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ECUADOR: “El nuevo gobierno debe dialogar y generar acuerdos políticos públicos, no por debajo de la mesa”
CIVICUS conversa acerca de los resultados de la segunda vuelta de las elecciones presidenciales ecuatorianas del 15 de octubre con Ruth Hidalgo, directora ejecutiva de Participación Ciudadana.Participación Ciudadana es una organización de la sociedad civil (OSC) apartidaria y pluralista que trabaja por el fortalecimiento de la democracia en el Ecuador.
¿Cómo afectó la violencia del crimen organizado al proceso electoral?
El proceso electoral que acaba de terminar ha estado atravesado por la violencia política: fueron asesinados un candidato a la presidencia, un alcalde y un prefecto. Asimismo, se ha vivido un clima de violencia en las calles a causa del accionar de bandas de narcotraficantes, que someten a la ciudadanía mediante extorsiones a cambio de protección, conocidas como “vacunas”, con las cuales se financian los grupos del crimen organizado.
Esto convirtió al tema de la seguridad en uno de los tópicos centrales en el debate entre los candidatos para la segunda vuelta, y en uno de los que ha generado las mayores expectativas.
Las propuestas de los dos candidatos, sin embargo, fueron a grandes rasgos similares, aunque con algunas diferencias y características propias. Ambos apuntaron a fortalecer la presencia de las fuerzas armadas como co-ejecutoras de políticas anticrimen conjuntamente con la policía.
¿Qué significado le asignas al triunfo de una opción de centroderecha?
No se trata necesariamente de un voto ideológico. La debilidad de los partidos políticos en el Ecuador hace que la ideología vaya perdiendo fuerza. Hace rato que el país se debate no entre derecha e izquierda sino entre correísmo y anticorreísmo: es la controvertida herencia del expresidente Rafael Correa, en el poder durante toda una década entre 2007 y 2017, lo que continúa polarizando a la ciudadanía ecuatoriana.
El candidato ganador, el empresario Daniel Noboa, representa al menos por su origen una opción de centroderecha. Pero si ha ganado es porque ha logrado captar los votos de un electorado joven que no se sitúa en ningún lado de la polarización y más bien ha optado por una visión nueva, un candidato joven y sin trayectoria política que ofrece una forma de la política que, a diferencia de sus predecesores, no es confrontativa.
¿Qué factores operaron en contra de la candidatura de Luisa González?
La candidatura del correísmo, Luisa González, fue perjudicada por la constante presencia de Correa durante la mayor parte de la campaña, que terminó opacando su propia candidatura. Si bien al final trató de desmarcarse de esa influencia, no logró posicionarse como una opción renovada del correísmo, que es lo que debió transmitir para tener chances de ganar. Quedó pegada a la imagen política desgastada y cuestionada del expresidente.
Creo que el elemento del legado de Correa que produce mayor rechazo es la forma confrontativa y amenazadora de tratar con quienes considera sus enemigos políticos. Parecería que ese recurso está generando cada vez más descontento y desaprobación. Si bien el porcentaje de apoyos que consiguió la candidata no fue menor, esto le generó un techo que no logró perforar. Fue precisamente la razón por la cual pudo imponerse su adversario.
¿Cómo ha evolucionado el espacio para la sociedad civil en los últimos años, y qué cabe esperar bajo el nuevo gobierno?
La sociedad civil, a mi criterio, ha recuperado presencia y libertad de acción luego del período del correísmo, durante el cual fue restringida y en algunos casos perseguida. No olvidemos que una OSC ambientalista importante, que confrontó con el gobierno a causa de sus políticas extractivistas, fue arbitrariamente cerrada y luego se generó una normativa para regular discrecionalmente el registro, el funcionamiento y la clausura de OSC, con el objeto de quitar del paso a las que molestaran al gobierno. Muchos activistas de la sociedad civil y periodistas fueron criminalizados por su trabajo.
La expectativa de sociedad civil bajo el nuevo gobierno es la misma de siempre: contar con un ambiente habilitante que le permita desarrollar libremente sus actividades. Esperamos una gestión de gobierno que proteja y promueva la libertad de asociación.
¿Cuáles deberían ser las prioridades del nuevo presidente?
Cabe recordar que las elecciones fueron convocadas en forma anticipada para elegir al sucesor del presidente Guillermo Lasso luego de que éste utilizara el mecanismo de “muerte cruzada”, disolviendo el congreso para evitar que éste lo destituyera, pero al mismo tiempo acortando su propio mandato. Eso significa que Noboa solo ejercerá como presidente durante el tiempo que resta del mandato de Lasso: apenas unos 18 meses. Demasiado poco tiempo para tantos desafíos.
El nuevo presidente recibe un país atravesado por la inseguridad y la violencia, con un alto déficit fiscal, un crecimiento casi nulo, tasas de desempleo muy altas, y encima atravesando nuevamente el fenómeno climático del Niño, que genera calentamiento de las aguas y produce eventos climáticos extremos y temperaturas récord. Todos estos son temas que va a tener que a priorizar, con políticas públicas orientadas a mitigar los problemas más importantes en la economía, el cambio climático y la seguridad pública. Para ello necesitará armar un equipo de trabajo sólido y generar espacios de diálogo y reconciliación. Deberá demostrar apertura a la sociedad civil y generar acuerdos políticos sobre la mesa, y no por debajo de la mesa.
Toda elección presenta una oportunidad. Como siempre en un país con tantas necesidades, las expectativas son grandes. La principal tarea que el gobierno tiene por delante es la de fortalecer la democracia ecuatoriana, y eso implica un trabajo enorme.
El espacio cívico en Ecuador es calificado como “obstruido” por elCIVICUS Monitor.
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ECUADOR: “La elección generó una válvula de escape provisional, pero la inestabilidad no ha terminado”
CIVICUS conversa acerca de los resultados de la segunda vuelta presidencial del 15 de octubre en Ecuador con Humberto Salazar, director ejecutivo de la Fundación Esquel.Esquel es una organización de la sociedad civil que busca contribuir al desarrollo humano sustentable, al mejoramiento de la calidad de vida de los sectores más desfavorecidos y a la construcción de una sociedad democrática, responsable y solidaria en el Ecuador.
¿Cómo afectó la violencia del crimen organizado al proceso electoral?
El proceso electoral definitivamente se vio afectado por la violencia. No se trató solamente de la muerte del candidato a la presidencia Fernando Villavicencio. En el contexto de estas elecciones y de las elecciones seccionales previas también fueron asesinados representantes electos de gobiernos locales. El caso más sonado fue el de Agustín Intriago, alcalde de la ciudad de Manta. También fue asesinado un candidato a la Asamblea Nacional, y muchos más candidatos a diferentes cargos recibieron amenazas. La lista de víctimas fatales de la violencia se amplía si se incluye a los siete sospechosos capturados por el magnicidio de Villavicencio que fueron asesinados en las prisiones donde estaban detenidos.
En ese contexto las preferencias de voto definitivamente se vieron afectadas. Desde las sombras, los grupos que representan a mafias locales y transnacionales enviaron a través de actos violentos mensajes intimidatorios que incidieron en el voto de la ciudadanía. Esto fue muy evidente en la primera vuelta, donde luego del asesinato de Villavicencio la mayoría de sus votantes optó por candidaturas que hasta entonces no habían tenido chances de llegar a segunda vuelta. Tales fueron los casos de Jan Topic y Daniel Noboa, el presidente electo. Ambos repuntaron sus cifras luego del magnicidio.
¿Fue la violencia un tema de campaña en la segunda vuelta?
La influencia de la violencia sobre las elecciones va más allá de ser un tema de campaña escogido estratégicamente por los candidatos. Para la población el tema de la seguridad se convirtió en un tema central de la agenda que incluso superó en prioridad a otros temas centrales como el desempleo y la pobreza.
No es que el desempleo y la pobreza perdieran importancia, sino más bien que los tres temas pasaron a componer una triada integrada de aspiraciones que está en la base de las demandas actuales. El electorado busca respuestas rápidas y efectivas, pero no desintegradas. Seguridad, desempleo y pobreza son elementos de la misma ecuación que la ciudadanía exige al sistema político.
Aunque las propuestas de los candidatos sobre el tema fueron muy generales, hay consenso en la esfera política de que el tema de seguridad es central a la actual situación del país. En consecuencia, en los próximos días el presidente electo deberá desarrollar con más detalle sus propuestas sobre seguridad. La ciudadanía no evaluó en las urnas si las propuestas de uno u otro candidato en este tema eran las mejores, ni tuvo los elementos para hacerlo, pero ahora espera que, independientemente de cuáles sean los instrumentos utilizados, el resultado sea la pacificación del país.
¿Observas una “derechización” del electorado, o acaso el voto no obedeció a motivaciones ideológicas?
La evaluación de las preferencias electorales no se resume a un juego de suma y resta donde un lado, en este caso la derecha, gana, mientras el otro lado pierde. Tampoco estamos ante una ciudadanía ingenua o desinformada que se dejó convencer bajo engaño por una derecha renovada, inclinándose por los valores, principios y narrativas de la derecha.
En las actuales circunstancias el voto dista de ser ideológico; en la evaluación de las opciones pesan otras consideraciones. En este caso predominó la búsqueda de lo nuevo, lo cual le dio el triunfo a un “outsider”. En Ecuador, los outsiders tienen una larga historia de éxitos.
Si bien el candidato ganador representa a la derecha en términos de sus valores y modelos, discursivamente se presenta como un renovador, mucho más pragmático que ideológico. Esta difuminación del contenido ideológico no es un rasgo privativo de este candidato, sino que expresa un proceso más profundo de transformación de la representación en un contexto en que la retórica se vacía de contenido frente a prácticas altamente contradictorias con el discurso.
En suma, la gente votó mayoritariamente por un candidato que logró inspirarle confianza, cuyos rasgos lo sacaban de la competencia polarizada propuesta por candidaturas más ideológicas. Buscó a alguien que le ofreciera alternativas no solamente para abordar los temas de seguridad sino también para resolver el tema de la recuperación económica y el bienestar.
El resultado también obedeció a expectativas de audiencias especificas como la juventud, que tiene un peso muy importante en el padrón electoral. Este segmento del electorado buscó opciones de futuro que estuvieran desligadas de los conflictos entre quienes son en última instancia responsables de la crisis en la que ahora estamos sumergidos. En ese sentido, fueron castigadas por igual las derechas y las izquierdas con narrativas ideológicas, como lo evidenció el hecho de que todos los partidos tradicionales quedaran rezagados en los resultados electorales.
¿Por qué perdió Luisa González, pese a contar con mayor estructura partidaria?
Un factor fundamental de la derrota de Luisa González en la segunda vuelta fue el peso de la figura del expresidente Rafael Correa como símbolo y líder del movimiento Revolución Ciudadana. Ese liderazgo que le ofrece al movimiento un electorado cautivo de alrededor del 25% también le genera un techo que, en una competencia polarizada entre correísmo y anti-correísmo, no le permite superar el 50% que se requiere para ganar en segunda vuelta. La misma estrategia de polarización que le dio fuerza al gobierno de Correa para impulsar sus agendas le restó posibilidades a la hora de convocar a un electorado que no forma parte de su voto duro.
También le restaron apoyo a González las narrativas revanchistas del correísmo, expresadas en el lema “ni perdón, ni olvido”. La apelación a una vuelta al pasado le reafirmó los votos propios, pero le impidió conquistar los votos de un amplio electorado que desconfía de las tendencias autoritarias del correísmo y temió que el triunfo de sus candidatos se tradujera en restricciones del espacio cívico, y en particular de la libertad de asociación.
¿Qué expectativas tiene la sociedad civil en relación con la nueva administración?
Si bien el presidente electo no tiene un pasado de resistencia a la participación de sociedad civil, en su campaña no se mostró especialmente abierto a recibir propuestas y reunirse con colectivos de sociedad civil. Esto genera incertidumbre sobre la amplitud y efectividad que tendrán los espacios de participación de la sociedad civil en el diseño y ejecución de políticas públicas. En principio, no hay amenazas claras al espacio cívico, pero sí incertidumbre respecto de la posición del nuevo gobierno frente a la promoción y el fortalecimiento de la sociedad civil.
Cabe destacar que los dos candidatos que compitieron en segunda vuelta tuvieron un sesgo conservador más allá de su inclinación ideológica hacia la derecha o la izquierda. De ahí la incertidumbre sobre cómo responderá el nuevo presidente a cuestiones sociales que surgen de las agendas de igualdad de género de los grupos feministas y de la comunidad LGBTQI+, de las demandas del movimiento indígena relativas a la plurinacionalidad y la interculturalidad, y de las preocupaciones del movimiento de derechos humanos en relación con la búsqueda de políticas para enfrentar la delincuencia que no sacrifiquen derechos.
Lo cierto es que hay una enorme cantidad de problemas que el nuevo gobierno deberá atender. Para sostener sus iniciativas más allá del año y medio previsto para el ejercicio de su mandato, el nuevo presidente deberá hacer una convocatoria amplia y generar una agenda de mínimos refrendada en acuerdos nacionales multiactor. Serán indispensables las políticas de seguridad, trabajo – con énfasis en el empleo joven bajo un modelo de inclusión intergeneracional – y combate a la desnutrición crónica infantil. También debe reformarse el llamado Código de la Democracia, la ley orgánica de 2009 que establece el sistema electoral, el manejo de las elecciones y los requisitos de funcionamiento y financiamiento de partidos y movimientos políticos.
¿Consideras que esta elección ha puesto fin a la inestabilidad política?
La inestabilidad no ha terminado, pero la elección generó una válvula de escape provisional y de corto aliento para las tensiones de la crisis de múltiples dimensiones que afecta al Ecuador. El tiempo de gracia para el gobierno, sin embargo, será muy limitado: deberá producir en el corto plazo medidas que demuestren que está encaminado hacia la resolución de los grandes problemas.
Dos cosas le pueden a jugar en contra: la lentitud del aparato burocrático para desarrollar proyectos de transformación y la pugna de poderes que podría bloquear sus iniciativas en la Asamblea Nacional. La relación entre los poderes ejecutivo y legislativo será clave. Si el ejecutivo vuelve a encontrarse bloqueado por una multitud de intereses particulares que exigen prebendas para habilitar la aprobación de sus iniciativas, la crisis volverá a profundizarse.
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GUATEMALA: ‘El derecho penal es utilizado como arma de persecución política’
CIVICUS conversa sobre la corrupción en Guatemala y la criminalización del activismo anticorrupción con Claudia González, ex integrante de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) y abogada defensora de Virginia Laparra.Virginia Laparra es exfiscal de la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI) y acaba de ser injustamente condenada a cuatro años de prisión, frente a lo cual se ha movilizado la campaña #LibertadParaVirginia.
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PANAMÁ: “Tendremos que estar atentos para resistir ante cualquier intento de limitar derechos y libertades”
CIVICUS conversa acerca de los resultados de lasrecientes elecciones presidenciales de Panamá con Olga de Obaldía, directoraejecutiva de la Fundación para el Desarrollo de la Libertad Ciudadana.
La Fundación para el Desarrollo de la Libertad Ciudadana es una organización de la sociedad civil que trabaja en defensa de las libertades fundamentales, la formación de la ciudadanía para la participación democrática y el fortalecimiento de la democracia a través de la promoción de la transparencia y la lucha anticorrupción.
¿Quién es José Raúl Mulino, y por qué ganó las elecciones?
Mulino ganó las elecciones en gran medida debido a la popularidad y carisma del expresidente Ricardo Martinelli, y también en parte debido a las particularidades del sistema electoral panameño.
Martinelli hizo campaña a pesar de estar inhabilitado para ser candidato o ejercer cargos públicos tras haber sido condenado por lavado de activos en el marco de un gran esquema de corrupción relacionado con sobreprecios en la construcción de carreteras. Inicialmente intentó que su esposa se postulara como su compañera de fórmula, suponemos que para luego dejarle su lugar si sus deudas con la justicia le imposibilitaban competir. Sin embargo, debido a que la constitución prohíbe al presidente nombrar a familiares de primero o segundo grado, desistió de ese plan.
En lugar de a su esposa nombró a Mulino, quien fue su ministro de seguridad entre 2009 y 2014. La sentencia contra Martinelli quedó firme en febrero: fue condenado a más de 10 años de cárcel y, para no ir a prisión, buscó asilo en la embajada de Nicaragua. El Tribunal Electoral habilitó a Mulino para que tomara el lugar de Martinelli. Esta decisión fue apelada con una demanda de inconstitucionalidad, pero dos días antes de las elecciones la Corte Suprema confirmó la decisión del Tribunal Electoral.
Condenado y todo, Martinelli mantuvo su enorme popularidad y, desde el encierro en la embajada, inició una campaña mediática basada en la consigna “Mulino soy yo”, para intentar traspasar a Mulino el núcleo duro de su apoyo electoral, estimado en entre 30 y 35%.
Como en Panamá el presidente es elegido por pluralidad simple de votos, sin segunda vuelta, habiendo ocho candidatos en competencia, Mulino fue electo con el 34% de los votos.
Este sistema electoral debería ser revisado para garantizar la voluntad popular. Cabe destacar, sin embargo, el civismo de los panameños, quienes aceptaron pacíficamente el resultado aunque la mayoría había votado en contra del presidente electo.
¿Cuáles fueron las promesas de campaña de Mulino?
Entre las promesas de Mulino se destacaron las de “poner ‘chen-chen’ (dinero) en el bolsillo” de la gente y construir obras de infraestructura, y específicamente un tren para conectar la ciudad de David, en el extremo este del país, con la ciudad de Panamá. Las justificaciones esgrimidas son que mejoraría el transporte entre el interior y la capital, y estimularía el desarrollo económico en regiones apartadas y postergadas.
Otro tema recurrente de la campaña de Mulino fue la necesidad de acabar con la llamada “persecución judicial”. Es que en el partido de Martinelli hay muchas personas imputadas en casos de corrupción durante su administración. Varias de estas personas fueron electas para el Parlamento Centroamericano, lo que les otorga fueros ante acciones judiciales, según un tratado que equipara sus privilegios con los de los diputados nacionales.
Durante la campaña también se mencionó la posibilidad de “cerrar” el Tapón del Darién, es decir, la frontera con Colombia, para frenar el flujo migratorio por esa selva. Sin embargo, la viabilidad e impactos de esta medida no están claros. Las prohibiciones impuestas anteriormente para detener la migración no han hecho otra cosa que alentar la clandestinidad y profundizar los problemas humanitarios. La situación del Darién es compleja y requiere soluciones de fondo.
Estas promesas claramente fueron populares entre algunos sectores de la población, pero su viabilidad y potenciales consecuencias deberían ser cuidadosamente consideradas.
Finalmente, otra promesa fue “ayudar” al expresidente Martinelli. Todavía no está claro qué forma tomará esa ayuda. El presidente electo ha declarado que su gobierno se ceñirá al Estado de Derecho, y su primera gran prueba será la solución del impassedel expresidente asilado en la embajada de Nicaragua, desde la cual sigue tratando de influir sobre la política nacional.
¿Qué medidas debería tomar el nuevo gobierno para abordar los principales desafíos sociales y económicos del país?
El nuevo gobierno deberá tomar decisiones críticas en un contexto de profunda crisis económica. Entre ellas se destaca el rescate del sistema de seguridad social.
Panamá es uno de los países más desiguales del mundo. La informalidad laboral ha alcanzado el 55%, con 20.000 empleos que no se han recuperado desde la pandemia. El Seguro Social está en peligro de quiebra: atiende al 80% de la población, aunque solo el 30% cotiza. El sistema de jubilaciones y pensiones carece hoy de los fondos necesarios para cumplir con sus obligaciones a futuro, y podría colapsar.
El problema económico se agrava con la caída de la inversión. La deuda pública ha aumentado a 49 mil millones de dólares sin que haya habido inversiones claras en infraestructura o generación de empleo. El Estado debería hacer un primer gran pago de deuda en tres meses, pero no parece tener los fondos suficientes para afrontarlo.
El presidente electo ha anunciado que buscará formar un gobierno de unidad nacional. No está claro qué forma tomará, pero es evidente que ante tamaños problemas, la única vía es un gobierno de coalición o alguna forma de colaboración intersectorial. Por las declaraciones del presidente electo, el empresariado sería su aliado natural en la búsqueda de soluciones.
¿En qué condiciones trabaja la sociedad civil en Panamá? ¿Cabe esperar cambios bajo el nuevo gobierno?
Al acercarse las elecciones, enfrentamos un fenómeno recurrente en nuestra pequeña sociedad civil: un éxodo hacia la actividad política partidista. Aunque algunas organizaciones de la sociedad civil, como la nuestra, están profesionalizadas –es decir, tienen gobernanza, personal administrativo, presupuesto y estructuras definidas–, la mayoría depende del voluntariado. Tradicionalmente, después de las elecciones se observa un éxodo inverso, desde los partidos políticos no ganadores hacia la sociedad civil.
Además, son pocas las organizaciones que centran su trabajo en la incidencia en favor de los derechos y libertades civiles y políticas y la gobernanza democrática. La mayoría se enfoca en la provisión de asistencia para la pobreza o la provisión de servicios sociales como salud o educación, y en ese sentido son más bien socias del Estado en la implementación de sus programas. Con todo, en los últimos años hemos presenciado un aumento en el activismo y la formación de nuevos grupos identitarios que reivindican la igualdad de derechos, al tiempo que nuevos grupos de jóvenes han surgido en el plano nacional como la fuerza política y social mayormente responsable del éxito de las movilizaciones nacionales en octubre y noviembre del 2023 contra la minería a cielo abierto.
En el proceso electoral de 2024, si bien la participación de la sociedad civil siguió siendo limitada, ya que son pocas las organizaciones dedicadas a promover valores cívicos o libertades fundamentales, sí vimos múltiples iniciativas no partidistas de generar voto informado y varias organizaciones nos aliamos en ese esfuerzo.
No sabemos qué pasará bajo el nuevo gobierno, pero nos preocupan los antecedentes del gobierno de Martinelli, que limitó el espacio cívico con tácticas de intimidación contra las organizaciones civiles críticas, sumadas a un hostigamiento judicial contra activistas y periodistas. No está claro qué patrón seguirá el gobierno de Mulino, pero tendremos que estar atentos para resistir ante cualquier intento de limitar derechos y libertades fundamentales o restringir el espacio cívico.
El espacio cívico en Panamá es calificado como “estrecho” por elCIVICUS Monitor.
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