Detención Arbitraria
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ARGENTINA: “El Estado está abandonando su rol de garante del acceso a derechos”
CIVICUS conversa sobre el deterioro del espacio cívico y los derechos humanos bajo el actual gobierno argentino con Vanina Escales y Manuel Tufró, del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS). Fundado en 1979, bajo la última dictadura, el CELS promueve la protección y el ejercicio efectivo de los derechos humanos, la justicia y la inclusión social, a nivel nacional e internacional.Desde su inauguración en diciembre de 2023, elgobierno de Javier Milei, autodesignado como “anarcocapitalista” pero aliado con sectores culturalmente conservadores, ha impulsado políticas de desregulación de la economía y reducción del Estado y el gasto social que han redundado en el aumento del desempleo y la pobreza. Frente a las protestas que suscitaron estas políticas, ha adoptado una postura restrictiva y represiva y ha vilipendiado al periodismo y a cualquiera que exprese opiniones críticas. Frente a estas restricciones del espacio cívico y los derechos humanos, la sociedad civil está buscando visibilidad y solidaridad internacional y recurriendo al litigio estratégico.
¿Cómo caracterizarían al gobierno de Milei?
Este es el primer gobierno libertario o anarcocapitalista, como lo describe Milei, que hemos tenido en Argentina. Su ascenso se inscribe en un contexto internacional de desgaste de las democracias a raíz de las políticas de extremismo de mercado y el avance de la extrema derecha. Al igual que otras expresiones de ultraderecha en Europa o en los Estados Unidos, se caracteriza por cierto brutalismo y por recurrir al autoritarismo como ordenador de los conflictos sociales. También exhibe por momentos rasgos como el negacionismo histórico y valores retrógrados sobre los roles de género y los derechos de minorías sexo-genéricas y racializadas. Pero también tiene particularidades: a diferencia de lo que ocurre en el norte global, hasta el momento su nacionalismo xenófobo no puso el foco en la inmigración sino en los pueblos originarios.
La agenda libertaria se ha manifestado, en el plano económico, en la liberación de los precios, que ha producido altos niveles de inflación y, por lo tanto, una brutal transferencia de ingresos desde los sectores medios y populares hacia los más concentrados.
Respecto de las políticas sociales, cristalizó la tendencia a dejar en pie sólo las políticas de transferencia directa de ingresos a las personas, magros subsidios o ayuda social como la Asignación Universal por Hijo que por sí solas no mitigan los efectos de la recesión ni los efectos de la retirada del Estado. Esta retirada se ve en la falta de entrega de alimentos y medicamentos y en el cierre de y la desinversión en espacios comunitarios y políticas sociales. El Estado se ha corrido del rol de garante del acceso a servicios básicos.
El objetivo declarado es debilitar los controles sobre las empresas, especialmente extranjeras, para atraer inversiones. La desregulación tiene un impacto directo en materia ambiental, ya que desconoce todo derecho de los pueblos indígenas y las comunidades campesinas sobre los territorios donde buscan instalarse estas empresas. Éstas reciben privilegios mientras el país es despojado de sus recursos naturales.
Algunas reformas han sido impuestas por decreto y otras a través de la llamada “Ley Bases”, que, luego de mucho debate y ajustes, ha sido aprobada por el Congreso.
¿Cómo se compatibiliza el libertarismo con el conservadurismo cultural?
Dentro del mismo gobierno conviven en tensión sectores neoliberales que promueven la desregulación del mercado, la liberalización de la economía y transformaciones en el mundo laboral, con expresiones igualmente autoritarias pero conservadoras que reivindican la última dictadura militar, el terrorismo de Estado y la violencia estatal y arremeten contra movimientos emancipatorios como el feminismo y sus conquistas igualitarias.
En este terreno el gobierno está dando una batalla tanto cultural como material. Los ataques verbales van junto al desmantelamiento de las políticas de género. Por ejemplo, disolvió primero el Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad y luego todas las políticas contra la violencia de género. También se ha expresado firmemente en contra del aborto y de los derechos sexuales y reproductivos en general.
En el marco del desmantelamiento del Estado nacional se están eliminando programas destinados a prevenir embarazos adolescentes, políticas de contención, de cuidado y de salud, así como para la primera infancia. Nuestro monitoreo de las políticas de cuidados encontró que siguen vigente solo siete de 43. El Estado está abandonando su rol de mediador y garante del acceso a derechos.
Además, el gobierno está poniendo en discusión en el plano internacional compromisos asumidos por el país a través de tratados internacionales, que en Argentina tienen jerarquía constitucional, y consagrados en su propia legislación. En la última Asamblea General de la Organización de Estados Americanos (OEA), por ejemplo, solicitó remover de los documentos finales toda mención del género, la población LGBTQI+ y el cambio climático. Creemos que la OEA, las Naciones Unidas y sus mecanismos de derechos humanos deberían seguir de cerca el desempeño del gobierno argentino.
¿Cómo han repercutido estos procesos sobre el espacio cívico?
El espacio cívico se ha visto severamente restringido. Las protestas han pasado a ser tratadas como delitos. Estas prácticas fundamentales en toda democracia son representadas, en el mejor de los casos, como obstáculos al tránsito y, en el peor, como actividades sediciosas que buscan derrocar al gobierno.
Esto se materializa en normas claramente inconstitucionales como la Resolución 943/2023 del Ministerio de Seguridad, conocida como el “protocolo antipiquetes”, que establece que toda manifestación que altere la circulación en ciudades o rutas es un delito flagrante y autoriza la intervención policial directa, sin necesidad de orden judicial, para dispersarla e investigar a los manifestantes.
Sobre la base de esta resolución se autorizan enormes despliegues de fuerzas de seguridad cada vez que ocurre una protesta, las cuales con frecuencia hacen uso abusivo e indiscriminado de armas “menos letales”, como balas de goma o gases irritantes, y de violencia física y detenciones arbitrarias. En los últimos meses hemos registrado al menos 80 detenciones de este tipo. Los manifestantes han recuperado su libertad porque el gobierno no cuenta con pruebas concretas para sostener procesos penales. Pero como resultado del uso de estas tácticas, muchas manifestaciones se disuelven o directamente no suceden.
En los últimos seis meses, asimismo, al menos 47 periodistas han sido heridos en manifestaciones. Muchos más han sido hostigados en redes sociales y llevados ante la justicia penal por sus dichos en contra del gobierno.
El gobierno ha desmantelado los medios públicos al punto que no tenemos manera de enterarnos qué está pasando en los distintos puntos del país, a no ser que algún hecho llame la atención de medios privados y de corresponsales internacionales y decidan darle cobertura. En la Argentina de hoy se vulneran los derechos a generar información y ser informado con una pluralidad de voces.
¿Cómo se está organizando la sociedad civil para hacer frente a estas restricciones?
Las organizaciones de la sociedad civil han presentado múltiples medidas cautelares con anterioridad a la realización de protestas para que el derecho a protestar quedara protegido. Pero el poder judicial no las ha aceptado, aduciendo que no hay un riesgo a priori, sino que hay que evaluar cómo se desarrolla la manifestación. El poder judicial también tiene un rol muy débil a la hora de controlar las detenciones arbitrarias y evaluar los excesos de violencia policial.
Como la vía judicial no está dando frutos, es hora de recurrir a los mecanismos internacionales de protección de derechos humanos, cosa que el CELS ha hecho muchas veces a lo largo de su historia, desde su surgimiento bajo la dictadura. Trabajamos llevando información sobre las violaciones de derechos humanos que están ocurriendo en Argentina.
El 11 de julio participamos en una audiencia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. El Estado Nacional estuvo presente, pero no hizo más que confirmar su postura en favor de la criminalización de la protesta social, justificándola como un mecanismo para hacer frente a la sedición y a los intentos de desestabilización. Ante preguntas como cuáles eran los protocolos vigentes para controlar el uso de armas menos letales o por qué se había derogado una norma sobre el control de la actuación policial en manifestaciones públicas, el gobierno se mostró evasivo y no respondió.
También estamos armando un registro de ataques físicos y digitales procedentes de fuentes no estatales, y específicamente de sectores de la derecha radicalizada. Gracias al trabajo junto al Equipo de Investigación Política de Revista Crisis, ya registramos en el portal Radar alrededor de 280 casos de hostigamiento offline, y comenzamos a registrar ataques en línea, que incluyen la revelación de datos personales que podrían derivar en ataques físicos.
Hoy más que nunca es necesario organizarse en redes nacionales e internacionales para llevar adelante campañas de información y de denuncia con una voz colectiva. Si esperamos a la destrucción total de los derechos para levantar la voz, será demasiado tarde.
El espacio cívico en Argentina es calificado como “estrecho” por elCIVICUS Monitor.
Póngase en contacto con el CELS a través de supágina web o sus cuentas deFacebook eInstagram, y siga a@CELS_Argentina y a@vaninaescales en Twitter.
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Carta global en solidaridad con la sociedad civil de Belarús
Podrán cortar todas las flores, pero no podrán detener la primavera.
Pablo Neruda161 organizaciones de derechos humanos reivindicamos el fin de la represión contra el centro de derechos humanos Viasna y todas las demás personas defensoras de derechos humanos de Belarús. Condenamos las detenciones arbitrarias, las palizas y la tortura a que se las somete de forma sistemática. A pesar de la feroz represión ejercida por las autoridades de Belarús, las personas defensoras en el país continúan luchando para proteger los derechos humanos. Inspirándonos en su valentía, seguiremos luchando hasta que todas estén en libertad y puedan continuar con su labor de defensa de los derechos humanos libremente y sin restricciones.
A lo largo de los últimos días, hemos sido testigos de una nueva ola de redadas y detenciones de activistas y personas defensoras de derechos humanos. Se trata de una evidente represalia por su trabajo de denuncia y documentación de las violaciones de derechos humanos cometidas desde la brutal represión de las protestas pacíficas organizadas tras las elecciones de agosto de 2020. Desde agosto de 2020 se ha detenido a más de 35.000 belarusos por participar en protestas pacíficas, se han abierto unos 3000 procedimientos penales por motivos políticos y se han documentado al menos 2500 casos de tortura ejercida contra belarusos. Creemos que este contexto de violaciones de derechos humanos sistemáticas y generalizadas podría ser constitutivo de crímenes de lesa humanidad. Se calcula que, a 19 de julio de 2021, había 561 presos políticos en Belarús.
Entre el 14 y el 16 de julio de 2021, se registraron más de 60 viviendas y oficinas de organizaciones belarusas de derechos humanos y de sus empleados, incluyendo el centro de derechos humanos Viasna, dos organizaciones miembros del Comité Internacional para la Investigación de la Tortura en Belarús (Human Constanta y Legal Initiative), el Comité Helsinki de Belarús, la Asociación Belarusa de Periodistas, el Legal Transformation Center (LawTrend) y Ecodom, entre muchas otras. En los registros, las autoridades se incautaron de equipos informáticos como portátiles, teléfonos móviles y ordenadores.
Durante esta última ola de registros, se interrogó a más de 30 personas, 13 de las cuales estuvieron privadas de libertad durante 72 horas, presuntamente por su relación con una investigación de delitos contra el orden público y evasión fiscal. Posteriormente, se puso en libertad a la mayoría, entre ellos Mikalai Sharakh, Siarhei Matskievich y los miembros de Viasna Andrei Paluda, Alena Laptsionak, Yauheniya Babaeva, Siarhei Sys, Viktar Sazonau, Ales Kaputski y Andrei Medvedev. Sin embargo, algunas personas siguen teniendo prohibido viajar y se enfrentan a acusaciones penales. Continúan privados de libertad Ales Bialiatsky, Presidente de Viasna, Valiantsin Stefanovic, Director Adjunto de Viasna y Vicepresidente de la FIDH, y Uladzimir Labkovich, abogado y miembro de Viasna. El 17 de julio se los trasladó a al centro de detención preventiva de Valadarskaha. Otros cuatro miembros de Viasna (Leanid Sudalenka, Tatsiana Lasitsa, Marfa Rabkova y Andrey Chapyuk), así como Aleh Hrableuski, de la Oficina para los Derechos de las Personas con Discapacidad, están en prisión preventiva desde finales de 2020 o inicios de 2021.
Viasna, una de las principales organizaciones de derechos humanos del país y miembro de las redes de la OMCT y la FIDH, lleva más de dos décadas en el punto de mira del gobierno de Belarús. En agosto de 2011, el presidente de la organización Ales Bialiatsky fue condenado a cuatro años y medio de prisión con acusaciones falsas; fue finalmente puesto en libertad en junio de 2014, después de pasar 1052 días privado de libertad de forma arbitraria y en condiciones desoladoras. Como represalia al valiente trabajo de Viasna y a su inquebrantable defensa de los derechos humanos, las autoridades de Belarús han encarcelado a siete de sus miembros para intentar destruir la organización.
Las redadas comenzaron solo un día después de que el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas adoptase una resolución condenando la situación de los derechos humanos en Belarús en la que exigía la puesta en libertad de todas las personas detenidas arbitrariamente y una investigación de las denuncias de tortura y de otras violaciones de derechos humanos.
Los días 8, 9 y 16 de julio de 2021, las autoridades también registraron las viviendas y las instalaciones de varios medios de comunicación independientes y de sus empleados, incluyendo Nasha Niva, uno de los periódicos independientes más antiguos del país, y detuvieron a tres de sus periodistas. Las autoridades registraron también las oficinas de RFE/Radio Liberty y Belsat, el mayor canal de televisión independiente de Belarús, y detuvieron a varios de sus periodistas. Actualmente, más de 30 trabajadores de medios de comunicación y decenas de blogueros continúan privados de libertad.
Las organizaciones de la sociedad civil firmantes condenamos las graves violaciones de derechos humanos cometidas por las autoridades de Belarús, y creemos que podrían dar lugar a más violencia. La última ola de represión se une a la brutal campaña de los últimos meses para demostrar que el objetivo de las autoridades es que todas las personas defensoras de derechos humanos estén privadas de libertad o exiliadas.
Nos solidarizamos con nuestros compañeros y amigos privados de libertad, hostigados y perseguidos a causa de su valiente trabajo. Nos preocupa y entristece enormemente su lucha, pero su compromiso y su resistencia nos inspiran.
Instamos a las autoridades de Belarús a poner fin al hostigamiento y la intimidación de las voces críticas y a poner en libertad a todas las personas defensoras de derechos humanos, periodistas y activistas a quienes se ha privado de libertad injustamente.
Instamos a la comunidad internacional a posicionarse rotundamente en favor de la comunidad de derechos humanos de Belarús y a alzar la voz para pedir la liberación de quienes siguen entre rejas y cuyo único delito ha sido reivindicar una sociedad basada en la justicia y no en el miedo.
Organizaciones firmantes
1. Abdorrahman Boroumand Center for Human Rights in Iran - Irán
2. ACAT Belgique - Bélgica
3. ACAT Burundi - Burundi
4. ACAT España-Catalunya (Acción de los Cristianos para la Abolición de la Tortura) - España
5. ACAT Germany (Action by Christians for the Abolition of Torture) - Alemania
6. ACAT Italia - Italia
7. ACAT République Centrafricaine – República Centroafricana
8. ACAT République Démocratique du Congo – República Democrática del Congo
9. ACAT Suisse - Suiza
10. ACAT Tchad - Chad
11. ACAT Togo - Togo
12. Action Against Violence and Exploitation (ACTVE) - Filipinas
13. Action des Chrétiens Activistes des Droits de l’Homme à Shabunda (ACADHOSHA) - República Democrática del Congo
14. Advocacy Forum – Nepal - Nepal
15. Agir ensemble pour les droits humains - Francia
16. Albanian Human Rights Group
17. ALTSEAN-Burma - Myanmar
18. Anti Death Penalty Asia Network (ADPAN) – Malasia / Asia-Pacífico
19. Anti-Discrimination Centre Memorial - Bélgica
20. ARTICLE 19
21. ASEAN Parliamentarians for Human Rights - Indonesia
22. Asia Pacific Solidarity Coalition (APSOC) - Filipinas
23. Asociación para una Ciudadanía Participativa (ACI PARTICIPA) - Honduras
24. Asociación pro derechos humanos (Aprodeh) - Perú
25. Association Mauritanienne des droits de l'homme (AMDH-Mauritanieuri) - Mauritania
26. Association of Parents of Disappeared Persons (APDP) - India
27. Association Tchadienne pour la promotion et la Défense des Droits de l'Homme (ATPDH) - Chad
28. Association tunisienne des femmes démocrates - Túnez
29. Avocats Sans Frontières France (ASF France) - Francia
30. Banglar Manabadhikar Suraksha Mancha (MASUM) - India
31. Belarusian-Swiss Association RAZAM.CH - Suiza
32. Bulgarian Helsinki Committee - Bulgaria
33. Cambodian Center for Human Rights (CCHR) - Camboya
34. Capital Punishment Justice Project (CPJP) - Australia
35. Center for Civil Liberties - Ucrania
36. Center for Constitutional Rights (CCR) – Estados Unidos
37. Centre for Applied Human Rights (CAHR), University of York – Reino Unido
38. Centre for the Development of Democracy and Human Rights (CDDHR) - Rusia
39. Centro de Derechos humanos Fray Bartolomé de las Casas A.c. (Frayba) - México
40. Centro de Derechos Humanos Paso del Norte - México
41. Centro de Investigación y Promoción de los Derechos Humanos (CIPRODEH) - Honduras
42. Centro de Prevención, Tratamiento y Rehabilitación de Victimas de la Tortura y sus familiares (CPTRT) - Honduras
43. Centro de Salud Mental y Derechos Humanos (CINTRAS) - Chile
44. Changement Social Bénin (CSB) - Benín
45. CIVICUS
46. Civil Rights Defenders (CRD) - Suecia
47. Comision Nacional de los Derechos Humanos (CNDH-RD) – República Dominicana
48. Coalition Burkinabé des Défenseurs des Droits Humains (CBDDH) - Burkina Faso
49. Coalition Marocaine contre la Peine de Mort - Marruecos
50. Coalition Tunisienne Contre la Peine de Mort - Túnez
51. Collectif des Associations Contre l'Impunité au Togo (CACIT) - Togo
52. Comisión de derechos humanos – COMISEDH - Perú
53. Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras (COFADEH) - Honduras
54. Comité de solidaridad con los presos políticos (FCSPP) - Colombia
55. Committee on the Administration of Justice (CAJ) – Irlanda del Norte (Reino Unido)
56. Crude Accountability – Estados Unidos
57. Czech League of Human Rights – República Checa
58. Death Penalty Focus (DPF) – Estados Unidos
59. Defenders of human rights centre - Irán
60. DEMAS - Association for Democracy Assistance and Human Rights – República Checa
61. DITSHWANELO - The Botswana Centre for Human Rights - Botsuana
62. Eastern Partnership Civil Society Forum (EaP CSF) - Bélgica
63. Eleos Justice, Monash University - Australia
64. Enfants Solidaires d'Afrique et du Monde (ESAM) - Benín
65. Federal Association of Vietnam-Refugees in the Federal Republic of Germany - Alemania
66. FIDU - Italian Federation for Human Rights - Italia
67. Finnish League for Human Rights - Finlandia
68. Free Press Unlimited – Países Bajos
69. Fundación Regional de Asesoría en Derechos Humanos (INREDH) - Ecuador
70. GABRIELA Alliance of Filipino Women - Filipinas
71. German Coalition to Abolish the Death Penalty (GCADP) - Alemania
72. Greek Helsinki Monitor - Grecia
73. Helsinki Citizens' Assembly – Vanadzor - Armenia
74. Helsinki Foundation for Human Rights - Polonia
75. Citizens' Watch Russia
76. Human Rights Alert - India
77. Human Rights Association (İHD) – Turquía
78. Human Rights Center (HRC) - Georgia
79. Human Rights Center (HRC) "Memorial" - Rusia
80. Human Rights House Foundation
81. Human Rights in China (HRIC) – Estados Unidos
82. Human Rights Monitoring Institute (HRMI) - Lituania
83. Human Rights Mouvement “Bir Duino-Kyrgyzstan” - Kirguistán
84. Human Rights Organization of Nepal - Nepal
85. Humanist Union of Greece (HUG) - Grecia
86. Hungarian Helsinki Committee – Hungría
87. IDP Women Association "Consent" - Georgia
88. Independent Medico-Legal Unit (IMLU) - Kenia
89. Instituto de Estudios Legales y Sociales del Uruguay (IELSUR) - Uruguay
90. International Commission of Jurists (ICJ) - Kenyan Section - Kenia
91. International Federation for Human Rights (FIDH) - Francia
92. International Legal Initiative - Kazakhstan
93. International Partnership for Human Rights (IPHR) - Belgium
94. International Service for Human Rights (ISHR) - Switzerland
95. Jammu Kashmir Coalition of Civil Society - India
96. JANANEETHI - India
97. Justice for Iran (JFI) - United Kingdom
98. Justícia i Pau - Spain
99. Kazakhstan International Bureau for Human Rights and the Rule of Law - Kazajistán
100. Kharkiv Regional Foundation "Public Alternative" - Ucrania
101. La Strada International – Países Bajos
102. La Voix des Sans Voix pour les Droits de l'Homme (VSV) – República Democrática del Congo
103. Latvian Human Rights Committee (LHRC) - Letonia
104. Lawyer's Committee for Human Rights YUCOM - Serbia
105. League for the Defence of Human Rights in Iran (LDDHI) - Irán
106. Legal Policy Research Centre (LPRC) - Kazajistán
107. Libereco Partnership of Human Rights – Alemania / Suiza
108. LICADHO - Camboya
109. Lifespark - Suiza
110. Liga Portuguesa dos Direitos Humanos - Civitas (LPDHC) - Portugal
111. Liga voor de Rechten van de Mens (LvRM) (Dutch League for Human Rights) – Países Bajos
112. Ligue des droits de l'Homme (LDH) - Francia
113. Ligue Tchadienne des droits de l'Homme - Chad
114. Maldivian Democracy Network (MDN) - Maldivas
115. Martin Ennals Foundation - Suiza
116. Minority Rights Group - Grecia
117. Mouvance des Abolitionnistes du Congo Brazzaville - Congo Brazzaville
118. Mouvement Ivoirien des Droits Humains (MIDH) – Costa de Marfil
119. Mouvement Lao pour les Droits de l'Homme - Laos
120. Movimento Nacional de Direitos Humanos (MNDH) - Brasil
121. Netherlands Helsinki Committee – Países Bajos
122. Norwegian Helsinki Committee - Noruega
123. Observatoire du système pénal et des droits humains (OSPDH) - España
124. Observatoire Marocain des prisons - Marruecos
125. Odhikar - Bangladesh
126. OPEN ASIA|Armanshahr - Francia
127. Organisation contre la torture en Tunisie (OCTT) - Túnez
128. Organisation Guineenne de Defense des Droits de l'Homme et du Citoyen (OGDH) - Guinea
129. Österreichische Liga für Menschenrechte ÖLFMR - Austria
130. Palestinian Center for Human Rights (PCHR) - Palestina
131. Pax Christi Uvira – República Democrática del Congo
132. People's Watch India
133. Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos (Provea) - Venezuela
134. Promo LEX Association - República de Moldavia
135. Protection International (PI)
136. Public Association "Dignity" - Kazajistán
137. Public Association Spravedlivost Human Rights Organization - Kirguistán
138. Public Verdict Foundation - Rusia
139. Rencontre Africaine pour la Défense des Droits de l'Homme RADDHO - Senegal
140. Repecap Academics - España
141. Réseau des Defenseurs des Droits Humains en Afrique Centrale (REDHAC) - Camerún
142. Réseau National de Défense des Droits Humains (RNDDH) - Haití
143. Rights Realization Centre – Reino Unido
144. Rural People's Sangam - India
145. Salam for Democracy and Human Rights – Reino Unido, Líbano, Bahrein
146. Social-Strategic Researches and Analytical Investigations Public Union (SSRAIPU) - Azerbaiyán
147. SOHRAM-CASRA - Centre Action Sociale Réhabilitation et Réadaptation pour les Victimes de la Torture, de la guerre et de la violence - Turquía
148. SOS-Torture/Burundi - Burundi
149. SUARAM - Malasia
150. Syndicat national des agents de la formation et de l'education du Niger (SYNAFEN NIGER) - Níger
151. Task Force Detainees of the Philippines (TFDP) - Filipinas
152. Thai Action Committee for Democaracy in Burma (TACDB) - Tailandia
153. The Advocates for Human Rights – Estados Unidos
154. The Barys Zvozskau Belarusian Human Rights House (BHRH) - Lituania
155. The Commission for the Disappeared and Victims of Violence (KontraS) - Indonesia
156. The International Rehabilitation Council for Torture Victims (IRCT)
157. Urgent Action Fund for Women's Human Rights - Estados Unidos
158. Vietnam Committee on Human Rights (VCHR) - Francia
159. World Coalition Against the Death Penalty (WCADP) - Francia
160. World Organization Against Torture (OMCT) - Suiza
161. Xumek asociación para la promoción y protección de los derechos humanos - ArgentinaEl espacio cívico en Bielorrusia se considera Represivo por el CIVICUS Monitor -
GUATEMALA: “Las élites corruptas ven a los defensores de la justicia como una amenaza a sus intereses y buscan silenciarlos”
CIVICUS conversa acerca de la situación del espacio cívico y la justicia en Guatemala con la exfiscal anticorrupción Virginia Laparra.Recientemente Virginia se ha exiliado tras pasar dos años en prisión por una causa impulsada contra ella en represalia por su labor. Fuesentenciada a cinco años de prisión conmutables, condena que denunció como arbitraria. Como fiscal lideró importantes investigaciones en casos de corrupción, lo que la puso en la mira de un sistema judicial convertido en reaseguro de la impunidad. Durante su estancia en prisión sufrió violaciones de sus derechos básicos y negligencia médica. Su caso forma parte de un patrón de represión que ha llevado al exilio a más de 50 personas defensoras de derechos humanos y operadores de justicia de Guatemala.
¿Qué circunstancias la obligaron a irse de Guatemala?
Durante 16 años trabajé en el Ministerio Público de Guatemala como fiscal de delitos contra la vida, delitos patrimoniales, violencia contra la mujer, delitos contra menores, narcotráfico, delitos financieros y tributarios y contrabando aduanero. Esta experiencia me ayudó a formarme en distintas áreas y fue así como mi carrera como fiscal fue tomando forma.
Con el tiempo, fui asumiendo mayores responsabilidades y me convertí en jefa de distintas unidades y oficinas, incluyendo la de Atención Permanente, que procesa las denuncias y clasifica la información que ingresa al Ministerio Público. También estuve a cargo de la sede regional de la Fiscalía Especial contra la Impunidad, un área que trabajaba de la mano con la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala en casos de crimen organizado y corrupción.
Mi trabajo no pasó desapercibido. A partir de 2017 comencé a recibir amenazas y a sufrir campañas de desprestigio en los medios de comunicación controlados por el gobierno. La persecución incluyó procesos judiciales arbitrarios y un intento de poner mi caso en manos de jueces vinculados a la corrupción. Finalmente, fui detenida en un procedimiento ilegal y arbitrario y enviada a prisión, donde sufrí torturas, violaciones a mis derechos humanos y aislamiento prolongado.
Conté con el apoyo del Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria de las Naciones Unidas, que emitió varias resoluciones a mi favor, y fui declarada presa de conciencia por Amnistía Internacional. Pero el Estado de Guatemala ignoró estos reclamos. Pasé dos años en prisión, y cuando fui liberada, en enero de este año, las amenazas se intensificaron. Ante la falta de garantías para mi seguridad, tomé la difícil decisión de abandonar mi país para preservar mi vida y mi libertad.
Afortunadamente en el exilio he encontrado nuevas formas de contribuir a la promoción de la justicia y los derechos humanos en América Latina mediante la colaboración con organizaciones internacionales y locales. Y sobre todo, estoy satisfecha con el trabajo que hice en Guatemala y llevo conmigo el orgullo de haber contribuido a la justicia.
¿Qué desafíos enfrentan las personas defensoras y los operadores de justicia en Guatemala?
El espacio cívico en Guatemala está en crisis. Había esperanzas de que el gobierno de Bernardo Arévalo, iniciado en enero de este año, encarara una reforma del sistema judicial y creara un entorno más favorable para la justicia. Es cierto que aún ha pasado poco tiempo, pero parece difícil que esto se logre. Los poderosos intereses que perpetúan la corrupción y la impunidad siguen intactos, y la nueva administración ha enfrentado fuertes presiones que limitan su capacidad para implementar cambios sustanciales.
Las personas defensoras de derechos humanos, operadores de justicia y políticos que apoyan al gobierno de Arévalo enfrentan intimidaciones, amenazas, ataques y detención arbitraria. La impunidad solo agrava los riesgos.
Las élites corruptas, que se han mantenido el poder mediante el saqueo de fondos públicos, ven a los defensores de la justicia como una amenaza a sus intereses y buscan silenciarlos a través de campañas de difamación, persecuciones e incluso violencia física. Los exilios de Thelma Aldana, Juan Francisco Sandoval y muchos otros ex operadores de justicia, personas defensoras de derechos humanos y periodistas ilustran claramente la hostilidad que enfrentan quienes abogan por la justicia, la transparencia y la rendición de cuentas.
¿Cómo puede la comunidad internacional apoyar la lucha contra la impunidad en Guatemala?
La comunidad internacional puede y debe jugar un papel crucial en esta lucha. Las plataformas internacionales deben visibilizar y denunciar las violaciones a los derechos humanos. Los actores diplomáticos deben instar al gobierno guatemalteco a garantizar el respeto de los derechos humanos. También es fundamental que den apoyo financiero y técnico a las organizaciones de la sociedad civil local.
La comunidad internacional debe apoyar la lucha contra la corrupción y la impunidad en Guatemala, coordinando sus esfuerzos para que ésta tenga impactos profundos y duraderos. Deben contribuir a la protección de las personas defensoras y asegurarse de que los sistemas de justicia no sean utilizados como arma para reprimir el disenso.
El espacio cívico en Guatemala es calificado como “represivo” por elCIVICUS Monitor.
