grupos vulnerables
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ARGENTINA: ‘Debemos impedir el intento de volver a las injusticias de la pre-pandemia’
CIVICUS conversa sobre la crisis del COVID-19 y las respuestas de la sociedad civil con Sebastián Pilo, codirector de la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ), una organización de la sociedad civil (OSC) dedicada a la defensa de los derechos de los grupos más desfavorecidos y al fortalecimiento de la democracia en Argentina. Fundada en 2002, ACIJ tiene por objetivos defender la efectiva vigencia de la Constitución Nacional y los principios del estado de derecho, promover el cumplimiento de las leyes que protegen a los grupos desaventajados y la erradicación de toda práctica discriminatoria, y contribuir al desarrollo de prácticas de democracia participativa y deliberativa.
¿Qué impactos ha tenido la pandemia del COVID-19 sobre los derechos de los y las argentinas?
Sin perjuicio de los buenos resultados en términos sanitarios de las medidas de aislamiento, la pandemia ha golpeado muy especialmente a las poblaciones más vulnerables. Por citar solo algunos ejemplos, sobre las y los habitantes de asentamientos informales ha recaído en una proporción significativamente superior el impacto de los contagios. Los adultos mayores institucionalizados también han sufrido la pandemia de un modo particularmente cruel, y a ello se suma el presumible aumento de casos de violencia doméstica asociado al encierro.
El hecho de que se les pida “quedate en casa” a quienes no encuentran satisfecho su derecho a una vivienda adecuada resulta una muestra clara de la brecha entre las promesas constitucionales y la realidad, así como de la interrelación entre el derecho a la salud y otros derechos fundamentales. Sobre este punto justamente, a mediados de marzo, cuando recién comenzaba la cuarentena obligatoria, junto con otras OSC presentamos una nota al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires advirtiendo la falta de políticas públicas adecuadas para las personas que viven en situación de calle, un grupo especialmente vulnerable ante la pandemia. Si bien el Gobierno de la Ciudad anunció medidas para mitigar la propagación del COVID-19, las acciones están principalmente orientadas al control de la circulación de esta población, pero ninguna garantiza su acceso a condiciones adecuadas de higiene y salud. Las causas que llevan a la situación de calle son estructurales y están relacionadas con la falta de políticas públicas que garanticen a todas las personas acceder a una vivienda digna. Las acciones que se adopten en esta emergencia deberían ser un punto de partida para construir una política a largo plazo que revierta la precariedad en que viven miles de personas en la ciudad.
Más en general, la iniciativa multisectorial Habitar Argentina ha reclamado en el contexto de la pandemia la implementación de una política nacional de emergencia en materia de hábitat, que apunte no solamente a mejorar las condiciones de las personas que ya se encuentran en situación de calle, sino que incluya también la suspensión -por seis meses o hasta que se haya superado la pandemia- de todos los desalojos y ejecuciones judiciales que puedan producir mayor número de personas en situación de calle o empeorar sus condiciones sanitarias; así como políticas específicas para familias que alquilan, tienen hipotecas o habitan en viviendas precarias. También reclama la implementación de mecanismos de protección para mujeres, niños, niñas, adolescentes y minorías sexuales o disidencias de género que se encuentren en situación de violencia en cualquier tipo de hogar y territorio.
¿Qué obstáculos ha enfrentado ACIJ para continuar funcionando en este contexto, y cómo los ha superado?
El mayor obstáculo se relaciona con las medidas de aislamiento y la consecuente imposibilidad de mantener, en las mismas condiciones, nuestra presencia territorial en las comunidades con las que trabajamos. Ello nos ha llevado a tener que redoblar nuestros esfuerzos para seguir en contacto -virtual o con presencias esporádicas autorizadas- con líderes y lideresas comunitarias, e impulsar acciones tendientes a brindar la protección especial requerida por el contexto.
Así, por ejemplo, junto con la Fundación Huésped y TECHO organizamos una serie de capacitaciones destinadas a referentes populares, que históricamente han sido claves en las redes de contención en sus barrios. A partir del 5 de junio tuvimos cinco encuentros destinados a brindarles información sobre medidas de prevención frente al COVID-19 y a otras enfermedades presentes en los barrios, información legal en el marco del aislamiento social obligatorio, orientación en caso de violencia institucional y/o de género y medidas de prevención para comedores comunitarios y ollas populares, y a darles a conocer los programas de asistencia estatal que surgieron en el marco de la pandemia. De los encuentros participaron más de 90 referentes de las provincias de Buenos Aires, Chaco, Córdoba y Tucumán.
También se desarrollaron un asistente virtual con información específica para responder a las consultas de los habitantes de los barrios populares y una serie de piezas de comunicación que fueron distribuidas a través de los grupos WhatsApp y Facebook de las comunidades.
¿Qué otras acciones han emprendido para defender los derechos afectados bajo la pandemia, y qué logros han conseguido?
Entre las acciones más relevantes que llevamos adelante durante estos meses, cabe destacar las siguientes.
En primer lugar, respecto de los habitantes de villas y asentamientos, impulsamos un protocolo especial de actuación frente al COVID-19, la creación de una plataforma web que georreferencia recursos y permite detectar las urgencias de dicha población, y una medida judicial para brindar acceso a internet gratuito por parte del Estado mientras duren las medidas de aislamiento.
Este avance en materia de acceso a internet fue una respuesta a una demanda que iniciamos junto con otras OSC, con el objeto de posibilitar la continuidad pedagógica del conjunto de estudiantes en el marco de las medidas de educación a distancia dispuestas durante la emergencia. La medida cautelar dictada a principios de junio obligó al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires a entregar a todos los estudiantes que concurren a establecimientos educativos de gestión pública o de gestión privada con cuota cero y que se encuentren en situación de vulnerabilidad social (beneficiarios de planes, becas, subsidios o programas sociales de la ciudad o del Estado nacional, o residentes en villas), un dispositivo informático adecuado (computadora portátil, notebook o tablet) para acceder a internet y realizar las tareas escolares de modo de garantizar su continuidad pedagógica. Asimismo, el gobierno está obligado a instalar en todas las villas de la ciudad equipos tecnológicos de transmisión de internet inalámbrica, similares a los que actualmente mantiene en plazas y espacios públicos, en cantidad y ubicación suficiente como para brindar un estándar mínimo de conectividad inalámbrica libre. En caso de que existan impedimentos técnicos para ello, el gobierno local deberá entregar un dispositivo móvil con línea de datos que permita el acceso a internet a cada grupo familiar integrado por niños, niñas y/o adolescentes que concurren a establecimientos educativos de nivel primario.
Esta medida es fundamental porque no solamente busca revertir la desigualdad existente en materia de acceso a equipamiento educativo, sino que también reconoce el acceso a internet como un derecho fundamental que resulta instrumental -y en este contexto imprescindible- para el ejercicio de otros derechos como la educación, la salud, la información o el acceso a la justicia.
Segundo, respecto de las personas con discapacidad, entre otras cosas denunciamos la reducción de la cobertura de los apoyos, realizamos una campaña para mostrar los efectos del encierro sobre las personas internadas en manicomios, y lanzamos una plataforma web para canalizar el acceso a derechos.
La plataforma discapacidadyderechos.org.ar fue lanzada a principios de julio y busca ayudar a las personas con discapacidad a exigir el cumplimiento de sus derechos a la salud, a la educación, al trabajo, a la vida independiente y a la protección social. La plataforma centraliza información relativa a los derechos, las prestaciones y servicios que reconoce la normativa vigente; las vías existentes para reclamar en casos de incumplimiento de obras sociales, empresas de medicina prepaga y del Estado; y los lugares a los que se puede acudir para recibir asesoramiento y patrocinio jurídico gratuito. La página cuenta con un total de 120 modelos de documentos tales como notas administrativas y cartas documento que cada persona puede adaptar a su situación. Además, dispone de una sección específica que brinda información sobre los derechos de las personas con discapacidad en el marco de la pandemia del COVID-19.
Cabe subrayar que el proceso de desarrollo del sitio incluyó instancias de participación de personas con discapacidad y sus familiares, quienes probaron la plataforma e hicieron sugerencias para su mejora, y contó asimismo con el asesoramiento de especialistas en materia de accesibilidad y usabilidad digital.
Tercero, para colectivos vulnerables en general, creamos junto a un grupo de instituciones académicas y de la sociedad civil una iniciativa de difusión de información legal para clarificar los alcances e impactos de la normativa de emergencia y contribuir al empoderamiento jurídico de diversos grupos desaventajados, e impulsamos un posicionamiento regional para alertar sobre el rol de la justicia frente a la crisis. También elaboramos un documento con información clave para revertir injusticias en materia tributaria y contribuir a una política fiscal respetuosa de los derechos económicos, sociales y culturales en el contexto de pandemia.
¿Cuál dirías que ha sido la clave de la obtención de estos logros?
Creo que los logros obtenidos durante este contexto se explican fundamentalmente por la articulación de tres variables: en primer lugar, la totalidad del equipo de ACIJ se mostró especialmente movilizado por la necesidad de realizar una contribución significativa desde nuestro rol institucional, y adoptó la flexibilidad necesaria para reaccionar a la crisis de un modo adecuado. En segundo lugar, nuestra cercanía histórica con las comunidades y grupos afectados en relación con las temáticas en que trabajamos fue clave para conocer en primera persona los obstáculos que están enfrentando las personas en situación de vulnerabilidad para acceder a sus derechos. Finalmente, la combinación de estrategias de incidencia en las políticas públicas, judicialización de conflictos colectivos y empoderamiento comunitario redundó en impactos de mayor envergadura que los que se hubieran obtenido en ausencia de esta articulación de estrategias.
¿Qué rol debería tener la sociedad civil en la salida de la pandemia y en la construcción de una mejor “nueva normalidad” post-pandémica?
Lo primero que debe hacer la sociedad civil en este contexto es exhibir con mucha claridad las injusticias de aquel mundo que teníamos antes de la pandemia: la desigualdad política como estructurante de democracias de baja calidad; la desigualdad económica como estructurante de las vulneraciones de derechos económicos, sociales y culturales; y un modelo de producción de los bienes y de organización de los territorios que resultaba insostenible desde el punto de vista ambiental.
Teniendo en cuenta que la pandemia ha profundizado las desigualdades preexistentes y generado mayores impactos en las personas de más bajos ingresos, la prioridad actual debe ser el fortalecimiento de los sistemas públicos de protección y promoción de los derechos humanos de los grupos más afectados por la pandemia. En este contexto, es fundamental garantizar los recursos para financiar políticas sanitarias y de protección social adecuadas. De ahí que, junto con otras OSC de la región, hayamos producido una declaración para instar a los estados a implementar mecanismos para lograr un sistema tributario globalmente progresivo; evaluar las exenciones tributarias existentes para determinar cuáles deberían eliminarse por ser injustificadas e inequitativas; acordar la no aprobación de nuevos privilegios fiscales, salvo en casos urgentes y de efectividad comprobada y preferiblemente en beneficio de las poblaciones vulnerables y pequeñas empresas; y reformar y racionalizar el proceso de aprobación y revisión de los gastos tributarios, aumentando la transparencia, identificando beneficiarios/as, incluyendo evaluaciones de impacto, y sujetándolos a un escrutinio independiente.
Es fundamental que la sociedad civil ayude a imaginar nuevos rumbos: el momento de crisis es también un contexto de oportunidad para estimular nuestra capacidad de idear modos distintos de relacionarnos como comunidad política, y nuevos valores para la reconstrucción de sociedades más justas.
Finalmente, deberemos acompañar a quienes más dificultades tendrán para encontrar estrategias de supervivencia y satisfacer sus necesidades básicas, al mismo tiempo que buscamos espacios de participación para hacer escuchar nuestras voces en los ámbitos de toma de decisiones públicas y hacemos frente a los previsibles intentos de retomar, en la etapa post-pandémica, las injusticias y privilegios propios de la era anterior.
El espacio cívico en Argentina es clasificado como ‘estrecho’ por elCIVICUS Monitor.
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COLOMBIA: “La sociedad civil es un pilar importante del trabajo con la población migrante”
CIVICUS conversa con Carmen Aida Faria, directora de la Fundación Manitas Amarillas, acerca de las dificultades que enfrentan las personas migrantes venezolanas en Colombia y la labor de la sociedad civil para facilitar el acceso a sus derechos.Manitas Amarillas es una organización de la sociedad civil (OSC) colombiana constituida en 2018, en el contexto de la migración venezolana masiva en Colombia, para brindar asistencia humanitaria, acceso a servicios de salud y asesoramiento a personas migrantes y refugiadas.
¿Cómo ha evolucionado en los últimos años la situación de las personas migrantes venezolanas en Colombia?
Los flujos migratorios que recibe Colombia han cambiado a lo largo del tiempo. La ola migratoria venezolana de 2015 fue muy importante, pero la cantidad de migrantes en los años siguientes aumentó, con un pico en 2017. En comparación con la anterior, esta oleada incluyó a muchas más personas en situación de vulnerabilidad.
Estas personas que estaban llegando necesitaban inmediata atención de salud y acceso a otros derechos fundamentales que el sistema no podía brindarles. Colombia no contaba con la infraestructura, ni los recursos económicos necesarios para dar respuesta, en particular en las zonas de frontera, con poblaciones locales que también tienen déficits de acceso a educación y salud, entre otros derechos.
Los migrantes en situación de vulnerabilidad tampoco podían acceder a los programas asistenciales del gobierno colombiano para recibir ayudas monetarias o ingresar al sistema de salud subsidiado. Para acceder a los programas sociales las personas deben tener regularizada su situación migratoria.
Además de a la población migrante con vocación de permanencia, hay que considerar a la población de las zonas de frontera, que es pendular, ya que cruza la frontera permanentemente para acceder a ciertos servicios. Por ejemplo, hay muchos niños que viven en Venezuela pero estudian en Colombia y no están incluidos en los programas de alimentación escolar. Hay organizaciones que trabajan específicamente para que estos niños tengan acceso a alimentación, ya que llegan con problemas nutricionales importantes.
Estos procesos generaron una exigencia a la comunidad, pero sobre todo al Estado colombiano, para que brindara respuestas. Y el país comenzó a operar bajo una lógica de solidaridad y de agradecimiento: los colombianos recordamos que en el pasado fue Venezuela la que recibió migrantes colombianos. Así, el gobierno comenzó por otorgar permisos especiales de permanencia para regularizar de alguna manera a toda esa población. Pero lo que definitivamente marcó un hito fue el Estatuto Temporal de Protección para Migrantes Venezolanos (ETPMV), aprobado en 2021 con una lógica esencialmente humanitaria.
¿Qué avances supuso la implementación de esa nueva política?
El ETPMV propuso una regularización temporaria para que las personas venezolanas pudieran acogerse a los mismos derechos y tener los mismos deberes que las y los ciudadanos colombianos. Mediante el otorgamiento de un documento de identidad llamado Permiso por Protección Temporal, las personas migrantes tienen la posibilidad de acceder, al sistema de salud y al mercado laboral, entre otros derechos.
Teóricamente el mecanismo está bien pensado; sin embargo, ha costado llevarlo a la práctica. Mucha gente ha quedado afuera: más de 2,4 millones de migrantes se inscribieron en el Registro Único para Migrantes Venezolanos, pero todavía hay más de 1 millón que, habiendo completado todo el proceso, no han recibido su permiso.
Hay quienes aplicaron para el permiso en septiembre de 2021, es decir, hace más de un año, y han consultado a Migración Colombia, la autoridad migratoria de vigilancia, control migratorio y extranjería, pero todavía desconocen qué ha ocurrido con su aplicación. También ha habido quienes no han recibido sus permisos por problemas de logística: se trata de una población de alta movilidad y cuando cambian de domicilio muchas veces no es posible localizarlos para entregarles la documentación.
Pero también ocurre que las dificultades continúan una vez obtenido el permiso. Ello indica que existen problemas más profundos. Cuando el ciudadano venezolano va con su permiso a abrir una cuenta bancaria o a inscribirse en el sistema de salud, con frecuencia no lo aceptan. El Permiso por Protección Temporal es un documento nuevo y muchas instituciones, tanto públicas como privadas, aún no lo conocen. De ahí que haga falta mucha pedagogía para que estos derechos sean efectivamente accesibles.
Se suponía que el ETPMV priorizaría a los grupos poblacionales más vulnerables. Las primeras en recibir sus permisos debían ser las personas que necesitaban atención médica inmediata y los niños y adolescentes que debían ingresar al sistema educativo, pero carecían de documento de identidad. Esto finalmente no sucedió, a tal punto que se han tenido que presentar tutelas, una herramienta jurídica para garantizar derechos, para asegurar el acceso a la salud por parte de personas con enfermedades crónicas u otras patologías que necesitan atención inmediata.
¿Qué trabajo está haciendo la sociedad civil colombiana para apoyar a las personas migrantes venezolanas?
A partir de la última gran ola migratoria de 2017 han surgido muchas OSC. Fue la misma comunidad de migrantes los que comenzamos a unirnos para ayudar a otros migrantes. Nosotros comenzamos dando comida en la calle y brindando asistencia humanitaria a los caminantes, como llamamos a las personas que se trasladan a pie a través del territorio colombiano, quienes no contaban con información o ni siquiera con el abrigo necesario para adaptarse al clima de Colombia.
Así, las OSC nos convertimos en un pilar importante del trabajo con la población migrante, porque estamos en el terreno y conocemos las problemáticas de las personas migrantes.
Actualmente, muchas OSC estamos agrupadas a través de la Alcaldía de Bogotá e impulsamos una serie de iniciativas conjuntas. Lanzamos campañas publicitarias y firmamos un pacto simbólico para la integración, porque en Colombia los migrantes venezolanos todavía sufren xenofobia y aporofobia, es decir, rechazo por su situación de pobreza. Solicitamos a los medios de comunicación que dejen de difundir la nacionalidad de los autores de delitos, porque solo lo hacen cuando la persona implicada es extranjera, con lo cual sobredimensionan el problema y contribuyen a la discriminación contra los venezolanos.
También estamos participando, en colaboración con el gobierno colombiano y la cooperación internacional, del primer Entregatón, un operativo de entrega masiva de permisos que espera distribuir 40,000 en cinco días. Migración Colombia ha enviado mensajes vía celular a las personas migrantes cuyo documento está listo, con la fecha y lugar donde pueden ir a buscarlo. Pero además de entregar los documentos, en el marco del operativo se prestan servicios de enrolamiento y de registro biométrico para quienes aún no han realizado estas fases del proceso. A quienes ya hayan recibido sus permisos se les ofrecen también servicios de vacunación, de afiliación a entidades promotoras de salud, de inscripción en el sistema de asistencia social, de acompañamiento legal y de información sobre diferentes cuestiones, desde el sistema de transporte hasta el acceso escolar y los programas dirigidos a mujeres migrantes.
El trabajo es mucho y las OSC estamos contribuyendo enormemente. El gobierno y la cooperación internacional deberían tomarnos en cuenta no solamente como fuentes de diagnóstico del fenómeno migratorio, sino también como socias a la hora de ejecutar de manera conjunta las políticas públicas que surgen a partir de estos diagnósticos.
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EMPRESAS Y DERECHOS HUMANOS: “Este tratado no debería negociarse a puertas cerradas”
CIVICUSconversa sobre el proceso para desarrollar un tratado internacional sobre empresas y derechos humanos y el rol de la sociedad civil con Ivette González, directora de Vinculación Estratégica, Campañas de Incidencia y Relaciones Públicas de Proyecto sobre Organización, Desarrollo, Educación e Investigación (PODER, por sus siglas en inglés).PODER es una organización de la sociedad civil (OSC) regional basada en México y dedicada a fomentar la transparencia y la rendición de cuentas de las empresas en América Latina desde una perspectiva de derechos humanos, así como a fortalecer a los actores de la sociedad civil afectados por prácticas empresariales para que actúen como garantes de la rendición de cuentas a largo plazo.
¿Por qué es tan importante contar con un tratado sobre empresas y derechos humanos?
Vivimos en un mundo prácticamente regido por el capital. Desde que se ha consolidado este modelo económico hegemónico, capitalista y patriarcal, ha quedado en evidencia que quien tiene el capital es quien manda.
Cuando las empresas influyen directamente sobre las decisiones de los poderes estatales, ya sea del poder ejecutivo, del legislativo o del judicial, o sobre otros actores tales como organismos internacionales o entidades bancarias que deberían funcionar en beneficio público, poniéndolas en cambio al servicio del beneficio privado y exclusivo de unas cuantas personas y priorizando la generación y acumulación de riqueza por sobre los derechos humanos, se produce un fenómeno al que llamamos “captura corporativa”. Este fenómeno se observa en todos los continentes y resulta en el debilitamiento del Estado y sus instituciones. Es necesario recuperar la fuerza del Estado y el tratado sobre empresas y derechos humanos podría contribuir a ello.
El instrumento internacional jurídicamente vinculante para regular, en el derecho internacional de los derechos humanos, las actividades de las empresas transnacionales y otras empresas comerciales, busca poner freno a las violaciones de múltiples derechos humanos por parte de las empresas, tales como los derechos a la salud, la libertad, la privacidad o el acceso a la información, y a la impunidad con que operan y que les permite destruir el medio ambiente, territorios, familias y comunidades enteras.
Toda empresa debe operar con debida diligencia en derechos humanos para identificar, prevenir, abordar y reparar abusos y violaciones, como ciclo continuo de gestión y abarcando desde el planteamiento del proyecto, la inversión, las operaciones, fusiones, cadenas de valor y suministro, relaciones con clientes y proveedores, y cualquier otra actividad que pudiera generar impactos negativos sobre los derechos, incluyendo a los territorios. El tratado sirve para que los Estados, en tanto que principales sujetos de obligaciones para proteger los derechos humanos, exijan a las empresas el cumplimiento de sus responsabilidades y lo monitoreen.
Asimismo, este tratado internacional sería un avance único en el sentido de que abarcaría las actividades extraterritoriales de las empresas, por ejemplo, las actividades de empresas cuyas matrices pueden estar en algún país del norte global pero que pueden tener operaciones en el sur global. Por el momento, en muchas ocasiones y jurisdicciones las empresas solamente se autorregulan y no responden por sus abusos y violaciones de derechos humanos ni por la destrucción de la vida y del planeta. Hay algunos Estados que están avanzando en regulaciones y políticas, pero hay aún vacíos a nivel internacional. Queremos que este tratado aborde la gran brecha existente en el derecho internacional que permite la impunidad de los crímenes corporativos.
¿Qué avances ha habido en la negociación del tratado?
En la octava sesión del Grupo de Trabajo Intergubernamental de composición abierta sobre las empresas transnacionales y otras empresas con respecto a los derechos humanos, celebrada del 24 al 28 de octubre de 2022, se produjeron desarrollos interesantes. Si bien no hay una línea de tiempo y un plazo estricto para producir la versión final del tratado, una de las personas expertas convocadas por el Grupo de Trabajo Intergubernamental para el desarrollo del instrumento propuso el año 2025 para concluir las negociaciones. Ese es el plazo que se espera poder cumplir si los Estados tienen voluntad política para generar consensos. Y por lo pronto, se observa que algunos Estados que en el pasado fueron reticentes a participar ahora están teniendo un poco más de interés.
Por ahora el borrador cuenta con 24 artículos, los primeros 13 de los cuales se discutieron en la última sesión. Las discusiones incluyeron temas centrales como la definición de los derechos de las víctimas y su protección y la definición del propósito y el alcance del tratado, es decir, si debe de incluir solamente a las empresas transnacionales o también a otras empresas. El Estado mexicano, por ejemplo, sostiene que este instrumento debe abarcar todas las actividades que tengan un carácter transnacional. También se ha discutido acerca de la prevención de daños y el acceso a reparaciones, así como acerca de la responsabilidad legal, la jurisdicción que abordará la denuncia, los plazos de prescripción y la cooperación judicial internacional, entre otros temas.
Algunos Estados han hecho aportes para mejorar el contenido en negociación. Por el contrario, otros Estados buscan minimizar el alcance del tratado en algunos aspectos, por ejemplo en lo que se refiere a protecciones a pueblos y comunidades indígenas, salvaguardas ambientales y derechos de las mujeres y la niñez, entre otros.
Hay Estados que apoyan las nuevas propuestas del presidente relator, el embajador de Ecuador, pero gran parte de la sociedad civil considera que, en su mayoría, van en detrimento de lo alcanzado durante siete años hasta 2021, y le quita fuerza al tratado. Promueven la asimetría de poder entre Estados del norte y el sur, así como entre las empresas y las personas y comunidades titulares de derechos. El tercer borrador revisado es el que reconocemos como legítimo y sobre el que se consideramos que se deben continuar las negociaciones.
¿Cómo está contribuyendo la sociedad civil?
Decenas de OSC están impulsando un tratado efectivo. Entre ellas se cuentan PODER, junto con la Red Internacional para los Derechos Económicos, Sociales y Culturales (Red-DESC), que conecta a más de 280 OSC, movimientos sociales y activistas de 75 países, y muchas otras alianzas, movimientos y articulaciones como la Alianza para eltratado, Feministas por un Tratado Vinculante y la Campaña Global para Reivindicar la Soberanía de los Pueblos, Desmantelar el Poder de las Transnacionales y poner Fin a la Impunidad.
Por supuesto que en la sociedad civil hay diversidad de opiniones en varios temas, pero estamos de acuerdo en la necesidad de regular la actividad empresarial con una perspectiva de derechos humanos. Hemos identificado los elementos que debe de contener este tratado y las condiciones para su implementación. Y tratamos de ponerle urgencia al proceso, que va demasiado lento, mientras que las violaciones de derechos humanos y los ataques contra personas defensoras no se detienen, sino que aumentan cada año.
La sociedad civil ha hecho incidencia con los y las tomadoras de decisiones para que se abrieran espacios de discusión con la sociedad civil. PODER, junto con la Red-DESC, en particular, ha insistido en la participación constructiva y proactiva de los Estados del sur global en el proceso, y específicamente de América Latina. También trabajamos para integrar una perspectiva de género e interseccional tanto en el proceso como en el texto; un ejemplo ha sido la propuesta de utilizar la política exterior feminista de México.
La sociedad civil parte de la convicción de que no es posible desarrollar un tratado legítimo si no se coloca en el centro de todo el proceso la participación de los y las titulares de derechos – personas y comunidades rurales afectadas, pueblos indígenas, sindicatos independientes, personas LGBTQI+ y personas en situación de vulnerabilidad, entre otras.
¿Cuáles son las probabilidades de que la versión final del tratado satisfaga las expectativas de la sociedad civil y cumpla con su cometido?
Esperamos que el tratado contribuya a acabar con la impunidad corporativa y que los Estados asuman su obligación de proteger los derechos humanos frente a la actividad empresarial. Que se eviten abusos y violaciones, se reparen daños y se asegure que estas situaciones no se repitan.
Aunque existen procesos establecidos para el desarrollo de tratados internacionales, este es un tratado inusual y debe ser tratado como tal, por lo que deben hacerse los cambios que sean necesarios tanto en el proceso como en el contenido para que sea realmente efectivo.
La satisfacción completa de las expectativas de la sociedad civil requeriría de un cambio de paradigma basado en el principio de que las empresas tienen una función social y que sus operaciones no deben rebasar ciertos límites para tener una vida digna y un medio ambiente limpio sano y sostenible. Sabemos que no lograremos concretar todas nuestras aspiraciones con un tratado, con Planes Nacionales de Acción y con regulaciones y normativas, aun cuando éstas sean correctamente implementadas. Pero todos estos son pasos importantes para intentar equilibrar la balanza, limitando el poder que el sistema económico global ha otorgado a las corporaciones empresariales.
Si bien el tratado difícilmente satisfaga todas nuestras expectativas, las OSC que estamos exigiendo el máximo nivel de exigencia para este tratado seguiremos haciéndolo hasta el final. Seguiremos llevando propuestas de personas expertas y de las comunidades y grupos afectados que luchan por la justicia y la reparación de los daños que viven en carne propia, abriendo espacios para que sus voces sean escuchadas y permanezcan en el centro de las negociaciones en todo momento e incluyendo en las consultas sobre el texto a personas defensoras de los derechos humanos y el medio ambiente.
Este tratado no debería negociarse a puertas cerradas ni exclusivamente con el sector privado, pues ello repetiría el mismo ciclo de opacidad y de privilegio que nos ha traído hasta aquí, y solo contribuiría a mantener un statu quo insostenible.
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NACIONES UNIDAS: ‘Los temas pendientes del tratado vinculante sobre empresas y DDHH son políticos’
CIVICUS conversa sobre el proceso para elaborar un tratado internacional vinculante sobre empresas y derechos humanos con Fernanda Hopenhaym, presidenta del Grupo de Trabajo de las Naciones Unidas (ONU) sobre Empresas y Derechos Humanos.¿Por qué es tan importante contar con un tratado vinculante sobre empresas y derechos humanos?
El proceso para desarrollar este tratado surge de la convicción de que se necesita un instrumento legalmente vinculante que regule las obligaciones de las empresas y, sobre todo, facilite el acceso a la justicia para las víctimas de sus abusos. El objetivo es incorporar protecciones a los derechos humanos en el contexto de la actividad empresarial.
Un tratado internacional permitiría trascender las limitaciones jurisdiccionales de los Estados. El capital transnacional opera más allá de fronteras. Una enorme cantidad de empresas en la mayoría de los sectores opera con cadenas de suministro globales. Cuando en algún lugar de esas cadenas ocurren abusos es muy difícil para las víctimas acceder a la justicia, ya que no contamos con mecanismos de justicia que transciendan las fronteras. Las operaciones de las empresas son transnacionales, pero la justicia no.
Desde ya que los países tienen que tomar medidas a nivel doméstico, fortalecer sus regulaciones, mejorar sus leyes y desarrollar política pública y planes de acción para asegurar la protección efectiva de los derechos humanos. Y también las empresas deben adoptar compromisos para mejorar sus prácticas. El tratado que se está negociando formaría parte de un conjunto de medidas que son complementarias, no excluyentes.
El proceso del tratado comenzó en junio de 2014, cuando el Consejo de Derechos Humanos de la ONU estableció la creación de ungrupo intergubernamental de trabajo de composición abierta que recibió el mandato de negociar y acordar un instrumento internacional jurídicamente vinculante para regular las actividades de las empresas transnacionales y otras empresas en el marco del derecho internacional de los derechos humanos.
¿Qué rol está desempeñando el Grupo de Trabajo sobre empresas y derechos humanos?
ElGrupo de Trabajo sobre empresas y derechos humanos es un procedimiento especial de la ONU instituido porresolución del Consejo de Derechos Humanos en 2011, con el mandato de promover, difundir y aplicar losPrincipios Rectores sobre las Empresas y los Derechos Humanos, intercambiar y promover buenas prácticas y lecciones aprendidas sobre la aplicación de los Principios Rectores, y evaluar y hacer recomendaciones al respecto. Su mandato ha sido sucesivamente renovado en 2014, 2017 y 2020. Está integrado por cinco expertos y expertas independientes, en su mayoría académicos y con representación geográfica equilibrada. Yo formo parte del Grupo de Trabajo desde 2021. Los otros cuatro integrantes actuales son de Australia, Nigeria, Polonia y Tailandia. Tres de los cinco somos mujeres.
Si bien no tenemos ninguna autoridad para tomar decisiones en cuanto al Tratado, el Grupo de Trabajo desempeña un rol importante. Participamos de casi todas las sesiones de negociación a través de mesas de debate y de discusión, y emitimos opiniones técnicas. Hemos hecho comentarios sobre el articulado y fomentamos la participación proactiva de los Estados de las distintas regiones del mundo.
Una de las premisas de los Principios Rectores es el desarrollo de medidas que se puedan combinar con el fin de abordar los problemas que existen en el terreno de la protección de los derechos humanos en el contexto de la actividad empresarial. Un instrumento legalmente vinculante es justamente una de esas medidas necesarias.
El Grupo de Trabajo ha sido muy claro en dar un mensaje favorable al proceso de negociación del tratado.
¿Qué avances se han producido en la negociación del tratado?
En laentrevista anterior que tuvimos en el año 2018, el proceso llevaba cuatro años. En ese momento estaba por comenzar en Ginebra la cuarta sesión de negociaciones sobre la base del ‘borrador cero’. Y yo aún no formaba parte del Grupo de Trabajo. Han pasado ya cuatro años más, y en la sesión de octubre de 2022, la octava, se discutió el tercer borrador, surgido previo a las negociaciones de 2021.
La pandemia afectó los procesos de negociación, en parte porque se perdió el contacto cara a cara por mucho tiempo. Los representantes y delegados en Ginebra, por ejemplo, no pudieron reunirse en persona por más de un año, por lo que las posibilidades de intercambios se vieron muy limitadas. A su vez, la pandemia afectó la participación de la sociedad civil y demás sectores en estos debates. Los procesos se ralentizaron y por lo tanto se extendieron.
Actualmente se sigue discutiendo el tercer borrador, y aparentemente Ecuador, que preside el Grupo de Trabajo intergubernamental, ha dicho que no va a traer otro borrador nuevo a la mesa, sino que se seguirán realizando cambios, modificaciones y adendas a este tercer borrador. Eventualmente, todos estos ajustes permitirán llegar a un borrador final.
El borrador actual ha avanzado mucho en temas tales como la mención de grupos vulnerables, mujeres, infancias y pueblos indígenas. También se ha ido aclarando su alcance, que fue un tema muy duro en las negociaciones. En general, la sociedad civil tiene la postura de priorizar a las transnacionales, mientras que el borrador actual propone que todas las empresas estén bajo el paraguas del tratado. Esta última es la postura compartida por nuestro Grupo de Trabajo. Varios temas se han desatorado, aunque aún quedan muchas cosas por resolver.
¿Cuáles son los temas pendientes de resolución?
Hay muchas discusiones que son más políticas que técnicas. Algunos Estados y el sector privado han manifestado que el texto es demasiado prescriptivo y rígido. La sociedad civil ha manifestado que quiere más clarificaciones y especificidades sobre algunos temas como la definición de las cortes donde se dirimirían los casos enmarcados en el tratado y la consideración de la perspectiva de las víctimas, ya que la carga de la prueba sigue siendo un tema polémico. En este punto el Grupo de Trabajo ha sido muy claro: los Estados tienen la obligación de facilitar el acceso a la justicia y eliminar las barreras y obstáculos de acceso a la justicia por parte de las víctimas.
Si bien la Unión Europea (UE) y Estados Unidos participan de este proceso, les falta convencimiento sobre el rumbo del texto. La UE tiene una participación muy activa, pero observo posturas divergentes entre sus Estados miembros. Muchos países, como Francia, lo apoyan, pero la UE en conjunto tiene reservas.
Uno de los grandes triunfos que vivió el proceso en sus inicios fue que China no lo bloqueó, sino que se abstuvo. Lo mismo ocurrió con India. Esto ocurrió, en parte, porque se suponía que el tratado sería sobre empresas transnacionales. A China no le ha gustado la ampliación del alcance del tratado a todas las empresas, y últimamente ha tenido una postura bastante cerrada.
Los Estados africanos han participado muy poco en las últimas dos rondas de negociación. Creemos que Sudáfrica, que fue co-líder con Ecuador cuando se negoció la resolución que inició el proceso, tampoco se encuentra satisfecha con la ampliación del enfoque más allá de las empresas transnacionales. Incluso, Ecuador convocó recientemente a la formación de un grupo de “amigos de la presidencia” y África es la única región sin miembros participantes.
América Latina está participando bastante proactivamente, si bien la región ha experimentado muchos cambios políticos, incluyendo en el propio Ecuador, que posiblemente influyan sobre las posturas en las negociaciones.
En suma, hay discusiones técnicas sobre los artículos, pero la mayoría de los temas pendientes son discusiones sobre todo políticas. Por esta razón, creo que el proceso llevará varios años más.
¿Piensas que la versión final del tratado satisfará las expectativas de la sociedad civil?
Mi deseo es que no nos quedemos con un tratado que enuncie buenas intenciones sin colocar reglas claras. Como ocurre en todas las negociaciones de esta naturaleza, seguramente algunos de los temas que reclama la sociedad civil queden pendientes. Hay muchísimas cosas para acomodar: las perspectivas de los Estados, las expectativas de las empresas y del sector privado en general, y los reclamos de la sociedad civil y de todas las personas titulares de derechos.
Yo esperaría un texto bastante bueno, que de alguna manera refleje el carácter del proceso, que contó con una sociedad civil y movimientos sociales muy fuertes. Desde mi perspectiva, el proceso se ha sostenido, además de por compromiso de los Estados para negociar, por el impulso de la sociedad civil y el diálogo entre todos los actores.
Mi expectativa es intermedia. Con cierta cautela en cuanto al alcance del articulado, pienso que el tratado contendrá algunos elementos que satisfagan a la sociedad civil, particularmente a las víctimas.
¿Qué trabajo habrá que hacer una vez que el tratado sea aprobado?
Para empezar, creo que falta mucho para que este tratado se apruebe. Puede que esto todavía lleve varios años más. Hay un largo camino por recorrer en las negociaciones y en lo que respecta al contenido del texto.
Una vez que el tratado se apruebe, se deberá impulsar su ratificación. Recordemos que los tratados internacionales solo entran en vigor cuando una cierta cantidad de Estados los ratifican, y que solo quedan obligados por ellos los Estados que los ratifican. Aquí es donde yo veo un enorme desafío. Ojalá que una vez que lleguemos a buen puerto, con un texto bueno y abarcativo, el proceso de ratificarlo no sea tan lento y pausado.
Para esto necesitaremos una sociedad civil fuerte que empuje a los Estados a ratificar el tratado para que entre en vigor y rija para los países firmantes. Nuevamente esperaría que este proceso fuese largo y arduo, ya que el tema de la protección de los derechos humanos en el contexto de la actividad empresarial es bastante espinoso, puesto que hay muchos intereses de por medio. Lo que se viene será un gran desafío para todos los actores involucrados.
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SALUD GLOBAL: “En el Día Mundial del SIDA recordamos a la gente que la pandemia del VIH no ha terminado”
CIVICUS conversa conGastón Devisich, responsable de Participación Comunitaria en el Departamento de Investigación de la Fundación Huésped, acerca de la labor de la sociedad civil en la lucha contra el VIH-SIDA, tanto a nivel comunitario como en los órganos de gobernanza global.La Fundación Huésped es una organización de la sociedad civil (OSC) argentina que desde 1989 trabaja en áreas de salud pública con el objetivo de garantizar el derecho a la salud y el control de enfermedades. Integra la plataforma regionalCoalición Plus y, representada por Gastón, es una de las dos organizacionesde América Latina y el Caribe que integran la Delegación de ONG ante la Junta Coordinadora del Programa de ONUSIDA.
¿Cuáles fueron los resultados de la última ronda de promesas de contribuciones al Fondo Mundial para la lucha contra el SIDA, la tuberculosis y la malaria, y cuáles serán sus implicancias?
El objetivo principal del Fondo Mundial para la lucha contra el SIDA, la tuberculosis y la malaria es hacer inversiones catalíticas y aprovechar las innovaciones para impulsar un progreso más rápido en la reducción de nuevas infecciones, abordar las barreras estructurales para mejorar los resultados de estas pandemias y construir equidad, sostenibilidad e impacto duradero. Su nueva estrategia pone a las personas y las comunidades al frente y en el centro de todo su trabajo, desafiando las dinámicas de poder para garantizar que las comunidades afectadas tengan voz en la lucha y oportunidades de un futuro saludable.
El Séptimo Reaprovisionamiento del Fondo Mundial ha arrojado un total de 15.700 millones de dólares estadounidenses. Ha sido la culminación de una campaña exitosa que comenzó hace más de un año. Es un logro notable, no solo porque varios donantes públicos y privados aumentaron sus compromisos, en muchos casos en más de 30%, sino también porque hubo una cantidad récord de gobiernos implementadores –al menos 20– que han dado un paso al frente para convertirse también en donantes.
Este apoyo tiene como objetivo salvar 20 millones de vidas, evitar 450 millones de nuevas infecciones y generar nuevas esperanzas de acabar con el SIDA, la tuberculosis y la malaria. Esta inversión también fortalecerá los sistemas comunitarios y de salud para aumentar la resistencia a futuras crisis.
Dado su papel central en la lucha contra las pandemias, el Fondo Mundial también estipula continuar contribuyendo a la agenda mundial de preparación para pandemias en coordinación con la Organización Mundial de la Salud, el Banco Mundial y otros socios.
¿Qué rol desempeña la sociedad civil en la gobernanza de ONUSIDA?
El Programa Conjunto de las Naciones Unidas (ONU) sobre el VIH/SIDA, conocido como ONUSIDA, fue el primer programa de la ONU en contar con representación formal de la sociedad civil en su órgano directivo. La participación de OSC en la Junta Coordinadora de Programa de ONUSIDA es fundamental para la inclusión eficaz de voces de las comunidades en este foro de política global clave en el área de VIH/SIDA.
La Delegación de ONG está compuesta por cinco OSC, tres de países en desarrollo y dos de países desarrollados o países con economías en transición, más otras cinco que actúan como miembros alternos. Nuestro propósito es presentar las perspectivas y la experiencia de las personas que vivimos con VIH/SIDA y aquellas poblaciones particularmente afectadas por la pandemia, así como la sociedad civil, para garantizar que ONUSIDA se guíe por un enfoque equitativo, basado en derechos, y sensible al género para garantizar el acceso a la prevención, diagnóstico, tratamiento, la atención y el apoyo integrales de VIH para todas personas.
La existencia de una delegación comunitaria dentro del mayor órgano de gobernanza de un programa como ONUSIDA es fundamental para garantizar la participación significativa de las poblaciones más afectadas por el VIH en todos los niveles del desarrollo, implementación, seguimiento y evaluación de políticas y programas. El fortalecimiento de la colaboración significativa con la comunidad fomenta una relación de mayor confianza y respeto con quienes somos los beneficiarios directos de cualquier programa o política.
La implicación de todas las partes interesadas, siempre que sea transparente y basada en el entendimiento mutuo, puede minimizar los malentendidos y reducir las probabilidades de conflictos o controversias innecesarios. Esto ayuda a mejorar nuestro acceso a derechos y la provisión de servicios de calidad que deben garantizarlos, así como también permite abordar las desigualdades de poder existentes entre tomadores de decisiones y comunidad para establecer relaciones más equitativas y horizontales.
¿Por qué es importante incorporar las voces de las comunidades en los espacios de toma de decisiones?
Es urgente desarrollar estrategias adicionales para abordar la epidemia de VIH. Una amplia diversidad de factores crea, intensifica y perpetúa el impacto del virus y sus determinantes subyacentes pueden estar arraigados en el tejido cultural, legal, institucional o económico de la sociedad.
Para lograr una respuesta integral al VIH, es esencial reconocer esas desigualdades de poder y abordarlas desarrollando prácticas que eviten su replicación o refuerzo inadvertido a lo largo de la implementación de programas y políticas públicas.
Las organizaciones locales contamos con una experticia única para contribuir a la respuesta al VIH. Tenemos conocimientos fundamentales y entendimiento de las culturas y perspectivas locales, los idiomas, la dinámica de la epidemia local de VIH, las preocupaciones de los grupos de población más vulnerables o marginados, y las prioridades locales que otras partes interesadas no necesariamente tienen. La comunidad puede ayudar a asegurar que los objetivos y procedimientos de la respuesta al VIH sean adecuados y aceptables de acuerdo a nuestras idiosincrasias, a fin de evitar el refuerzo de las desigualdades existentes.
¿En qué consiste el trabajo de la Fundación Huésped, tanto a nivel nacional como en este foro global?
Nuestro abordaje integral incluye el desarrollo de investigaciones, soluciones prácticas y comunicación vinculadas a las políticas de salud pública en Argentina y en América Latina. Buscamos desarrollar estudios científicos, acciones de prevención y promoción de derechos para garantizar el acceso a la salud y reducir el impacto de las enfermedades, con foco en VIH/SIDA, hepatitis virales, enfermedades prevenibles por vacunas y otras enfermedades transmisibles, así como en salud sexual y reproductiva.
En tanto que representantes de la sociedad civil en ONUSIDA, solicitamos activamente las opiniones de nuestras respectivas comunidades en temas clave relacionados con las políticas y programas del organismo, y abogamos, junto con los gobiernos y las organizaciones copatrocinadoras –diez organizaciones de la ONU que componen el Programa Conjunto de ONUSIDA–, por conseguir mejoras significativas en la aplicación y evaluación de las políticas y programas sobre VIH/SIDA.
¿Qué desafíos enfrentan las organizaciones dedicadas al VIH-SIDA y qué apoyos necesitan para poder continuar haciendo su trabajo?
La agenda del VIH sigue vigente, con nuevos desafíos y la persistencia de estigma, discriminación y violación de derechos. Cuarenta años después de los primeros casos de VIH notificados en el mundo, y gracias a los avances científicos, la implementación de políticas, planes y programas, el activismo de la sociedad civil y los logros en materia de derechos humanos, contamos con más y mejores estrategias para controlar al virus que hoy mismo podrían terminar con el SIDA. Sin embargo, este año hubo 1.5 millones nuevos casos de VIH y 680 mil nuevas muertes relacionadas al SIDA en todo el mundo – 110.000 casos y 52.000 muertes en América Latina y el Caribe.
El Día Mundial del SIDA, el 1º de diciembre, es nuestra oportunidad anual para recordarle a la gente que la pandemia del VIH no ha terminado. En los últimos 40 años la ciencia ha generado mucha innovación, pero estos beneficios no se aplican a todas las personas por igual. La mejor ciencia del mundo no puede competir con los efectos debilitantes de sistemas de salud deficientes. Para acabar con el SIDA tenemos que corregir el curso de la respuesta al VIH, empezando por poner fin a las desigualdades. La respuesta se necesita hoy. No podemos perder más tiempo.
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