Por Pablo Secchi y Karina Kalpschtrej, Poder Ciudadano (Argentina)
“No hay lucha contra la corrupción sin sociedad civil organizada”. Esta frase, con la que nos presentamos desde Poder Ciudadano en las redes sociales, probablemente sea una de las principales conclusiones a las que hemos arribado luego de trabajar casi 30 años en materia de fortalecimiento de las instituciones, transparencia y lucha contra la corrupción. Posiblemente la afirmación pueda extenderse a cualquier otro trabajo que desarrolle la sociedad civil, por ejemplo en materia de derechos humanos o de medio ambiente. Quizás el ejemplo más claro de su vigencia sea la batalla contra la violencia de género que están llevando adelante diferentes colectivos feministas de nuestra región, como el Ni una menos en Argentina y el Vivas nos queremos en México, donde indudablemente la unión hizo la fuerza.
La sociedad civil es, sin dudas, protagonista de muchos de los cambios de nuestra época. Busca expulsar tradiciones anquilosadas y construir los consensos del siglo XXI para movernos en dirección de sociedades más justas, equitativas e inclusivas. En ese sentido, la sociedad civil trabaja para reimaginar la democracia, es decir para transformarla.
Complejidad y diversidad son indudablemente rasgos definitorios de esta fuerza social transformadora. Sin embargo, también lo son la heterogeneidad y la desorganización, o cuanto menos las dificultades para organizarse. La sociedad civil es un actor que lucha paralelamente en dos frentes que reclaman su energía en sentidos opuestos. Mientras que hacia afuera batalla contra gigantes con pies de plomo establecidos hace cientos de años, hacia adentro encara sus propios conflictos, que suelen estar ocultos a la vista del resto de los actores sociales y que a menudo se derivan del intento de cada uno de sus componentes de posicionar “su” tema como el más importante y, en todo caso, como garantía para el avance en los otros temas.
En ese sentido cabe preguntarse cómo establece la sociedad civil sus prioridades. ¿Corresponde priorizar lo posible o lo urgente? ¿Cómo determinar cuál tema o población objetivo es más importante? ¿Debe priorizarse a los niños, a los adultos mayores, a las mujeres o a las personas con discapacidad? ¿Qué es más importante: el medio ambiente, la transparencia, los derechos humanos o la igualdad de género? ¿O quizás la educación, la salud, o a alguna de las diversas variantes de la salud?
¿Acaso los temas y problemas no están interconectados? ¿Podría alguien afirmar que la ética es irrelevante a la hora de producir un mundo sostenible donde vivir? ¿O que sin ética pública es posible luchar por los derechos humanos? ¿O que los derechos de las mujeres podrán garantizarse sin una concepción clara de los derechos humanos? ¿Y cómo lograr algo de esto sin educación? No caben dudas de que, cuando la sociedad civil se organiza y coordina, aumentan sus posibilidades de romper el statu quo.
La sociedad civil es tan compleja como la política, básicamente porque ella es política. Es política en el sentido de que debe gestionar múltiples intereses que necesitan ser ordenados, ponderados, y principalmente articulados con objetivos determinados. Para poder hacer este trabajo, la sociedad civil necesita un espacio de libertad, con garantía de derechos entre los que sobresalen la libertad de expresión y el derecho de asociación. Se trata del marco dentro del cual la sociedad civil puede construir las capacidades que necesita para impactar en el sistema social. Al tiempo que requieren de ese espacio garantizado políticamente para funcionar, las organizaciones de la sociedad civil deben ser independientes de todo poder político. Sin independencia no hay sociedad civil.
Ahora bien, sin sociedad civil organizada no hay lucha por los derechos fundamentales ni lucha contra la corrupción. Hay quienes afirman que un sistema plural de partidos políticos en competencia, las instituciones de la Justicia y los organismos de control son los actores privilegiados de control, productores de integridad en los sistemas políticos. Sin embargo, y aun dejando de lado el interrogante sobre la calidad de estas instituciones en los países de América Latina, cabe destacar un aspecto de fondo que esta perspectiva descuida. Lo que la sociedad civil cuestiona con su presencia y su acción es el círculo vicioso, egoísta y soberbio que se genera a partir de la idea de que la representación política otorga poder absoluto a los representantes y que la democracia se circunscribe a votar cada dos, tres, cuatro o cinco años. Esta idea se expresa en el interrogante que toda persona que trabaja en la sociedad civil habrá enfrentado alguna vez: ¿A vos quién te eligió?
No somos ingenuos. Sabemos que la participación de la sociedad civil en asuntos públicos genera resistencias: un actor relativamente nuevo, especializado, que basa sus acciones en el conocimiento experto tiende a generar reparos en los actores políticos y estatales. Como contracara, para ser efectivas las organizaciones de la sociedad civil deben desarrollar estrategias de paciente docencia y construir consensos a través del diálogo y, en algunos casos, mediante la exigencia de derechos en ámbitos judiciales.
La calidad de las instituciones no es la misma cuando está el ojo de la sociedad civil que cuando las decisiones se toman en secreto y entre las elites políticas. Sobran ejemplos. Hasta principios de los 2000, el Congreso de la República Argentina era un espacio cerrado y poco o nada se sabía de lo que sucedía dentro de él. Ningún ciudadano podía ingresar a las reuniones de comisión, ni a las reuniones plenarias, ni se podía preguntar acerca de la labor legislativa o administrativa de este poder del Estado. No se sabía cómo votaban los legisladores cada una de las leyes, no se conocía cuánto cobraban, ni la cantidad de asesores que tenían. En ese momento, la sociedad civil organizada comenzó a preguntar, a intentar ingresar a las reuniones, a observar conductas, a exigir - con su presencia en algunos casos, y con demandas judiciales en otros - saber qué pasaba en el Congreso. El trabajo no fue fácil ni a corto plazo. Poder Ciudadano fue la primera organización que logró entrar a las comisiones del Congreso, ver qué sucedía, ganar amparos judiciales para obtener declaraciones juradas de los legisladores. Fue un primer paso. Entonces escuchamos el consabido “¿A quién representas? ¿A vos quién te votó?”.
De a poco esto fue cambiando y hoy existen organizaciones que trabajan específicamente en temas de transparencia legislativa con información provista por el propio Congreso. Hoy el Congreso publica información diaria sobre la labor legislativa y administrativa, y es posible preguntar cualquier cosa sobre su funcionamiento e integrantes. Y como el Congreso y los legisladores son sujetos obligados por ley, tienen que responder. El monitoreo de la sociedad civil produce debate público y, como resultado de éste, cambio legal y administrativo. En 2017, por ejemplo, se generó una discusión sobre los pasajes que los legisladores podían cambiar por efectivo, canje que terminaba engrosando sus salarios. En 2018, este debate promovido por la sociedad civil redundó en el reordenamiento del sistema de pasajes y salarios.
Lo mismo sucedió con el espinoso tema del financiamiento de los partidos políticos y las campañas electorales. ¿Cuánto cuesta una campaña electoral? ¿Quién la financia? Hasta finales de los años 90 nadie conocía a ciencia cierta estas respuestas. En esa época Poder Ciudadano comenzó a indagar y promover compromisos de transparencia con candidatos y partidos políticos. Al principio, los resultados fueron muy modestos: solo se lograba conocer el monto que el candidato o el partido reconocía voluntariamente haber invertido. En 2003 por presión de la sociedad civil se aprobó la primera ley de financiamiento político, luego reformada en dos oportunidades (en 2006 y 2009), también con colaboración de la sociedad civil. Actualmente se trabaja en una nueva reforma, siempre con la participación de algunas organizaciones que tomaron el tema como bandera.
En este terreno, el trabajo más duro en Argentina fue lograr una Ley de Acceso a la Información Pública. Esta ley fue sin duda una criatura de la sociedad civil, que perseveró en la exigencia, la investigación y la incidencia pese a las reiteradas negativas recibidas a lo largo de por lo menos diecisiete años. Esta conquista vino a cambiar, sin vuelta atrás, la transparencia del Estado. Aunque está en sus primeros pasos de implementación, se perfila ya como la base fundamental de la lucha contra la corrupción en el sector público. Y fue un logro de la sociedad civil.
Cuando la sociedad civil está mirando, la política se cuida. Proética, el capítulo peruano de Transparencia Internacional, evaluó en 2017 los efectos de la vigilancia ciudadana. Con una metodología diseñada específicamente para ello, observó la ejecución de obras públicas menores, tales como pistas y veredas, lozas deportivas y mercados municipales, en diferentes alcaldías del Perú. A algunos alcaldes les comunicó que estaban siendo monitoreados y a otros no. El resultado: aquellas alcaldías que conocían del control de la sociedad civil bajaron los costos de las obras entre un 18 y un 51%. La sociedad civil es un actor fundamental del control público porque rompe desde afuera con el círculo de controles internos, muchas veces atravesados por complicidades y amiguismos, estructurados por el propio. No cabe duda de que el control horizontal entre instituciones estatales es necesario, pero debe ser suplementado por el control vertical, que no ha dejado de producir herramientas innovadoras y altamente efectivas.
¿Qué es lo que hace fuerte a la sociedad civil? Posiblemente el desinterés por la lucha electoral. En algunos casos, su independencia de los presupuestos públicos. En otros, los principios y valores que la impulsan y la alejan de intereses en las sombras. Y siempre, el hecho de que no le teme al poder, lo que implica también algo de inconsciencia. ¿Quién no escuchó alguna vez la amenaza velada “Vos no sabés con quién te metés”, o la más simpática “El tema es que ustedes (la sociedad civil) no entienden de política”? Es posible que esas frases tengan algo de verdad. No nos interesa con quién nos metemos; en las democracias que dan garantías suficientes, no tienen con qué amenazarnos; y no entendemos esa forma de hacer política. No queremos entender –es decir, compartir como valor– a la política que se retroalimenta, que se preocupa por las instituciones sólo en tiempos electorales, a la política que hace del marketing su religión. La política siempre tiene problemas con los tiempos, pide paciencia y se embarca en largos procesos. Nosotros hemos aprendido que, si hay voluntad de reforma, esta tiene que ser rápida y contundente. Muchas veces las organizaciones de la sociedad civil cometen el error de tomar parte de procesos largos y tediosos al calor del mito de que el Estado necesita esos tiempos para asimilar los cambios, cuando en realidad lo que no hay es voluntad política y la dilación no busca otra cosa que eludir el cambio.
Los temas que trabaja la sociedad civil son todos son relevantes. El reto que enfrentamos es generar denominadores comunes y contemplar los desafíos desde una mirada integral. No habrá un ambiente sostenible sin instituciones fuertes, controles ciudadanos, respeto de los derechos humanos y muchas otras cosas más. La sociedad civil ha construido y tiene que seguir construyendo puentes entre organizaciones diversas y temas variados. Una visión integral ayudará a generar consensos y generar mayor presión para crear cambios sistémicos, cambios que tienen que ir desde abajo hacia arriba y en el marco del sistema democrático.
Reimaginar la democracia no es un desafío de una organización, ni de muchas: es un desafío de todas. En Poder Ciudadano nos gusta hablar de los diversos engranajes que deben funcionar juntos para luchar contra la corrupción. Para fortalecer la democracia, mejorar la calidad de vida de las personas, terminar con la discriminación, hacer un mundo sustentable, e igualar a mujeres y hombres, también necesitamos engranajes bien coordinados, formados por las diversas organizaciones de la sociedad civil, cada una con sus experiencias, sus fortalezas y su capacidad de impacto. Solo así podremos hacer mella en sistemas que son, casi por definición, resistentes al cambio.