CIVICUS conversa acerca de la situación del espacio cívico y la justicia en Guatemala con la exfiscal anticorrupción Virginia Laparra.
Recientemente Virginia se ha exiliado tras pasar dos años en prisión por una causa impulsada contra ella en represalia por su labor. Fue sentenciada a cinco años de prisión conmutables, condena que denunció como arbitraria. Como fiscal lideró importantes investigaciones en casos de corrupción, lo que la puso en la mira de un sistema judicial convertido en reaseguro de la impunidad. Durante su estancia en prisión sufrió violaciones de sus derechos básicos y negligencia médica. Su caso forma parte de un patrón de represión que ha llevado al exilio a más de 50 personas defensoras de derechos humanos y operadores de justicia de Guatemala.
¿Qué circunstancias la obligaron a irse de Guatemala?
Durante 16 años trabajé en el Ministerio Público de Guatemala como fiscal de delitos contra la vida, delitos patrimoniales, violencia contra la mujer, delitos contra menores, narcotráfico, delitos financieros y tributarios y contrabando aduanero. Esta experiencia me ayudó a formarme en distintas áreas y fue así como mi carrera como fiscal fue tomando forma.
Con el tiempo, fui asumiendo mayores responsabilidades y me convertí en jefa de distintas unidades y oficinas, incluyendo la de Atención Permanente, que procesa las denuncias y clasifica la información que ingresa al Ministerio Público. También estuve a cargo de la sede regional de la Fiscalía Especial contra la Impunidad, un área que trabajaba de la mano con la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala en casos de crimen organizado y corrupción.
Mi trabajo no pasó desapercibido. A partir de 2017 comencé a recibir amenazas y a sufrir campañas de desprestigio en los medios de comunicación controlados por el gobierno. La persecución incluyó procesos judiciales arbitrarios y un intento de poner mi caso en manos de jueces vinculados a la corrupción. Finalmente, fui detenida en un procedimiento ilegal y arbitrario y enviada a prisión, donde sufrí torturas, violaciones a mis derechos humanos y aislamiento prolongado.
Conté con el apoyo del Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria de las Naciones Unidas, que emitió varias resoluciones a mi favor, y fui declarada presa de conciencia por Amnistía Internacional. Pero el Estado de Guatemala ignoró estos reclamos. Pasé dos años en prisión, y cuando fui liberada, en enero de este año, las amenazas se intensificaron. Ante la falta de garantías para mi seguridad, tomé la difícil decisión de abandonar mi país para preservar mi vida y mi libertad.
Afortunadamente en el exilio he encontrado nuevas formas de contribuir a la promoción de la justicia y los derechos humanos en América Latina mediante la colaboración con organizaciones internacionales y locales. Y sobre todo, estoy satisfecha con el trabajo que hice en Guatemala y llevo conmigo el orgullo de haber contribuido a la justicia.
¿Qué desafíos enfrentan las personas defensoras y los operadores de justicia en Guatemala?
El espacio cívico en Guatemala está en crisis. Había esperanzas de que el gobierno de Bernardo Arévalo, iniciado en enero de este año, encarara una reforma del sistema judicial y creara un entorno más favorable para la justicia. Es cierto que aún ha pasado poco tiempo, pero parece difícil que esto se logre. Los poderosos intereses que perpetúan la corrupción y la impunidad siguen intactos, y la nueva administración ha enfrentado fuertes presiones que limitan su capacidad para implementar cambios sustanciales.
Las personas defensoras de derechos humanos, operadores de justicia y políticos que apoyan al gobierno de Arévalo enfrentan intimidaciones, amenazas, ataques y detención arbitraria. La impunidad solo agrava los riesgos.
Las élites corruptas, que se han mantenido el poder mediante el saqueo de fondos públicos, ven a los defensores de la justicia como una amenaza a sus intereses y buscan silenciarlos a través de campañas de difamación, persecuciones e incluso violencia física. Los exilios de Thelma Aldana, Juan Francisco Sandoval y muchos otros ex operadores de justicia, personas defensoras de derechos humanos y periodistas ilustran claramente la hostilidad que enfrentan quienes abogan por la justicia, la transparencia y la rendición de cuentas.
¿Cómo puede la comunidad internacional apoyar la lucha contra la impunidad en Guatemala?
La comunidad internacional puede y debe jugar un papel crucial en esta lucha. Las plataformas internacionales deben visibilizar y denunciar las violaciones a los derechos humanos. Los actores diplomáticos deben instar al gobierno guatemalteco a garantizar el respeto de los derechos humanos. También es fundamental que den apoyo financiero y técnico a las organizaciones de la sociedad civil local.
La comunidad internacional debe apoyar la lucha contra la corrupción y la impunidad en Guatemala, coordinando sus esfuerzos para que ésta tenga impactos profundos y duraderos. Deben contribuir a la protección de las personas defensoras y asegurarse de que los sistemas de justicia no sean utilizados como arma para reprimir el disenso.
El espacio cívico en Guatemala es calificado como “represivo” por el CIVICUS Monitor.
