Argentina

 

  • ‘Cuando los migrantes son ciudadanos de segunda, se degrada la democracia’

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    En vistas de la publicación del Informe 2018 sobre el Estado de la Sociedad Civil, que girará en torno del tema “Reimaginar la Democracia”, estamos dialogando con líderes, activistas y especialistas de la sociedad civil para comprender su labor en la promoción de prácticas y principios democráticos, los desafíos que enfrentan y los logros alcanzados. En esta oportunidad,CIVICUSconversa con Ana Paula Penchaszadeh, colaboradora dela Red de Migrantes y Refugiadxs en Argentina y de la Red Nacional de Líderes Migrantes en Argentina, además deDoctora en Ciencias Sociales y en Filosofía, profesora de la Universidad de Buenos Aires e investigadora del CONICET (Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas).

    1. Te defines como pensadora y activista de los derechos de las personas migrantes. ¿Qué te llevó a orientarte en esa dirección y desde qué plataforma despliegas ese activismo?

    Desde que tengo memoria me han preocupado los problemas de la justicia y la exclusión. Yo misma he sido extranjera: mi familia tuvo que exiliarse en Venezuela y Francia durante la última dictadura militar en Argentina.

    Como investigadora, desde los inicios de mi carrera me interesé por las dinámicas de inclusión y exclusión en la constitución de la comunidad política. Centré mi tesis de doctorado en el vínculo de política y hospitalidad en el mundo contemporáneo. Desde entonces, asumí que no es posible investigar el tema de la hospitalidad (de un vínculo no destructivo hacia el otro que llega) en un contexto inédito de grandes desplazamientos humanos, sin tener vinculación con los espacios del activismo en derechos humanos y sin realizar trabajos de incidencia a nivel de las políticas públicas migratorias.

    Entre 2012 y 2015, trabajé en el Programa de Migraciones y Asilo del Centro de Justicia y Derechos Humanos de la Universidad de Lanús. En ese período, co-coordiné un proyecto sobre Migraciones, Derechos Humanos y Niñez en Argentina. A partir de un diagnóstico multivariado de la situación de la niñez en el contexto de las migraciones, abordamos la discriminación en el sistema escolar y desarrollamos un conjunto de materiales didácticos para trabajar la temática de las migraciones en las escuelas desde una perspectiva de derechos humanos.

    En los últimos años, mi labor investigativa giró en torno de dos grandes ejes: uno teórico y filosófico, y otro práctico y aplicado. He tratado de poner el pensamiento al servicio del activismo en derechos humanos. Lo he hecho mediante la provisión de apoyo al trabajo que desarrollan la Red de Migrantes y Refugiadxs en Argentina y la Red Nacional de Líderes Migrantes en Argentina. Desde 2015 participo asiduamente como tallerista en temas de derechos políticos y migraciones y como relatora en los encuentros de la Red Nacional de Líderes Migrantes; dirijo un proyecto de voluntariado universitario sobre migrantes y economía social, desarrollado en conjunto con la Red de Migrantes y Refugiadxs en Argentina; he realizado numerosas intervenciones públicas, incluida una participación en la audiencia de la Comisión Bicameral Permanente de Trámite Parlamentario del Congreso, en contra del Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 70/2017 y en defensa de la Ley 25.871 de Migraciones, así como en respaldo de un proyecto de ley de voto migrante; y he contribuido a dar difusión a la temática mediante entrevistas y artículos periodísticos, e incluso a través de un cortometraje documental, “Yo, afro”, producido junto con la artista audiovisual Gabriela Messina. Del mismo modo, en mis investigaciones busco abrir la escucha a la palabra de migrantes y refugiados y he trabajado bastante sobre el discurso y los procesos de subjetivación y empoderamiento de estos grupos.

    2.¿Cuáles son los argumentos teóricos y filosóficos que sustentan tu activismo?

    En el terreno teórico y filosófico, hago un análisis deconstructivo de la hospitalidad y la extranjería, para a partir de allí analizar las tensiones entre ciudadanía y nacionalidad. Sostengo que la movilidad humana pone en jaque la estructura supuestamente sedentaria y atávica (asociada al nacimiento en un territorio o en el seno de una familia) sobre la cual se ha erigido la comunidad política moderna. Las nuevas formas de pertenencia, y su relación con los procesos de subjetivación política, dislocan la espacialidad del Estado nación. Cada vez más, se impone pensar el espacio transnacional como fundamento de la ciudadanía: por un lado, des-territorializando y virtualizando la pertenencia a partir de una concepción “portable” de la ciudadanía (mediante el reconocimiento de derechos políticos a los nacionales que viven en el extranjero); y, por el otro, re-territorializando la pertenencia a través del reconocimiento de la residencia (y no solo de la nacionalidad) como fundamento de una ciudadanía plena (es decir, mediante el reconocimiento de derechos políticos a los inmigrantes).

    3.¿Cuál es actualmente la situación de los migrantes en Argentina? ¿Observas avances o retrocesos en el goce de derechos?

    En Argentina rige actualmente la Ley 25.871 de Migraciones. Esta norma, aprobada en 2004, vino a reemplazar una ley de la dictadura y a saldar una larga deuda de la democracia. La lucha de organizaciones de derechos humanos, de organizaciones que trabajan con migrantes y de organizaciones de los propios migrantes, dio forma a una de las leyes más progresivas del mundo en materia migratoria, que reconoce la migración como un derecho humano y un amplísimo abanico de derechos con total independencia de la condición migratoria (regular o no) de las personas. Es una muy buena ley nacional que todavía requiere medidas adicionales y un trabajo de adecuación normativa a nivel provincial y municipal para su aplicación efectiva en todo el territorio.

    Lamentablemente, en vez de avanzar en esa dirección, recientemente se han producido graves retrocesos a nivel de la política migratoria en el país. Desde que asumió la Alianza Cambiemos a fines de 2015, el paradigma hospitalario ha ido cediendo frente a un paradigma securitario. El actual gobierno cerró el programa de abordaje territorial, que permitió la regularización documentaria de miles de migrantes a lo largo del país, reorganizó la Dirección Nacional de Migraciones con una impronta fuertemente securitaria y propuso la creación de un centro de detención para migrantes. Finalmente, en 2017, mediante un Decreto de Necesidad y Urgencia del Ejecutivo, se modificaron aspectos fundamentales de la ley de Migraciones. Se debilitaron derechos y garantías para facilitar la expulsión exprés de extranjeros.

    Este decreto, emitido en forma totalmente inconsulta y sin siquiera una revisión parlamentaria, vino a coronar toda una serie de medidas regresivas, tales como el aumento de controles policiales para determinar la situación documentaria de los extranjeros y la persecución de migrantes en situación documentaria irregular. El decreto confunde irregularidad migratoria con criminalidad: según la ley vigente en Argentina, la irregularidad migratoria no es un delito, sino una falta administrativa que debe ser subsanada por el Estado (responsable de regularizar la situación documentaria de las personas). Si a algo remite la irregularidad migratoria es a la ineficiencia y la ineficacia del Estado para regularizar a las personas que están en su territorio. Todo migrante quiere estar en situación regular y tener los papeles que lo habilitan para alquilar, comprar, trabajar y estudiar de manera formal.

    A este giro político se le ha sumado la crisis económica, que tiende a exacerbar los discursos xenófobos a nivel tanto de la sociedad como del Estado. La discriminación y criminalización de las personas migrantes se agudiza con las recesiones: que nos sacan el trabajo, que viven del Estado, que no pagan impuestos, que molestan en la calle. Y desde ya que el chivo expiatorio no es “cualquier” inmigrante, sino el latinoamericano y el africano. El discurso xenófobo esconde una mirada eurocéntrica y racista.

    La normalización del prejuicio vuelve la violencia más aceptable, como lo muestra el reciente caso del vendedor ambulante de origen senegalés que fue agredido y gravemente herido por la policía en Buenos Aires. Es un círculo que empieza y termina con la acción y omisión del Estado. Los senegaleses son enviados literalmente a la calle como vendedores ambulantes, pues no tienen acceso a la regularización documentaria por ser extra-Mercosur y no entrar en ninguna de las categorías migratorias. Están condenados al empleo informal y, por lo tanto, expuestos de manera constante a la violencia y la persecución policial. El Estado, que debería facilitarles los medios para regularizar su situación migratoria, los empuja a la informalidad y luego los castiga por ello.

    4.¿Cómo ha reaccionado la sociedad civil ante estos retrocesos?

    Las organizaciones de derechos humanos, incluidas las que nuclean a refugiados y migrantes, se movilizaron ante cada vulneración de derechos, ya fuera un caso de discriminación o violencia, o un cambio normativo que afectara a migrantes y refugiados. Frente al DNU 70/2017, el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), la Comisión Argentina para Refugiados y Migrantes (CAREF) y el Colectivo por la Diversidad (COPADI) promovieron una acción de amparo colectivo. Muchos otros acompañamos la iniciativa: por ejemplo, desde el área de migraciones del Instituto de Investigaciones Gino Germani (Universidad de Buenos Aires) presentamos un amicus curiae en apoyo del recurso de amparo. Gracias a todos estos esfuerzos, en marzo de 2018 el tribunal declaró inconstitucional el DNU, y lo hizo con argumentos muy interesantes para una defensa de las migraciones desde una perspectiva de derechos humanos.

    Los migrantes en Argentina están organizados: cuentan con muchísimas organizaciones de defensa de sus derechos, algunas de ellas articuladas en redes. La Red Argentina de Migrantes y Refugiadxs, por ejemplo, nuclea a nivel nacional una treintena organizaciones de migrantes de Bolivia, Colombia, Ecuador, Haití, Jamaica, Paraguay, Perú, República Dominicana, Senegal, Ucrania, Uruguay y Venezuela. Estas organizaciones y redes se reconocen como sujetos políticos, y consideran la Ley 25.871 como un logro de su activismo. Ante el Decreto 70/2017 que la tergiversaba, también fueron al Congreso y a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para quejarse de que el gobierno no los llamara, ni aceptara recibirlos, para escuchar sus opiniones, y para reclamar una política seria contra el delito en reemplazo de las medidas que los usan como chivos expiatorios.

    Es importante subrayar que estas organizaciones no son tan solo reactivas, sino que han tomado repetidamente la iniciativa para presentar propuestas innovadoras. Así, en diciembre de 2016 lograron que se presentara en el Congreso un proyecto de ley de voto migrante, que buscaba extender los derechos políticos a los extranjeros con residencia permanente. En esa misma línea, del cuarto encuentro de la Red Nacional de Líderes Migrantes de Argentina, realizado en septiembre de 2017 la Universidad Nacional de Lanús, surgió la Declaración de Lanús, que promueve la profundización de la democracia mediante la consolidación de la ciudadanía plena para todas las personas que habitan nuestro país.

    5.¿Piensas que la clave de la integración de los migrantes pasa por el reconocimiento de derechos políticos?

    Absolutamente. Los extranjeros son el chivo expiatorio, el “otro” culpable de todos nuestros males. En momentos de crisis económica, lo primero que se intenta es restringir su acceso a bienes públicos que son, en definitiva, derechos. La idea de que los inmigrantes no deberían tener acceso a ciertos derechos, tales como la educación universitaria, resulta en una estratificación de la democracia, en ciudadanos de primera y de segunda categoría. Esto contradice el principio de igualdad, y por lo tanto degrada a la democracia.

    Cuando se extiende el discurso xenófobo, para los gobernantes y funcionarios es muy fácil hacerse eco y culpar a los inmigrantes de los problemas que ellos mismos no logran resolver, porque no pagan por ello ningún costo político. Aunque en Argentina son una de las principales minorías – el 4,5% de la población – los migrantes no votan. No resulta sorprendente, en el marco de un sistema representativo que se basa en la distribución de premios y castigos a través del voto, que los funcionarios no se sientan responsables ante ellos. Por el contrario, les resulta muy cómodo cargar en ellos todos los problemas de la sociedad, desde el narcotráfico hasta el déficit habitacional y la falta de empleo, que son en realidad problemas estructurales, no solamente en nuestro país sino en casi todo el mundo.

    La única salida democrática de esta situación pasa por los derechos políticos, que son en definitiva la mejor garantía de que no seremos privados de otros derechos. El migrante padece las políticas del Estado que lo recibe; debe obedecer las leyes y acogerse a las decisiones vinculantes de los poderes públicos. De ahí que deba tener voz y voto en la formación de esas decisiones, igual que cualquier otro ciudadano. Solo así será tomado en cuenta. En la ciudad de Buenos Aires, por ejemplo, los extranjeros representan el 13,5% de la población residente; pero, debido a las leyes que regulan el sufragio migrante, solo un 0,6% de esta población se encuentra habilitada para votar. En contextos de ballotage o segundas vueltas electorales, donde los candidatos se imponen con pequeñísimos márgenes de diferencia, los políticos se cuidarían mucho más de expresar opiniones xenófobas y se resolvería, en buena medida, su uso político y electoral, si los migrantes residentes en la ciudad efectivamente votaran.

    El espacio cívico en Argentina es clasificado como ‘estrecho’ por elCIVICUS Monitor.

    Contáctese conAna Paula Penchaszadeh, con laRed de Migrantes y Refugiadxs en Argentina y con laRed Nacional de Líderes Migrantes en Argentina a través de sus respectivos sitios web o perfiles de Facebook.

     

  • ‘El gobierno argentino envió un mensaje intimidatorio en relación con la participación de la sociedad civil; esta reducción del espacio cívico en las discusiones globales debe ser monitoreada’

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    CIVICUS conversa con Gastón Chillier, Director Ejecutivo del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), una organización de derechos humanos de Argentina. El CELS fue fundado en 1979, durante la dictadura militar, para promover los derechos humanos, la justicia y la inclusión social. En sus primeros años, el CELS luchó por la verdad y la justicia ante los crímenes del terrorismo de estado. A fines de la década de 1980 amplió su agenda para incluir las violaciones de derechos humanos cometidas bajo la democracia, sus causas estructurales y su relación con la desigualdad social. CELS promueve su agenda a través de investigaciones, campañas, alianzas con otros actores de la sociedad civil, incidencia y políticas públicas y litigio estratégico en foros nacionales e internacionales.

    1. Cuéntenos acerca de la decisión del gobierno argentino de revocar la acreditación de varias organizaciones de la sociedad civil para la Conferencia Ministerial de la Organización Mundial de Comercio (OMC) en Buenos Aires.

    Sesenta y cinco personas de todo el mundo cuyas organizaciones habían sido acreditadas para participar en la Conferencia Ministerial de la OMC, que se celebró en Buenos Aires del 10 al 13 de diciembre de 2017, recibieron correos electrónicos de la OMC que indicaban que las autoridades de seguridad de Argentina, el país anfitrión, había rechazado sus acreditaciones “por razones sin especificar”. Algunas de estas personas decidieron de todos modos viajar a Argentina para participar en otras actividades. Muchas de ellas fueron retenidas durante horas en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza antes de que se les permitiera ingresar al país. A dos personas - Petter Titland, un activista noruego de ATTAC (Asociación por la Tasación de las Transacciones Financieras y de Ayuda a los Ciudadanos), y la periodista británico-ecuatoriana Sally Burch, quien participaría en la Conferencia Ministerial en calidad de experta en regulación de internet – les fue denegado el ingreso y fueron posteriormente deportadas.

    El Ministerio de Relaciones Exteriores inicialmente emitió un comunicado de prensa explicando que las acreditaciones habían sido rechazadas porque estas personas o sus organizaciones “habían hecho explícitos llamamientos a manifestaciones de violencia a través de las redes sociales, expresando su vocación de generar esquemas de intimidación y caos”. Resultó evidente que el gobierno había estado recopilando información de inteligencia, muy posiblemente sobre la base de la afiliación organizativa o la opinión política de las personas, lo cual está expresamente prohibido por la legislación argentina.

    2. ¿Qué hizo la sociedad civil para que el gobierno de Argentina revocara su decisión?
    Las organizaciones de la sociedad civil (OSC) de Argentina, y el CELS en particular, trabajaron para defender el derecho de los activistas puestos en la lista negra a la participación y la libertad de circulación, de modo de garantizar su ingreso a Argentina. Recopilamos y compartimos información tanto a nivel local como con sus organizaciones en sus países de origen. También alertamos a los funcionarios de las embajadas y en la justicia cuando las personas estaban siendo retenidas en el aeropuerto. Por último, tomamos medidas legales y administrativas.
    Más específicamente, el CELS presentó peticiones de hábeas data, una solicitud de información pública y un habeas corpus colectivo, a la vez que se ocupó de los casos individuales de Titland y Burch, y brindó asesoramiento y apoyo a algunas de las otras personas directamente afectadas. Además, ayudamos a hacer correr la voz entre los periodistas, a través de las redes sociales y mediante entrevistas de prensa y comunicados en los medios.
    Mediante estas peticiones legales y administrativas, solicitamos que el gobierno especificara las restricciones de seguridad establecidas para participar en el evento de la OMC y explicara los vínculos existentes entre esa evaluación y la prohibición o restricción del ingreso de activistas individuales al país.
    En una audiencia judicial sobre el habeas corpus colectivo que presentamos en nombre de los activistas de la sociedad civil que habían sido retenidos al llegar al país, el gobierno presentó una lista con los nombres de las 65 personas cuyas acreditaciones habían sido rechazadas, pero insistió en que esto no les impedía la entrada en Argentina y que no tenía ninguna relación con las deportaciones de Titland y Burch. Reconocieron, sin embargo, que el Ministerio de Relaciones Exteriores había enviado esta lista a la Dirección Nacional de Migraciones, en calidad de “alerta”. Tanto Titland como Burch figuraban en esa lista.
    En respuesta a nuestras otras peticiones, el Ministerio de Relaciones Exteriores afirmó que no podía proporcionar detalles sobre qué información se había recabado sobre esas 65 personas o cómo había sido obtenida, y remitió nuestras consultas al Ministerio de Seguridad y la Agencia Federal de Inteligencia. Todavía seguimos esperando sus respuestas.
    Gracias a la presión legal, diplomática y mediática de la sociedad civil, el gobierno argentino se vio obligado a retroceder en algunos casos. Después de que Titland y Burch fueron deportados, a nadie más se le prohibió ingresar al país. Además, el 10 de diciembre el gobierno argentino anunció que un puñado de personas que figuraban en la lista estaban siendo acreditadas nuevamente. Entre ellas se encontraba Titland, quien finalmente regresó a Argentina y participó en la conferencia.
    Sin embargo, muchas otras personas y OSC siguieron sin ser acreditadas, incluidas la organización chilena Derechos Digitales, la fundación argentina Grupo Efecto Positivo y la organización británica Global Justice Now. Algunos activistas cuyos nombres figuraban en la lista nos dijeron que se habían abstenido de viajar a la Argentina por miedo, y a otros les habían rechazado las solicitudes de visa. Algunos han manifestado temor de que estos rechazos y alertas queden registrados en su historial migratorio.

    3.¿Qué impacto tendrá la decisión del gobierno argentino sobre la legitimidad de las conversaciones de la OMC y, en términos más generales, sobre las perspectivas de participación de la sociedad civil en futuros debates globales?

    La decisión del gobierno argentino de rechazar la acreditación de activistas sobre la base de información de inteligencia que puede que haya sido recabada ilegalmente, retenerlos en el aeropuerto y, en los dos casos más notorios, deportarlos a terceros países, causó tensión con la propia OMC y con otros países, en particular Noruega. Daría la impresión de que el gobierno argentino intentó reducir la participación de la sociedad civil en esta conferencia ministerial. Independientemente de los resultados de la reunión, esto sin duda tendrá impacto sobre la legitimidad de las conversaciones.

    Esta fue la primera vez en que hubo un rechazo de activistas en semejante escala, y sienta un precedente muy negativo para la participación de la sociedad civil. Las acciones del gobierno argentino han enviado un mensaje intimidatorio que pone en cuestión el compromiso del país con la participación de la sociedad civil. Esta reducción del espacio cívico en las discusiones globales es una nueva dimensión que debe ser monitoreada. Y debería hacer sonar la alarma para que la sociedad civil global se asegure de que otros gobiernos no conviertan este precedente en una práctica de rutina.

     

    4. ¿Cómo describiría el ambiente para la sociedad civil en Argentina? ¿Qué debería cambiar para que el espacio cívico mejore en el país?

    Aunque Argentina está lejos de presentar el peor escenario en la región, el ambiente para la sociedad civil se está deteriorando. El gobierno actual ordenó la represión de protestas sociales y promovió o toleró la criminalización de los manifestantes y de algunos prominentes líderes sociales. También ha mostrado desdén por la participación de la sociedad civil, por ejemplo al nombrar por decreto a jueces de la Corte Suprema -y por lo tanto pasar por alto todas las instancias de participación pública en el proceso- y llevar adelante un intento de designación relámpago de un candidato a ocupar la vacante Defensoría del Pueblo, ignorando nuevamente a la sociedad civil en el proceso. En ambos casos, los reclamos públicos forzaron al gobierno a retroceder.

    Además, el CELS y otras organizaciones de derechos humanos nacionales e internacionales que desempeñaron un rol en el caso de Santiago Maldonado, un joven que desapareció durante la represión ilegal de una protesta de una comunidad indígena y fue encontrado ahogado casi tres meses después, fueron demonizados por algunos funcionarios nacionales.

    Para que el espacio cívico en Argentina mejore, el gobierno debe proporcionar garantías para el ejercicio efectivo del derecho a la protesta, asegurando que las fuerzas de seguridad utilicen la fuerza responsablemente y dentro de la ley. También debe dar prioridad a los canales políticos para alcanzar soluciones concertadas a los conflictos y demandas sociales, y debe respetar y promover una variedad de mecanismos para la participación de la sociedad civil en procesos políticos clave.

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  • ‘Invocamos el principio de extraterritorialidad para llamar al Estado chino a rendir cuentas del impacto de sus inversiones en América Latina’

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    CIVICUS conversa con las cuatro responsables de la iniciativa regional “Explorando nuevos caminos para la defensa de los derechos humanos frente a las inversiones chinas en América del Sur: El Examen Periódico Universal de las Naciones Unidas y el Principio de Extraterritorialidad”: Paulina Garzón,de la Iniciativa para las Inversiones Sostenibles China América-Latina (IISCAL),María Marta Di Paola, dela Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN) de Argentina; Sofía Jarrín, del Centro de Derechos Económicos y Sociales (CDES) de Ecuador; y Julia Cuadros, de CooperAcción, una organización de Perú.

    1. ¿Qué impacto están teniendo las inversiones chinas en América Latina, y por qué es preocupante?

    A pesar de la desaceleración de la economía china en los últimos años, las inversiones chinas continúan creciendo en América Latina. En 2016 los préstamos soberanos de los bancos chinos alcanzaron 21.000 millones de dólares (más que el monto prestado por todos los bancos multilaterales) y la inversión directa llegó a los 10.358 millones (un crecimiento de 29,4% con respecto a 2015). La República Popular de China es el primer o el segundo socio comercial para todos los países sudamericanos, y resalta el hecho de que la gran mayoría de las exportaciones hacia China se concentra en petróleo, minerales y soja. En otras palabras, las inversiones chinas o motorizadas por la demanda china han dado un nuevo impulso al sector primario y, dentro de éste, a las industrias extractivas, de modo tal que la relación económica entre China y América Latina impone grandes desafíos tanto ambientales como en relación con los derechos de las comunidades donde se asientan estas inversiones.

    El crecimiento y la escala del financiamiento chino en América Latina ha tomado a las organizaciones sociales y a las comunidades por sorpresa. Hasta ahora, es poco lo que la sociedad civil ha podido hacer para demandar rendición de cuentas directamente a los bancos, compañías y agencias reguladoras chinas, en parte por falta de conocimiento y acceso a los procedimientos de estas instituciones, pero sobre todo por el hermetismo que las caracteriza. Ello se ve agudizado por el hecho de que la mayoría de los capitales chinos que llegan a la región aterrizan en Argentina, Bolivia, Brasil, Ecuador, Perú y Venezuela, países que tienen una o varias de las siguientes características: dificultades para acceder a los mercados financieros; gobernanza ambiental debilitada; y disminución de espacios de participación ciudadana. En estos países, vemos que las empresas transnacionales han contribuido a la violación de los derechos humanos, entre las que se cuenta la práctica sistemática de criminalización de los defensores ambientales.

    Sobre esta misma línea, cabe agregar que China ha seguido el principio de “no interferencia” en la construcción de su relación con América Latina, lo cual ha dado como resultado una interacción casi exclusiva con los gobiernos de turno, sin inclusión de actores no gubernamentales. En este contexto, las organizaciones sociales latinoamericanas no hemos logrado establecer canales de diálogo sustanciales con las instituciones chinas, y tanto menos en lo que se refiere a la demanda de rendición de cuentas acerca de los impactos negativos de su intervención.

    1. ¿Qué está haciendo la sociedad civil de América Latina para llamar a China a rendir cuentas de los efectos ambientales y sociales de sus inversiones en la región?

    Un grupo de organizaciones de varios países que han visto su situación de derechos humanos deteriorarse por efecto de la penetración de estas inversiones, hemos decidido hacer uso de las herramientas que ofrece el sistema internacional de derechos humanos para establecer una conversación sobre la necesidad de llamar a los gobiernos a rendir cuentas de los efectos de sus inversiones y de las acciones de sus empresas en el extranjero. Para ello aprovecharemos el hecho de que la República Popular de China realizará en noviembre de 2018 su Examen Periódico Universal (EPU) en el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas (ONU), la evaluación de derechos humanos a la que deben someterse cada cuatro años todos los estados miembros de la ONU, sin excepción.

    Pese a que no cuenta con una autoridad y mecanismos de aplicación, el sistema universal de derechos humanos, dentro del cual se encuentra el mecanismo EPU, ofrece valiosas oportunidades de incidencia para la sociedad civil en todo el mundo. El EPU ofrece un espacio para que las comunidades afectadas en sus derechos civiles, políticos, económicos, sociales o culturales hagan oír sus reclamos. Por lo general, la responsabilidad por los derechos vulnerados es adjudicada al Estado dentro de cuyo territorio ocurren dichas violaciones de derechos. Así, en el marco del EPU de China, el grueso de las recomendaciones que recibe el Estado chino se vinculan con el trato que reciben sus ciudadanos dentro de su territorio. Sin embargo, nada impide a las comunidades afectadas en sus derechos en diversos países de América Latina presentar reclamos por las acciones de un país extranjero miembro de las Naciones Unidas. En otras palabras, nada impide a los grupos vulnerados invocar el principio de extraterritorialidad para demandar a un Estado extranjero el cumplimiento de las obligaciones de derechos humanos contraídas por la aceptación de los instrumentos de las Naciones Unidas, así como a través de todo compromiso voluntario que dicho Estado haya ratificado y asumido.

    Eso es precisamente lo que pensamos hacer durante la EPU de China. En vistas de este proceso, el Centro de Derechos Económicos y Sociales (CDES) de Ecuador, la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN) de Argentina, CooperAcción de Perú y la Iniciativa para las Inversiones Sostenibles China América-Latina (IISCAL), hemos creado una alianza regional con el objeto de investigar colaborativamente y elaborar un informe sombra nacional para cada uno de los países sudamericanos incluidos en el proyecto, así como un informe sombra regional. En marzo de 2018 estos informes serán presentados a la Oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos de las Naciones Unidas como aportes para el EPU de China.

    Esta iniciativa cobró vida en 2017, con la búsqueda de una alianza regional para fortalecer nuestro trabajo de incidencia frente al Estado chino. La participación en el mecanismo del EPU es para nosotras una ventana de oportunidad para canalizar las preocupaciones y visibilizar las múltiples violaciones a los derechos humanos de las comunidades afectadas por proyectos cuyo financiamiento y operación se vinculan con inversiones del Estado chino.

    Las organizaciones involucradas tenemos una extensa y probada trayectoria de trabajo sobre financiamiento internacional y derechos humanos y ambientales, y nos contamos entre las pocas organizaciones de la sociedad civil de la región que han realizado un trabajo sistemático de investigación e incidencia sobre inversiones chinas en sus respectivos países. Además, gozamos de la confianza, credibilidad y reconocimiento de las organizaciones de base y otros actores relevantes. De hecho, en varios casos, hemos abogado frente a las entidades chinas para que mejoren sustancialmente su comportamiento ambiental y social y para que actúen como buenos ciudadanos globales. La falta de respuestas por parte de tales entidades nos ha llevado a buscar nuevos espacios de interlocución con la República Popular de China en los foros internacionales. Tenemos la esperanza de que el EPU de China y demás mecanismos de las Naciones Unidas ofrezcan el tan necesario espacio para lograr un compromiso serio de parte de los bancos y empresas chinas en materia de internalización de los principios de derechos humanos en sus operaciones en el extranjero.

    1. ¿Cuál es el sustento legal de la iniciativa? ¿A qué instrumentos, convenciones y legislación apelarán para apoyar sus reclamos?

    La República Popular de China ha ratificado varios instrumentos internacionales de derechos humanos. Entre ellos, los más importantes a la hora de constituir el marco de referencia y argumentación para el trabajo que pretendemos llevar adelante son el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, el Protocolo de San Salvador (Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales) y los Principios de Maastricht sobre las Obligaciones Extraterritoriales de los Estados en el Área de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Estos últimos, en particular, establecen que los Estados tienen la obligación de respetar, proteger y cumplir los derechos económicos, sociales y culturales tanto dentro de su territorio como fuera de él, y estipulan que la responsabilidad del Estado se extiende a los actos y las omisiones de los agentes no estatales que actúan por instrucciones o bajo la dirección o el control del Estado en cuestión.

    Cabe señalar que si bien nuestra argumentación se basa en el principio de responsabilidades extraterritoriales, ello no excluye la posibilidad de apelar en los informes sombra a otros instrumentos internacionales que integran el sistema universal de las Naciones Unidas, aún si no han sido ratificados por el Estado chino. En ese sentido, deba presumirse que, al aceptar ser miembro de las Naciones Unidas, China se compromete a promover sus principios y apoyar la implementación de los tratados, pactos y convenios internacionales elaborados en el seno de la organización.

    También es importante destacar que según el artículo 16 de la Constitución China, las empresas estatales tienen poder de decisión con respecto al funcionamiento y la gestión dentro de los límites prescritos por la ley, a condición de que se sometan al liderazgo unificado del Estado, en cuyo caso deben cumplir con todas las obligaciones del plan estatal. En otras palabras, las empresas estatales chinas son actores cuasi-estatales. Funcionan como una extensión de la estructura del Estado chino, ya que le pertenecen, son patrocinadas por él o actúan en pos de sus intereses. Ello convierte a las responsabilidades de derechos humanos de las empresas estatales de la República Popular de China en responsabilidades del Estado chino.

    El hecho de que China ocupe un puesto en el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas y de que, durante una visita del Secretario General de las Naciones Unidas a China el Ministro de Relaciones Exteriores de ese país haya declarado que “la ONU es una plataforma efectiva para los desafíos globales y la institución central para los esfuerzos internacionales en tratar los asuntos globales” constituye para nosotros una ventana de oportunidad. El EPU de la República Popular de China que se realizará en noviembre del 2018 es la oportunidad más concreta y cercana que tenemos.

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  • ‘La presencia de mujeres en espacios de representación política es buena no solo para las mujeres sino también para la democracia’

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    En noviembre de 2017 Argentina aprobó una ley de paridad de género con el objeto de garantizar un 50% de representación femenina en su Congreso Nacional. CIVICUS conversa con Natalia Gherardi, Directora Ejecutiva del Equipo Latinoamericano de Justicia y Género (ELA), una organización de la sociedad civil argentina que persigue la equidad de género mediante acciones de incidencia, trabajo en redes y el desarrollo de capacidades de actores políticos y sociales. Fundada en 2003 y basada en Buenos Aires, ELA es un equipo interdisciplinario de mujeres con trayectorias en el Estado, la práctica del derecho, la academia, los organismos internacionales y la sociedad civil.

    1. Según datos de laUnión Interparlamentaria, solo 12 países en todo el mundo tienen más de 40% de mujeres en sus cámaras de diputados o legislativos unicamerales. ¿En qué situación se encuentra la Argentina, y qué cambiará con la aprobación de la ley de paridad de género?

    Argentina fue un país pionero cuando en los años ’90 aprobó una ley que estableció una cuota mínima de mujeres en ámbitos legislativos. Esta reforma se hizo a través de la introducción en el Código Nacional Electoral de un cupo femenino del 30% en las listas partidarias para las elecciones de diputados y senadores nacionales. En los años que siguieron, todas las provincias argentinas sancionaron leyes similares paras sus legislaturas provinciales. Esa medida de acción afirmativa buscaba subir el umbral de incorporación de mujeres en el ámbito legislativo y ese objetivo se alcanzó, aunque no sin dificultades. Según un estudio que hicimos en 2011, las legisladoras nacionales pasaron de menos de 5% en 1983, cuando recuperamos la democracia, a casi 40% en 2011.

    Durante los 25 años que lleva de vigencia, sin embargo, fueron frencuentes las trampas en la implementación de la Ley de Cupo Femenino. Esto dio lugar a varios procesos judiciales por la impugnación de listas que burlaban el cupo de mujeres requerido por la ley. Todavía en 2015, el 10% de las listas presentadas en las elecciones nacionales incumplían de diversas maneras el mandato legal, sin que la justicia electoral ejerciera acabadamente su función de control.

    El proyecto de reforma electoral que el Poder Ejecutivo impulsó en 2016 podría haber incorporado medidas para mejorar la implementación del cupo, pero no lo hizo. En todo caso, ese hubiera sido un objetivo pequeño. El compromiso con una democracia de calidad exige bastante más: la paridad. El debate en América Latina ya se estaba formulando en estos términos. Por ese motivo, en Argentina las mujeres de diversos partidos políticos se unieron en torno de diversos proyectos de ley para incorporar el principio de paridad, hasta llegar en noviembre de 2017 a la sanción de la ley de reforma del Código Nacional Electoral.

    Como consecuencia de esta nueva ley, a partir de las elecciones de renovación legislativa de 2019 las listas que los partidos políticos presenten para las elecciones nacionales deberán incluir un 50% de mujeres, alternando la composición de la lista entre una mujer y un varón de modo de repartir en forma equitativa las posiciones elegibles.

    Esperamos que la aplicación de esta ley tenga impacto al menos en dos niveles. En un sentido muy práctico, implicará un aumento en la cantidad de mujeres en los espacios legislativos, y eso se traducirá también en mayor cantidad de mujeres en todas las áreas del Congreso. Pero además, la aplicación de esta ley contribuirá a profundizar el consenso social acerca de la necesidad de contar con mayor presencia de mujeres en todos los espacios de poder y en todas las áreas de la vida social, política, económica y cultural de nuestro país.

    1. En los últimos años hemos escuchado a muchos, casi indefectiblemente hombres, insistir en que ya no hay en Argentina discriminación y desigualdad de género desde el momento en que una mujer ha podido llegar a presidente. ¿Qué es lo que falla en este razonamiento, y cuál es la mejor manera de rebatirlo?

    Fue muy importante contar con una mujer en la presidencia (así como hoy en la gobernación de la provincia más grande de Argentina) porque abrió la puerta a un mundo de posibilidades. En estos años las mujeres han demostrado con creces que pueden ocupar lugares de poder en muy diversos espacios, no solo en la presidencia sino también en la Corte Suprema, en el Ministerio Público y en la gestión de las políticas universitarias. Estos cambios se fueron dando tanto a nivel nacional como en varias provincias. Se trata de modelos de rol que permiten ir transformando las miradas que la sociedad tiene sobre las mujeres (y que las mujeres -sobre todo las jóvenes- tienen sobre sí mismas) y los modelos de ejercicio del poder.

    Sin embargo, los detractores de las medidas de acción afirmativa se toman de los casos particulares para argumentar que las mujeres “lo han logrado todo”. Básicamente, sostienen que si una mujer ha llegado a uno de esos espacios, entonces las medidas de acción afirmativa ya no son necesarias. Sin embargo, justamente el hecho de que podamos nombrar a “la” mujer que ha accedido a la presidencia, a la Corte Suprema, la gobernación, el decanato de la facultad o la dirección de la compañía demuestra que esa mujer es la excepción antes que la regla. Si las podemos nombrar, las podemos contabilizar, y eso es porque siguen siendo pocas en comparación con los cargos disponibles.

    Los adversarios del cupo también argumentan que el establecimiento de una cuota o una regla de paridad socava el mérito como regla para acceder a los cargos públicos, e insinúan que no habría suficientes mujeres calificadas para ser legisladoras. Sin embargo, esto es desmentido por diversos indicadores. Por ejemplo, desde hace más de 20 años el 60% de los graduados de varias facultades de universidades nacionales son mujeres. En el Congreso Nacional, las mujeres que integran las cámaras tienen mayores credenciales educativas que sus pares varones: las mujeres con un título de educación superior superan en un 10% a los varones con similares títulos. Además, parecen ser más eficaces en su trabajo ya que a pesar de ser menos numerosas, impulsan más de la mitad de los proyectos de ley.

    Otros dicen que debemos ser pacientes ya que con el tiempo se desarrollarán liderazgos femeninos que podrán acceder a lugares de decisión sin necesidad de políticas que impulsen el proceso. Este argumento no solo soslaya los mecanismos de poder que operan en la confección de las listas partidarias por efecto de la limitada democracia interna de los partidos políticos (donde abunda el nepotismo, pero el tema solo parece preocupar cuando la nominada es una mujer) sino que además pasa por alto el hecho de que la participación de las mujeres en el Congreso lleva largo tiempo estancada. En 2001 entró en vigencia la reforma impulsada a partir del reclamo interpuesto por una dirigente de la Unión Cívica Radical ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). María Teresa Merciadri de Morini había denunciado que el partido había violado la ley que establecía el cupo de 30%, ya que al conformar la lista de seis candidaturas electorales había colocado a dos mujeres en los puestos tercero y sexto, aunque el partido solo renovaba cinco cargos. Como consecuencia de la intervención de la CIDH el Estado nacional reformó la reglamentación vigente para resolver el problema que dio origen al reclamo. Desde entonces, hubo un aumento constante en la participación de las mujeres en el Congreso, que creció a un ritmo de 2,5 puntos por elección hasta 2009. Desde entonces y hasta 2015 la tendencia comenzó a decaer: la capacidad de promover la paridad a partir de la implementación del cupo del 30% se agotó hace casi una década.

    Otro argumento frecuente contra el cupo sostiene que las mujeres no tendrían interés en ocupar esos cargos de responsabilidad, y que por eso no persiguen oportunidades de liderazgo o las declinan cuando se presentan. De acuerdo con esta línea de pensamiento, las mujeres prefieren otras formas de desarrollo personal, principalmente ligado a la construcción de una familia a la que dedican gran parte de su tiempo y esfuerzo en el trabajo invisible de cuidado. Este es un argumento interesante, porque parte de datos ciertos. De acuerdo con la Encuesta sobre Trabajo No Remunerado y Uso del Tiempo, en la Argentina las mujeres dedican el doble de tiempo que los varones a las tareas de cuidado. El análisis de las trayectorias personales de los integrantes del Congreso Nacional muestra que las mujeres son en mayor proporción viudas, solteras o divorciadas y tienen (en promedio) menor cantidad de hijos que sus pares varones. Eso parece indicar que para aprovechar las oportunidades políticas (y otras) las mujeres deben tener menos responsabilidades directas de cuidado. Pero hay varios aspectos que deben puntualizarse: ¿todas las mujeres realizan las mismas elecciones? Esas elecciones ¿no están en determinadas en cierta medida por el contexto cultural? Y finalmente, ¿qué rol deben cumplir las políticas públicas para favorecer una organización social del cuidado más justa en términos de género, de modo que el trabajo no remunerado no recaiga desproporcionadamente sobre las mujeres? El Congreso mismo fue hasta hace poco tiempo indiferente a la necesidad de garantizar políticas públicas para responder a esta problemática generalmente relegada a la privacidad de las familias: sólo recientemente se reformó el reglamento para habilitar a las diputadas usar el jardín maternal de la Cámara de Diputados, cuando una diputada fue madre durante su mandato e hizo el pedido. Entonces, ¿deben retirarse las mujeres o debe cambiar el Congreso?

    Entender que las mujeres pueden y deben ocupar puestos de liderazgo como parte de su derecho a participar plenamente de la vida social, política y económica es un proceso en construcción. Por eso es importante no retroceder en los avances que se han logrado y responder a los argumentos falaces con que se trata de detener el proceso.

    1. ¿Por qué es bueno que haya más mujeres en cargos políticos? ¿Es bueno para las mujeres, o es bueno para la democracia?

    Asegurar la diversidad en la integración de los cargos públicos, y en particular en el Legislativo que es el ámbito deliberativo por excelencia, mejora la calidad del debate público y fortalece los valores de la democracia.

    La experiencia nos indica que en muchos casos –aunque ciertamente no en todos- han sido las mujeres quienes impulsaron políticas de igualdad, leyes contra la violencia de género y políticas para garantizar los derechos sexuales y reproductivos, entre tantos otros avances de las últimas décadas. Sin embargo no es esa la razón por la cual ha de promoverse a las mujeres a espacios de poder, ni tampoco deberían ser las mujeres las únicas responsables de promover la igualdad de género. Esta es una obligación derivada del compromiso auténtico con la democracia y los derechos humanos, y en tanto que tal debemos exigirla de todas las personas que ejercen poder en el ámbito que sea.

    Sin embargo, las estructuras partidarias siguen siendo en general poco abiertas a las mujeres. Es interesante preguntarse porqué. ¿Es por efecto de los estereotipos que afectan a las mujeres? ¿O porque esas estructuras son parte de un sistema que concentra el poder en pocas y siempre en las mismas manos? Porque lo cierto es que no solo las mujeres están excluidas de los espacios de poder: la falta de diversidad no tiene que ver solamente con el género.

    La paridad es un compromiso ético y político que parte de la convicción de que las mujeres deben estar presentes en los espacios de representación política porque eso es bueno no solo para las mujeres sino también para la democracia. El intercambio de ideas propio de todo proceso democrático se enriquece con la diversidad de miradas que aportan personas con distintas trayectorias y experiencias.

    A partir de esta convicción se conformó en Canadá un gabinete paritario: no porque así lo dispusiera ley sino porque eso es lo que demanda una sociedad moderna, integrada e igualitaria. “Porque estamos en 2015” fue la justificación espontánea de Justin Trudeau, el Primer Ministro canadiense, en la conferencia de prensa que siguió a la presentación de un gabinete que reflejaba la diversidad de Canadá más allá del género, ya que incluía a varones y mujeres, personas con discapacidad y personas de distinto origen étnico y distintas orientaciones sexuales.

    Hacia esa convicción debemos ir en Argentina y en América Latina.

    1. ¿Cuánto trabajo le insumió a la sociedad civil lograr que el tema fuera tratado y que la ley de paridad fuera aprobada?

    En América Latina varios países avanzaron antes que Argentina en la regulación legal de la paridad en los espacios legislativos. Tales son los casos de Bolivia, Costa Rica, Ecuador, México y Nicaragua. Los consensos regionales que surgen de las Conferencias Regionales sobre la Mujer de América Latina y el Caribe hace ya varios años que promueven las políticas de paridad como un compromiso ético y político que mejora la calidad de la democracia.

    En Argentina ya antes de 2015 había en el Congreso varios proyectos de ley que buscaban avanzar hacia la paridad. Así, cuando el Ejecutivo planteó la reforma electoral, muchas mujeres y algunos varones referentes de todas las fuerzas políticas se unieron para apoyar una propuesta ampliamente superadora del proyecto oficialista. Es importante destacar la colaboración de mujeres del oficialismo y la oposición, que trabajaron articuladamente entre ellas y con las organizaciones de la sociedad civil, el movimiento de mujeres y las feministas con un objetivo común. Las organizaciones de mujeres, académicas y de derechos humanos acompañamos el reclamo a través de la campaña #MujeresALaPolítica.

    Entre las estrategias que utilizamos para contribuir a instalar y sostener el tema en la agenda pública se cuentan la organización y participación en mesas de debate, la elaboración y difusión de estudios sobre el impacto de las mujeres en la política, la publicación de notas de prensa y artículos de opinión, la generación de espacios de intercambio permanente con mujeres de las diversas fuerzas políticas y las campañas en las redes sociales y en la vía pública.

    Así se logró avanzar en un dictamen conjunto que incluyó el principio de paridad en la reforma electoral que había presentado el Poder Ejecutivo, que la Cámara de Diputados aprobó en octubre de 2016. Al mismo tiempo avanzó y logró media sanción un proyecto independiente que buscaba incorporar el principio de paridad en el Código Nacional Electoral, y que fue aprobado por la Cámara de Senadores el mismo día de octubre de 2016. De ese modo se terminó ese año legislativo con dos proyectos de ley de objetivos similares: incorporar el principio de paridad en el Código Electoral. Paradójicamente, ninguna de las cámaras trató el proyecto iniciado en la otra, y ninguno de ellos logró convertirse en ley.

    En ese situación se inició el año legislativo de 2017. Ese año, diputadas del gobierno y la oposición asumieron el compromiso público de avanzar en la sanción del proyecto que ya tenía media sanción del Senado. Esto se hizo realidad, finalmente, en la última sesión ordinaria del Congreso, nuevamente gracias a la articulación inteligente de las mujeres de distintas fuerzas políticas. Una vez colocado el proyecto en el temario, la enorme mayoría de la Cámara acompañó la sanción de la ley.

    1. ¿El trabajo de ustedes ha terminado aquí, o anticipan que habrá problemas de implementación que tendrán que monitorear?

    No, el trabajo no termina aquí. La aprobación de una ley no es un punto de llegada sino el punto de partida de otro proceso complejo para garantizar su aplicación. Tal como sucedió cuando se reformó el Código Nacional Electoral para incluir el cupo femenino en los años ‘90, también en esta oportunidad los próximos años serán fundamentales para garantizar una adecuada reglamentación y aplicación del principio de paridad. Deberemos estar muy atentas a que la justicia electoral cumpla con su función de contralor. La provincia de Buenos Aires ya nos recordó la necesidad de mantener una mirada atenta sobre la implementación de los logros normativos, cuando la autoridad electoral emitió una resolución para eludir la aplicación de la ley de paridad que ya regía en la provincia. Contra esa resolución presentamos un recurso que todavía no ha sido satisfactoriamente resuelto.

    1. ¿Se ha vuelto más inclusiva la democracia argentina en los últimos años? ¿Hay perspectivas de progreso en esa dirección?

    La ciudadanía se ha vuelto más exigente con la democracia, y eso es muy positivo. Un proceso democrático no solo requiere que se respeten la formalidad de la votación cada dos años. Una democracia robusta requiere debates informados, acceso a la información, procesos de discusión con la participación más amplia posible. Y sí, también requiere la inclusión de la diversidad, y no solamente en términos de género.

    Avanzar en equidad de género requiere ir transformando la cultura y ese es un proceso lento que requiere consolidarse a lo largo del tiempo. En ese camino, contar con modelos de rol permite a una nueva generación de niñas y jóvenes verse en espejos distintos y proyectarse en una mayor variedad de posibilidades. Al mismo tiempo, ayuda a los varones valorar las capacidades de las mujeres con una mirada más igualitaria.

    Claro que para sostener ese proceso es imprescindible revisar atentamente los mensajes que los medios de comunicación contribuyen a modelar y difunden. Y también debe enfatizarse la corresponsabilidad en el cuidado, no solo de niños y niñas sino también de personas adultas mayores y de todas las personas en situación de dependencia. Este debe ser asumido por mujeres y varones en condiciones de igualdad, con políticas publicas adecuadas para reducir su impacto en términos no solamente de género sino también socioeconómicos. Ignorar este tema impacta no solo en la igualdad y el acceso equitativo al poder, sino también sobre el empleo y demás condiciones para el ejercicio de la autonomía.

    Espero que la incorporación del principio de paridad en el ámbito legislativo permita avanzar en la concreción del compromiso igualitario que da sustento a nuestra democracia. Además, espero que permita acercar al espacio de representación de los intereses del pueblo un reflejo más fiel de sí mismo, al tiempo que contribuya a establecer una conversación sobre la participación de las mujeres en otros espacios de decisión. En definitiva, la paridad de género se plantea como un principio rector de la democratización de las relaciones sociales entre los géneros.

     

     

    El espacio cívico en Argentina es clasificado como ‘estrecho’ por elCIVICUS Monitor.

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  • Ahora que estamos juntas, ahora que sí nos ven: El debate por la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo en Argentina

    Por María Alicia Gutiérrez, docente e investigadora de la Universidad de Buenos Aires (UBA) e integrante de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito

     

  • ARGENTINA: ‘Change is inevitable. It is just a matter of time’

    Twitter: Edurne Cárdenas

    In 2018, after years of civil society efforts, Argentina’s congress discussed an initiative to legalise abortion for the first time. While the ban on abortion in most cases remains, those campaigning for reform believe the debate has progressed. CIVICUS speaks about the campaign to Edurne Cárdenas, a lawyer with the international team of the Centre for Legal and Social Studies (CELS),an Argentine human rights organisation. CELS was founded in 1979, during Argentina’s military dictatorship, to promote human rights, justice and social inclusion. In its early years, CELS fought for truth and justice for the crimes committed under state terrorism, before expanding its agenda to include human rights violations committed under democracy, their structural causes and their relationship to social inequality. CELS advances its agenda through research, campaigning, alliances with others in civil society, public policy advocacy and strategic litigation in both national and international forums.

    When did CELS, a classic human rights organisation, start working on sexual and reproductive rights, and why?

    CELS has had great capacity to work in tune with the times and therefore to enrich its agenda progressively, always in alliance with social movements and other organisations. The idea of women’s rights as human rights was explicitly articulated at the 1993 Vienna Conference on Human Rights. In the mid-1990s, and more precisely in 1996 I believe, the CELS annual report included contributions by women’s rights activists on reproductive rights. Over the following years, often in partnership with other organisations, CELS took part in submissions to human rights bodies: for instance, in 2004 we contributed to a shadow report submitted to the United Nations’ Committee on the Elimination of Discrimination against Women (CEDAW). The National Campaign for the Right to Legal, Safe and Free Abortion was formed in 2005 and CELS joined in 2012. Shortly after those first articles were published in our annual report, our concerns about human rights violations gradually widened to encompass access to non-punishable abortions, as they are referred to in the Criminal Code - abortions that can be performed legally when the woman’s life or health are in danger or if the pregnancy in question is the product of rape. The issue was also incorporated as a result of the sustained work of feminist activists within our organisation.

    In sum, CELS works on this issue because we understand that the criminalisation of abortion has a negative impact on the enjoyment of human rights by women. CELS’ key contribution was to place the abortion debate within the human rights sphere and to put into circulation human rights arguments to feed debate around the issue. CELS does not specialise in health issues, but we work in partnership with other organisations that examine the problem from that angle. From our point of view, this is an issue in which freedom and equality are at stake, and that is cross-cut by another theme - institutional violence - that was historically central to our work.

    In 2018 the debate over legal abortion progressed in Argentina more than ever before, but not far enough for legal change to happen. What lessons do you draw from this experience?

    In 2018, for the first time ever, an initiative to legalise abortion was debated in Congress. It was the seventh time that an initiative of this nature was introduced, and it was drafted and promoted by the National Campaign for the Right to Legal, Safe and Free Abortion. This is a network bringing together more than 500 organisations that form the women’s movement; it is well coordinated, horizontal and has 13 years of experience in this struggle. Before 2018, initiatives had not progressed, even within the congressional committees that had to issue an opinion to allow for debate to proceed to the full house. Argentina has a tradition of highly mobilised feminism and, since 2015, the campaign has had a lot of street presence and has made a clear demand for legal abortion. 2018 began with a novelty: in his opening speech of that year’s legislative session, the president raised the issue, which alongside feminist pressure enabled parliamentary debate. This was absolutely unprecedented. Regrettably, after being passed by the House of Representatives - the lower house - in June 2018, the initiative to legalise abortion was rejected by the Senate in August.

    The whole process was led by the women's movement. All other movements and organisations aligned behind their leadership. In the House, the initiative succeeded because the strategy was multi-partisan and diverse, there was strong social movement participation and street pressure made itself heard. In the Senate, a more conservative chamber, additional work was required. Our alliances failed us, as we couldn’t make them as cross-cutting as they were in the House. A question that remains on the table, then, is how to reach out to the most conservative chamber of Congress with a demand that must necessarily be processed through it.

    In addition, the defeat in the Senate made it clear that we need to work more to understand and counter the ‘post-truth’ discourse of our opponents. We are seeing conservative advances that put institutional quality, and ultimately democratic institutions, at risk. What was interesting in the process was that all citizens were able to find out and take note of what their representatives think and how they vote.

    The results of this particular struggle could be called bittersweet. How much of a defeat, and how much of a victory were they, and why?

    The pictures of disappointment on 9 August 2018, when the Senate rejected the initiative, do not tell the whole story. When we take stock, the list of what we won is much longer than the list of what we lost. Losses of course include a missed opportunity - but we only missed one opportunity, that of 2018, because I really believe that change is inevitable, and it is just a matter of time. I do not know if it will happen in 2019, but it will eventually. But one thing does need to happen in 2019: with elections due, all the issues that were put on the table during this process have to be part of the presidential campaign agenda.

    We undoubtedly gained in terms of mass participation and public presence - both in the streets and in public opinion. In 2018 abortion was discussed like never before, so silences and taboos broke. But the process also had a negative side effect: because the issue that was placed on the agenda was so divisive, and mobilisation became so massive and acquired such centrality on the political scene, a strong reaction from the most conservative sectors ensued. These sectors gained a level of organisation and visibility that they did not have in the past.

    As these conservative voices emerged, the debate on abortion rights also brought back into the discussion some things that we thought were long settled and part of a basic, untouchable consensus. These sectors began to say out loud certain things that they wouldn’t have dared say only a few years ago. Such was the case with the campaign ‘Do not mess with my children’ (Con mis hijos no te metas), against the implementation of the law mandating comprehensive sex education, which called into question the role of the state in education.

    What role did CELS play in the legalisation campaign?

    Throughout the process, the women’s movement’s leadership, and that of the National Campaign for the Right to Legal, Safe and Free Abortion, was undisputable. As a member of the Campaign, and alongside other human rights organisations, CELS made an important contribution in terms of organisation, coordination and argumentation.

    Our history and experience give CELS much legitimacy. The fact that CELS speaks about abortion can make a difference when it comes to reaching broader audiences. Starting in 2014, when it seemed likely that the legalisation initiative would eventually be discussed in congressional committees, CELS began putting together input for the legislative debate, by revising jurisprudence and current standards and providing a justification as to why the debate on abortion had to be carried out from a human rights perspective.

    At the same time, CELS participated as amicus curiae - friend of the court - in various court cases. Although we think that our ultimate goal, and the only one compatible with the recognition of women’s autonomy as full subjects of rights, is the legalisation of abortion, we have deemed it necessary to ensure in the meantime that the abortions that are already legal can be performed effectively, along the lines established for non-punishable abortions. In 2012, in its ruling in the F.A.L. case, the Supreme Court made very clear the conditions under which legal abortions can be performed and the obligations that this confers on the state. This ruling reflected the great work done by women’s rights and human rights movements on the streets, in hospitals, in academia and in the courts. But nonetheless, access remains very uneven, and even in more ‘advanced’ provinces barriers to legal abortions still exist. To a large extent, this reflects the structural limitations of a system that establishes a restrictive set of grounds allowing abortions, which inevitably fails because it depends on someone certifying the presence of those grounds. In addition, the current system ignores the most important among all possible grounds for abortion: the pregnant person’s will. This is precisely what the bill that was passed by the House put in the spotlight.

    During the 2018 debate, CELS made several presentations in support of the initiative at public hearings in both houses of Congress. Our executive director and I presented at the House of Representatives - significantly, both at the opening and the closing of the debate - and our litigation director spoke at the Senate. At the beginning of the debate, we issued a publication that was endorsed by a large part of the women’s movement, feminists and organisations alike, with arguments, legislation and jurisprudence, to bring clear information to legislators.

    We were also present on the streets, not only sharing the vigils that were held during the voting sessions, but also in organising, providing support and coordinating with the women's movement, with the other organisations within the Campaign for Legal Abortion and with high school students, health professionals and other mobilised groups. This coordination and the sustained presence of the movement on the streets were what made the difference during 2018. Finally, we defended the freedom of expression and the right to peaceful assembly, since throughout this process the groups mobilised against legal abortion perpetrated various acts of violence against legalisation activists.

    You have repeatedly mentioned the existence of anti-rights groups. Do you think these groups are on the rise? If so, what can progressive civil society do to protect the rights already conquered and keep moving forward?

    Anti-rights groups have indeed grown and are organised under a common umbrella, against what they call ‘gender ideology’. They saw this debate as an opportunity to organise like never before. Now they are more numerous: there used to be groups linked to the Catholic Church, but now there are also numerous groups with links to evangelical churches, well-organised and well-funded, alongside other groups that are not necessarily faith-based. Their presence demands our attention because their goals run against the rights of a large part of the population, as they seek to limit access to rights by children, women, lesbians, gays, transvestites and trans people. They are appearing throughout Latin America and their existence also raises questions about their alliances and goals: how and when did they arrive in Argentina? What are their demands? How far are they willing to go? We have seen that behind their ‘no to abortion’ they bring along a broader agenda that is linked to their rejection of so-called ‘gender ideology’, sexual education in schools, even vaccination, and who knows what else.

    The progressive movement needs to think of a strategy to face them. The strength of the human rights movement is our use of creativity and the strategy of reason. On the other hand, what anti-rights movements do is mirror the strategies of the human rights movement. Now, although creativity and innovation give us an advantage, the anti-rights movement is making us waste our time discussing things we thought were long settled. To top it all, what we get into is not even an honest discussion, since the statements they make and even the data they use do not withstand the slightest fact check. The result is not actual debate - that is, a genuine exchange of arguments and reasons. Still, we have no alternative but to respond. So, when we engage in such ‘debate’, we do not really discuss with them or try to convince them, but we share our reasoning before an audience, in order to try and convince that audience. We take advantage of that simulation of a debate to make our point before public opinion. For this task, social media are key, although they have clearly been a double-edged sword. In fact, it was during this debate that we were able to see first-hand the way so-called ‘fake news’ operates, particularly when they find an echo in influential voices outside social media, who disseminate them elsewhere. It so happened, for instance, that totally fake data found on social media were quoted by legislators during the congressional debate. In that area, there is a lot of work for us to do.

    Leading the debate agenda is one of the challenges that our movements face. To do this, we need to always be a step ahead in the discussion. We should not ‘debate’ with the anti-rights groups but speak to larger audiences and engage in discussion with elected representatives, whose obligation it is to pass laws for our common good and to ensure the state’s compliance with its obligation to enforce human rights. The debate over the legalisation of abortion was a spearhead to think about other issues. The system of limited grounds for legal abortion, similar to the one that has just been adopted in Chile, has been in place in Argentina since 1921. The transition from a system of grounds to a system of deadlines requires a simple legislative decision to amend the Criminal Code. Why such big fuss then? Because this debate puts other discussions on the table, including what we think the role of women is, what the role of the state should be, to what extent and regarding what issues the state should get involved - and this is where conservative sectors exhibit their contradictions: they want the state to get inside your bed to criminalise your behaviour, but when it comes to education or vaccination, they want it not to interfere.

    We cannot stay on the defensive. We need to go on the offensive and place secularism and the role of the state on the agenda. And we are forced to do so in a very regressive sub-regional context. Brazil, our biggest neighbour and partner, has just elected a president who is committed to advancing the agenda of its powerful evangelical caucus and who has just appointed to lead the Ministry of Human Rights an evangelic minister who says that women are born to be mothers.

    Civic space in Argentina is rated as ‘narrowed’ by theCIVICUS Monitor.

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  • ARGENTINA: ‘El cambio es inevitable, es solo una cuestión de tiempo’

    Twitter: Edurne Cárdenas

    En 2018, tras años de esfuerzos de la sociedad civil, el Congreso argentino por primera vez debatió un proyecto de legalización del aborto. Aunque la prohibición, excepto en algunas circunstancias específicas, sigue en pie, los actores pro-legalización consideran que el debate ha progresado.CIVICUSconversa sobre la campaña con Edurne Cárdenas, abogada del equipo internacional del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS),una organización de derechos humanos de Argentina. El CELS fue fundado en 1979, durante la dictadura militar, para promover los derechos humanos, la justicia y la inclusión social. En sus primeros años, el CELS luchó por la verdad y la justicia ante los crímenes del terrorismo de estado, para luego ampliar su agenda para incluir las violaciones de derechos humanos cometidas bajo la democracia, sus causas estructurales y su relación con la desigualdad social. CELS promueve su agenda a través de investigaciones, campañas, alianzas con otros actores de la sociedad civil, incidencia y políticas públicas y litigio estratégico en foros nacionales e internacionales.

    ¿Cuándo comenzó el CELS, una organización clásica de derechos humanos, a trabajar sobre derechos sexuales y reproductivos, y por qué?

    El CELS ha tenido una gran capacidad para trabajar en la época que le ha tocado y, en consecuencia, para enriquecer su agenda, siempre actúa en alianza con movimientos sociales y otras organizaciones. En la Conferencia de Viena sobre Derechos Humanos, en 1993, se articuló explícitamente la idea los derechos de las mujeres como derechos humanos. A mediados de los ’90, creo que más precisamente en 1996, el informe anual del CELS incluyó contribuciones de activistas del movimiento de mujeres acerca de los derechos reproductivos. En los años siguientes, muchas veces en alianza con otras organizaciones, el CELS participó en presentaciones ante órganos internacionales de protección: por ejemplo, en 2004 contribuyó a un informe sombra ante el Comité de las Naciones Unidas para la eliminación de la discriminación contra la mujer (CEDAW). La Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito se formó en 2005 y el CELS pasó a integrarla en 2012. Poco después de esos primeros artículos en el informe anual, se incorporó de forma paulatina a nuestras preocupaciones sobre las violaciones de derechos humanos el acceso a los abortos no punibles, como los denomina el Código Penal, es decir, abortos que son legales si peligra la vida o la salud de la mujer o si el embarazo es producto de una violación. La temática también se instaló a partir del gran trabajo militante de activistas feministas al interior de la organización.

    En suma, si el CELS trabaja sobre este tema es porque entiende que la penalización del aborto impacta de forma negativa en el goce de las mujeres de sus derechos humanos. El aporte central del CELS fue inscribir el debate del aborto dentro del paradigma de los derechos humanos y poner en circulación argumentos de derechos humanos para alimentar el cuerpo argumental de la cuestión. El CELS no se especializa en salud, pero trabaja en alianza con otras que examinan el problema desde ese ángulo. Desde nuestro punto de vista, se trata de un tema en el que está en juego la libertad y la igualdad, cruzado por otras cuestiones que históricamente han sido centrales en nuestro trabajo: la violencia institucional.

     

    El debate por la legalización del aborto avanzó más que nunca en Argentina durante 2018, pero no alcanzó para que la ley se aprobara. ¿Qué lecciones extraes de esta experiencia?

    En 2018 por primera vez se trató en el Congreso una iniciativa para legalizar el aborto. Fue la séptima vez que se presentó una iniciativa de estas características y se trató de un proyecto promovido y redactado por la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito, que nuclea a más de 500 organizaciones del movimiento de mujeres, articulada, horizontal y con 13 años en esta lucha. Antes de 2018, los proyectos no habían avanzado ni siquiera en las comisiones que deben dar dictamen para que se trate en el recinto. La Argentina tiene ya una tradición de feminismo muy movilizado y, desde 2015, con mucha presencia en las calles y una demanda clara de aborto legal. Este año empezó con una novedad: en su discurso de apertura de las sesiones legislativas, el presidente de la Nación hizo mención al tema, con lo cual, gracias a la presión de la agenda feminista, habilitó el debate parlamentario. Fue algo absolutamente inédito. Lamentablemente, luego de recibir media sanción en Diputados en junio de 2018, la iniciativa fue rechazada por el Senado en agosto.

    El proceso estuvo liderado por el movimiento de mujeres. Todos los otros movimientos y organizaciones nos integramos detrás de ese liderazgo. En Diputados la estrategia fue exitosa porque fue multipartidaria y diversa, la participación de los movimientos fue fuerte y la influencia de la calle se hizo sentir. En el Senado, la cámara más conservadora, hizo falta más trabajo. Allí nos fallaron las alianzas, que no lograron replicar la transversalidad que hubo en Diputados. Una pregunta que quedó planteada, entonces, fue cómo llegar a la cámara más conservadora con un reclamo que necesariamente debe pasar por allí.

    Además, lo que la derrota en el Senado dejó en evidencia fue que tenemos que trabajar más para entender y contrarrestar el discurso de posverdad nuestros adversarios. Estamos viendo una avanzada conservadora que pone en riesgo la calidad institucional y, en última instancia, la institucionalidad democrática. Lo que fue interesante es que toda la ciudadanía pudo enterarse y tomar nota de qué piensan y cómo votan sus representantes.

    Podría decirse que los resultados de esta batalla han sido agridulces. ¿Cuánto hubo en ellos de derrota y cuánto de victoria, y por qué?

    La postal de desilusión del 9 de agosto, cuando el Senado votó en contra, es una imagen muy parcial del proceso. En nuestro balance, la lista de lo que ganamos es mucho más larga que la lista de lo que perdimos. Entre lo perdido está por supuesto esta oportunidad -pero solo esta, la de 2018, porque realmente creo que el cambio es inevitable y es solo una cuestión de tiempo. No sé si el año en 2019, pero en algún momento va a ocurrir. Y lo que sí creo que tiene que pasar en 2019 es que, tratándose de un año electoral, todos los temas que se pusieron sobre la mesa durante este proceso deben ser parte de la agenda de la campaña presidencial.

    Lo que ganamos, sin duda, fue masividad y presencia en el espacio público –tanto en la calle como en la opinión. Este año se discutió sobre el aborto como nunca antes, se quebraron silencios y tabúes. Pero el proceso tuvo un subproducto negativo: al poner en la agenda un tema divisivo, al volverse la movilización tan masiva y adquirir tal centralidad en la escena política, generó una fuerte reacción de los sectores más conservadores. Estos sectores se organizaron y también ganaron una visibilidad que antes no tenían.

    Con la emergencia de estos actores, el debate por el derecho al aborto puso en discusión algunas cosas que creíamos que eran consensos básicos intocables. Pero algunos sectores comenzaron a decir en voz alta cosas que hace pocos años no estaban bien vistas. Así, por ejemplo, la campaña “Con mis hijos no te metas”, contra la ley de educación sexual integral, puso en cuestión el rol del Estado en la educación.

    ¿Qué rol desempeñó el CELS en la campaña por la legalización del aborto?

    El liderazgo indiscutido en todo el proceso fue del movimiento de mujeres, y específicamente de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito. El CELS es parte de la Campaña, pero junto a otras organizaciones de derechos humanos hicimos específicamente un aporte importante de organización, articulación y argumentación.

    Por su trayectoria, el CELS es una organización con mucha legitimidad. Que el CELS hable de aborto puede marcar la diferencia a la hora de llegar a audiencias más amplias. Ya desde 2014, cuando pareció que el proyecto de legalización podía tratarse en comisión, el CELS comenzó a elaborar insumos para el debate legislativo, con una revisión de la jurisprudencia y los estándares vigentes y, en suma, la justificación de por qué el debate sobre el aborto tenía que darse en clave de derechos humanos.

    Al mismo tiempo, el CELS ha participado en distintas causas judiciales en calidad de amigo del tribunal. Aunque consideramos que el objetivo último, y el único compatible con el reconocimiento de la autonomía de las mujeres como sujetos plenos de derecho, es la legalización del aborto, hemos considerado necesario entretanto asegurar que puedan realizarse los abortos que ya son legales, según las causales para abortos no punibles. En 2012, en su fallo en el caso F.A.L., la Corte Suprema clarificó sin lugar a dudas las causas permitidas para acceder a un aborto de forma legal y las obligaciones del Estado en consecuencia. Este hecho reflejó el gran trabajo realizado por los movimientos de mujeres y de derechos humanos en las calles, en los hospitales, en la academia, en los tribunales. Pero el acceso es muy desigual, y aún en provincias “de avanzada” sigue habiendo barreras para el acceso a abortos legales. En gran medida eso refleja la limitación estructural del sistema de causales, que fracasa porque depende de que alguien certifique esas causales. Además de que el sistema de causales descarta de entre las posibles causales a la más importante: la voluntad de la persona embarazada. Esto es lo que puso en primer plano el proyecto de ley que aprobó la Cámara de Diputados.

    Durante el debate de 2018, el CELS hizo varias presentaciones en las audiencias públicas en ambas cámaras del Congreso, en apoyo del proyecto. El director ejecutivo y yo expusimos en Diputados – significativamente, tanto en la apertura como en el cierre del debate – y nuestro director de litigio expuso en el Senado. Editamos al momento del comienzo del debate una publicación que suscribió gran parte del arco del movimiento de mujeres, feminista y organizaciones con argumentos, legislación y jurisprudencia, para acercar información clara a los y las representantes de ambas cámaras.

    También estuvimos presentes en las calles, no solamente en las vigilias durante las sesiones de votación, sino también en la organización, dando apoyo y coordinando con el movimiento de mujeres, las otras organizaciones de la Campaña por el Aborto Legal, las estudiantes secundarias, profesionales de la salud y otros actores movilizados. Esta articulación y la presencia sostenida del movimiento en las calles fueron lo que marcó la diferencia durante 2018. Finalmente, nos manifestamos enérgicamente por la libertad de expresión y el derecho de manifestación, ya que a lo largo de este proceso se produjeron diversos actos de violencia contra activistas por la legalización por parte de grupos movilizados en contra.

     

    Has mencionado varias veces la oposición de los grupos anti-derechos ¿Crees que estos grupos están en ascenso? De ser así, ¿qué debería hacer la sociedad civil progresista para proteger los derechos ganados y seguir avanzando?

    Los grupos anti-derechos efectivamente han crecido y se organizan bajo un paraguas en común contra lo que llaman “ideología de género”. Este debate fue para ellos una oportunidad para organizarse como nunca antes. Ahora son más: antes eran solamente grupos vinculados con la Iglesia católica, y ahora hay también numerosos grupos de iglesias evangélicas, bien organizados y bien financiados, así como otros grupos no necesariamente religiosos. Su presencia nos demanda atención porque sus objetivos van contra los derechos de buena parte de la población, ya que buscan limitar el acceso a derechos de la infancia, de mujeres, lesbianas, gays, travestis, personas trans. Están aterrizando en toda América Latina y su presencia nos plantea interrogantes sobre sus alianzas y fines. ¿Cómo y cuándo llegaron a la Argentina? ¿Cuáles son sus demandas, hasta dónde están dispuestos a llegar? Hemos visto que detrás del “no al aborto” traen una agenda más amplia, relacionada con el rechazo de lo que llaman “ideología de género”, de la educación sexual en las escuelas, hasta de las vacunas, y quién sabe de qué más.

    El movimiento progresista necesita pensar una estrategia para enfrentarlos. La fortaleza del movimiento de derechos humanos es el uso de la creatividad y de la estrategia de la razón. En cambio, lo que hacen los movimientos anti-derechos es copiar en espejo las estrategias del movimiento de derechos humanos. Ahora bien, aunque corremos con la ventaja de la creatividad y la innovación, el movimiento anti-derechos nos está haciendo perder el tiempo discutiendo cosas que creíamos que estaban saldadas. Para colmo no es ni siquiera una discusión honesta, ya que las afirmaciones que hacen e incluso los datos que utilizan no resisten el menor chequeo. Lo que resulta de esto no es un debate, es decir, un auténtico intercambio de argumentos y razones. Pero así y todo no tenemos otra alternativa que responder. De modo que cuando “debatimos”, en realidad no debatimos con ellos ni para tratar de convencerlos a ellos, sino que lo hacemos ante una audiencia, para convencer a esa audiencia. Usamos ese simulacro de debate para levantar nuestros principios ante la opinión pública. En esto, las redes sociales han sido clave, aunque también han sido un arma de doble filo. De hecho, fue en este debate donde pudimos ver de primera mano el funcionamiento de las “fake news” (noticias falsas), sobre todo cuando las recogen actores de peso fuera de las redes y las llevan a otros terrenos. Pasó, por ejemplo, que datos totalmente falsos tomados de las redes fueron citados por legisladores en el debate parlamentario. En ese terreno tenemos mucho por hacer.

    Un desafío para nuestros movimientos es liderar la agenda de los debates. Esto nos plantea la necesidad de estar un paso adelante en la discusión. Nosotros no debemos “debatir” con los grupos anti-derechos, sino hablar para las grandes audiencias y debatir con los representantes elegidos por el pueblo, que son quienes tienen la obligación de sancionar leyes en nuestro beneficio y de cumplir con la obligación del Estado de garantizar al goce de los derechos humanos. El debate por la legalización del aborto fue una punta de lanza para pensar otras cuestiones. El sistema de causales para el aborto legal, similar al que se acaba de aprobar en Chile, existe en Argentina desde 1921. El paso de un sistema de causales a un sistema de plazos requiere de una simple decisión legislativa de modificación del Código Penal. ¿Por qué tanto revuelo entonces? Porque este debate pone en primer plano otras discusiones: cuál creemos que deba ser el rol de las mujeres y las personas gestantes, cuál debe ser el rol del Estado, hasta dónde y en qué cosas se mete… y ahí es donde saltan las contradicciones de los sectores conservadores, que quieren que el Estado se meta hasta en tu cama para penalizar, pero que a la hora de educar o de vacunar mejor no se meta.

    No podemos quedarnos a la defensiva, tenemos que ir a la ofensiva e instalar la cuestión de la laicidad y plantear el rol del Estado. Y debemos hacerlo en un contexto subregional regresivo. Brasil, nuestro gran vecino y principal socio, acaba de elegir un presidente que está alineado con la agenda de su poderosa bancada evangélica y que acaba de designar como Ministra de Derechos Humanos a una pastora evangélica que dice que la mujer nace para ser madre.

    El espacio cívico en Argentina es clasificado como ‘estrecho’ por elCIVICUS Monitor.

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  • Argentina: Informe de Diálogo sobre Democracia: 27 de agosto de 2018

    Diálogo sobre Democracia convocado por la Lic. Gabriela Boada y organizado por el Centro Cultural de la Cooperación Floreal Gorini y la Asociación Pablo Besson. Buenos Aires, 27 de agosto de 2018.

     

  • Argentina: Un desafío para la sociedad civil en pleno

    Por Pablo Secchi y Karina Kalpschtrej, Poder Ciudadano (Argentina)

     

  • Construyendo juntos un mejor entorno habilitante para todas las organizaciones sociales en el mundo

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    Con motivo de los25 años de CIVICUS,RACI:la Red Argentina de Cooperación Internacional queremos,explica de qué manera el ser parte de CIVICUS - Alianza Mundial para la participación ciudadana – permitecconstruir juntos un mejor entorno habilitante para todas las organizaciones sociales en el mundo.

    “RACI se une, con mucha alegría, a la celebración del vigésimo quinto aniversario de CIVICUS. Desde la Red Argentina de Cooperación Internacional queremos desearle un feliz cumpleaños a CIVICUS y esperamos que vengan otros veinticinco años más.

     

  • G20: ‘El activismo global debe reconectarse con las experiencias reales de la gente en los territorios’

    Corina Rodriguez EnriquezEn diciembre de 2018 miles de personas marcharon contra las políticas neoliberales en Buenos Aires, Argentina, mientras se celebraba la Cumbre de Jefes de Estado del G20. Tanto durante la cumbre como en el proceso que la antecedió, la sociedad civil argentina, latinoamericana y global hizo uso tanto de los espacios institucionales de participación como de acciones autónomas y protestas callejeras para hacer oír su descontento.CIVICUSconversa sobre las acciones en torno del G20 con Corina Rodríguez Enríquez, economista e investigadora argentina e integrante delComité Ejecutivo de Development Alternatives with Women for a New Era (DAWN), una red de feministas del sur global que trabaja por la justicia económica, ecológica y de género, así como por el desarrollo democrático ysostenible.

    ¿Quiénes salieron a protestar contra la cumbre del G20 en Argentina, y qué tácticas utilizaron?

    Las acciones de protesta callejera durante el G20 no fueron un evento aislado, sino que estuvieron en continuidad con las reacciones que generó la reunión de la Organización Mundial de Comercio (OMC) que también se realizó en Argentina el año anterior. No se organizaron específicamente ante el G20 sino que son parte de un proceso de resistencia más amplio protagonizado por una articulación de organizaciones sociales que lleva la voz contra el proceso de globalización financiera. Yo formo parte de una organización feminista del sur global, DAWN, y por lo tanto estuve involucrada sobre todo en el trabajo desde lo que llamamos el Foro Feminista, un subgrupo dentro de esta articulación de organizaciones. Lo que se organizó en ocasión del G20 fue muy similar a lo que se había hecho ante la OMC, una semana de acciones que inicialmente se pensaron como acciones ante al G20 pero terminaron siendo acciones contra el G20. Hubo distintas clases de acciones e intervenciones. Desde el Foro Feminista aprovechamos el contexto para tener una jornada específica de formación en economía feminista, así que entre otras cosas DAWN lideró la Escuela de Economía Feminista. Hubo un par de días en que se organizaron jornadas de debate más académico, las cuales funcionaron en la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires. Hubo mesas sobre los diversos temas que se discuten en estos espacios multilaterales, desde extractivismo hasta economía digital. Y luego hubo un par de jornadas de acciones más callejeras: la primera fue un día completo de debates y paneles en carpas montadas en la calle, una de las cuales fue la del Foro Feminista. Allí hicimos un conversatorio, un tribunal donde se presentaron casos de violaciones de derechos humanos por parte de empresas trasnacionales, y una asamblea del Foro Feminista para discutir estrategias y perspectivas. El tribunal es una forma de manifestación pública similar a la que realiza la Alianza Global por el tratado vinculante sobre empresas transnacionales y derechos humanos: un espacio donde se expone la denuncia y se deja claramente en evidencia lo que la justicia debería hacer al respecto.

    El último día de la semana, cuando ya estaba en curso la cumbre del G20, se hizo la marcha de protesta, en un contexto bastante restrictivo, ya que el gobierno argentino, que presidía la reunión, había militarizado la ciudad de Buenos Aires y establecido una zona de exclusión, con lo cual la marcha transcurrió bastante lejos de donde se estaba haciendo la cumbre.

    En términos muy generales, las consignas de la semana de acción se centraron en la denuncia de las implicancias para los derechos humanos del tipo de políticas que promueven los gobiernos de los países que integran el G20, y fundamentalmente los efectos de las decisiones del capital concentrado y las acciones de las empresas multinacionales en los territorios. Denunciamos que la actual dinámica global conduce a un aumento escandaloso de las desigualdades y a la permanente violación de los derechos humanos, con evidencias de casos concretos, muchos de ellos vinculados a las acciones de empresas extractivas. El otro gran mensaje es el de la resistencia: tenemos que resistir colectivamente las políticas que están impulsando los países que forman el G20 y construir colectivamente otra economía y otra sociedad.

    ¿Fueron protestas de organizaciones y movimientos sociales locales, o se trató de una protesta auténticamente global?

    La resistencia es global. Si bien en el caso de Argentina la participación de organizaciones y activistas del exterior fue mayor durante la reunión de la OMC que cuando se hizo la del G20, yo lo atribuyo más bien al hecho de que el G20 involucra a menos cantidad de países. Además, el G20 no está en el radar, y por lo tanto en la agenda, de tantas organizaciones, no solo en Argentina sino también en la región y en el mundo. Pero la coalición global que se movilizó en esta oportunidad fue la misma que también sale a la calle cuando se hacen las reuniones del Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, entre otros organismos rectores de las finanzas globales.

    Tanto en la reunión de la OMC como en la del G20, en las que yo pude participar porque tuvieron lugar en Argentina, hubo una presencia sobre todo argentina y latinoamericana. Entiendo que esto se explica tanto por la distancia física que nos separa del resto del mundo como por la potencia que tiene el activismo sobre estos temas en América Latina.

    Más allá de los participantes que por diversas razones hayan querido o podido estar, lo que hace global a la protesta contra el G20 es precisamente la naturaleza del blanco al que apunta. El G20 es la unión de las economías más grandes y concentradas del mundo. Contando a los países de la Unión Europea, que conjuntamente integran el G20, éste da cuenta del 85% del producto bruto mundial. Las decisiones que toman y los acuerdos a los que llegan los gobiernos de los países que lo integran afectan a todo el mundo. Es natural entonces que las resistencias al G20 tengan carácter global, aunque mantengan color local y modifiquen su composición en función del lugar donde se realicen las cumbres anuales.

    En ese sentido, evidentemente no todos estamos siempre en todas partes, pero pasamos a integrar la resistencia cuando el G20 se reúne en nuestros países, y esperamos que las organizaciones y movimientos sociales de otros países lo hagan a su vez. DAWN es una organización del sur global y tiene integrantes en Argentina, de modo que era natural que nos involucráramos ante la reunión del G20 en Argentina. Pero no estamos contemplando en lo más mínimo movilizarnos el año que viene cuando el G20 se reúna en Japón. Para nosotros esta vez era fácil participar y no hacerlo hubiera sido desperdiciar la oportunidad de ser parte activa de esta coalición de resistencia de la que ya participábamos de otras maneras y en otras instancias. Nos pareció que teníamos que aprovechar que esto ocurría en Buenos Aires para que nuestra resistencia pública sirviera para informar a la ciudadanía sobre qué es el G20 y que implicancias e impactos tiene, además de contrarrestar la narrativa exitista que diseminó el gobierno argentino. Pero la acción frente al G20 no está entre nuestras prioridades estratégicas: no andamos siguiendo al G20 por el mundo. De hecho, lo de este año fue una relativa anomalía, porque hay pocos países del sur en el G20. Esperamos que el año que viene la sociedad civil japonesa tome la posta; sería natural que la resistencia contra el G20 pase a ser protagonizada por organizaciones y activistas de Asia. Si bien algunas organizaciones más grandes que están basadas en el norte tienen la posibilidad de ir a todos lados, la lógica indica que en cada caso la movilización sea sobre todo local y regional.

    Además de recurrir a la acción callejera, ¿cómo utilizaron los espacios institucionales para la participación de la sociedad civil dentro del G20?

    No todo el movimiento de resistencia contra el G20 tiene la misma posición frente a estos espacios. La postura de DAWN es aprovecharlos, y como representante de DAWN yo participé en el Observatorio de Defensoras de Derechos Humanos de las Mujeres, coordinado por Mabel Bianco, presidenta de la organización feminista argentina FEIM (Fundación para Estudio e Investigación de la Mujer). El objetivo del Observatorio era hacer, durante el año de la presidencia argentina del G20, el seguimiento del cumplimiento de los puntos del plan de implementación de acuerdos básicos aprobado por el grupo W20 (Mujeres20) en Berlín, Alemania, el año anterior. Hicimos algunas actividades locales y nacionales, produjimos policy briefs y otros materiales escritos para incidir sobre quienes iban a participar de las reuniones y negociar las declaraciones en el marco del G20. Trabajamos sobre todo con los grupos de afinidad de G20, y en particular desplegamos mucha actividad alrededor de las reuniones de los grupos de trabajo y las cumbres del C20 (el foro de sociedad civil) y el W20. También hubo participación feminista en otro grupo de afinidad, el T20 (el foro de think tanks), que tenía una task force de género.

    La participación en el W20, en particular, fue muy controvertida y trabajosa dentro del movimiento feminista, y nosotras de hecho no fuimos delegadas, aunque sí participamos desde adentro para sentar posiciones en el W20. Esto supuso muchas discusiones con compañeras que consideran que estar adentro es legitimar y convalidar. Son argumentos atendibles, pero mi conclusión después de haber estado tanto adentro como afuera es que fue un acierto que nosotras nos mantuviéramos adentro y algunas compañeras de otras organizaciones aceptaran ser delegadas, porque caso contrario la declaración del W20 hubiera sido mucho peor de lo que fue. Fue muy importante que hubiera voces feministas adentro, y esas voces fueron las nuestras, porque la persona nombrada por el gobierno argentino para liderar el W20 era una mujer de negocios con una mirada no solamente nada feminista, sino también bastante paternalista y completamente divorciada de la realidad en que vive la mayoría de las personas.

    En suma, el resultado del trabajo de estos grupos de afinidad depende en gran medida de quién los lidera, y no sorprende que haya sido mucho más productivo el trabajo en el C20, que acabó emitiendo una declaración mucho más positiva que el propio W20 en relación con los derechos de las mujeres.

    En una época de creciente nacionalismo económico y populismo de derecha, ¿cómo puede la sociedad civil ofrecer una crítica progresista del neoliberalismo globalizado que tenga eco en la ciudadanía enojada que actualmente abraza el populismo?

    Ojalá tuviera una respuesta. Creo que el activismo global, y en particular el que se despliega en estos espacios multilaterales, está fuertemente desconectado de la experiencia en los territorios. El progresismo en general tiene grandes dificultades para entender las experiencias y las opciones de las personas – por ejemplo, porqué en Brasil la gente votó por Jair Bolsonaro, o porqué en Filipinas siguen apoyando a Rodrigo Duterte. Las personas que vivimos en una posición de relativo privilegio somos generalmente incapaces de imaginar cómo vive la gente en las barriadas pobres de nuestras grandes ciudades. Deberíamos hacer un esfuerzo para entender la racionalidad de una mujer con un hijo quemado por la droga que quiere que vengan los militares a sacar a los narcotraficantes a los tiros de la villa. En suma, el activismo global debe reconectarse con las experiencias reales de la gente en los territorios.

    En términos generales, el contexto actual es hostil y la prioridad es la resistencia. No creo que estemos en una etapa proactiva de construcción de alternativas, sino que el imperativo número uno es resistir y proteger los pequeños avances que se fueron consiguiendo con tanto esfuerzo a lo largo de décadas en materia de fortalecimiento de derechos e institucionalización de políticas de igualdad. Si bien en última instancia la preservación de esos avances dependerá de la construcción de una narrativa alternativa que permita poner freno a las fuerzas regresivas, lamentablemente aún no hemos llegado a ese punto. Así como estamos, el esfuerzo de construcción de una narrativa alternativa sería extremadamente superficial. El progresismo, al menos en América Latina y posiblemente también en otras latitudes donde la extrema derecha está en ascenso, necesita con urgencia hacer una autocrítica, sin la cual difícilmente pueda avanzar en ninguna dirección. Si experiencias como la del PT en Brasil, que en sus orígenes fueron tan esperanzadoras, acabaron dejando un terreno fértil para que la gente optara por alguien como Bolsonaro, el progresismo tendría mínimamente que preguntarse qué es lo que se hizo mal, como prerrequisito para poder construir una nueva narrativa progresista.

    Como feminista y latinoamericana tengo mis esperanzas cifradas en el hecho de que en la región el feminismo lleva años trabajando en el territorio y está más que nunca antes nutrido por las diversas experiencias de vida de las mujeres reales y de las personas en general. Es por eso mucho más plural y menos clasista que nunca antes. Si acaso queda un movimiento social que, en este contexto desolador, tiene un nivel de vitalidad prácticamente incomprensible, es el feminismo. Eso lo está convirtiendo en uno de los actores sociales más relevantes tanto para sostener la resistencia como para construir la alternativa.

     

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  • G20: ‘Global activism must reconnect with the real experiences of people on the ground’

    Corina Rodriguez EnriquezIn December 2018 thousands of people marched against neoliberal policies in Argentina, where the Summit of the G20 Heads of State was being held in the capital, Buenos Aires. Both during the summit and in the process leading up to it, Argentine, Latin American and global civil society worked in institutional participation spaces while organising autonomous actions and holding street protests to make their discontent heard. CIVICUS speaks about action around the G20 with Corina Rodríguez Enríquez, an Argentinian economist, researcher and member of the Executive Committee of Development Alternatives with Women for a New Era (DAWN), a network of feminists from the global south working for gender, economic and ecological justice, and for democratic and sustainable development. 

    Who came out to protest against the G20 summit in Argentina? What tactics did they use?

    Street protest during the G20 summit was not an isolated event. It has to be viewed in continuity with the reactions provoked by the meeting of the World Trade Organization (WTO) that was also held in Argentina the previous year. It was not organised specifically before the G20 but was part of a broader resistance led by coordinated social organisations that raise their voices against the process of financial globalisation. I belong to a feminist organisation of the global south, DAWN, and therefore I was involved in particular in the work done by what we call the Feminist Forum, a subgroup within this network of organisations. What we organised on the occasion of the G20 was very similar to what had been done before the WTO - a week of action that was initially thought of as action vis-a-vis the G20 but ended up being action against the G20. Various kinds of actions and interventions were staged. We at the Feminist Forum took advantage of the context to hold a specific day of training in feminist economics, so among other things DAWN led the School of Feminist Economics. There were a couple of days in which more academic debates were held, which took place at the School of Social Sciences of the University of Buenos Aires. Roundtables were organised dealing with the various topics that are discussed in these multilateral forums, from extractivism to the digital economy. And then there were a couple of days of street action: on the first full day, debates and panel discussions were held in tents pitched on the street, one of which was the Feminist Forum’s. In there we held a discussion, staged a tribunal where cases were presented of human rights violations perpetrated by transnational companies, and held a Feminist Forum meeting to discuss strategy and perspectives. Tribunals are forms of public actions similar to the ones staged by the Global Alliance for a Binding Treaty on Transnational Corporations and Human Rights: a forum where complaints are presented and it is made clear how justice should be done about it.

    On the last day of the week, when the G20 summit was already underway, we marched in protest, and we did so in a rather restrictive context, since the Argentine government, which presided over the summit, had militarised the city of Buenos Aires and established an exclusion zone, forcing the protest to remain quite far away from the summit site.

    In very general terms, the mottoes of the week of action focused on denouncing the implications for human rights of the type of policies promoted by the governments of the countries that make up the G20, and fundamentally the impacts of the decisions made by concentrated capital and the actions of multinational companies on the ground. We affirmed that current global dynamics are leading to a scandalous increase in inequalities and to the systematic violation of human rights, and provided clear evidence, mostly from cases related to the actions of extractive companies. The other overall message is one of resistance: we need collectively to resist the policies driven by G20 countries and collectively build an alternative economy and a different society.

    Were these protests by local organisations and social movements, or were they global protests?

    Resistance is global. Although in the case of Argentina there was greater participation by foreign organisations and activists during the WTO meeting than the G20 summit, I attribute this to the fact that the G20 involves fewer countries. In addition, the G20 is not on the radar, and therefore on the agenda, of that many organisations, not only in Argentina but also in the region and around the world. But the global coalition that mobilised on this occasion was the same coalition that takes to the streets during meetings of the International Monetary Fund and the World Bank, among other global finance governing bodies.

    Both during the WTO and G20 summits, both of which I was able to participate in because they were held in Argentina, there was a strong Argentine and Latin American presence. I think this can be explained by two factors: the physical distance that separates us from the rest of the world and the strength that activism around these issues has in Latin America.

    Regardless of which activists were for whatever reason able or willing to attend, what makes protest against the G20 global is precisely the nature of its target. The G20 includes the largest and most concentrated economies in the world. Including the countries that form the European Union, which are collectively a member of the G20, it accounts for 85 per cent of the world’s gross product. The decisions made and agreements reached by the governments of its member countries affect the entire world. It is therefore only natural for resistance against the G20 to have a global character, even though it takes its local colour and its composition varies according to where the annual summits are held.

    In that sense, even though obviously not all of us are always everywhere, we become part of the resistance when the G20 meets in our country, and we hope that the organisations and social movements of other countries will do the same when their turn comes. DAWN is an organisation of the global south and has members in Argentina, so it was only natural for us to get involved when the G20 meetings were held in Argentina. But we are not in the least contemplating mobilising next year as the G20 gathers in Japan. This time around it was easy for us to participate, and not doing so would have been a wasted opportunity to be an active part of this resistance coalition in which we had already been taking part in other ways and on other occasions. We thought we needed to take advantage of the fact that this was happening in Buenos Aires so that our public resistance would serve to inform citizens about what the G20 is and what its implications and impacts are, as well as countering the narrative of success disseminated by the Argentine government. But action against the G20 is not among our strategic priorities: we will not be following the G20 around the world. In fact, this year's summit was a relative anomaly, because few countries of the global south are members of the G20. We hope that next year Japanese civil society will take over; it would only be natural for resistance against the G20 to be led by Asian organisations and activists. While some larger organisations are based in the global north and have the means to go everywhere, logic indicates that in each case mobilisation will be primarily local and regional.

    In addition to resorting to street action, how did you take advantage of institutional spaces for civil society participation within the G20?

    Members of the resistance movement against the G20 don’t have a unified position regarding those spaces. DAWN's decision is to take advantage of them, and as a representative of DAWN I participated in the Observatory of Women’s Rights Human Rights Defenders, which was led by Mabel Bianco, president of the feminist organisation Foundation for Studies and Research on Women (FEIM). Throughout the year when the government of Argentina presided over the G20, the aim of the Observatory was to monitor compliance with the implementation plan for the basic agreement points approved the previous year by the W20 (Women20) group in Berlin, Germany. We held some local and national-level activities and produced policy briefs and other written materials to influence those who would participate in the meetings and negotiate the G20 statements. We mainly worked with the G20 affinity groups, and in particular we deployed a lot of activity around the meetings of the working groups and summits of the C20 (the civil society meeting) and W20. There was also feminist participation in a third affinity group, the T20 (of think tanks), which included a gender taskforce.

    Participation in the W20 in particular was very controversial within the feminist movement, and it was hard. We did not attend as delegates, although we did participate from within to set our positions in the W20. This provoked many discussions with colleagues who believed that inside participation has a legitimising and validating effect. These are worthy arguments, but my conclusion after having been both inside and outside these spaces is that it was a good idea for us to stay within and for some colleagues of other organisations to accept the role of delegates, because otherwise the W20 statement would have been much worse than it actually was. It was very important that there were feminist voices in there, and that those voices were ours, because the person that the Argentine government appointed to lead the W20 was a businesswoman with a perspective that was not only not in the least feminist, but also quite paternalistic and completely divorced from the reality in which most people live.

    In sum, the result of the work of these affinity groups depends largely on who leads them, and it was not surprising that work was much more productive within the C20, which eventually issued a much better statement regarding women’s rights than the W20 itself.

    At a time of rising economic nationalism and right-wing populism, how can civil society offer a progressive critique of globalised neoliberalism that resonates with the angry citizens currently embracing populism?

    I wish I had an answer to that. I think global activism, and particularly the kind that unfolds in these multilateral spaces, is strongly disconnected from people’s experiences on the ground. Generally speaking, progressives have great difficulties in understanding people's experiences and choices, such as why people in Brazil voted for Jair Bolsonaro, or why people in the Philippines continue to support Rodrigo Duterte. People who live in a position of relative privilege are usually unable to imagine how people live in the slums of our metropolis. We should make an effort to understand the mentality of a woman whose son is being killed by drugs and wants the military to come in and take drug traffickers out. In short, global activism must reconnect with the real experiences of people on the ground.

    Generally speaking, the current environment is hostile and resistance is the priority. I do not think we are yet at a proactive stage in which alternatives are built; our number one imperative is to resist and protect the small achievements that we secured through so much effort over decades and that have strengthened rights and institutionalised equality policies. Although in the final analysis the preservation of these achievements will depend on whether an alternative narrative is built that allows us to bring regressive forces to a halt, unfortunately we have not yet reached that point. As we are now, any effort to build an alternative narrative would be extremely superficial. Progressive movements, at least in Latin America, and possibly elsewhere where the extreme right is on the rise, urgently need to do a critical self-assessment, without which they will hardly be able to move in any direction. Given experiences like those of the Workers’ Party in Brazil, which initially inspired so much hope but ended up creating fertile ground for people to turn to someone like Jair Bolsonaro, progressives should at least wonder what was done wrong, as a prerequisite for putting together a new progressive narrative.

    As a feminist and a Latin American woman, I have my hopes set on the fact that in our region feminism has been working on the ground for years and, as a result, today more than ever it is nourished by the diverse life experiences of real women, and of people more generally. That is why it is much more plural and less class-biased than ever before. If there is one social movement that still has a vitality that is practically incomprehensible in this bleak context, it is feminism. That is turning it into one of the most relevant social actors both to sustain resistance and to build an alternative.

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  • G20: Why civil society should be at the table

    Spanish

    by Inés M. Pousadela, Senior Research Specialist

    As the G20 – the world’s wealthiest and most powerful states – meet in Argentina throughout 2018, in preparation for their leaders’ summit in late November, the important role that civil society plays in creating healthy and peaceful societies should also be on their agenda. As the host of this year’s summit, Argentina has an opportunity to engender better understanding and recognition of why it is crucial to enable civil society’s work and open up more space for civil society in the G20 processes.

    Difficult conditions for civil society

    These are not easy times for civil society, and this should concern all of us. The difficulties that civil society is facing are similar to, and have the same roots as, those that democracy is going through.

    Read on: C-20 Argentina 2018

     

  • La sociedad civil de América Latina y el Caribe presiona por un acuerdo vinculante sobre acceso a la información y derechos ambientales

    English

    CIVICUS conversa con Andrés Nápoli, abogado especializado en derecho ambiental y Director Ejecutivo de la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN). Fundada en 1985, FARN es una organización de la sociedad civil dedicada a impulsar el desarrollo sustentable. Con énfasis en la participación ciudadana, FARN promueveuna ciudadanía ambiental inclusiva, el desarrollo y la implementación de herramientas para mejorar la transparencia de las políticas públicas y el acceso a la información en materia ambiental. Además construye y lidera redes y alianzas en espacios colaborativos y estratégicos de conocimiento.

    Hace unos días se desarrolló en Buenos Aires una nueva ronda de negociaciones en pos de la adopción de un tratado sobre desarrollo sostenible para América Latina y el Caribe. ¿Cuáles serían los contenidos de este tratado, y qué rol está desempeñando la sociedad civil en el proceso?

    Este es un acuerdo de negociación que se conoce como “acuerdo por el principio 10”, en referencia al principio 10 de la Declaración de Río sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo (1992), que garantiza el acceso a la información, a la participación en la toma de decisiones en materia ambiental y a la justicia de todos los actores afectados.

    A partir de esa declaración y de un proceso similar que se dio en Europa y que ya a fines de los ‘90 resultó en la Convención de Aarhus, diez países de América Latina y el Caribe iniciaron negociaciones en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Desarrollo Sostenible, conocida como Río+20, que tuvo lugar en Río de Janeiro en junio de 2012. Lo que buscaban era un acuerdo, un instrumento regional, para garantizar el acceso a la información sobre medio ambiente y que los ciudadanos tengan la posibilidad de participar en procesos de toma de decisiones que puedan afectar su calidad de vida o el ambiente y tener acceso efectivo a procedimientos judiciales y administrativos, por ejemplo para reparar daños.

    Durante varios años el proceso fue avanzando mediante una serie de reuniones de puntos focales, hasta que finalmente en el año 2015 se dio inicio al proceso de negociación. Los países involucrados actualmente son 24. El proceso es apoyado, en calidad de Secretaría Técnica, por la CEPAL (Comisión Económica para América Latina y el Caribe), un organismo que integra el sistema de las Naciones Unidas y que ha tenido un rol muy activo.

    El proceso tiene una característica muy peculiar: sigue el modelo establecido en la Convención de Aarhus, que tenía el objetivo de consolidar los procesos democráticos en Europa del Este y que para ello contempló la incorporación activa de la sociedad civil. Así, el proceso actualmente en curso en nuestra región también establece mecanismos para la participación activa de la sociedad civil, la que cuenta con representantes en el Comité de Negociación que integran los representantes de los países. La sociedad civil cuenta con dos representantes electos por sus pares que debaten e intercambian ideas en la mesa de negociación del Convenio. Pueden incluso proponer texto para incorporar en el instrumento, el cual es incorporado si obtiene el apoyo de al menos uno de los países.

    ¿Cómo fueron seleccionados los representantes de la sociedad civil? ¿Ha trabajado la sociedad civil en alianzas o redes?

    Los representantes de la sociedad civil (a la que en este proceso se denomina “público”) fueron electos en una votación realizada por medios electrónicos y en la que participaron los miembros del público que se encontraban inscriptos en el proceso al inicio de la negociación. Resultaron electos como titulares las representantes de la sociedad civil de Chile y Jamaica. En mi caso resulté electo como miembro alterno, junto con otros cuatro representantes de diversos países de la región.

    Los representantes de la sociedad civil establecimos una red por medio de la cual desarrollamos nuestra tarea de manera articulada y conjunta. Contamos además con diferentes voceros en el proceso de negociación, como así también con el asesoramiento de expertos de países de la región y de Aarhus.

    ¿Ha habido desacuerdos importantes entre sociedad civil y estados en el curso de las negociaciones?

    El proceso de negociación debería terminar a fines de este año, y si eso no se consigue habría alguna reunión más el año que viene. Se está negociando un texto propuesto por la Secretaría Técnica y sobre la base del cual se ha ido avanzando. Las negociaciones están entrando en su fase final.

    Pero ha habido muchas idas y vueltas, y hay cosas importantes que aún no están definidas. Un tema en que la sociedad civil ha venido insistiendo, y sobre el cual hay una decisión cada vez más firme, es que el acuerdo debe tener carácter vinculante, vale decir que debe obligar a los países que formen parte del mismo. En tal sentido, entendemos que un acuerdo basado en derechos no puede admitir otro carácter. No queremos que este proceso sea una nueva declaración de principios, o una suerte de Ley Modelo: queremos un acuerdo que obligue a los países a establecer e implementar ciertos mecanismos efectivos de participación y acceso a la información en materia ambiental, como así también un amplio acceso a la justicia para reclamar la protección y tutela del derecho a gozar del ambiente.

    Varios países se han pronunciado a favor de esta posición: entre ellos se cuentan Chile, Costa Rica, Panamá y Paraguay; también Argentina se expresó en ese sentido en la última reunión. Otros países sin embargo todavía no se han pronunciado en ese sentido, pero negocian el acuerdo como si fuera a adoptarse un mecanismo de carácter vinculante.

    Sin embargo, nosotros creemos que hay ciertos países que no están negociando de buena fe el acuerdo. Ante todo, aún no se han pronunciado sobre si van a firmar el documento, ni sobre si aceptan que se trate de un acuerdo vinculante. Además, varios de esos mismos países negocian el acuerdo buscando bajar sistemáticamente los estándares de protección de derechos a establecer en el acuerdo, en algunos casos incluso fijando estándares más bajos que los que establecen sus propias legislaciones nacionales.

    Estos intentos de bajar los estándares y garantías llevaron a que se generaran muchas discusiones que han prolongado por demás los plazos de las negociaciones y al mismo tiempo han generado un creciente malestar en los representantes de la sociedad civil.  Esto se ha visto muy claramente en temas de acceso a información pública, donde se han establecido numerosas barreras que tornarán mas dificultoso al ciudadano acceder a la información en poder del estado.

    De hecho, en la última reunión en Buenos Aires se planteó la posibilidad de que la sociedad civil abandonara el proceso si esta actitud persistía. Pero esto fue más que nada un llamado de atención para los negociadores: como sociedad civil trazamos un límite a la discusión, por debajo del cual ya no estaremos dispuestos a permanecer.

    Esperamos que en la próxima reunión, que se va a hacer en Chile cerca de fin de año y en la cual se van a abordar las cuestiones referidas al acceso a la justicia, los estándares de los países se mantengan elevados. Caso contrario, va a ser muy difícil que aquellos países que ya tienen buenos estándares en sus legislaciones mejoren su cumplimiento.

    ¿Por qué es importante la participación de las sociedad civil? ¿Qué diferencia hace su presencia en estos foros?

    La participación de la sociedad civil es muy importante no solo porque legitima los procesos de negociación; también permite que haya mayores niveles de apertura y transparencia. Lo que es más importante, la sociedad civil trae a la mesa de negociaciones muchos de los temas que los estados no están dispuestos a tratar, aporta una perspectiva que va más allá de los intereses estrechos de los estados y al mismo tiempo busca que se eleven los estándares exigidos de protección de derechos. Cuando hay transparencia y la atención pública está puesta en estos procesos, es mucho más difícil para los estados negarse a abordar estas discusiones.

    Un ejemplo de los temas que se han impuesto por la impronta de la sociedad civil es el de la situación por la que atraviesan los defensores ambientales y de derechos humanos en la región y la necesidad de establecer garantías para que puedan llevar a cabo su labor sin sufrir amenazas y atentados, que a muchos les han costado la vida.

    América Latina es la región del mundo con mayor cantidad de asesinatos de activistas ambientalistas. Nosotros creemos que el Acuerdo por el Principio 10 debe contener mecanismos que posibiliten la prevención y la protección efectiva de los defensores ambientales.

    Hay incontables conflictos ambientales abiertos en toda América Latina y el Caribe, asociados a muchísimas violaciones de los derechos humanos, y por el momento no hay mecanismos institucionalizados de negociación entre los estados y las comunidades afectadas. El acuerdo por el Principio 10 puede ser una muy buena herramienta para canalizarlos.

    Como lo muestran numerosos informes publicados recientemente por CIVICUS, PWYP, Global Witness y Front Line Defenders, la sociedad civil que se ocupa del medio ambiente y los recursos naturales enfrenta amenazas crecientes. ¿Qué se puede hacer frente a estas amenazas?

    Efectivamente, América Latina es la región más problemática en materia de garantía de los derechos de los defensores ambientales. Un caso emblemático ha sido el de Berta Cáceres, pero lamentablemente no se trata de un caso único sino que ha habido centenares de defensores asesinados en Brasil, Colombia, Honduras, Perú, Paraguay, México, Nicaragua y Guatemala, entre otros países. En la mayoría de estos procesos están involucradas grandes inversiones, tanto en la lucha contra las mega represas hidroeléctricas como en el avance de la frontera agropecuaria o de la explotación minera. En esos contextos, los defensores ambientales, que son los que trabajan codo a codo con las comunidades afectadas, ven peligrar sus derechos e incluso su integridad física y su propia vida.

    Frente a esto se requieren garantías y salvaguardas fuertemente expresadas por los estados, pero no solamente cuando suceden los ataques sino a manera de prevención, para garantizar el ejercicio legítimo del derecho a defender derechos que están expresando estos defensores ambientales. Muchos de nosotros tenemos la suerte y el privilegio de trabajar desde las capitales, pero los defensores ambientales están junto con los grupos de poblaciones afectadas cuando suceden, por ejemplo, las ocupaciones de tierras por parte de las empresas extractivas o cuando ocurren los desplazamientos del territorio de las poblaciones que lo habitan, que es cuando ocurren las peores violaciones de derechos humanos. De ahí la necesidad de que haya instrumentos internacionales y políticas activas de prevención y protección para estos defensores.

    ¿Qué tendencias, positivas o negativas, observa en materia de participación de la sociedad civil en procesos de toma de decisiones?

    Hay una tendencia que yo creo que es irreversible: la discusión entre estados, con exclusión de la sociedad civil, no ha dado muchos resultados ni tiene mucho futuro. Sin embargo, estos procesos no son lineales; muchas veces se avanza en algunos espacios mientras que se retrocede en otros. Este proceso es un buen ejemplo de que la participación activa de la sociedad civil dentro del proceso puede ser virtuosa y que los acuerdos son posibles; también muestra que se requiere de tiempo, conocimientos y, sobre todo, se requiere ganar confianza.

    Al mismo tiempo, estos procesos ponen en evidencia que muchos países “hacen como que” participan, “hacen como que” informan, pero esto es ficticio. Muchos países garantizan los derechos en sus legislaciones pero fracasan en su implementación. De ahí que nuestras luchas se centren en garantizar el efectivo cumplimiento de los derechos.

    ¿Qué recursos necesita la sociedad civil para fortalecerse y responder mejor a los desafíos que enfrenta?

    Sobre este punto volvería a referir otra vez al tema con que iniciamos esta conversación: las negociaciones por el Principio 10. Este es un proceso abierto para toda la sociedad civil de América Latina y el Caribe, de modo que quiero hacer un pedido directo a toda la sociedad civil, no solamente a organizaciones sino también a personas individuales, profesionales en diversas áreas, para que se informen y tengan una participación activa en este proceso. Eso se puede hacer de manera muy sencilla, para lo cual hay primero que registrase en el proceso en www.cepal.org/es/register/p10. La idea es que el proceso pueda crecer cada vez más a través de una buena comunidad de participantes que contribuya a consolidarlo.

    En términos de fortalecimiento de la sociedad civil, es muy importante que cada uno atienda a los temas que son de su interés y especialidad, pero que también podamos entre todos elegir temas para trabajar en conjunto. El trabajo colectivo fortalece cada uno de los reclamos y cada una de las luchas. En este sentido la sociedad civil siempre tiene elementos para aportar y para construir agenda. Esta agenda no se realiza en el corto plazo: hay que sostenerla en el tiempo. Por eso es bueno trabajarla en forma colectiva, de modo que el día en que uno no puede sostenerla, otro pueda hacerlo en su lugar y que el proceso no se detenga.

    En relación con los derechos que defienden organizaciones como la nuestra, ningún resultado de interés público y de interés colectivo se obtiene en el corto plazo. Se requiere continuidad en el tiempo y, por lo tanto, trabajo colectivo. Apostamos a que estas luchas por los derechos humanos, el desarrollo sostenible y un medio ambiente sano se consoliden en instrumentos internacionales y formen un círculo virtuoso, en la medida en que cada vez más ciudadanos se movilicen, se informen y participen en el proceso de toma de decisiones, y que en ese proceso se generen más y mejores mecanismos institucionales y legales que garanticen esos mismos derechos de movilización, acceso a la información y participación a nivel tanto nacional como internacional mayores serán los resultados que se obtendrán en estos procesos.

    El espacio cívico en Argentina es clasificado en elCIVICUS Monitor en la categoría “estrecho”.

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  • Pressure increasing on Argentine civil society, a vital force for change

    Guest article by Gastón Chillier, Executive Director of the Centre for Legal and Social Studies (Centro de Estudios Legales y Sociales, CELS), Argentina