populares y una serie de piezas de comunicación que fueron distribuidas a través de los grupos WhatsApp y Facebook de las comunidades.

    ¿Qué otras acciones han emprendido para defender los derechos afectados bajo la pandemia, y qué logros han conseguido?

    Entre las acciones más relevantes que llevamos adelante durante estos meses, cabe destacar las siguientes.

    En primer lugar, respecto de los habitantes de villas y asentamientos, impulsamos un protocolo especial de actuación frente al COVID-19, la creación de una plataforma web que georreferencia recursos y permite detectar las urgencias de dicha población, y una medida judicial para brindar acceso a internet gratuito por parte del Estado mientras duren las medidas de aislamiento.

    Este avance en materia de acceso a internet fue una respuesta a una demanda que iniciamos junto con otras OSC, con el objeto de posibilitar la continuidad pedagógica del conjunto de estudiantes en el marco de las medidas de educación a distancia dispuestas durante la emergencia. La medida cautelar dictada a principios de junio obligó al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires a entregar a todos los estudiantes que concurren a establecimientos educativos de gestión pública o de gestión privada con cuota cero y que se encuentren en situación de vulnerabilidad social (beneficiarios de planes, becas, subsidios o programas sociales de la ciudad o del Estado nacional, o residentes en villas), un dispositivo informático adecuado (computadora portátil, notebook o tablet) para acceder a internet y realizar las tareas escolares de modo de garantizar su continuidad pedagógica. Asimismo, el gobierno está obligado a instalar en todas las villas de la ciudad equipos tecnológicos de transmisión de internet inalámbrica, similares a los que actualmente mantiene en plazas y espacios públicos, en cantidad y ubicación suficiente como para brindar un estándar mínimo de conectividad inalámbrica libre. En caso de que existan impedimentos técnicos para ello, el gobierno local deberá entregar un dispositivo móvil con línea de datos que permita el acceso a internet a cada grupo familiar integrado por niños, niñas y/o adolescentes que concurren a establecimientos educativos de nivel primario.

    Esta medida es fundamental porque no solamente busca revertir la desigualdad existente en materia de acceso a equipamiento educativo, sino que también reconoce el acceso a internet como un derecho fundamental que resulta instrumental -y en este contexto imprescindible- para el ejercicio de otros derechos como la educación, la salud, la información o el acceso a la justicia.

    Segundo, respecto de las personas con discapacidad, entre otras cosas denunciamos la reducción de la cobertura de los apoyos, realizamos una campaña para mostrar los efectos del encierro sobre las personas internadas en manicomios, y lanzamos una plataforma web para canalizar el acceso a derechos.

    La plataforma discapacidadyderechos.org.ar fue lanzada a principios de julio y busca ayudar a las personas con discapacidad a exigir el cumplimiento de sus derechos a la salud, a la educación, al trabajo, a la vida independiente y a la protección social. La plataforma centraliza información relativa a los derechos, las prestaciones y servicios que reconoce la normativa vigente; las vías existentes para reclamar en casos de incumplimiento de obras sociales, empresas de medicina prepaga y del Estado; y los lugares a los que se puede acudir para recibir asesoramiento y patrocinio jurídico gratuito. La página cuenta con un total de 120 modelos de documentos tales como notas administrativas y cartas documento que cada persona puede adaptar a su situación. Además, dispone de una sección específica que brinda información sobre los derechos de las personas con discapacidad en el marco de la pandemia del COVID-19.

    Cabe subrayar que el proceso de desarrollo del sitio incluyó instancias de participación de personas con discapacidad y sus familiares, quienes probaron la plataforma e hicieron sugerencias para su mejora, y contó asimismo con el asesoramiento de especialistas en materia de accesibilidad y usabilidad digital.

    Tercero, para colectivos vulnerables en general, creamos junto a un grupo de instituciones académicas y de la sociedad civil una iniciativa de difusión de información legal para clarificar los alcances e impactos de la normativa de emergencia y contribuir al empoderamiento jurídico de diversos grupos desaventajados, e impulsamos un posicionamiento regional para alertar sobre el rol de la justicia frente a la crisis. También elaboramos un documento con información clave para revertir injusticias en materia tributaria y contribuir a una política fiscal respetuosa de los derechos económicos, sociales y culturales en el contexto de pandemia.

    ¿Cuál dirías que ha sido la clave de la obtención de estos logros?

    Creo que los logros obtenidos durante este contexto se explican fundamentalmente por la articulación de tres variables: en primer lugar, la totalidad del equipo de ACIJ se mostró especialmente movilizado por la necesidad de realizar una contribución significativa desde nuestro rol institucional, y adoptó la flexibilidad necesaria para reaccionar a la crisis de un modo adecuado. En segundo lugar, nuestra cercanía histórica con las comunidades y grupos afectados en relación con las temáticas en que trabajamos fue clave para conocer en primera persona los obstáculos que están enfrentando las personas en situación de vulnerabilidad para acceder a sus derechos. Finalmente, la combinación de estrategias de incidencia en las políticas públicas, judicialización de conflictos colectivos y empoderamiento comunitario redundó en impactos de mayor envergadura que los que se hubieran obtenido en ausencia de esta articulación de estrategias.

    ¿Qué rol debería tener la sociedad civil en la salida de la pandemia y en la construcción de una mejor “nueva normalidad” post-pandémica?

    Lo primero que debe hacer la sociedad civil en este contexto es exhibir con mucha claridad las injusticias de aquel mundo que teníamos antes de la pandemia: la desigualdad política como estructurante de democracias de baja calidad; la desigualdad económica como estructurante de las vulneraciones de derechos económicos, sociales y culturales; y un modelo de producción de los bienes y de organización de los territorios que resultaba insostenible desde el punto de vista ambiental.

    Teniendo en cuenta que la pandemia ha profundizado las desigualdades preexistentes y generado mayores impactos en las personas de más bajos ingresos, la prioridad actual debe ser el fortalecimiento de los sistemas públicos de protección y promoción de los derechos humanos de los grupos más afectados por la pandemia. En este contexto, es fundamental garantizar los recursos para financiar políticas sanitarias y de protección social adecuadas. De ahí que, junto con otras OSC de la región, hayamos producido una declaración para instar a los estados a implementar mecanismos para lograr un sistema tributario globalmente progresivo; evaluar las exenciones tributarias existentes para determinar cuáles deberían eliminarse por ser injustificadas e inequitativas; acordar la no aprobación de nuevos privilegios fiscales, salvo en casos urgentes y de efectividad comprobada y preferiblemente en beneficio de las poblaciones vulnerables y pequeñas empresas; y reformar y racionalizar el proceso de aprobación y revisión de los gastos tributarios, aumentando la transparencia, identificando beneficiarios/as, incluyendo evaluaciones de impacto, y sujetándolos a un escrutinio independiente.

    Es fundamental que la sociedad civil ayude a imaginar nuevos rumbos: el momento de crisis es también un contexto de oportunidad para estimular nuestra capacidad de idear modos distintos de relacionarnos como comunidad política, y nuevos valores para la reconstrucción de sociedades más justas.

    Finalmente, deberemos acompañar a quienes más dificultades tendrán para encontrar estrategias de supervivencia y satisfacer sus necesidades básicas, al mismo tiempo que buscamos espacios de participación para hacer escuchar nuestras voces en los ámbitos de toma de decisiones públicas y hacemos frente a los previsibles intentos de retomar, en la etapa post-pandémica, las injusticias y privilegios propios de la era anterior.

    El espacio cívico en Argentina es clasificado como ‘estrecho’ por elCIVICUS Monitor.
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  • ‘Cuando los migrantes son ciudadanos de segunda, se degrada la democracia’

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    En vistas de la publicación del Informe 2018 sobre el Estado de la Sociedad Civil, que girará en torno del tema “Reimaginar la Democracia”, estamos dialogando con líderes, activistas y especialistas de la sociedad civil para comprender su labor en la promoción de prácticas y principios democráticos, los desafíos que enfrentan y los logros alcanzados. En esta oportunidad,CIVICUSconversa con Ana Paula Penchaszadeh, colaboradora dela Red de Migrantes y Refugiadxs en Argentina y de la Red Nacional de Líderes Migrantes en Argentina, además deDoctora en Ciencias Sociales y en Filosofía, profesora de la Universidad de Buenos Aires e investigadora del CONICET (Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas).

    1. Te defines como pensadora y activista de los derechos de las personas migrantes. ¿Qué te llevó a orientarte en esa dirección y desde qué plataforma despliegas ese activismo?

    Desde que tengo memoria me han preocupado los problemas de la justicia y la exclusión. Yo misma he sido extranjera: mi familia tuvo que exiliarse en Venezuela y Francia durante la última dictadura militar en Argentina.

    Como investigadora, desde los inicios de mi carrera me interesé por las dinámicas de inclusión y exclusión en la constitución de la comunidad política. Centré mi tesis de doctorado en el vínculo de política y hospitalidad en el mundo contemporáneo. Desde entonces, asumí que no es posible investigar el tema de la hospitalidad (de un vínculo no destructivo hacia el otro que llega) en un contexto inédito de grandes desplazamientos humanos, sin tener vinculación con los espacios del activismo en derechos humanos y sin realizar trabajos de incidencia a nivel de las políticas públicas migratorias.

    Entre 2012 y 2015, trabajé en el Programa de Migraciones y Asilo del Centro de Justicia y Derechos Humanos de la Universidad de Lanús. En ese período, co-coordiné un proyecto sobre Migraciones, Derechos Humanos y Niñez en Argentina. A partir de un diagnóstico multivariado de la situación de la niñez en el contexto de las migraciones, abordamos la discriminación en el sistema escolar y desarrollamos un conjunto de materiales didácticos para trabajar la temática de las migraciones en las escuelas desde una perspectiva de derechos humanos.

    En los últimos años, mi labor investigativa giró en torno de dos grandes ejes: uno teórico y filosófico, y otro práctico y aplicado. He tratado de poner el pensamiento al servicio del activismo en derechos humanos. Lo he hecho mediante la provisión de apoyo al trabajo que desarrollan la Red de Migrantes y Refugiadxs en Argentina y la Red Nacional de Líderes Migrantes en Argentina. Desde 2015 participo asiduamente como tallerista en temas de derechos políticos y migraciones y como relatora en los encuentros de la Red Nacional de Líderes Migrantes; dirijo un proyecto de voluntariado universitario sobre migrantes y economía social, desarrollado en conjunto con la Red de Migrantes y Refugiadxs en Argentina; he realizado numerosas intervenciones públicas, incluida una participación en la audiencia de la Comisión Bicameral Permanente de Trámite Parlamentario del Congreso, en contra del Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 70/2017 y en defensa de la Ley 25.871 de Migraciones, así como en respaldo de un proyecto de ley de voto migrante; y he contribuido a dar difusión a la temática mediante entrevistas y artículos periodísticos, e incluso a través de un cortometraje documental, “Yo, afro”, producido junto con la artista audiovisual Gabriela Messina. Del mismo modo, en mis investigaciones busco abrir la escucha a la palabra de migrantes y refugiados y he trabajado bastante sobre el discurso y los procesos de subjetivación y empoderamiento de estos grupos.

    2.¿Cuáles son los argumentos teóricos y filosóficos que sustentan tu activismo?

    En el terreno teórico y filosófico, hago un análisis deconstructivo de la hospitalidad y la extranjería, para a partir de allí analizar las tensiones entre ciudadanía y nacionalidad. Sostengo que la movilidad humana pone en jaque la estructura supuestamente sedentaria y atávica (asociada al nacimiento en un territorio o en el seno de una familia) sobre la cual se ha erigido la comunidad política moderna. Las nuevas formas de pertenencia, y su relación con los procesos de subjetivación política, dislocan la espacialidad del Estado nación. Cada vez más, se impone pensar el espacio transnacional como fundamento de la ciudadanía: por un lado, des-territorializando y virtualizando la pertenencia a partir de una concepción “portable” de la ciudadanía (mediante el reconocimiento de derechos políticos a los nacionales que viven en el extranjero); y, por el otro, re-territorializando la pertenencia a través del reconocimiento de la residencia (y no solo de la nacionalidad) como fundamento de una ciudadanía plena (es decir, mediante el reconocimiento de derechos políticos a los inmigrantes).

    3.¿Cuál es actualmente la situación de los migrantes en Argentina? ¿Observas avances o retrocesos en el goce de derechos?

    En Argentina rige actualmente la Ley 25.871 de Migraciones. Esta norma, aprobada en 2004, vino a reemplazar una ley de la dictadura y a saldar una larga deuda de la democracia. La lucha de organizaciones de derechos humanos, de organizaciones que trabajan con migrantes y de organizaciones de los propios migrantes, dio forma a una de las leyes más progresivas del mundo en materia migratoria, que reconoce la migración como un derecho humano y un amplísimo abanico de derechos con total independencia de la condición migratoria (regular o no) de las personas. Es una muy buena ley nacional que todavía requiere medidas adicionales y un trabajo de adecuación normativa a nivel provincial y municipal para su aplicación efectiva en todo el territorio.

    Lamentablemente, en vez de avanzar en esa dirección, recientemente se han producido graves retrocesos a nivel de la política migratoria en el país. Desde que asumió la Alianza Cambiemos a fines de 2015, el paradigma hospitalario ha ido cediendo frente a un paradigma securitario. El actual gobierno cerró el programa de abordaje territorial, que permitió la regularización documentaria de miles de migrantes a lo largo del país, reorganizó la Dirección Nacional de Migraciones con una impronta fuertemente securitaria y propuso la creación de un centro de detención para migrantes. Finalmente, en 2017, mediante un Decreto de Necesidad y Urgencia del Ejecutivo, se modificaron aspectos fundamentales de la ley de Migraciones. Se debilitaron derechos y garantías para facilitar la expulsión exprés de extranjeros.

    Este decreto, emitido en forma totalmente inconsulta y sin siquiera una revisión parlamentaria, vino a coronar toda una serie de medidas regresivas, tales como el aumento de controles policiales para determinar la situación documentaria de los extranjeros y la persecución de migrantes en situación documentaria irregular. El decreto confunde irregularidad migratoria con criminalidad: según la ley vigente en Argentina, la irregularidad migratoria no es un delito, sino una falta administrativa que debe ser subsanada por el Estado (responsable de regularizar la situación documentaria de las personas). Si a algo remite la irregularidad migratoria es a la ineficiencia y la ineficacia del Estado para regularizar a las personas que están en su territorio. Todo migrante quiere estar en situación regular y tener los papeles que lo habilitan para alquilar, comprar, trabajar y estudiar de manera formal.

    A este giro político se le ha sumado la crisis económica, que tiende a exacerbar los discursos xenófobos a nivel tanto de la sociedad como del Estado. La discriminación y criminalización de las personas migrantes se agudiza con las recesiones: que nos sacan el trabajo, que viven del Estado, que no pagan impuestos, que molestan en la calle. Y desde ya que el chivo expiatorio no es “cualquier” inmigrante, sino el latinoamericano y el africano. El discurso xenófobo esconde una mirada eurocéntrica y racista.

    La normalización del prejuicio vuelve la violencia más aceptable, como lo muestra el reciente caso del vendedor ambulante de origen senegalés que fue agredido y gravemente herido por la policía en Buenos Aires. Es un círculo que empieza y termina con la acción y omisión del Estado. Los senegaleses son enviados literalmente a la calle como vendedores ambulantes, pues no tienen acceso a la regularización documentaria por ser extra-Mercosur y no entrar en ninguna de las categorías migratorias. Están condenados al empleo informal y, por lo tanto, expuestos de manera constante a la violencia y la persecución policial. El Estado, que debería facilitarles los medios para regularizar su situación migratoria, los empuja a la informalidad y luego los castiga por ello.

    4.¿Cómo ha reaccionado la sociedad civil ante estos retrocesos?

    Las organizaciones de derechos humanos, incluidas las que nuclean a refugiados y migrantes, se movilizaron ante cada vulneración de derechos, ya fuera un caso de discriminación o violencia, o un cambio normativo que afectara a migrantes y refugiados. Frente al DNU 70/2017, el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), la Comisión Argentina para Refugiados y Migrantes (CAREF) y el Colectivo por la Diversidad (COPADI) promovieron una acción de amparo colectivo. Muchos otros acompañamos la iniciativa: por ejemplo, desde el área de migraciones del Instituto de Investigaciones Gino Germani (Universidad de Buenos Aires) presentamos un amicus curiae en apoyo del recurso de amparo. Gracias a todos estos esfuerzos, en marzo de 2018 el tribunal declaró inconstitucional el DNU, y lo hizo con argumentos muy interesantes para una defensa de las migraciones desde una perspectiva de derechos humanos.

    Los migrantes en Argentina están organizados: cuentan con muchísimas organizaciones de defensa de sus derechos, algunas de ellas articuladas en redes. La Red Argentina de Migrantes y Refugiadxs, por ejemplo, nuclea a nivel nacional una treintena organizaciones de migrantes de Bolivia, Colombia, Ecuador, Haití, Jamaica, Paraguay, Perú, República Dominicana, Senegal, Ucrania, Uruguay y Venezuela. Estas organizaciones y redes se reconocen como sujetos políticos, y consideran la Ley 25.871 como un logro de su activismo. Ante el Decreto 70/2017 que la tergiversaba, también fueron al Congreso y a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para quejarse de que el gobierno no los llamara, ni aceptara recibirlos, para escuchar sus opiniones, y para reclamar una política seria contra el delito en reemplazo de las medidas que los usan como chivos expiatorios.

    Es importante subrayar que estas organizaciones no son tan solo reactivas, sino que han tomado repetidamente la iniciativa para presentar propuestas innovadoras. Así, en diciembre de 2016 lograron que se presentara en el Congreso un proyecto de ley de voto migrante, que buscaba extender los derechos políticos a los extranjeros con residencia permanente. En esa misma línea, del cuarto encuentro de la Red Nacional de Líderes Migrantes de Argentina, realizado en septiembre de 2017 la Universidad Nacional de Lanús, surgió la Declaración de Lanús, que promueve la profundización de la democracia mediante la consolidación de la ciudadanía plena para todas las personas que habitan nuestro país.

    5.¿Piensas que la clave de la integración de los migrantes pasa por el reconocimiento de derechos políticos?

    Absolutamente. Los extranjeros son el chivo expiatorio, el “otro” culpable de todos nuestros males. En momentos de crisis económica, lo primero que se intenta es restringir su acceso a bienes públicos que son, en definitiva, derechos. La idea de que los inmigrantes no deberían tener acceso a ciertos derechos, tales como la educación universitaria, resulta en una estratificación de la democracia, en ciudadanos de primera y de segunda categoría. Esto contradice el principio de igualdad, y por lo tanto degrada a la democracia.

    Cuando se extiende el discurso xenófobo, para los gobernantes y funcionarios es muy fácil hacerse eco y culpar a los inmigrantes de los problemas que ellos mismos no logran resolver, porque no pagan por ello ningún costo político. Aunque en Argentina son una de las principales minorías – el 4,5% de la población – los migrantes no votan. No resulta sorprendente, en el marco de un sistema representativo que se basa en la distribución de premios y castigos a través del voto, que los funcionarios no se sientan responsables ante ellos. Por el contrario, les resulta muy cómodo cargar en ellos todos los problemas de la sociedad, desde el narcotráfico hasta el déficit habitacional y la falta de empleo, que son en realidad problemas estructurales, no solamente en nuestro país sino en casi todo el mundo.

    La única salida democrática de esta situación pasa por los derechos políticos, que son en definitiva la mejor garantía de que no seremos privados de otros derechos. El migrante padece las políticas del Estado que lo recibe; debe obedecer las leyes y acogerse a las decisiones vinculantes de los poderes públicos. De ahí que deba tener voz y voto en la formación de esas decisiones, igual que cualquier otro ciudadano. Solo así será tomado en cuenta. En la ciudad de Buenos Aires, por ejemplo, los extranjeros representan el 13,5% de la población residente; pero, debido a las leyes que regulan el sufragio migrante, solo un 0,6% de esta población se encuentra habilitada para votar. En contextos de ballotage o segundas vueltas electorales, donde los candidatos se imponen con pequeñísimos márgenes de diferencia, los políticos se cuidarían mucho más de expresar opiniones xenófobas y se resolvería, en buena medida, su uso político y electoral, si los migrantes residentes en la ciudad efectivamente votaran.

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  • ‘El gobierno argentino envió un mensaje intimidatorio en relación con la participación de la sociedad civil; esta reducción del espacio cívico en las discusiones globales debe ser monitoreada’

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    CIVICUS conversa con Gastón Chillier, Director Ejecutivo del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), una organización de derechos humanos de Argentina. El CELS fue fundado en 1979, durante la dictadura militar, para promover los derechos humanos, la justicia y la inclusión social. En sus primeros años, el CELS luchó por la verdad y la justicia ante los crímenes del terrorismo de estado. A fines de la década de 1980 amplió su agenda para incluir las violaciones de derechos humanos cometidas bajo la democracia, sus causas estructurales y su relación con la desigualdad social. CELS promueve su agenda a través de investigaciones, campañas, alianzas con otros actores de la sociedad civil, incidencia y políticas públicas y litigio estratégico en foros nacionales e internacionales.

    1. Cuéntenos acerca de la decisión del gobierno argentino de revocar la acreditación de varias organizaciones de la sociedad civil para la Conferencia Ministerial de la Organización Mundial de Comercio (OMC) en Buenos Aires.

    Sesenta y cinco personas de todo el mundo cuyas organizaciones habían sido acreditadas para participar en la Conferencia Ministerial de la OMC, que se celebró en Buenos Aires del 10 al 13 de diciembre de 2017, recibieron correos electrónicos de la OMC que indicaban que las autoridades de seguridad de Argentina, el país anfitrión, había rechazado sus acreditaciones “por razones sin especificar”. Algunas de estas personas decidieron de todos modos viajar a Argentina para participar en otras actividades. Muchas de ellas fueron retenidas durante horas en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza antes de que se les permitiera ingresar al país. A dos personas - Petter Titland, un activista noruego de ATTAC (Asociación por la Tasación de las Transacciones Financieras y de Ayuda a los Ciudadanos), y la periodista británico-ecuatoriana Sally Burch, quien participaría en la Conferencia Ministerial en calidad de experta en regulación de internet – les fue denegado el ingreso y fueron posteriormente deportadas.

    El Ministerio de Relaciones Exteriores inicialmente emitió un comunicado de prensa explicando que las acreditaciones habían sido rechazadas porque estas personas o sus organizaciones “habían hecho explícitos llamamientos a manifestaciones de violencia a través de las redes sociales, expresando su vocación de generar esquemas de intimidación y caos”. Resultó evidente que el gobierno había estado recopilando información de inteligencia, muy posiblemente sobre la base de la afiliación organizativa o la opinión política de las personas, lo cual está expresamente prohibido por la legislación argentina.

    2. ¿Qué hizo la sociedad civil para que el gobierno de Argentina revocara su decisión?
    Las organizaciones de la sociedad civil (OSC) de Argentina, y el CELS en particular, trabajaron para defender el derecho de los activistas puestos en la lista negra a la participación y la libertad de circulación, de modo de garantizar su ingreso a Argentina. Recopilamos y compartimos información tanto a nivel local como con sus organizaciones en sus países de origen. También alertamos a los funcionarios de las embajadas y en la justicia cuando las personas estaban siendo retenidas en el aeropuerto. Por último, tomamos medidas legales y administrativas.
    Más específicamente, el CELS presentó peticiones de hábeas data, una solicitud de información pública y un habeas corpus colectivo, a la vez que se ocupó de los casos individuales de Titland y Burch, y brindó asesoramiento y apoyo a algunas de las otras personas directamente afectadas. Además, ayudamos a hacer correr la voz entre los periodistas, a través de las redes sociales y mediante entrevistas de prensa y comunicados en los medios.
    Mediante estas peticiones legales y administrativas, solicitamos que el gobierno especificara las restricciones de seguridad establecidas para participar en el evento de la OMC y explicara los vínculos existentes entre esa evaluación y la prohibición o restricción del ingreso de activistas individuales al país.
    En una audiencia judicial sobre el habeas corpus colectivo que presentamos en nombre de los activistas de la sociedad civil que habían sido retenidos al llegar al país, el gobierno presentó una lista con los nombres de las 65 personas cuyas acreditaciones habían sido rechazadas, pero insistió en que esto no les impedía la entrada en Argentina y que no tenía ninguna relación con las deportaciones de Titland y Burch. Reconocieron, sin embargo, que el Ministerio de Relaciones Exteriores había enviado esta lista a la Dirección Nacional de Migraciones, en calidad de “alerta”. Tanto Titland como Burch figuraban en esa lista.
    En respuesta a nuestras otras peticiones, el Ministerio de Relaciones Exteriores afirmó que no podía proporcionar detalles sobre qué información se había recabado sobre esas 65 personas o cómo había sido obtenida, y remitió nuestras consultas al Ministerio de Seguridad y la Agencia Federal de Inteligencia. Todavía seguimos esperando sus respuestas.
    Gracias a la presión legal, diplomática y mediática de la sociedad civil, el gobierno argentino se vio obligado a retroceder en algunos casos. Después de que Titland y Burch fueron deportados, a nadie más se le prohibió ingresar al país. Además, el 10 de diciembre el gobierno argentino anunció que un puñado de personas que figuraban en la lista estaban siendo acreditadas nuevamente. Entre ellas se encontraba Titland, quien finalmente regresó a Argentina y participó en la conferencia.
    Sin embargo, muchas otras personas y OSC siguieron sin ser acreditadas, incluidas la organización chilena Derechos Digitales, la fundación argentina Grupo Efecto Positivo y la organización británica Global Justice Now. Algunos activistas cuyos nombres figuraban en la lista nos dijeron que se habían abstenido de viajar a la Argentina por miedo, y a otros les habían rechazado las solicitudes de visa. Algunos han manifestado temor de que estos rechazos y alertas queden registrados en su historial migratorio.

    3.¿Qué impacto tendrá la decisión del gobierno argentino sobre la legitimidad de las conversaciones de la OMC y, en términos más generales, sobre las perspectivas de participación de la sociedad civil en futuros debates globales?

    La decisión del gobierno argentino de rechazar la acreditación de activistas sobre la base de información de inteligencia que puede que haya sido recabada ilegalmente, retenerlos en el aeropuerto y, en los dos casos más notorios, deportarlos a terceros países, causó tensión con la propia OMC y con otros países, en particular Noruega. Daría la impresión de que el gobierno argentino intentó reducir la participación de la sociedad civil en esta conferencia ministerial. Independientemente de los resultados de la reunión, esto sin duda tendrá impacto sobre la legitimidad de las conversaciones.

    Esta fue la primera vez en que hubo un rechazo de activistas en semejante escala, y sienta un precedente muy negativo para la participación de la sociedad civil. Las acciones del gobierno argentino han enviado un mensaje intimidatorio que pone en cuestión el compromiso del país con la participación de la sociedad civil. Esta reducción del espacio cívico en las discusiones globales es una nueva dimensión que debe ser monitoreada. Y debería hacer sonar la alarma para que la sociedad civil global se asegure de que otros gobiernos no conviertan este precedente en una práctica de rutina.

     

    4. ¿Cómo describiría el ambiente para la sociedad civil en Argentina? ¿Qué debería cambiar para que el espacio cívico mejore en el país?

    Aunque Argentina está lejos de presentar el peor escenario en la región, el ambiente para la sociedad civil se está deteriorando. El gobierno actual ordenó la represión de protestas sociales y promovió o toleró la criminalización de los manifestantes y de algunos prominentes líderes sociales. También ha mostrado desdén por la participación de la sociedad civil, por ejemplo al nombrar por decreto a jueces de la Corte Suprema -y por lo tanto pasar por alto todas las instancias de participación pública en el proceso- y llevar adelante un intento de designación relámpago de un candidato a ocupar la vacante Defensoría del Pueblo, ignorando nuevamente a la sociedad civil en el proceso. En ambos casos, los reclamos públicos forzaron al gobierno a retroceder.

    Además, el CELS y otras organizaciones de derechos humanos nacionales e internacionales que desempeñaron un rol en el caso de Santiago Maldonado, un joven que desapareció durante la represión ilegal de una protesta de una comunidad indígena y fue encontrado ahogado casi tres meses después, fueron demonizados por algunos funcionarios nacionales.

    Para que el espacio cívico en Argentina mejore, el gobierno debe proporcionar garantías para el ejercicio efectivo del derecho a la protesta, asegurando que las fuerzas de seguridad utilicen la fuerza responsablemente y dentro de la ley. También debe dar prioridad a los canales políticos para alcanzar soluciones concertadas a los conflictos y demandas sociales, y debe respetar y promover una variedad de mecanismos para la participación de la sociedad civil en procesos políticos clave.

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  • ‘Invocamos el principio de extraterritorialidad para llamar al Estado chino a rendir cuentas del impacto de sus inversiones en América Latina’

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    CIVICUS conversa con las cuatro responsables de la iniciativa regional “Explorando nuevos caminos para la defensa de los derechos humanos frente a las inversiones chinas en América del Sur: El Examen Periódico Universal de las Naciones Unidas y el Principio de Extraterritorialidad”: Paulina Garzón,de la Iniciativa para las Inversiones Sostenibles China América-Latina (IISCAL),María Marta Di Paola, dela Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN) de Argentina; Sofía Jarrín, del Centro de Derechos Económicos y Sociales (CDES) de Ecuador; y Julia Cuadros, de CooperAcción, una organización de Perú.

    1. ¿Qué impacto están teniendo las inversiones chinas en América Latina, y por qué es preocupante?

    A pesar de la desaceleración de la economía china en los últimos años, las inversiones chinas continúan creciendo en América Latina. En 2016 los préstamos soberanos de los bancos chinos alcanzaron 21.000 millones de dólares (más que el monto prestado por todos los bancos multilaterales) y la inversión directa llegó a los 10.358 millones (un crecimiento de 29,4% con respecto a 2015). La República Popular de China es el primer o el segundo socio comercial para todos los países sudamericanos, y resalta el hecho de que la gran mayoría de las exportaciones hacia China se concentra en petróleo, minerales y soja. En otras palabras, las inversiones chinas o motorizadas por la demanda china han dado un nuevo impulso al sector primario y, dentro de éste, a las industrias extractivas, de modo tal que la relación económica entre China y América Latina impone grandes desafíos tanto ambientales como en relación con los derechos de las comunidades donde se asientan estas inversiones.

    El crecimiento y la escala del financiamiento chino en América Latina ha tomado a las organizaciones sociales y a las comunidades por sorpresa. Hasta ahora, es poco lo que la sociedad civil ha podido hacer para demandar rendición de cuentas directamente a los bancos, compañías y agencias reguladoras chinas, en parte por falta de conocimiento y acceso a los procedimientos de estas instituciones, pero sobre todo por el hermetismo que las caracteriza. Ello se ve agudizado por el hecho de que la mayoría de los capitales chinos que llegan a la región aterrizan en Argentina, Bolivia, Brasil, Ecuador, Perú y Venezuela, países que tienen una o varias de las siguientes características: dificultades para acceder a los mercados financieros; gobernanza ambiental debilitada; y disminución de espacios de participación ciudadana. En estos países, vemos que las empresas transnacionales han contribuido a la violación de los derechos humanos, entre las que se cuenta la práctica sistemática de criminalización de los defensores ambientales.

    Sobre esta misma línea, cabe agregar que China ha seguido el principio de “no interferencia” en la construcción de su relación con América Latina, lo cual ha dado como resultado una interacción casi exclusiva con los gobiernos de turno, sin inclusión de actores no gubernamentales. En este contexto, las organizaciones sociales latinoamericanas no hemos logrado establecer canales de diálogo sustanciales con las instituciones chinas, y tanto menos en lo que se refiere a la demanda de rendición de cuentas acerca de los impactos negativos de su intervención.

    1. ¿Qué está haciendo la sociedad civil de América Latina para llamar a China a rendir cuentas de los efectos ambientales y sociales de sus inversiones en la región?

    Un grupo de organizaciones de varios países que han visto su situación de derechos humanos deteriorarse por efecto de la penetración de estas inversiones, hemos decidido hacer uso de las herramientas que ofrece el sistema internacional de derechos humanos para establecer una conversación sobre la necesidad de llamar a los gobiernos a rendir cuentas de los efectos de sus inversiones y de las acciones de sus empresas en el extranjero. Para ello aprovecharemos el hecho de que la República Popular de China realizará en noviembre de 2018 su Examen Periódico Universal (EPU) en el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas (ONU), la evaluación de derechos humanos a la que deben someterse cada cuatro años todos los estados miembros de la ONU, sin excepción.

    Pese a que no cuenta con una autoridad y mecanismos de aplicación, el sistema universal de derechos humanos, dentro del cual se encuentra el mecanismo EPU, ofrece valiosas oportunidades de incidencia para la sociedad civil en todo el mundo. El EPU ofrece un espacio para que las comunidades afectadas en sus derechos civiles, políticos, económicos, sociales o culturales hagan oír sus reclamos. Por lo general, la responsabilidad por los derechos vulnerados es adjudicada al Estado dentro de cuyo territorio ocurren dichas violaciones de derechos. Así, en el marco del EPU de China, el grueso de las recomendaciones que recibe el Estado chino se vinculan con el trato que reciben sus ciudadanos dentro de su territorio. Sin embargo, nada impide a las comunidades afectadas en sus derechos en diversos países de América Latina presentar reclamos por las acciones de un país extranjero miembro de las Naciones Unidas. En otras palabras, nada impide a los grupos vulnerados invocar el principio de extraterritorialidad para demandar a un Estado extranjero el cumplimiento de las obligaciones de derechos humanos contraídas por la aceptación de los instrumentos de las Naciones Unidas, así como a través de todo compromiso voluntario que dicho Estado haya ratificado y asumido.

    Eso es precisamente lo que pensamos hacer durante la EPU de China. En vistas de este proceso, el Centro de Derechos Económicos y Sociales (CDES) de Ecuador, la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN) de Argentina, CooperAcción de Perú y la Iniciativa para las Inversiones Sostenibles China América-Latina (IISCAL), hemos creado una alianza regional con el objeto de investigar colaborativamente y elaborar un informe sombra nacional para cada uno de los países sudamericanos incluidos en el proyecto, así como un informe sombra regional. En marzo de 2018 estos informes serán presentados a la Oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos de las Naciones Unidas como aportes para el EPU de China.

    Esta iniciativa cobró vida en 2017, con la búsqueda de una alianza regional para fortalecer nuestro trabajo de incidencia frente al Estado chino. La participación en el mecanismo del EPU es para nosotras una ventana de oportunidad para canalizar las preocupaciones y visibilizar las múltiples violaciones a los derechos humanos de las comunidades afectadas por proyectos cuyo financiamiento y operación se vinculan con inversiones del Estado chino.

    Las organizaciones involucradas tenemos una extensa y probada trayectoria de trabajo sobre financiamiento internacional y derechos humanos y ambientales, y nos contamos entre las pocas organizaciones de la sociedad civil de la región que han realizado un trabajo sistemático de investigación e incidencia sobre inversiones chinas en sus respectivos países. Además, gozamos de la confianza, credibilidad y reconocimiento de las organizaciones de base y otros actores relevantes. De hecho, en varios casos, hemos abogado frente a las entidades chinas para que mejoren sustancialmente su comportamiento ambiental y social y para que actúen como buenos ciudadanos globales. La falta de respuestas por parte de tales entidades nos ha llevado a buscar nuevos espacios de interlocución con la República Popular de China en los foros internacionales. Tenemos la esperanza de que el EPU de China y demás mecanismos de las Naciones Unidas ofrezcan el tan necesario espacio para lograr un compromiso serio de parte de los bancos y empresas chinas en materia de internalización de los principios de derechos humanos en sus operaciones en el extranjero.

    1. ¿Cuál es el sustento legal de la iniciativa? ¿A qué instrumentos, convenciones y legislación apelarán para apoyar sus reclamos?

    La República Popular de China ha ratificado varios instrumentos internacionales de derechos humanos. Entre ellos, los más importantes a la hora de constituir el marco de referencia y argumentación para el trabajo que pretendemos llevar adelante son el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, el Protocolo de San Salvador (Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales) y los Principios de Maastricht sobre las Obligaciones Extraterritoriales de los Estados en el Área de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Estos últimos, en particular, establecen que los Estados tienen la obligación de respetar, proteger y cumplir los derechos económicos, sociales y culturales tanto dentro de su territorio como fuera de él, y estipulan que la responsabilidad del Estado se extiende a los actos y las omisiones de los agentes no estatales que actúan por instrucciones o bajo la dirección o el control del Estado en cuestión.

    Cabe señalar que si bien nuestra argumentación se basa en el principio de responsabilidades extraterritoriales, ello no excluye la posibilidad de apelar en los informes sombra a otros instrumentos internacionales que integran el sistema universal de las Naciones Unidas, aún si no han sido ratificados por el Estado chino. En ese sentido, deba presumirse que, al aceptar ser miembro de las Naciones Unidas, China se compromete a promover sus principios y apoyar la implementación de los tratados, pactos y convenios internacionales elaborados en el seno de la organización.

    También es importante destacar que según el artículo 16 de la Constitución China, las empresas estatales tienen poder de decisión con respecto al funcionamiento y la gestión dentro de los límites prescritos por la ley, a condición de que se sometan al liderazgo unificado del Estado, en cuyo caso deben cumplir con todas las obligaciones del plan estatal. En otras palabras, las empresas estatales chinas son actores cuasi-estatales. Funcionan como una extensión de la estructura del Estado chino, ya que le pertenecen, son patrocinadas por él o actúan en pos de sus intereses. Ello convierte a las responsabilidades de derechos humanos de las empresas estatales de la República Popular de China en responsabilidades del Estado chino.

    El hecho de que China ocupe un puesto en el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas y de que, durante una visita del Secretario General de las Naciones Unidas a China el Ministro de Relaciones Exteriores de ese país haya declarado que “la ONU es una plataforma efectiva para los desafíos globales y la institución central para los esfuerzos internacionales en tratar los asuntos globales” constituye para nosotros una ventana de oportunidad. El EPU de la República Popular de China que se realizará en noviembre del 2018 es la oportunidad más concreta y cercana que tenemos.

    • Visite las páginas web delCDES,CooperAcción,FARN eIISCAL, o siga en Twitter a @CDESecuador, @CooperAccionPER, @farnargentina y @PaulinaGarzón
  • ‘La presencia de mujeres en espacios de representación política es buena no solo para las mujeres sino también para la democracia’

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    En noviembre de 2017 Argentina aprobó una ley de paridad de género con el objeto de garantizar un 50% de representación femenina en su Congreso Nacional. CIVICUS conversa con Natalia Gherardi, Directora Ejecutiva del Equipo Latinoamericano de Justicia y Género (ELA), una organización de la sociedad civil argentina que persigue la equidad de género mediante acciones de incidencia, trabajo en redes y el desarrollo de capacidades de actores políticos y sociales. Fundada en 2003 y basada en Buenos Aires, ELA es un equipo interdisciplinario de mujeres con trayectorias en el Estado, la práctica del derecho, la academia, los organismos internacionales y la sociedad civil.

    1. Según datos de laUnión Interparlamentaria, solo 12 países en todo el mundo tienen más de 40% de mujeres en sus cámaras de diputados o legislativos unicamerales. ¿En qué situación se encuentra la Argentina, y qué cambiará con la aprobación de la ley de paridad de género?

    Argentina fue un país pionero cuando en los años ’90 aprobó una ley que estableció una cuota mínima de mujeres en ámbitos legislativos. Esta reforma se hizo a través de la introducción en el Código Nacional Electoral de un cupo femenino del 30% en las listas partidarias para las elecciones de diputados y senadores nacionales. En los años que siguieron, todas las provincias argentinas sancionaron leyes similares paras sus legislaturas provinciales. Esa medida de acción afirmativa buscaba subir el umbral de incorporación de mujeres en el ámbito legislativo y ese objetivo se alcanzó, aunque no sin dificultades. Según un estudio que hicimos en 2011, las legisladoras nacionales pasaron de menos de 5% en 1983, cuando recuperamos la democracia, a casi 40% en 2011.

    Durante los 25 años que lleva de vigencia, sin embargo, fueron frencuentes las trampas en la implementación de la Ley de Cupo Femenino. Esto dio lugar a varios procesos judiciales por la impugnación de listas que burlaban el cupo de mujeres requerido por la ley. Todavía en 2015, el 10% de las listas presentadas en las elecciones nacionales incumplían de diversas maneras el mandato legal, sin que la justicia electoral ejerciera acabadamente su función de control.

    El proyecto de reforma electoral que el Poder Ejecutivo impulsó en 2016 podría haber incorporado medidas para mejorar la implementación del cupo, pero no lo hizo. En todo caso, ese hubiera sido un objetivo pequeño. El compromiso con una democracia de calidad exige bastante más: la paridad. El debate en América Latina ya se estaba formulando en estos términos. Por ese motivo, en Argentina las mujeres de diversos partidos políticos se unieron en torno de diversos proyectos de ley para incorporar el principio de paridad, hasta llegar en noviembre de 2017 a la sanción de la ley de reforma del Código Nacional Electoral.

    Como consecuencia de esta nueva ley, a partir de las elecciones de renovación legislativa de 2019 las listas que los partidos políticos presenten para las elecciones nacionales deberán incluir un 50% de mujeres, alternando la composición de la lista entre una mujer y un varón de modo de repartir en forma equitativa las posiciones elegibles.

    Esperamos que la aplicación de esta ley tenga impacto al menos en dos niveles. En un sentido muy práctico, implicará un aumento en la cantidad de mujeres en los espacios legislativos, y eso se traducirá también en mayor cantidad de mujeres en todas las áreas del Congreso. Pero además, la aplicación de esta ley contribuirá a profundizar el consenso social acerca de la necesidad de contar con mayor presencia de mujeres en todos los espacios de poder y en todas las áreas de la vida social, política, económica y cultural de nuestro país.

    1. En los últimos años hemos escuchado a muchos, casi indefectiblemente hombres, insistir en que ya no hay en Argentina discriminación y desigualdad de género desde el momento en que una mujer ha podido llegar a presidente. ¿Qué es lo que falla en este razonamiento, y cuál es la mejor manera de rebatirlo?

    Fue muy importante contar con una mujer en la presidencia (así como hoy en la gobernación de la provincia más grande de Argentina) porque abrió la puerta a un mundo de posibilidades. En estos años las mujeres han demostrado con creces que pueden ocupar lugares de poder en muy diversos espacios, no solo en la presidencia sino también en la Corte Suprema, en el Ministerio Público y en la gestión de las políticas universitarias. Estos cambios se fueron dando tanto a nivel nacional como en varias provincias. Se trata de modelos de rol que permiten ir transformando las miradas que la sociedad tiene sobre las mujeres (y que las mujeres -sobre todo las jóvenes- tienen sobre sí mismas) y los modelos de ejercicio del poder.

    Sin embargo, los detractores de las medidas de acción afirmativa se toman de los casos particulares para argumentar que las mujeres “lo han logrado todo”. Básicamente, sostienen que si una mujer ha llegado a uno de esos espacios, entonces las medidas de acción afirmativa ya no son necesarias. Sin embargo, justamente el hecho de que podamos nombrar a “la” mujer que ha accedido a la presidencia, a la Corte Suprema, la gobernación, el decanato de la facultad o la dirección de la compañía demuestra que esa mujer es la excepción antes que la regla. Si las podemos nombrar, las podemos contabilizar, y eso es porque siguen siendo pocas en comparación con los cargos disponibles.

    Los adversarios del cupo también argumentan que el establecimiento de una cuota o una regla de paridad socava el mérito como regla para acceder a los cargos públicos, e insinúan que no habría suficientes mujeres calificadas para ser legisladoras. Sin embargo, esto es desmentido por diversos indicadores. Por ejemplo, desde hace más de 20 años el 60% de los graduados de varias facultades de universidades nacionales son mujeres. En el Congreso Nacional, las mujeres que integran las cámaras tienen mayores credenciales educativas que sus pares varones: las mujeres con un título de educación superior superan en un 10% a los varones con similares títulos. Además, parecen ser más eficaces en su trabajo ya que a pesar de ser menos numerosas, impulsan más de la mitad de los proyectos de ley.

    Otros dicen que debemos ser pacientes ya que con el tiempo se desarrollarán liderazgos femeninos que podrán acceder a lugares de decisión sin necesidad de políticas que impulsen el proceso. Este argumento no solo soslaya los mecanismos de poder que operan en la confección de las listas partidarias por efecto de la limitada democracia interna de los partidos políticos (donde abunda el nepotismo, pero el tema solo parece preocupar cuando la nominada es una mujer) sino que además pasa por alto el hecho de que la participación de las mujeres en el Congreso lleva largo tiempo estancada. En 2001 entró en vigencia la reforma impulsada a partir del reclamo interpuesto por una dirigente de la Unión Cívica Radical ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). María Teresa Merciadri de Morini había denunciado que el partido había violado la ley que establecía el cupo de 30%, ya que al conformar la lista de seis candidaturas electorales había colocado a dos mujeres en los puestos tercero y sexto, aunque el partido solo renovaba cinco cargos. Como consecuencia de la intervención de la CIDH el Estado nacional reformó la reglamentación vigente para resolver el problema que dio origen al reclamo. Desde entonces, hubo un aumento constante en la participación de las mujeres en el Congreso, que creció a un ritmo de 2,5 puntos por elección hasta 2009. Desde entonces y hasta 2015 la tendencia comenzó a decaer: la capacidad de promover la paridad a partir de la implementación del cupo del 30% se agotó hace casi una década.

    Otro argumento frecuente contra el cupo sostiene que las mujeres no tendrían interés en ocupar esos cargos de responsabilidad, y que por eso no persiguen oportunidades de liderazgo o las declinan cuando se presentan. De acuerdo con esta línea de pensamiento, las mujeres prefieren otras formas de desarrollo personal, principalmente ligado a la construcción de una familia a la que dedican gran parte de su tiempo y esfuerzo en el trabajo invisible de cuidado. Este es un argumento interesante, porque parte de datos ciertos. De acuerdo con la Encuesta sobre Trabajo No Remunerado y Uso del Tiempo, en la Argentina las mujeres dedican el doble de tiempo que los varones a las tareas de cuidado. El análisis de las trayectorias personales de los integrantes del Congreso Nacional muestra que las mujeres son en mayor proporción viudas, solteras o divorciadas y tienen (en promedio) menor cantidad de hijos que sus pares varones. Eso parece indicar que para aprovechar las oportunidades políticas (y otras) las mujeres deben tener menos responsabilidades directas de cuidado. Pero hay varios aspectos que deben puntualizarse: ¿todas las mujeres realizan las mismas elecciones? Esas elecciones ¿no están en determinadas en cierta medida por el contexto cultural? Y finalmente, ¿qué rol deben cumplir las políticas públicas para favorecer una organización social del cuidado más justa en términos de género, de modo que el trabajo no remunerado no recaiga desproporcionadamente sobre las mujeres? El Congreso mismo fue hasta hace poco tiempo indiferente a la necesidad de garantizar políticas públicas para responder a esta problemática generalmente relegada a la privacidad de las familias: sólo recientemente se reformó el reglamento para habilitar a las diputadas usar el jardín maternal de la Cámara de Diputados, cuando una diputada fue madre durante su mandato e hizo el pedido. Entonces, ¿deben retirarse las mujeres o debe cambiar el Congreso?

    Entender que las mujeres pueden y deben ocupar puestos de liderazgo como parte de su derecho a participar plenamente de la vida social, política y económica es un proceso en construcción. Por eso es importante no retroceder en los avances que se han logrado y responder a los argumentos falaces con que se trata de detener el proceso.

    1. ¿Por qué es bueno que haya más mujeres en cargos políticos? ¿Es bueno para las mujeres, o es bueno para la democracia?

    Asegurar la diversidad en la integración de los cargos públicos, y en particular en el Legislativo que es el ámbito deliberativo por excelencia, mejora la calidad del debate público y fortalece los valores de la democracia.

    La experiencia nos indica que en muchos casos –aunque ciertamente no en todos- han sido las mujeres quienes impulsaron políticas de igualdad, leyes contra la violencia de género y políticas para garantizar los derechos sexuales y reproductivos, entre tantos otros avances de las últimas décadas. Sin embargo no es esa la razón por la cual ha de promoverse a las mujeres a espacios de poder, ni tampoco deberían ser las mujeres las únicas responsables de promover la igualdad de género. Esta es una obligación derivada del compromiso auténtico con la democracia y los derechos humanos, y en tanto que tal debemos exigirla de todas las personas que ejercen poder en el ámbito que sea.

    Sin embargo, las estructuras partidarias siguen siendo en general poco abiertas a las mujeres. Es interesante preguntarse porqué. ¿Es por efecto de los estereotipos que afectan a las mujeres? ¿O porque esas estructuras son parte de un sistema que concentra el poder en pocas y siempre en las mismas manos? Porque lo cierto es que no solo las mujeres están excluidas de los espacios de poder: la falta de diversidad no tiene que ver solamente con el género.

    La paridad es un compromiso ético y político que parte de la convicción de que las mujeres deben estar presentes en los espacios de representación política porque eso es bueno no solo para las mujeres sino también para la democracia. El intercambio de ideas propio de todo proceso democrático se enriquece con la diversidad de miradas que aportan personas con distintas trayectorias y experiencias.

    A partir de esta convicción se conformó en Canadá un gabinete paritario: no porque así lo dispusiera ley sino porque eso es lo que demanda una sociedad moderna, integrada e igualitaria. “Porque estamos en 2015” fue la justificación espontánea de Justin Trudeau, el Primer Ministro canadiense, en la conferencia de prensa que siguió a la presentación de un gabinete que reflejaba la diversidad de Canadá más allá del género, ya que incluía a varones y mujeres, personas con discapacidad y personas de distinto origen étnico y distintas orientaciones sexuales.

    Hacia esa convicción debemos ir en Argentina y en América Latina.

    1. ¿Cuánto trabajo le insumió a la sociedad civil lograr que el tema fuera tratado y que la ley de paridad fuera aprobada?

    En América Latina varios países avanzaron antes que Argentina en la regulación legal de la paridad en los espacios legislativos. Tales son los casos de Bolivia, Costa Rica, Ecuador, México y Nicaragua. Los consensos regionales que surgen de las Conferencias Regionales sobre la Mujer de América Latina y el Caribe hace ya varios años que promueven las políticas de paridad como un compromiso ético y político que mejora la calidad de la democracia.

    En Argentina ya antes de 2015 había en el Congreso varios proyectos de ley que buscaban avanzar hacia la paridad. Así, cuando el Ejecutivo planteó la reforma electoral, muchas mujeres y algunos varones referentes de todas las fuerzas políticas se unieron para apoyar una propuesta ampliamente superadora del proyecto oficialista. Es importante destacar la colaboración de mujeres del oficialismo y la oposición, que trabajaron articuladamente entre ellas y con las organizaciones de la sociedad civil, el movimiento de mujeres y las feministas con un objetivo común. Las organizaciones de mujeres, académicas y de derechos humanos acompañamos el reclamo a través de la campaña #MujeresALaPolítica.

    Entre las estrategias que utilizamos para contribuir a instalar y sostener el tema en la agenda pública se cuentan la organización y participación en mesas de debate, la elaboración y difusión de estudios sobre el impacto de las mujeres en la política, la publicación de notas de prensa y artículos de opinión, la generación de espacios de intercambio permanente con mujeres de las diversas fuerzas políticas y las campañas en las redes sociales y en la vía pública.

    Así se logró avanzar en un dictamen conjunto que incluyó el principio de paridad en la reforma electoral que había presentado el Poder Ejecutivo, que la Cámara de Diputados aprobó en octubre de 2016. Al mismo tiempo avanzó y logró media sanción un proyecto independiente que buscaba incorporar el principio de paridad en el Código Nacional Electoral, y que fue aprobado por la Cámara de Senadores el mismo día de octubre de 2016. De ese modo se terminó ese año legislativo con dos proyectos de ley de objetivos similares: incorporar el principio de paridad en el Código Electoral. Paradójicamente, ninguna de las cámaras trató el proyecto iniciado en la otra, y ninguno de ellos logró convertirse en ley.

    En ese situación se inició el año legislativo de 2017. Ese año, diputadas del gobierno y la oposición asumieron el compromiso público de avanzar en la sanción del proyecto que ya tenía media sanción del Senado. Esto se hizo realidad, finalmente, en la última sesión ordinaria del Congreso, nuevamente gracias a la articulación inteligente de las mujeres de distintas fuerzas políticas. Una vez colocado el proyecto en el temario, la enorme mayoría de la Cámara acompañó la sanción de la ley.

    1. ¿El trabajo de ustedes ha terminado aquí, o anticipan que habrá problemas de implementación que tendrán que monitorear?

    No, el trabajo no termina aquí. La aprobación de una ley no es un punto de llegada sino el punto de partida de otro proceso complejo para garantizar su aplicación. Tal como sucedió cuando se reformó el Código Nacional Electoral para incluir el cupo femenino en los años ‘90, también en esta oportunidad los próximos años serán fundamentales para garantizar una adecuada reglamentación y aplicación del principio de paridad. Deberemos estar muy atentas a que la justicia electoral cumpla con su función de contralor. La provincia de Buenos Aires ya nos recordó la necesidad de mantener una mirada atenta sobre la implementación de los logros normativos, cuando la autoridad electoral emitió una resolución para eludir la aplicación de la ley de paridad que ya regía en la provincia. Contra esa resolución presentamos un recurso que todavía no ha sido satisfactoriamente resuelto.

    1. ¿Se ha vuelto más inclusiva la democracia argentina en los últimos años? ¿Hay perspectivas de progreso en esa dirección?

    La ciudadanía se ha vuelto más exigente con la democracia, y eso es muy positivo. Un proceso democrático no solo requiere que se respeten la formalidad de la votación cada dos años. Una democracia robusta requiere debates informados, acceso a la información, procesos de discusión con la participación más amplia posible. Y sí, también requiere la inclusión de la diversidad, y no solamente en términos de género.

    Avanzar en equidad de género requiere ir transformando la cultura y ese es un proceso lento que requiere consolidarse a lo largo del tiempo. En ese camino, contar con modelos de rol permite a una nueva generación de niñas y jóvenes verse en espejos distintos y proyectarse en una mayor variedad de posibilidades. Al mismo tiempo, ayuda a los varones valorar las capacidades de las mujeres con una mirada más igualitaria.

    Claro que para sostener ese proceso es imprescindible revisar atentamente los mensajes que los medios de comunicación contribuyen a modelar y difunden. Y también debe enfatizarse la corresponsabilidad en el cuidado, no solo de niños y niñas sino también de personas adultas mayores y de todas las personas en situación de dependencia. Este debe ser asumido por mujeres y varones en condiciones de igualdad, con políticas publicas adecuadas para reducir su impacto en términos no solamente de género sino también socioeconómicos. Ignorar este tema impacta no solo en la igualdad y el acceso equitativo al poder, sino también sobre el empleo y demás condiciones para el ejercicio de la autonomía.

    Espero que la incorporación del principio de paridad en el ámbito legislativo permita avanzar en la concreción del compromiso igualitario que da sustento a nuestra democracia. Además, espero que permita acercar al espacio de representación de los intereses del pueblo un reflejo más fiel de sí mismo, al tiempo que contribuya a establecer una conversación sobre la participación de las mujeres en otros espacios de decisión. En definitiva, la paridad de género se plantea como un principio rector de la democratización de las relaciones sociales entre los géneros.

     

     

    El espacio cívico en Argentina es clasificado como ‘estrecho’ por elCIVICUS Monitor.

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  • Ahora que estamos juntas, ahora que sí nos ven: El debate por la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo en Argentina

    Por María Alicia Gutiérrez, docente e investigadora de la Universidad de Buenos Aires (UBA) e integrante de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito

  • ARGENTINA: ‘Change is inevitable. It is just a matter of time’

     

    Twitter: Edurne Cárdenas

    In 2018, after years of civil society efforts, Argentina’s congress discussed an initiative to legalise abortion for the first time. While the ban on abortion in most cases remains, those campaigning for reform believe the debate has progressed. CIVICUS speaks about the campaign to Edurne Cárdenas, a lawyer with the international team of the Centre for Legal and Social Studies (CELS),an Argentine human rights organisation. CELS was founded in 1979, during Argentina’s military dictatorship, to promote human rights, justice and social inclusion. In its early years, CELS fought for truth and justice for the crimes committed under state terrorism, before expanding its agenda to include human rights violations committed under democracy, their structural causes and their relationship to social inequality. CELS advances its agenda through research, campaigning, alliances with others in civil society, public policy advocacy and strategic litigation in both national and international forums.

    When did CELS, a classic human rights organisation, start working on sexual and reproductive rights, and why?

    CELS has had great capacity to work in tune with the times and therefore to enrich its agenda progressively, always in alliance with social movements and other organisations. The idea of women’s rights as human rights was explicitly articulated at the 1993 Vienna Conference on Human Rights. In the mid-1990s, and more precisely in 1996 I believe, the CELS annual report included contributions by women’s rights activists on reproductive rights. Over the following years, often in partnership with other organisations, CELS took part in submissions to human rights bodies: for instance, in 2004 we contributed to a shadow report submitted to the United Nations’ Committee on the Elimination of Discrimination against Women (CEDAW). The National Campaign for the Right to Legal, Safe and Free Abortion was formed in 2005 and CELS joined in 2012. Shortly after those first articles were published in our annual report, our concerns about human rights violations gradually widened to encompass access to non-punishable abortions, as they are referred to in the Criminal Code - abortions that can be performed legally when the woman’s life or health are in danger or if the pregnancy in question is the product of rape. The issue was also incorporated as a result of the sustained work of feminist activists within our organisation.

    In sum, CELS works on this issue because we understand that the criminalisation of abortion has a negative impact on the enjoyment of human rights by women. CELS’ key contribution was to place the abortion debate within the human rights sphere and to put into circulation human rights arguments to feed debate around the issue. CELS does not specialise in health issues, but we work in partnership with other organisations that examine the problem from that angle. From our point of view, this is an issue in which freedom and equality are at stake, and that is cross-cut by another theme - institutional violence - that was historically central to our work.

    In 2018 the debate over legal abortion progressed in Argentina more than ever before, but not far enough for legal change to happen. What lessons do you draw from this experience?

    In 2018, for the first time ever, an initiative to legalise abortion was debated in Congress. It was the seventh time that an initiative of this nature was introduced, and it was drafted and promoted by the National Campaign for the Right to Legal, Safe and Free Abortion. This is a network bringing together more than 500 organisations that form the women’s movement; it is well coordinated, horizontal and has 13 years of experience in this struggle. Before 2018, initiatives had not progressed, even within the congressional committees that had to issue an opinion to allow for debate to proceed to the full house. Argentina has a tradition of highly mobilised feminism and, since 2015, the campaign has had a lot of street presence and has made a clear demand for legal abortion. 2018 began with a novelty: in his opening speech of that year’s legislative session, the president raised the issue, which alongside feminist pressure enabled parliamentary debate. This was absolutely unprecedented. Regrettably, after being passed by the House of Representatives - the lower house - in June 2018, the initiative to legalise abortion was rejected by the Senate in August.

    The whole process was led by the women's movement. All other movements and organisations aligned behind their leadership. In the House, the initiative succeeded because the strategy was multi-partisan and diverse, there was strong social movement participation and street pressure made itself heard. In the Senate, a more conservative chamber, additional work was required. Our alliances failed us, as we couldn’t make them as cross-cutting as they were in the House. A question that remains on the table, then, is how to reach out to the most conservative chamber of Congress with a demand that must necessarily be processed through it.

    In addition, the defeat in the Senate made it clear that we need to work more to understand and counter the ‘post-truth’ discourse of our opponents. We are seeing conservative advances that put institutional quality, and ultimately democratic institutions, at risk. What was interesting in the process was that all citizens were able to find out and take note of what their representatives think and how they vote.

    The results of this particular struggle could be called bittersweet. How much of a defeat, and how much of a victory were they, and why?

    The pictures of disappointment on 9 August 2018, when the Senate rejected the initiative, do not tell the whole story. When we take stock, the list of what we won is much longer than the list of what we lost. Losses of course include a missed opportunity - but we only missed one opportunity, that of 2018, because I really believe that change is inevitable, and it is just a matter of time. I do not know if it will happen in 2019, but it will eventually. But one thing does need to happen in 2019: with elections due, all the issues that were put on the table during this process have to be part of the presidential campaign agenda.

    We undoubtedly gained in terms of mass participation and public presence - both in the streets and in public opinion. In 2018 abortion was discussed like never before, so silences and taboos broke. But the process also had a negative side effect: because the issue that was placed on the agenda was so divisive, and mobilisation became so massive and acquired such centrality on the political scene, a strong reaction from the most conservative sectors ensued. These sectors gained a level of organisation and visibility that they did not have in the past.

    As these conservative voices emerged, the debate on abortion rights also brought back into the discussion some things that we thought were long settled and part of a basic, untouchable consensus. These sectors began to say out loud certain things that they wouldn’t have dared say only a few years ago. Such was the case with the campaign ‘Do not mess with my children’ (Con mis hijos no te metas), against the implementation of the law mandating comprehensive sex education, which called into question the role of the state in education.

    What role did CELS play in the legalisation campaign?

    Throughout the process, the women’s movement’s leadership, and that of the National Campaign for the Right to Legal, Safe and Free Abortion, was undisputable. As a member of the Campaign, and alongside other human rights organisations, CELS made an important contribution in terms of organisation, coordination and argumentation.

    Our history and experience give CELS much legitimacy. The fact that CELS speaks about abortion can make a difference when it comes to reaching broader audiences. Starting in 2014, when it seemed likely that the legalisation initiative would eventually be discussed in congressional committees, CELS began putting together input for the legislative debate, by revising jurisprudence and current standards and providing a justification as to why the debate on abortion had to be carried out from a human rights perspective.

    At the same time, CELS participated as amicus curiae - friend of the court - in various court cases. Although we think that our ultimate goal, and the only one compatible with the recognition of women’s autonomy as full subjects of rights, is the legalisation of abortion, we have deemed it necessary to ensure in the meantime that the abortions that are already legal can be performed effectively, along the lines established for non-punishable abortions. In 2012, in its ruling in the F.A.L. case, the Supreme Court made very clear the conditions under which legal abortions can be performed and the obligations that this confers on the state. This ruling reflected the great work done by women’s rights and human rights movements on the streets, in hospitals, in academia and in the courts. But nonetheless, access remains very uneven, and even in more ‘advanced’ provinces barriers to legal abortions still exist. To a large extent, this reflects the structural limitations of a system that establishes a restrictive set of grounds allowing abortions, which inevitably fails because it depends on someone certifying the presence of those grounds. In addition, the current system ignores the most important among all possible grounds for abortion: the pregnant person’s will. This is precisely what the bill that was passed by the House put in the spotlight.

    During the 2018 debate, CELS made several presentations in support of the initiative at public hearings in both houses of Congress. Our executive director and I presented at the House of Representatives - significantly, both at the opening and the closing of the debate - and our litigation director spoke at the Senate. At the beginning of the debate, we issued a publication that was endorsed by a large part of the women’s movement, feminists and organisations alike, with arguments, legislation and jurisprudence, to bring clear information to legislators.

    We were also present on the streets, not only sharing the vigils that were held during the voting sessions, but also in organising, providing support and coordinating with the women's movement, with the other organisations within the Campaign for Legal Abortion and with high school students, health professionals and other mobilised groups. This coordination and the sustained presence of the movement on the streets were what made the difference during 2018. Finally, we defended the freedom of expression and the right to peaceful assembly, since throughout this process the groups mobilised against legal abortion perpetrated various acts of violence against legalisation activists.

    You have repeatedly mentioned the existence of anti-rights groups. Do you think these groups are on the rise? If so, what can progressive civil society do to protect the rights already conquered and keep moving forward?

    Anti-rights groups have indeed grown and are organised under a common umbrella, against what they call ‘gender ideology’. They saw this debate as an opportunity to organise like never before. Now they are more numerous: there used to be groups linked to the Catholic Church, but now there are also numerous groups with links to evangelical churches, well-organised and well-funded, alongside other groups that are not necessarily faith-based. Their presence demands our attention because their goals run against the rights of a large part of the population, as they seek to limit access to rights by children, women, lesbians, gays, transvestites and trans people. They are appearing throughout Latin America and their existence also raises questions about their alliances and goals: how and when did they arrive in Argentina? What are their demands? How far are they willing to go? We have seen that behind their ‘no to abortion’ they bring along a broader agenda that is linked to their rejection of so-called ‘gender ideology’, sexual education in schools, even vaccination, and who knows what else.

    The progressive movement needs to think of a strategy to face them. The strength of the human rights movement is our use of creativity and the strategy of reason. On the other hand, what anti-rights movements do is mirror the strategies of the human rights movement. Now, although creativity and innovation give us an advantage, the anti-rights movement is making us waste our time discussing things we thought were long settled. To top it all, what we get into is not even an honest discussion, since the statements they make and even the data they use do not withstand the slightest fact check. The result is not actual debate - that is, a genuine exchange of arguments and reasons. Still, we have no alternative but to respond. So, when we engage in such ‘debate’, we do not really discuss with them or try to convince them, but we share our reasoning before an audience, in order to try and convince that audience. We take advantage of that simulation of a debate to make our point before public opinion. For this task, social media are key, although they have clearly been a double-edged sword. In fact, it was during this debate that we were able to see first-hand the way so-called ‘fake news’ operates, particularly when they find an echo in influential voices outside social media, who disseminate them elsewhere. It so happened, for instance, that totally fake data found on social media were quoted by legislators during the congressional debate. In that area, there is a lot of work for us to do.

    Leading the debate agenda is one of the challenges that our movements face. To do this, we need to always be a step ahead in the discussion. We should not ‘debate’ with the anti-rights groups but speak to larger audiences and engage in discussion with elected representatives, whose obligation it is to pass laws for our common good and to ensure the state’s compliance with its obligation to enforce human rights. The debate over the legalisation of abortion was a spearhead to think about other issues. The system of limited grounds for legal abortion, similar to the one that has just been adopted in Chile, has been in place in Argentina since 1921. The transition from a system of grounds to a system of deadlines requires a simple legislative decision to amend the Criminal Code. Why such big fuss then? Because this debate puts other discussions on the table, including what we think the role of women is, what the role of the state should be, to what extent and regarding what issues the state should get involved - and this is where conservative sectors exhibit their contradictions: they want the state to get inside your bed to criminalise your behaviour, but when it comes to education or vaccination, they want it not to interfere.

    We cannot stay on the defensive. We need to go on the offensive and place secularism and the role of the state on the agenda. And we are forced to do so in a very regressive sub-regional context. Brazil, our biggest neighbour and partner, has just elected a president who is committed to advancing the agenda of its powerful evangelical caucus and who has just appointed to lead the Ministry of Human Rights an evangelic minister who says that women are born to be mothers.

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  • ARGENTINA: ‘Citizens must be able to take part in informed discussions on the issues that affect them’

    MarielaBelskiCIVICUS speaks with Mariela Belski, Executive Director of Amnesty International Argentina, about the potential human rights effects of changes introduced by Argentina’snew government led by President Javier Milei.

    Founded in 1961, Amnesty International is the world’s largest international human rights organisation.

    What are the main measures taken by Javier Milei’s government, and what are the problems with them?

    As soon as he took office, President Milei issued a decree of necessity and urgency (DNU) to legislate on a large number of issues that will affect people’s lives. Although the National Constitution establishes that the president can only issue decrees when exceptional circumstances prevent the government following ordinary legislative procedures, decrees have been used often for decades. What’s new in this case is the number and magnitude of the changes included in the DNU, in sharp contrast with the executive’s argument that this is an emergency.

    In addition, the government sent to Congress an ‘omnibus law‘ that covers numerous issues not included in the DNU, such as tax reforms. Although it is also justified with arguments related to the context of emergency and economic instability, the bill pushes forward on issues that far exceed the emergency.

    Many changes included in the DNU and the omnibus law raise concerns about their impact on rights in areas such as employment, health, housing and freedoms of assembly and expression. Contrary to international rights standards, through deregulation and the withdrawal of the state, both pieces of legislation will have a negative impact on people’s ability to exercise their rights.

    For instance, medical insurance companies will be able to increase their fees as they like, and are already doing so. If they receive complaints about their service, the state will not impose sanctions. Drug prices will also be deregulated.

    In the area of labour, a series of regressive measures is being introduced regarding severance pay, overtime pay and the extension of probationary periods, among other things. The injunctions that courts have already granted to stop the implementation of these changes have only benefited some specific employment sectors.

    On housing, the DNU repeals the rent law and leaves contractual terms, amounts and the currency rent is paid in up to negotiation between landlords and tenants, allowing the landlord to impose whatever conditions they wish.

    According to the omnibus law, the updating of pensions will no longer be governed by a formula set by law, but left to the discretion of the executive branch.

    The bill also conceives of protest as a crime rather than a right to participation and expression of dissent. It establishes, for instance, notification requirements for any public meeting or demonstration involving three or more people. Although statements have been made that this measure would be reversed, this has not yet happened. In addition, the bill establishes the role of the ‘organiser’ to allow for the identification and eventual sanctioning of protest leaders.

    In the area of security, the bill expands the circumstances in which a police officer can be considered as acting in self-defence, weakening standards of police accountability designed to prevent abuses. Given Argentina’s high rates of police brutality, this goes in the opposite direction to what’s needed.

    The environment will also be affected by the DNU, which amends the forestry law to further enable deforestation, the glaciers law to permit more mining and the fires law to allow more burning. These provisions put natural resources at risk and could aggravate the climate crisis in Argentina.

    In terms of gender policies, both the bill and the DNU remove any reference to diversity and gender. In particular, the omnibus law introduces changes to what’s known as the ‘1,000 days law‘, approved alongside the law on the voluntary interruption of pregnancy to support those who decide to carry a pregnancy to term.

    The instrumentalisation of the economic emergency to subjugate the autonomy of women, who are viewed exclusively as mothers, and the incorporation of figures such as that of the ‘unborn child’ reveal an attempt to bring about a strong regression on sexual and reproductive rights. In a country where every year more than 300 women are murdered, the real emergency should be to design effective policies against gender-based violence.

    How does the new ‘anti-picket’ protocol affect freedom of expression and the right to protest?

    Amnesty International believes that guidelines for police and state action set out in the Protocol for the maintenance of public order in the face of roadblocks violate freedoms of assembly, association and expression. The powers vested in police and security agents to intervene aren’t aligned with international standards on the use of force and risk escalating violence and social conflict, endangering people’s lives and physical integrity.

    The protocol must reconcile the objectives of preserving ‘public order’ and ‘freedom of movement’ with the state’s obligations to respect and protect the physical integrity of individuals and the right to freedoms of assembly and expression, which are protected by the National Constitution and international human rights instruments. Both the protocol and the omnibus law seek to criminalise protesters and impose sanctions, including financial sanctions, that in practice could lead to the disappearance of collectives and organisations.

    Argentina’s regulatory system doesn’t establish an order of priority between rights: neither free transit nor the right to protest take precedence over the other. The banning of demonstrations because of the possible disruption of free movement contradicts domestic norms.

    The Argentine state must comply with its international human rights obligations, particularly regarding the right to protest, freedoms of assembly, association and expression and the use of force by its police and security agents.

    Do you view these measures, and the way they are being taken, as a danger to democracy?

    Amnesty International is concerned that a bill that will impact on numerous key aspects of people’s lives is being pushed through against the clock and during extraordinary congressional sessions.

    In just three weeks the executive has proposed, through the DNU and the omnibus law, massive changes in legislation and regulations that were part of a consensus built over the past 40 years. The essence of democracy lies in citizens’ ability to take part in informed discussions on the issues that affect them. The extremely fast-paced discussion of these policies raises serious doubts about the integrity of the deliberative process.

    Argentina’s context of economic and social crisis does call for profound reforms. Poverty over 40 per cent and exorbitant inflation rates demand a change of course. Reforms, however, must be carried out within the existing institutional and constitutional framework.

    The omnibus law seeks a delegation of powers to the executive on a scale never seen before, in all spheres. Further, it establishes that the regulations issued in the exercise of this delegation will be permanent, except when the nature of the measure determines its transitory character and this is expressly stated.

    Congress should carry out this process in an appropriate manner, following the principles set out in our constitution. Decisions that so significantly affect people’s lives should not be made in haste, but through public debate and following established procedures.

    What initiatives is Amnesty International developing on these issues?

    Regarding the protocol for the maintenance of public order we have presented an analysis with input and comments based on national and international standards. Our aim is to contribute to developing public policies that respect people’s rights.

    Regarding the DNU and the omnibus law, we are organising meetings with officials and colleagues from various areas to jointly analyse the legislation and evaluate next steps.

    Finally, we are preparing a document analysing the first 100 days of Milei’s government from a human rights perspective. In the same vein, we will be monitoring Congress closely.


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  • ARGENTINA: ‘Cultural change enabled legal change, and legal change deepened cultural change’

    Ten years after the Equal Marriage Law, a milestone for Latin America, was passed in Argentina, CIVICUS speaks with LGBTQI+ leader María Rachid about the strategies that the movement used and the tactics that worked best to advance the equality agenda – tactics that may well still be relevant today. María is the current head of the Institute against Discrimination at the Ombudsperson's Office of the City of Buenos Aires and a member of the Directive Commission of the Argentine Federation of Lesbians, Gays, Bisexuals and Trans People (Argentine LGBT Federation). In 1996 she founded a lesbian feminist organisation, La Fulana, and in 2006 she co-founded the Argentine LGBT Federation, which brings together various sexual diversity organisations and played a key role in getting the Equal Marriage Law approved.

    maria rachid

    What was the situation for sexual diversity organisations in Argentina when the equal marriage campaign kicked off?

    It was a situation in which the organisations representing sexual diversity had a confrontational relationship with the state. It was the state where most of the discrimination, violence and harassment towards the LGBT+ community, and especially towards trans people, came from, through the security forces and through institutions more generally. Discrimination was permanent and the inability to access rights was a constant. That is why in the 1980s and 1990s we carried out escraches, or public shaming demonstrations, outside police stations, to denounce the police and the tools they used, such as misdemeanour codes and the criminal records law, and we got together with other human rights organisations that fought for the same cause. The state’s tools of discrimination were used against various groups; we were one of them, but there were others who were also harassed and persecuted with the same tools that the police used to obtain petty cash.

    After the gigantic economic, social and political crisis of 2001, institutions weakened and social mobilisation became stronger. In a very timely manner, at that juncture, the Argentine Homosexual Community (CHA), one of the country’s oldest sexual diversity organisations, submitted a civil union project to the legislature of the city of Buenos Aires, the capital. The law that ended up being passed as a result was very short, less than a page long, and basically established that within the city of Buenos Aires same-sex couples should be treated in a way ‘similar’ to heterosexual marriages. Of course, the original project did not say ‘similar’, but the expression was introduced to get it passed. Nowadays this would be perceived as humiliating, but in that context, it was a huge achievement. Along with this law, other proposals were also passed that similarly reflected claims of social movements, such as the expropriation of a company that had been recovered by its workers and the establishment of norms to enable the work of cartoneros, or recyclable trash collectors.

    Once the Civil Union Law was passed in Buenos Aires, we began thinking about next steps. Some organisations proposed to bring civil unions to other districts, as was later the case in the province of Río Negro and Córdoba City, and to try to extend it nationwide. But other organisations began to think about the idea of marriage, although at that time it seemed crazy, since it was recognised by only two countries in the world – Belgium and the Netherlands – which were also culturally very different from Argentina and lacked the main obstacle we faced to have our rights recognised, a politically powerful Catholic Church.

    How was it that the impossible became an achievable goal?

    In that context of institutional violence, in which there had been only a small step forward thanks to which we as couples would be treated in a ‘similar’ way to heterosexual couples in some districts of the country, some things began to change, both domestically and internationally, that placed the aspiration of equality within the realm of the possible.

    One of those things was the fact that, in 2003, the recently inaugurated government led by Néstor Kirchner repealed the so-called ‘impunity laws’, which prevented the prosecution or the implementation of sentences against the perpetrators of crimes against humanity under the dictatorship. This was a shift in the human rights paradigm in Argentina, and at first we wondered if this time we would be included. Since the restoration of democracy, people in our country have talked about human rights a lot, but human rights never included us. Trans people continued to be persecuted, detained and tortured in police stations. But as impunity laws were repealed, we thought that things might change.

    Soon after, in 2004, we were invited to participate in the development of a national plan against discrimination. It was the first time that the state called on diversity organisations to develop a public policy plan that would have a specific chapter on diversity. We attended with distrust, thinking that our proposals were going to stay in some public official’s desk drawer. We made a diagnosis and proposals, participated in a lot of meetings in various provinces and thought that everything would come to nothing. But before long, they called us again and asked if we could review the plan before it was published, because they wanted to make sure we approved its content. We started looking at it, thinking that everything we had written would surely have been erased, but it was all there, nothing was missing. Equal rights, the recognition of the gender identity of trans people, everything was there except for equal marriage, and that’s because in 2004 not even diversity organisations spoke of equal marriage in Argentina. We had never raised it in our meetings, and this is why, although it did include the objective of ‘equating the rights of same-sex couples with those of heterosexual families’, the plan did not explicitly mention equal marriage. The National Plan against Discrimination was issued through a presidential decree: thus, our historical demands translated into public policy plan and it was the president himself who told public officials what they had to do in matters of sexual diversity, which was exactly what we had demanded.

    In the midst of this change in the human rights paradigm that for the first time seemed to include sexual diversity, a gigantic change took place at the international level: in 2005 equal marriage was recognised in Spain, a country that is culturally similar to ours and where there is also a strong presence of the Catholic Church. In fact, the Spanish Church had rallied 1.5 million people on the streets against equal marriage, and still, the law had passed. In such a favourable context both domestically and internationally, a group of sexual diversity organisations came together to fight for equal marriage in Argentina.

    What role did the Argentine LGBT Federation play in promoting equal marriage?

    The Argentine LGBT Federation was created precisely at that time, as a result of the convergence of a number of longstanding organisations based not only in the city of Buenos Aires but also in several provinces, to advocate for an agenda that initially included five points. First, equal marriage allowing for adoption; we specifically demanded the recognition of adoption rights because we saw that in other countries the right to adopt had been relinquished to achieve equal marriage. Second, a law recognising gender identity. Third, a nationwide anti-discrimination law. Fourth, the inclusion of diversity in a comprehensive sex education curriculum. And fifth, the repeal of the articles of misdemeanour codes that were still used in 16 provinces to criminalise ‘homosexuality’ and ‘transvestism’ – in their words.

    The Federation brought together almost all relevant sexual diversity organisations; only two longstanding organisations stayed out, the CHA and SIGLA (Gay-Lesbian Integration Society), which were very much at odds with each other and led almost entirely by men, with very little female participation. However, SIGLA supported the Federation throughout its work towards equal marriage, while the CHA disagreed with equal marriage because it thought that in Latin America, given the strong presence of the Catholic Church, it would not be possible to achieve, which is why it continued placing their bets on civil union.

    What were the main strategies and tactics that you used?

    The first thing we did was call on activists active in various professions and in a variety of fields. We put together a team of lawyers and a team of journalists, we organised a journalists’ roundtable and put together a variety of teams that could contribute to the campaign in different ways.

    We believed that what we had to do was go down all possible paths at the same time. We first looked at the various paths through which these laws had been passed elsewhere. For example, by the time we filed our first judicial appeal, equal marriage had already been recognised in South Africa through the Supreme Court. We also analysed the debates that had taken place in various countries around the world, not just on equal marriage, but also on other issues such as the feminine vote, civil marriage, divorce and sexual and reproductive rights. The arguments used to deny rights were always the same, and they were based on religious fundamentalism.

    As a result of this analysis, we concluded that we needed to go simultaneously through the executive, legislative and judicial routes. At the same time, we needed to reach out to the media and bring out the issue to the public. This became clear to us after a meeting we had with the then-minister of the interior, who told us that we had executive backing, but that we needed to create proper conditions so we would not lose the congressional vote. Since then, we went through years of work to reach out to public opinion and thereby create the conditions to turn the scales of Congress in our favour.

    In 2007 we submitted our first amparo petition for equal marriage; we came to submit more than a hundred. As a result of an injunction, in 2009 a gay couple managed to marry with judicial authorisation in Ushuaia, and in 2010 eight more couples, including a lesbian couple, were able to marry in the city and province of Buenos Aires. By then our strategy had changed: we initially litigated in the civil family jurisdiction, where the Opus Dei, a hard-line Catholic institution, had a very strong presence. Many civil family judges are Catholic Church activists, and specifically belong to Opus Dei, so it was very difficult to obtain a favourable ruling in that jurisdiction. Change occurred when we realised that, as we were making a judicial claim against the Civil Registry, dependent on the Government of the City of Buenos Aires, we could resort to the contentious, administrative and tax courts, which can be appealed to when the state is a part in the conflict. As this is a jurisdiction that mainly deals with tax-related issues, and in Argentina the Catholic Church is exempt from paying taxes, we were not going to find activist judges belonging to the Catholic Church or Opus Dei, since this jurisdiction is of no political interest to them. Following this change in strategy, we only obtained positive rulings in the city and province of Buenos Aires.

    Although at first we thought of the amparosquite literally, as a way to obtain judicial support for our claims, they ended up being above all an excellent communication strategy, because each of these amparos became a story that we told the public about why equal marriage was just, necessary and timely. For that purpose, we provided a lot of coaching for the couples who were submitting amparo petitions, especially the first ones, who we knew would get a lot of media exposure. So this ended up being a communication strategy rather than a judicial one.

    How did you win over public opinion?

    We worked a lot with the media. We had breakfasts with journalists, at first with just a few ones that were our allies, but later these meetings expanded. We worked so much in this area that in the last months of debate you could no longer find signed op-eds against equal marriage, not even in the traditional newspaper La Nación, which only opposed it through its editorials, since all the articles signed by its journalists were also favourable to it. In other words, even in hostile media, journalists ended up being our allies. We prepared a booklet for communicators explaining what the bill was about, why it was important, what our arguments were. We also prepared advertising spots, but since we didn’t have any money to broadcast them, we asked journalists and media managers to pass them on as content in their programming, and truth be told, they did this a lot. These were amusing spots that attracted a lot of attention.

    To gain further support, we needed to exhibit the support we already had in respected sectors and from well-known individuals. So we started to publish our list of supporters, which at first was very short, but ended up being a huge newsletter containing the names of all the trade union federations, countless unions, political leaders from almost all parties and personalities from the art world, the media and religions.

    As the congressional debate approached, we began to hold events, generally in the Senate, to show the support we received from various sectors. These events had great media repercussions. The event ‘Culture Says Yes to Equal Marriage’ featured musicians and artists; the ‘Science Says Yes to Equal Marriage’ event included academics and scientists, and we gathered 600 signatures from academia, research and professional associations of psychology and paediatrics, among others. Unlike the other ones, the ‘Religion Says Yes to Equal Marriage’ event was held in an evangelical church in the Flores neighbourhood, and was attended by Catholic priests, rabbis – both male and female – evangelical pastors and leaders of other Protestant churches. Regardless of what we as individuals might think of religion and the separation of church and state, we wanted to show to people that they did not need to choose between their religion and equal marriage, as they could be in favour of equal marriage no matter what their religion was. Some Catholic priests were expelled from the church the next day, for having participated in this event.

    How were these demonstrations of support used to help change the attitudes of legislators?

    From the beginning we embraced the strategy of lobbying by exhibiting this support, as well as the support that emerged from public opinion polls. The first survey on this issue was carried out by the newspaper Página/12 and showed that in the city of Buenos Aires approval rates exceeded 60 per cent. Shortly after, the government funded a very important survey, which even included focus groups in the provinces, that allowed us not only to know if people were for or against, but also which arguments were more effective. We presented a variety of arguments in favour of equal marriage to the focus groups and we observed people’s reactions to identify the arguments that worked best.

    Of course, we always showed the segments of the surveys that suited us best, because answers depended a lot on how the question was asked. For instance, when we asked people if they believed that homosexual and heterosexual people had the same rights, around 90 per cent said yes; but if we asked them if they agreed that they should be able to get married, the percentage dropped to 60 per cent, and if we asked about the right to adopt children, the approval rate would drop to 40 per cent. However, if we informed them that gay people in Argentina were in fact already legally authorised to adopt children individually, and then we asked them if they would want to take that right away from them, the majority said no. While only 40 per cent were in principle in favour of allowing adoption by same-sex couples, more than 50 per cent refused to prohibit it if it was already allowed. Therefore, part of the discussion consisted in informing people and explaining to them that children adopted by homosexual persons would enjoy half their rights, because since their parents could not marry, one of them would not be able to, say, leave them a pension. When we asked them whether they thought that these people should be able to marry so that their children would have all their rights, more than 80 per cent would say yes.

    As a result of our working on the argumentation, support grew steadily throughout the campaign, to the point that we began to receive unexpected shows of support, such as from the Student Centre of a Catholic university that called to join. In the end, I would say that all public figures from art, culture, trade unions and journalism supported us. All those who continued to stand against represented some religion, but among our supporters there were also many religious figures. With the numbers of public opinion and the lists of our supporters in hand, we toured the parliamentary committees and the houses of Congress, and we operated politically during the debates until the very moment the law was passed.

    I think that the strategy of going along all possible paths, maintaining a high capacity for dialogue and coalition-making and seeking out all possible allies, was very successful. Even in politically polarised times, we sat with all the parties, with youth and feminist groups within all the parties, with some LGBT+ allies of the parties, and later on, with parties’ diversity areas as they emerged. It was very difficult, but in our struggle towards equal marriage we managed to get the impossible photo of politicians from both the government and the opposition all standing for the same cause.

    To change the law it was necessary to change social attitudes first. Do you think that the passage of the law resulted in further, deeper social and cultural change?

    The approval of the law created a certain climate in society – I would say even a feeling of pride for being the 10th country in the world to enshrine equal marriage. The political sector that had voted against the law felt left out and did not want this to happen again; this was reflected in the 2012 approval of the Gender Identity Law, which was in fact more revolutionary than the Equal Marriage Law, but was passed practically unanimously. This is a state-of-the-art law at the global level, and even the senators who had been the biggest opponents of equal marriage defended it and voted for it.

    These laws had great institutional impact, and institutional action deepened cultural change. After their approval, all the ministries, many municipalities and many provincial governments set up areas of sexual diversity. As a result, there came to be a lot of state agencies at various levels that were making public policy on diversity, which had an impact on many spheres, including schools. This resulted in an important cultural change, since it modified the perception of our families. Of course, there are pockets of resistance and acts of discrimination occur, but now these acts of discrimination are pointed out and repudiated by society, with social condemnation being amplified by journalists and through the media. Discrimination, which used to be legitimised by the state, now lacks all legitimacy. The state not only no longer upholds it but also produces public policy regarding diversity. The law was never our final goal, nor is it a magic bullet to end discrimination, but it is a tool without which ending discrimination is impossible.


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  • ARGENTINA: ‘El cambio es inevitable, es solo una cuestión de tiempo’

     

    Twitter: Edurne Cárdenas

    En 2018, tras años de esfuerzos de la sociedad civil, el Congreso argentino por primera vez debatió un proyecto de legalización del aborto. Aunque la prohibición, excepto en algunas circunstancias específicas, sigue en pie, los actores pro-legalización consideran que el debate ha progresado.CIVICUSconversa sobre la campaña con Edurne Cárdenas, abogada del equipo internacional del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS),una organización de derechos humanos de Argentina. El CELS fue fundado en 1979, durante la dictadura militar, para promover los derechos humanos, la justicia y la inclusión social. En sus primeros años, el CELS luchó por la verdad y la justicia ante los crímenes del terrorismo de estado, para luego ampliar su agenda para incluir las violaciones de derechos humanos cometidas bajo la democracia, sus causas estructurales y su relación con la desigualdad social. CELS promueve su agenda a través de investigaciones, campañas, alianzas con otros actores de la sociedad civil, incidencia y políticas públicas y litigio estratégico en foros nacionales e internacionales.

    ¿Cuándo comenzó el CELS, una organización clásica de derechos humanos, a trabajar sobre derechos sexuales y reproductivos, y por qué?

    El CELS ha tenido una gran capacidad para trabajar en la época que le ha tocado y, en consecuencia, para enriquecer su agenda, siempre actúa en alianza con movimientos sociales y otras organizaciones. En la Conferencia de Viena sobre Derechos Humanos, en 1993, se articuló explícitamente la idea los derechos de las mujeres como derechos humanos. A mediados de los ’90, creo que más precisamente en 1996, el informe anual del CELS incluyó contribuciones de activistas del movimiento de mujeres acerca de los derechos reproductivos. En los años siguientes, muchas veces en alianza con otras organizaciones, el CELS participó en presentaciones ante órganos internacionales de protección: por ejemplo, en 2004 contribuyó a un informe sombra ante el Comité de las Naciones Unidas para la eliminación de la discriminación contra la mujer (CEDAW). La Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito se formó en 2005 y el CELS pasó a integrarla en 2012. Poco después de esos primeros artículos en el informe anual, se incorporó de forma paulatina a nuestras preocupaciones sobre las violaciones de derechos humanos el acceso a los abortos no punibles, como los denomina el Código Penal, es decir, abortos que son legales si peligra la vida o la salud de la mujer o si el embarazo es producto de una violación. La temática también se instaló a partir del gran trabajo militante de activistas feministas al interior de la organización.

    En suma, si el CELS trabaja sobre este tema es porque entiende que la penalización del aborto impacta de forma negativa en el goce de las mujeres de sus derechos humanos. El aporte central del CELS fue inscribir el debate del aborto dentro del paradigma de los derechos humanos y poner en circulación argumentos de derechos humanos para alimentar el cuerpo argumental de la cuestión. El CELS no se especializa en salud, pero trabaja en alianza con otras que examinan el problema desde ese ángulo. Desde nuestro punto de vista, se trata de un tema en el que está en juego la libertad y la igualdad, cruzado por otras cuestiones que históricamente han sido centrales en nuestro trabajo: la violencia institucional.

     

    El debate por la legalización del aborto avanzó más que nunca en Argentina durante 2018, pero no alcanzó para que la ley se aprobara. ¿Qué lecciones extraes de esta experiencia?

    En 2018 por primera vez se trató en el Congreso una iniciativa para legalizar el aborto. Fue la séptima vez que se presentó una iniciativa de estas características y se trató de un proyecto promovido y redactado por la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito, que nuclea a más de 500 organizaciones del movimiento de mujeres, articulada, horizontal y con 13 años en esta lucha. Antes de 2018, los proyectos no habían avanzado ni siquiera en las comisiones que deben dar dictamen para que se trate en el recinto. La Argentina tiene ya una tradición de feminismo muy movilizado y, desde 2015, con mucha presencia en las calles y una demanda clara de aborto legal. Este año empezó con una novedad: en su discurso de apertura de las sesiones legislativas, el presidente de la Nación hizo mención al tema, con lo cual, gracias a la presión de la agenda feminista, habilitó el debate parlamentario. Fue algo absolutamente inédito. Lamentablemente, luego de recibir media sanción en Diputados en junio de 2018, la iniciativa fue rechazada por el Senado en agosto.

    El proceso estuvo liderado por el movimiento de mujeres. Todos los otros movimientos y organizaciones nos integramos detrás de ese liderazgo. En Diputados la estrategia fue exitosa porque fue multipartidaria y diversa, la participación de los movimientos fue fuerte y la influencia de la calle se hizo sentir. En el Senado, la cámara más conservadora, hizo falta más trabajo. Allí nos fallaron las alianzas, que no lograron replicar la transversalidad que hubo en Diputados. Una pregunta que quedó planteada, entonces, fue cómo llegar a la cámara más conservadora con un reclamo que necesariamente debe pasar por allí.

    Además, lo que la derrota en el Senado dejó en evidencia fue que tenemos que trabajar más para entender y contrarrestar el discurso de posverdad nuestros adversarios. Estamos viendo una avanzada conservadora que pone en riesgo la calidad institucional y, en última instancia, la institucionalidad democrática. Lo que fue interesante es que toda la ciudadanía pudo enterarse y tomar nota de qué piensan y cómo votan sus representantes.

    Podría decirse que los resultados de esta batalla han sido agridulces. ¿Cuánto hubo en ellos de derrota y cuánto de victoria, y por qué?

    La postal de desilusión del 9 de agosto, cuando el Senado votó en contra, es una imagen muy parcial del proceso. En nuestro balance, la lista de lo que ganamos es mucho más larga que la lista de lo que perdimos. Entre lo perdido está por supuesto esta oportunidad -pero solo esta, la de 2018, porque realmente creo que el cambio es inevitable y es solo una cuestión de tiempo. No sé si el año en 2019, pero en algún momento va a ocurrir. Y lo que sí creo que tiene que pasar en 2019 es que, tratándose de un año electoral, todos los temas que se pusieron sobre la mesa durante este proceso deben ser parte de la agenda de la campaña presidencial.

    Lo que ganamos, sin duda, fue masividad y presencia en el espacio público –tanto en la calle como en la opinión. Este año se discutió sobre el aborto como nunca antes, se quebraron silencios y tabúes. Pero el proceso tuvo un subproducto negativo: al poner en la agenda un tema divisivo, al volverse la movilización tan masiva y adquirir tal centralidad en la escena política, generó una fuerte reacción de los sectores más conservadores. Estos sectores se organizaron y también ganaron una visibilidad que antes no tenían.

    Con la emergencia de estos actores, el debate por el derecho al aborto puso en discusión algunas cosas que creíamos que eran consensos básicos intocables. Pero algunos sectores comenzaron a decir en voz alta cosas que hace pocos años no estaban bien vistas. Así, por ejemplo, la campaña “Con mis hijos no te metas”, contra la ley de educación sexual integral, puso en cuestión el rol del Estado en la educación.

    ¿Qué rol desempeñó el CELS en la campaña por la legalización del aborto?

    El liderazgo indiscutido en todo el proceso fue del movimiento de mujeres, y específicamente de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito. El CELS es parte de la Campaña, pero junto a otras organizaciones de derechos humanos hicimos específicamente un aporte importante de organización, articulación y argumentación.

    Por su trayectoria, el CELS es una organización con mucha legitimidad. Que el CELS hable de aborto puede marcar la diferencia a la hora de llegar a audiencias más amplias. Ya desde 2014, cuando pareció que el proyecto de legalización podía tratarse en comisión, el CELS comenzó a elaborar insumos para el debate legislativo, con una revisión de la jurisprudencia y los estándares vigentes y, en suma, la justificación de por qué el debate sobre el aborto tenía que darse en clave de derechos humanos.

    Al mismo tiempo, el CELS ha participado en distintas causas judiciales en calidad de amigo del tribunal. Aunque consideramos que el objetivo último, y el único compatible con el reconocimiento de la autonomía de las mujeres como sujetos plenos de derecho, es la legalización del aborto, hemos considerado necesario entretanto asegurar que puedan realizarse los abortos que ya son legales, según las causales para abortos no punibles. En 2012, en su fallo en el caso F.A.L., la Corte Suprema clarificó sin lugar a dudas las causas permitidas para acceder a un aborto de forma legal y las obligaciones del Estado en consecuencia. Este hecho reflejó el gran trabajo realizado por los movimientos de mujeres y de derechos humanos en las calles, en los hospitales, en la academia, en los tribunales. Pero el acceso es muy desigual, y aún en provincias “de avanzada” sigue habiendo barreras para el acceso a abortos legales. En gran medida eso refleja la limitación estructural del sistema de causales, que fracasa porque depende de que alguien certifique esas causales. Además de que el sistema de causales descarta de entre las posibles causales a la más importante: la voluntad de la persona embarazada. Esto es lo que puso en primer plano el proyecto de ley que aprobó la Cámara de Diputados.

    Durante el debate de 2018, el CELS hizo varias presentaciones en las audiencias públicas en ambas cámaras del Congreso, en apoyo del proyecto. El director ejecutivo y yo expusimos en Diputados – significativamente, tanto en la apertura como en el cierre del debate – y nuestro director de litigio expuso en el Senado. Editamos al momento del comienzo del debate una publicación que suscribió gran parte del arco del movimiento de mujeres, feminista y organizaciones con argumentos, legislación y jurisprudencia, para acercar información clara a los y las representantes de ambas cámaras.

    También estuvimos presentes en las calles, no solamente en las vigilias durante las sesiones de votación, sino también en la organización, dando apoyo y coordinando con el movimiento de mujeres, las otras organizaciones de la Campaña por el Aborto Legal, las estudiantes secundarias, profesionales de la salud y otros actores movilizados. Esta articulación y la presencia sostenida del movimiento en las calles fueron lo que marcó la diferencia durante 2018. Finalmente, nos manifestamos enérgicamente por la libertad de expresión y el derecho de manifestación, ya que a lo largo de este proceso se produjeron diversos actos de violencia contra activistas por la legalización por parte de grupos movilizados en contra.

     

    Has mencionado varias veces la oposición de los grupos anti-derechos ¿Crees que estos grupos están en ascenso? De ser así, ¿qué debería hacer la sociedad civil progresista para proteger los derechos ganados y seguir avanzando?

    Los grupos anti-derechos efectivamente han crecido y se organizan bajo un paraguas en común contra lo que llaman “ideología de género”. Este debate fue para ellos una oportunidad para organizarse como nunca antes. Ahora son más: antes eran solamente grupos vinculados con la Iglesia católica, y ahora hay también numerosos grupos de iglesias evangélicas, bien organizados y bien financiados, así como otros grupos no necesariamente religiosos. Su presencia nos demanda atención porque sus objetivos van contra los derechos de buena parte de la población, ya que buscan limitar el acceso a derechos de la infancia, de mujeres, lesbianas, gays, travestis, personas trans. Están aterrizando en toda América Latina y su presencia nos plantea interrogantes sobre sus alianzas y fines. ¿Cómo y cuándo llegaron a la Argentina? ¿Cuáles son sus demandas, hasta dónde están dispuestos a llegar? Hemos visto que detrás del “no al aborto” traen una agenda más amplia, relacionada con el rechazo de lo que llaman “ideología de género”, de la educación sexual en las escuelas, hasta de las vacunas, y quién sabe de qué más.

    El movimiento progresista necesita pensar una estrategia para enfrentarlos. La fortaleza del movimiento de derechos humanos es el uso de la creatividad y de la estrategia de la razón. En cambio, lo que hacen los movimientos anti-derechos es copiar en espejo las estrategias del movimiento de derechos humanos. Ahora bien, aunque corremos con la ventaja de la creatividad y la innovación, el movimiento anti-derechos nos está haciendo perder el tiempo discutiendo cosas que creíamos que estaban saldadas. Para colmo no es ni siquiera una discusión honesta, ya que las afirmaciones que hacen e incluso los datos que utilizan no resisten el menor chequeo. Lo que resulta de esto no es un debate, es decir, un auténtico intercambio de argumentos y razones. Pero así y todo no tenemos otra alternativa que responder. De modo que cuando “debatimos”, en realidad no debatimos con ellos ni para tratar de convencerlos a ellos, sino que lo hacemos ante una audiencia, para convencer a esa audiencia. Usamos ese simulacro de debate para levantar nuestros principios ante la opinión pública. En esto, las redes sociales han sido clave, aunque también han sido un arma de doble filo. De hecho, fue en este debate donde pudimos ver de primera mano el funcionamiento de las “fake news” (noticias falsas), sobre todo cuando las recogen actores de peso fuera de las redes y las llevan a otros terrenos. Pasó, por ejemplo, que datos totalmente falsos tomados de las redes fueron citados por legisladores en el debate parlamentario. En ese terreno tenemos mucho por hacer.

    Un desafío para nuestros movimientos es liderar la agenda de los debates. Esto nos plantea la necesidad de estar un paso adelante en la discusión. Nosotros no debemos “debatir” con los grupos anti-derechos, sino hablar para las grandes audiencias y debatir con los representantes elegidos por el pueblo, que son quienes tienen la obligación de sancionar leyes en nuestro beneficio y de cumplir con la obligación del Estado de garantizar al goce de los derechos humanos. El debate por la legalización del aborto fue una punta de lanza para pensar otras cuestiones. El sistema de causales para el aborto legal, similar al que se acaba de aprobar en Chile, existe en Argentina desde 1921. El paso de un sistema de causales a un sistema de plazos requiere de una simple decisión legislativa de modificación del Código Penal. ¿Por qué tanto revuelo entonces? Porque este debate pone en primer plano otras discusiones: cuál creemos que deba ser el rol de las mujeres y las personas gestantes, cuál debe ser el rol del Estado, hasta dónde y en qué cosas se mete… y ahí es donde saltan las contradicciones de los sectores conservadores, que quieren que el Estado se meta hasta en tu cama para penalizar, pero que a la hora de educar o de vacunar mejor no se meta.

    No podemos quedarnos a la defensiva, tenemos que ir a la ofensiva e instalar la cuestión de la laicidad y plantear el rol del Estado. Y debemos hacerlo en un contexto subregional regresivo. Brasil, nuestro gran vecino y principal socio, acaba de elegir un presidente que está alineado con la agenda de su poderosa bancada evangélica y que acaba de designar como Ministra de Derechos Humanos a una pastora evangélica que dice que la mujer nace para ser madre.

    El espacio cívico en Argentina es clasificado como ‘estrecho’ por elCIVICUS Monitor.

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  • ARGENTINA: ‘Milei’s victory expresses the rejection of the previous governments’

    YaninaWelpCIVICUS speaks with Yanina Welp, researcher at the Albert Hirschman Centre on Democracy, about the results of Argentina’s runoff presidential election, won by a far-right outsider.

    How do you explain the victory of Javier Milei, an outsider with no party structure?

    Milei’s victory, like that of any other candidate, cannot be explained by a single reason. There are at least three main explanations for his victory.

    First, there’s the economic situation. On top of a high level of poverty – 40 per cent and growing – Argentina has very high inflation, and the economy hasn’t grown for many years. And the same goes for formal employment. There are a lot of informal workers and many people experience high levels of uncertainty.

    Second is the inability of the political class to respond to these demands. Most recently, those in power have acted arrogantly. Insecurity, corruption scandals and the passivity of the authorities in the face of all these have increased. Milei’s leadership came to embody people’s rejection of the situation. Many people voted for him because he expresses well the rejection of recent administrations, and not necessarily because they approve of or adhere to the policies he has proposed to implement.

    Third, there’s the role of political leadership, and specifically of the incumbent, for doing nothing in the face of this threat and even encouraging Milei’s candidacy with the aim of dividing the opposition’s vote and therefore having a better chance at winning. This was done first by Peronists, in the run-up to the first round, and by former president Mauricio Macri ahead of the runoff, which put his Together for Change coalition in crisis.

    Do you think the electorate has leaned to the right?

    Unlike almost all the other candidates, who only had vague and general proposals, Milei ran on a strongly ideological platform, which he kept putting forward throughout the campaign.

    However, when analysing people’s attitudes, there are contradictions, first and foremost because there is no universal notion of what is supposed to be ‘right-wing’ or ‘left-wing’. For instance, polls show growing concern about rising insecurity, and it would be very elitist to think that having this concern makes you right-wing. The rise in crime shows that it is a real concern.

    It is true that in this election campaign positive perceptions of the private sector have increased compared to perceptions of the public administration, possibly as a result of Milei’s discourse but also because the image of the state has deteriorated considerably under recent administrations. In this sense, it could be said that voters have indeed moved towards the right. But Milei’s victory with almost 56 per cent of the vote shouldn’t lead to the conclusion that more than half of the electorate have ideologically leaned rightwards, or even embraced the radical right, because many voted for him because he embodies the reaction to the status quo rather than because of his ideological proposals.

    During the campaign it was argued that democracy was at stake. Is Argentina’s democracy in danger?

    Democracy is not in imminent danger, as was the case with military coups, which wiped democracy away overnight. There are signs of democratic erosion – but these have been there for years. There has been both progress and setbacks, including attempts to co-opt the judiciary, the misuse of state resources and clientelistic practices.

    Generally speaking, Argentina’s democratic institutions work. Despite the opposition’s complaints about the electoral system, the elections took place normally and the results were out very quickly.

    However, we have seen a huge setback in terms of public debate. Intolerance and verbal violence have increased. Supporters of different parties can hardly talk to each other. There is a lot of aggression on social media. These are all medium-intensity warning signs that, if not addressed, will only pave the way for more violence and authoritarianism.

    How will Argentina’s political scene change following this election?

    Since 2003, with Néstor Kirchner’s election to the presidency, a system of two broad coalitions formed, which since 2007, under Cristina Fernández de Kirchner, has been maintained by the introduction of open, simultaneous and compulsory primary elections. These served to avoid party fragmentation but had the negative effect of eroding programmatic or ideological differences. The two coalitions that formed as a result included their own right and left wings, blurring the ideological debate and replacing it with a divide between Peronism and anti-Peronism. This ended up encouraging affective polarisation with very watertight alignments where it is increasingly difficult to find common ground.

    The fact that the presidential elections were won by a party that until a couple of years ago did not exist will force the two big coalitions of recent decades, the Peronist ruling party and the opposition Together for Change, to profoundly reconfigure themselves.

    Within Peronism, former president and current vice-president Cristina Kirchner was the big loser of this election. In recent times she has been absent from the political scene, leaving Peronism without clear leadership. Peronism has strong roots in trade unions and social organisations that are highly dependent on the state. These organisations have incentives to negotiate, should the new government open up that space. However, Milei’s initial discourse has pointed in a completely different direction, insisting that he will take shock measures.

    What are the main challenges the new government will face?

    The new government should tackle three major challenges. The first is to stabilise the economy by stopping inflation and putting the exchange rate in order. The second is to introduce reforms to increase productivity and solve the crisis in formal employment. And the third is governance. Argentina has very strong social organisations, which has both positive and negative aspects, but in any case, it is a strongly organised society that is very predisposed to conflict.

    These three challenges must be tackled in a coordinated and consistent way, which is quite difficult.

    Do you think Milei’s government will be able to tackle them?

    I have serious doubts that the new government will be able to meet these challenges, not only in the area of stabilisation and structural reforms, but also and above all in the area of governance. Many of the proposed measures, such as adopting the US dollar as the currency, could be found unconstitutional. Other measures require legislative majorities that the new government won’t have. Its only prospect of obtaining substantial legislative support was through Together for Change, but the division of the opposition coalition leaves Milei without even a congressional quorum.

    Milei has not one provincial governorship and almost no mayorships. However, Argentina’s sub-national powerholders have always been accommodating and pragmatic. Still, some key measures would go directly against the interests of the provinces, such as the elimination of co-participation, the system through which the federal state distributes public resources from national taxes to the provinces. And then there is the potential confrontation with the province of Buenos Aires.

    Milei could try to rule by decree, but this would cause an instant crisis, and in case of an impeachment trial the vice-president, Victoria Villarruel, would take over. This would not ensure any positive change but would rather imply some additional negative elements.

    Milei was elected with a very large majority, so he has great popular legitimacy. But this majority could be inflated, as is often the case in runoffs, and is compounded by the volatility and impatience of a large part of Argentina’s electorate. If he succeeds in implementing his ultra-liberal programme, a global rarity, the social costs will be extremely high. And if he fails to do so, people’s disenchantment with politics could increase and their support for democracy could be called into question.


     Civic space in Argentina is rated ‘narrowed’ by theCIVICUS Monitor.

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  • ARGENTINA: ‘We must stop attempts to go back to the injustices of the pre-pandemic era’

    CIVICUS speaks about the COVID-19 crisis and civil society responses with Sebastián Pilo, co-director of Civil Association for Equality and Justice (Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia, ACIJ), a civil society organisation (CSO) dedicated to defending the rights of the most disadvantaged groups and strengthening democracy in Argentina. Founded in 2002, ACIJ aims to defend the effective enforcement of the National Constitution and the principles of the rule of law, promote compliance with the laws that protect disadvantaged groups and the eradication of all discriminatory practices, and contribute to the development of practices of participatory and deliberative democracy.

    Sebastien Argentina

    What impact has the COVID-19 pandemic had on people’s rights in Argentina?

    Notwithstanding the good results in terms of health yielded by lockdown measures, the pandemic has hit the most vulnerable populations especially hard. To cite just a few examples, the impact of contagion has fallen significantly on the inhabitants of informal settlements. Institutionalised older adults have also suffered the pandemic in a particularly cruel way. In addition, cases of domestic violence have presumably increased under lockdown conditions.

    The fact that people whose right to adequate housing is not being fulfilled are being asked to ‘stay home’ is a clear example of the gap between constitutional promises and reality, as well as the interrelation between the right to health and other fundamental rights. In this regard, in mid-March, as mandatory lockdown had just begun, alongside other CSOs we submitted a document to the City Government of Buenos Aires warning of the lack of adequate public policies for people living on the streets, a group especially vulnerable to the pandemic. Although the city government announced measures to mitigate the spread of COVID-19, the actions were mainly aimed at controlling the circulation of this population, but not at guaranteeing their access to adequate hygiene and health conditions. The causes that lead to people becoming homeless are structural and linked to the lack of public policies guaranteeing all people access to decent housing. The actions taken during this emergency should be a starting point to build long-term policies to change the precarious conditions in which thousands of people live in our city.

    More generally, in the context of the pandemic the multisectoral initiative Habitar Argentina has called for the implementation of a national emergency policy on habitat, aimed not only at improving the living conditions of people who are already on the street, but also suspending – for six months or until the pandemic is over – all evictions and judicial decisions that may expel more people onto the streets or worsen their sanitary conditions, as well as implementing specific policies for families who rent, have mortgages or live in precarious housing. It also calls for the implementation of protection mechanisms for women, children, adolescents and sexual minorities or gender non-conforming people who experience violence regardless of the type of housing or territory they inhabit.

    What obstacles has ACIJ faced to continue operating in this context, and how have you overcome them?

    Our biggest obstacle was linked to lockdown measures and the consequent impossibility of maintaining, under the same conditions, our territorial presence in the communities with which we work. This forced us to increase our efforts to continue in contact – virtually or through authorised sporadic physical presence – with community leaders and promote actions aimed at providing the special protection that the context required.

    Thus, for example, along with Fundación Huésped and TECHO, we organised a series of training sessions targeted at grassroots leaders, who have historically been key to solidarity networks in their neighbourhoods. Staring on 5 June, we held five meetings to provide them with information on prevention measures against COVID-19 and other diseases present in their neighbourhoods, legal information pertaining to compulsory lockdown, guidance in the event of institutional or gender-based violence and prevention measures for community soup kitchens, and to let them know about the public assistance programmes that were established during the pandemic. More than 90 social leaders from the provinces of Buenos Aires, Chaco, Córdoba and Tucumán took part in these meetings.

    A virtual assistant with specific information was also developed to answer queries from inhabitants of poor neighbourhoods and a series of communication pieces were distributed through community WhatsApp and Facebook groups.

    What other actions have you undertaken to defend the rights affected under the pandemic, and what have you achieved?

    Among the most relevant actions that we have undertaken during these months, I would highlight the following.

    First, regarding the inhabitants of slums and informal settlements, we promoted a special protocol of action against COVID-19, the creation of a web platform that geo-references resources and helps identify the urgent needs of these inhabitants and a precautionary measure so that the state would provide free internet access for the duration of lockdown measures.

    The internet access development came in response to a lawsuit that we filed with other CSOs in order to enable the continuity of schooling for all students within the framework of distance education measures established during the emergency. The precautionary measure issued in early June forces the Government of the City of Buenos Aires to provide all students who attend public schools or privately operated schools with zero fees and who are in a socially vulnerable situation – those on city or federal welfare, scholarships, subsidies, or social programmes, or those who live in slums – an adequate device – a laptop, notebook, or tablet – to access the internet and carry out schoolwork in order to guarantee the continuity of learning. Likewise, the government is obliged to install in all the slums and informal settlements within the city the required technological equipment for wireless internet transmission, similar to that which it currently maintains in squares and public spaces, in sufficient quantity and adequate locations in order to provide a minimum standard of free wireless connectivity. In the event that there are technical impediments to this, the local government must provide a mobile device with data to allow internet access to every family including children or adolescents who attend primary-level educational establishments.

    This measure is key because not only does it seek to reverse the existing inequality in terms of access to educational equipment, but it also recognises internet access as a fundamental right that is instrumental – and, in this context, essential – for the exercise of other rights such as rights to education, health, information or access to justice.

    Second, regarding people with disabilities, among other things, we denounced the reduction in assistance coverage, carried out a campaign to show the effects of confinement on people secluded in mental hospitals and launched a web platform to foster access to rights.

    The discapacidadyderechos.org.ar platform was launched in early July and seeks to help people with disabilities demand the fulfilment of their rights to health, education, work, independent living and social protection. The platform centralises information regarding rights, benefits and services recognised by current regulations, and outlines how to claim these rights in cases of noncompliance by insurance and prepaid medicine companies and the state and where to go for free legal advice and sponsorship. The site has a total of 120 document templates, including administrative notes and document letters, that each user can adapt to their situation. In addition, it has a specific section that provides information on the rights of people with disabilities in the context of the COVID-19 pandemic.

    It should be noted that the process to develop the site included the participation of people with disabilities and their families, who tested the platform and made suggestions for its improvement. It was also based on the advice of specialists in digital accessibility and usability.

    Third, for vulnerable groups in general, alongside a coalition of academic institutions and CSOs, we started an initiative to disseminate legal information to clarify the scope and impacts of emergency regulations and contribute to the legal empowerment of various disadvantaged groups, and we made a regional call to highlight the role of justice in the face of the crisis. We also prepared a document highlighting key information about injustice in tax matters and ideas to contribute to a fiscal policy that respects economic, social and cultural rights in the context of the pandemic.

    What would you say has been the key to obtaining these achievements?

    I believe that the achievements obtained in this context are fundamentally explained by the combination of three variables: first, the entire ACIJ team was mobilised by the need to make a significant contribution from our institutional role, and adopted the necessary flexibility to react to the crisis in an appropriate way. Second, for a long time we have worked closely with affected communities and groups in relation to the issues that are at the core of our work, and this has been key to us knowing first-hand the obstacles that people in vulnerable situations face in accessing their rights. Finally, the combination of strategies of public policy advocacy, court action on collective conflicts and community empowerment resulted in larger impacts than those that would have been obtained in the absence of this interconnection of strategies.

    What role should civil society play in overcoming the pandemic and building a better post-pandemic ‘new normal’?

    The first thing that civil society must do in this context is to show very clearly the injustices that characterised the world that we had before the pandemic: political inequality as a structural condition of low-quality democracies; economic inequality as underlying violations of economic, social and cultural rights; and a model of production of goods and organisation of territories that was environmentally unsustainable.

    Given that the pandemic has deepened pre-existing inequalities and has had greater impacts on the lowest-income people, the current priority should be to strengthen public systems for the protection and promotion of human rights of the groups most affected by the pandemic. In this context, it is essential to guarantee resources to fund adequate health and social protection policies. Hence, together with other CSOs in the region, we published a statement urging states to implement mechanisms to achieve a globally progressive tax system; evaluate existing tax exemptions to determine which ones should be eliminated because they are unjustified and inequitable; not to approve new tax privileges, except in urgent cases, where effectiveness is proven and preferably for the benefit of vulnerable populations and small businesses; and reform and streamline the process of approval and review of tax expenditures, increasing transparency, identifying beneficiaries, adding impact evaluations and subjecting them to independent scrutiny.

    It is essential for civil society to help us imagine a new direction: the moment of crisis is also a moment of opportunity if it stimulates our ability to think of different ways to relate to each other as a political community, and to instil new values for the reconstruction of fairer societies.

    Finally, we must accompany those who will go through the most difficulties to find survival strategies and satisfy their basic needs, while also looking for participation spaces to make our voices heard in public decision-making spheres and countering the foreseeable attempts to go back, in the post-pandemic stage, to the injustices and privileges that characterised the pre-pandemic era.

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  • ARGENTINA: “El cambio cultural habilitó el cambio legal, y el cambio legal profundizó el cambio cultural”

    A diez años de la aprobación en Argentina de la Ley de Matrimonio Igualitario que fue un hito para América Latina, CIVICUS conversa con la dirigente LGBTQI+ María Rachid, acerca de las estrategias utilizadas y las tácticas que mejor funcionaron para hacer avanzar la agenda de la igualdad, y que aún pueden resultar de utilidad en la actualidad. María es la actual titular del Instituto contra la Discriminación de la Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires e integrante de la Comisión Directiva de la Federación Argentina de Lesbianas, Gays, Bisexuales y Trans (Federación Argentina LGBT). En 1996 fundó la organización feminista lesbiana La Fulana y en 2006 cofundó la Federación Argentina LGBT, que nuclea a diversas organizaciones de la diversidad sexual y desempeñó un rol central en la aprobación de la Ley de Matrimonio Igualitario.

  • ARGENTINA: “El triunfo de Milei expresa el rechazo a la gestión de los últimos gobiernos”

    YaninaWelpCIVICUS conversa con Yanina Welp, investigadora del Albert Hirschman Centre on Democracy, acerca de los resultados de la segunda vuelta de las elecciones presidenciales de Argentina, en las que se impuso un outsider de la ultraderecha libertaria.

    ¿Cómo se explica el triunfo de Javier Milei, un outsider sin estructura?

    El triunfo de Milei, como el de cualquier otro político, no se puede explicar por una sola razón. Hay por lo menos tres grandes explicaciones de su victoria.

    En primer lugar, la situación económica. Además de tener un elevado nivel de pobreza – 40% y creciendo –, Argentina tiene una inflación muy alta, y hace muchos años que la economía no crece. Lo mismo pasa con el empleo formal. Es decir, hay mucha precariedad y mucha gente vive con altos niveles de incertidumbre.

    En segundo lugar, la incapacidad de la clase política para dar respuesta a estas demandas. En los últimos tiempos los gobernantes incluso han actuado con arrogancia. Han aumentado la inseguridad, los escándalos de corrupción y la pasividad de las autoridades ante todos estos problemas. El liderazgo de Milei vino a encarnar el sentimiento de rechazo de la ciudadanía. Mucha gente lo ha votado porque expresa bien el rechazo de las últimas gestiones, y no necesariamente porque apruebe o adhiera a las políticas que ha propuesto implementar.

    En tercer lugar, el rol de la dirigencia política, y en particular del oficialismo, no solamente por no haber hecho nada frente a esta amenaza sino por haber alentado la candidatura de Milei con el objeto de dividir el voto opositor, pensando que así tenía más posibilidades de ganar. Eso lo hizo primero el peronismo, en la antesala de la primera vuelta, y en la segunda lo hizo el ex presidente Macri poniendo en crisis su propia coalición, Juntos por el Cambio.

    ¿Piensas que el electorado se ha derechizado?

    A diferencia de las propuestas vagas y generales de casi todos los demás candidatos, Milei compitió con un programa muy fuertemente ideológico, que además no paró de explicar durante toda la campaña.

    Sin embargo, cuando se analizan los posicionamientos de la ciudadanía los datos son contradictorios, ante todo porque no hay una noción única y universal de lo que se supone que es ser “de derecha” o “de izquierda”. Por ejemplo, las encuestas muestran una creciente preocupación por el aumento de la inseguridad, pero sería muy elitista pensar que tener esta preocupación es ser de derecha. El aumento de la criminalidad da cuenta de que es una preocupación “real”.

    Es cierto que en este proceso electoral ha aumentado la visión positiva del sector privado frente a la gestión pública, posiblemente por efecto del discurso de Milei pero también porque las últimas gestiones han deteriorado mucho la imagen del Estado. En ese sentido podría hablarse de cierta derechización del electorado. Pero del triunfo de Milei con casi 56% no debería deducirse que más de la mitad del electorado se ha inclinado fuertemente a la derecha, o incluso a la derecha radical, porque muchos lo votaron por encarnar la reacción frente al status quo más que por sus propuestas ideológicas.

    Durante la campaña se planteó que estaba en juego la democracia. ¿Corre peligro la democracia en Argentina?

    La democracia no corre peligro inminente, como ocurría con los golpes de Estado, que la eliminaban de un día para el otro. Hay, sí, señales de erosión de la democracia, pero éstas han estado presentes durante los últimos años. Constantemente se observan avances y retrocesos, tales como intentos de cooptación de la justicia, uso indebido de recursos del Estado y prácticas clientelares.

    En términos generales, las instituciones democráticas en Argentina funcionan. A pesar de las denuncias de la oposición sobre el sistema electoral, las elecciones se desarrollaron con normalidad e incluso los resultados se conocieron muy rápido.

    En cambio, sí hemos visto un retroceso enorme a nivel de debate público. Hay mucha intolerancia y violencia discursiva. Partidarios de las distintas opciones políticas casi no pueden dialogar. Hay mucha agresividad en las redes sociales. Todas estas son señales de alerta de mediana intensidad que, si no son abordadas, abonan el terreno para salidas más violentas y autoritarias.

    ¿Cómo se reconfigurará el escenario político argentino tras esta elección?

    Desde 2003, con la llegada de Néstor Kirchner a la presidencia, se fue configurando un sistema de coaliciones que a partir de 2007, con Cristina Fernández de Kirchner, fue impulsando mediante la introducción de elecciones primarias abiertas, simultáneas y obligatorias. Éstas sirvieron para evitar la fragmentación partidaria, pero tuvieron el efecto negativo de erosionar las diferencias programáticas o ideológicas. Las dos coaliciones que se formaron en consecuencia tenían sus propias alas derecha e izquierda, con lo que se difuminó el debate ideológico que fue reemplazado por la clave peronismo-antiperonismo. Eso terminó alentando una polarización de tipo afectivo con alineamientos muy estancos donde se hace cada vez más difícil buscar puntos en común.

    El hecho de que haya ganado las elecciones presidenciales un partido que hace un par de años no existía obligará a las dos grandes coaliciones de las últimas décadas, el oficialismo peronista y la oposición de Juntos por el Cambio, a reconfigurarse profundamente.

    Dentro del peronismo, la expresidenta y actual vicepresidenta Cristina Kirchner fue la gran perdedora de esta elección. En los últimos tiempos se ha ausentado de la escena política, dejando al peronismo sin un liderazgo claro. El peronismo tiene un fuerte arraigo en sindicatos y organizaciones sociales que tienen una alta dependencia del Estado. Estas organizaciones tienen incentivos para negociar, en caso de que el nuevo gobierno abriera ese espacio. Sin embargo, el discurso inicial de Milei fue completamente en otra dirección, estableciendo que tomará medidas de choque.

    ¿Cuáles son los principales desafíos que deberá enfrentar el nuevo gobierno?

    El nuevo gobierno debería hacer frente a tres grandes desafíos. El primero es estabilizar la economía, es decir, parar la inflación y ordenar el tipo de cambio. En segundo consiste en introducir reformas para incrementar la productividad y solucionar la crisis del empleo formal. Y el tercero es la gobernabilidad. Argentina tiene organizaciones sociales muy fuertes, lo cual tiene aristas tanto positivas como negativas, pero en cualquier caso es una sociedad fuertemente organizada y muy predispuesta al conflicto.

    Estos tres desafíos deben abordarse en forma coordinada y consistente, lo cual es bastante difícil.

    ¿Piensas que el gobierno de Milei podrá hacerles frente?

    Tengo serias dudas de que el nuevo gobierno pueda hacer frente a estos desafíos, no solamente en el terreno de la estabilización y las reformas estructurales, sino también y sobre todo en materia de gobernabilidad. Muchas de las medidas que propone, como la propia dolarización, podrían ser declaradas inconstitucionales. Otras medidas requieren mayorías legislativas que no tiene. La única perspectiva de obtener un apoyo legislativo sustancial pasaba por Juntos por el Cambio, pero con la división de la coalición opositora Milei no tendría quorum en el Congreso.

    Milei no tiene ni una gobernación provincial y casi no tiene intendencias. Sin embargo, el poder subnacional siempre ha sido acomodaticio o pragmático en Argentina. Aun así, algunas de las medidas clave van directamente en contra de los intereses de las provincias, como la de eliminar la coparticipación, es decir, el sistema de distribución de los recursos públicos obtenidos mediante impuestos nacionales que el Estado federal distribuye a las provincias. Luego está el potencial enfrentamiento con la provincia de Buenos Aires.

    Milei podría intentar gobernar por decreto, pero en ese caso habría una crisis inmediata, y en un eventual juicio político asumiría la vicepresidenta, Victoria Villarruel, que no asegura ningún cambio de estrategia sino algunos elementos negativos añadidos.

    Milei fue electo con una amplísima mayoría, por lo que cuenta con una gran legitimidad popular. Pero esta mayoría podría ser ficticia, como suele ocurrir con las segundas vueltas, a lo que se le suman la volatilidad e impaciencia de buena parte del electorado argentino. Si logra implementar su programa ultraliberal, único en el mundo, los costos sociales serán altísimos. Y si no lo logra, podría aumentar el desencanto de la ciudadanía con la política y ponerse en cuestión su adhesión a la democracia.


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  • ARGENTINA: “La ciudadanía debe poder participar en discusiones informadas sobre los temas que la afectan”

    MarielaBelskiCIVICUS conversa con Mariela Belski, directora ejecutiva de Amnistía Internacional Argentina, acerca de los potenciales efectos en materia de derechos humanos de las reformas introducidas por el gobierno de Javier Milei. Fundada en 1961, Amnistía Internacional es la organización internacional de derechos humanos más grande del mundo.

    ¿Cuáles son las principales medidas que ha tomado el gobierno de Javier Milei, y cuáles son los problemas que plantean?

    Ni bien tomó posesión del cargo, el Presidente Milei emitió un decreto de necesidad y urgencia (DNU) para legislar sobre una gran cantidad de cuestiones que afectarán la vida de los argentinos. Aunque la Constitución Nacional establece que el presidente solamente puede dictar decretos cuando circunstancias excepcionales no permitan seguir los trámites legislativos ordinarios, el uso de decretos ha sido constante en las últimas décadas. La novedad en este caso reside en la cantidad y magnitud de los cambios que incluye el DNU, en contraste con los argumentos de emergencia enunciados por el Poder Ejecutivo.

    Además, el gobierno envió al Congreso la llamada “ley ómnibus”, que incluye temas que no entraron en el DNU, tales como reformas fiscales. Aunque también es justificada con argumentos relativos al contexto de emergencia e inestabilidad económica, el proyecto de ley avanza en temas que exceden por mucho dicha emergencia.

    Muchos de los cambios incluidos en el DNU y la Ley Ómnibus encienden alertas por la afectación de derechos en temas como salud, vivienda, empleo y libertad de expresión y reunión. A contramano de las normas internacionales en materia de derechos, por la vía de la desregulación y la retirada del Estado ambas normas impactarán negativamente sobre la capacidad de las personas de acceder a sus derechos.

    Por ejemplo, las empresas de medicina prepaga podrán aumentar sus cuotas sin restricciones, y de hecho ya lo están haciendo. Si hay reclamos sobre el servicio, el Estado no impondrá sanciones. También se desregularán los precios de los medicamentos.

    En materia laboral, se introducen una serie de medidas regresivas vinculadas a las indemnizaciones, el pago de las horas extras y la extensión del período de prueba, entre otras cosas. Las medidas cautelares concedidas por la justicia para frenar la implementación de estos cambios beneficiaron solamente a determinados sectores.

    En relación con el tema de la vivienda, el DNU deroga la ley de alquileres y deja los plazos contractuales, montos y moneda de cobro de los alquileres librados a la negociación entre propietarios e inquilinos, permitiendo al propietario imponer las condiciones que desee.

    El proyecto de ley, por su parte, propone que la actualización de las jubilaciones deje de regirse por una fórmula fijada por ley y quede en cambio a criterio del Poder Ejecutivo.

    La ley ómnibus también concibe a la protesta como un delito en vez de un derecho de participación y expresión de disenso. Establece, por ejemplo, la obligatoriedad de notificar toda reunión o manifestación pública de tres o más personas. Aunque se afirmó que se daría marcha atrás con esta medida, esto aún no ha ocurrido. Además, la ley crea la figura del “organizador” para poder identificar y eventualmente sancionar a quienes lideren manifestaciones.

    En materia de seguridad, el proyecto de ley amplía los casos en que se entiende que un agente policial actúa en legítima defensa, debilitando los estándares de responsabilidad policial diseñados para evitar abusos. Teniendo en cuenta los elevados índices de brutalidad policial de Argentina, esto va a contramano de las intervenciones que se necesitan.

    El medio ambiente también se verá perjudicado por el DNU, que modifica la ley de bosques para permitir más desmonte, la ley de glaciares para habilitar mayor actividad minera y la ley de fuego para permitir más quema. Estas disposiciones ponen en riesgo los recursos naturales y podrían agravar la crisis climática en Argentina.

    En lo que respecta a las políticas de género, tanto el proyecto de ley como el DNU eliminan toda referencia a la diversidad y el género. En particular, el proyecto de ley ómnibus introduce reformas a la llamada “ley de mil días”, aprobada junto a la ley de interrupción voluntaria del embarazo para apoyar a quienes deciden llevar adelante la gestación.

    La instrumentalización de la emergencia económica para avasallar la autonomía de las mujeres, pensando en ellas exclusivamente como madres e incorporando figuras como la del “niño por nacer” revela el intento de introducir una fuerte regresión en materia de derechos sexuales y reproductivos. En un país donde cada año mueren más de 300 mujeres víctimas de violencia, la verdadera emergencia debería ser diseñar políticas efectivas contra la violencia de género.

    ¿Cómo afecta el nuevo protocolo “antipiquetes” a la libertad de expresión y el derecho a la protesta?

    Desde Amnistía Internacional consideramos que el Protocolo para el mantenimiento del orden público ante el corte de vías de circulación fija pautas de actuación policial y estatal que vulneran las libertades de reunión, asociación y expresión. Las atribuciones para la intervención de los agentes policiales y de seguridad no respetan los estándares internacionales sobre el uso de la fuerza y corren el riesgo de intensificar la violencia y el conflicto social, poniendo en peligro la vida y la integridad física de las personas.

    El protocolo debe compatibilizar los objetivos de establecer el “orden público” y la “libre circulación” con las obligaciones del Estado en materia de respeto y protección de la integridad física de las personas y el derecho a las libertades de expresión y de reunión, protegidos por la Constitución Nacional y los instrumentos internacionales de derechos humanos. Tanto el protocolo como la ley ómnibus buscan criminalizar a quienes se manifiesten e imponer sanciones, incluidas de carácter pecuniario, que en la práctica podrían hacer desaparecer a colectivos y organizaciones.

    El sistema normativo de Argentina no establece orden de prioridad entre derechos: el libre tránsito no está por sobre el derecho a la protesta, ni viceversa. De ahí que la prohibición de las manifestaciones a causa de la posible perturbación de la libre circulación contradice las normas internas.

    El Estado argentino debe cumplir sus obligaciones internacionales en materia de derechos humanos, y específicamente en materia de derecho de protesta, libertades de expresión, asociación y reunión y uso de la fuerza por parte de sus agentes policiales y de seguridad.

    ¿Considera que estas medidas, y la forma en que están siendo tomadas, representan un peligro para la democracia?

    En Amnistía Internacional nos preocupa que se pretenda aprobar un proyecto de ley que impactará sobre un sinnúmero de aspectos centrales de la vida de las personas a contrarreloj y en sesiones extraordinarias.

    En apenas tres semanas el Poder Ejecutivo ha propuesto, a través del DNU y la ley ómnibus, un cambio masivo en legislaciones y regulaciones que fueron parte de la construcción de consensos de los últimos 40 años. La esencia de la democracia radica en la posibilidad de que la ciudadanía participe en discusiones informadas sobre los temas que la afectan. La vertiginosa discusión de estas políticas plantea serias dudas sobre la integridad del proceso deliberativo.

    El contexto de crisis económica y social de Argentina exige encarar reformas profundas. La pobreza supera el 40% y los desorbitados índices de inflación exigen un cambio de rumbo. Sin embargo, estas reformas deben hacerse dentro del marco de las instituciones y de la Constitución Nacional.

    La ley ómnibus pretende una delegación de facultades en el Ejecutivo de dimensiones nunca vistas, en todas las esferas. Además, establece que las normas que se dicten en el ejercicio de esta delegación serán permanentes, excepto cuando la naturaleza de la medida determine su carácter transitorio y así lo disponga de forma expresa.

    El Congreso debería llevar a cabo este proceso de manera adecuada, siguiendo los principios establecidos en nuestra constitución. Decisiones que afecten tan significativamente la vida de la gente no deben tomarse de manera apresurada, sino mediante el debate público y los procedimientos establecidos.

    ¿Qué iniciativas está desarrollando Amnistía Internacional en relación con estos temas?

    En relación con el protocolo para el mantenimiento del orden público hemos presentado un análisis con aportes y comentarios basados en los estándares nacionales e internacionales. Nuestro objetivo es contribuir a la construcción de políticas públicas respetuosas de los derechos de las personas.

    Respecto del DNU y la ley ómnibus, estamos organizando reuniones con funcionarios y colegas de diversas áreas para analizar en conjunto las leyes y evaluar pasos a seguir.

    Por último, estamos preparando un documento de análisis de los primeros 100 días del gobierno de Milei desde una perspectiva de derechos humanos. En la misma sintonía, estaremos monitoreando muy de cerca al Congreso.


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  • Argentina: Informe de Diálogo sobre Democracia: 27 de agosto de 2018

    Diálogo sobre Democracia convocado por la Lic. Gabriela Boada y organizado por el Centro Cultural de la Cooperación Floreal Gorini y la Asociación Pablo Besson. Buenos Aires, 27 de agosto de 2018.

  • Argentina: Un desafío para la sociedad civil en pleno

    Por Pablo Secchi y Karina Kalpschtrej, Poder Ciudadano (Argentina)

  • Construyendo juntos un mejor entorno habilitante para todas las organizaciones sociales en el mundo

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    Con motivo de los25 años de CIVICUS,RACI:la Red Argentina de Cooperación Internacional queremos,explica de qué manera el ser parte de CIVICUS - Alianza Mundial para la participación ciudadana – permitecconstruir juntos un mejor entorno habilitante para todas las organizaciones sociales en el mundo.

    “RACI se une, con mucha alegría, a la celebración del vigésimo quinto aniversario de CIVICUS. Desde la Red Argentina de Cooperación Internacional queremos desearle un feliz cumpleaños a CIVICUS y esperamos que vengan otros veinticinco años más.

  • COVID-19: ‘Necesitamos políticas públicas que reduzcan y redistribuyan el trabajo de cuidado no remunerado’

    CIVICUS conversa acerca de los impactos de la pandemia del COVID-19 sobre las desigualdades de género y las respuestas formuladas por la sociedad civil con Gala Díaz Langou, directora del Programa de Protección Social del Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento (CIPPEC). CIPPEC es una organización de la sociedad civil argentina dedicada a la producción de conocimiento y recomendaciones para la elaboración de políticas públicas orientadas al desarrollo, la equidad, la inclusión, la igualdad de oportunidades y la eficacia y solidez de las instituciones.

  • COVID-19: ‘We need public policies that reduce and redistribute unpaid care work’

    CIVICUS speaks about the impacts of the COVID-19 pandemic on gender inequalities and civil society responses with Gala Díaz Langou, director of the Social Protection Programme of the Center for the Implementation of Public Policies for Equity and Growth (Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento, CIPPEC). CIPPEC is an Argentinian civil society organisation dedicated to producing knowledge and recommendations towards the advancement of public policies aimed at fostering development, equity, inclusion, equal opportunity and solid and effective institutions.

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