CIVICUS conversa acerca de los resultados de las recientes elecciones presidenciales de Panamá con Olga de Obaldía, directora ejecutiva de la Fundación para el Desarrollo de la Libertad Ciudadana.
La Fundación para el Desarrollo de la Libertad Ciudadana es una organización de la sociedad civil que trabaja en defensa de las libertades fundamentales, la formación de la ciudadanía para la participación democrática y el fortalecimiento de la democracia a través de la promoción de la transparencia y la lucha anticorrupción.
¿Quién es José Raúl Mulino, y por qué ganó las elecciones?
Mulino ganó las elecciones en gran medida debido a la popularidad y carisma del expresidente Ricardo Martinelli, y también en parte debido a las particularidades del sistema electoral panameño.
Martinelli hizo campaña a pesar de estar inhabilitado para ser candidato o ejercer cargos públicos tras haber sido condenado por lavado de activos en el marco de un gran esquema de corrupción relacionado con sobreprecios en la construcción de carreteras. Inicialmente intentó que su esposa se postulara como su compañera de fórmula, suponemos que para luego dejarle su lugar si sus deudas con la justicia le imposibilitaban competir. Sin embargo, debido a que la constitución prohíbe al presidente nombrar a familiares de primero o segundo grado, desistió de ese plan.
En lugar de a su esposa nombró a Mulino, quien fue su ministro de seguridad entre 2009 y 2014. La sentencia contra Martinelli quedó firme en febrero: fue condenado a más de 10 años de cárcel y, para no ir a prisión, buscó asilo en la embajada de Nicaragua. El Tribunal Electoral habilitó a Mulino para que tomara el lugar de Martinelli. Esta decisión fue apelada con una demanda de inconstitucionalidad, pero dos días antes de las elecciones la Corte Suprema confirmó la decisión del Tribunal Electoral.
Condenado y todo, Martinelli mantuvo su enorme popularidad y, desde el encierro en la embajada, inició una campaña mediática basada en la consigna “Mulino soy yo”, para intentar traspasar a Mulino el núcleo duro de su apoyo electoral, estimado en entre 30 y 35%.
Como en Panamá el presidente es elegido por pluralidad simple de votos, sin segunda vuelta, habiendo ocho candidatos en competencia, Mulino fue electo con el 34% de los votos.
Este sistema electoral debería ser revisado para garantizar la voluntad popular. Cabe destacar, sin embargo, el civismo de los panameños, quienes aceptaron pacíficamente el resultado aunque la mayoría había votado en contra del presidente electo.
¿Cuáles fueron las promesas de campaña de Mulino?
Entre las promesas de Mulino se destacaron las de “poner ‘chen-chen’ (dinero) en el bolsillo” de la gente y construir obras de infraestructura, y específicamente un tren para conectar la ciudad de David, en el extremo este del país, con la ciudad de Panamá. Las justificaciones esgrimidas son que mejoraría el transporte entre el interior y la capital, y estimularía el desarrollo económico en regiones apartadas y postergadas.
Otro tema recurrente de la campaña de Mulino fue la necesidad de acabar con la llamada “persecución judicial”. Es que en el partido de Martinelli hay muchas personas imputadas en casos de corrupción durante su administración. Varias de estas personas fueron electas para el Parlamento Centroamericano, lo que les otorga fueros ante acciones judiciales, según un tratado que equipara sus privilegios con los de los diputados nacionales.
Durante la campaña también se mencionó la posibilidad de “cerrar” el Tapón del Darién, es decir, la frontera con Colombia, para frenar el flujo migratorio por esa selva. Sin embargo, la viabilidad e impactos de esta medida no están claros. Las prohibiciones impuestas anteriormente para detener la migración no han hecho otra cosa que alentar la clandestinidad y profundizar los problemas humanitarios. La situación del Darién es compleja y requiere soluciones de fondo.
Estas promesas claramente fueron populares entre algunos sectores de la población, pero su viabilidad y potenciales consecuencias deberían ser cuidadosamente consideradas.
Finalmente, otra promesa fue “ayudar” al expresidente Martinelli. Todavía no está claro qué forma tomará esa ayuda. El presidente electo ha declarado que su gobierno se ceñirá al Estado de Derecho, y su primera gran prueba será la solución del impasse del expresidente asilado en la embajada de Nicaragua, desde la cual sigue tratando de influir sobre la política nacional.
¿Qué medidas debería tomar el nuevo gobierno para abordar los principales desafíos sociales y económicos del país?
El nuevo gobierno deberá tomar decisiones críticas en un contexto de profunda crisis económica. Entre ellas se destaca el rescate del sistema de seguridad social.
Panamá es uno de los países más desiguales del mundo. La informalidad laboral ha alcanzado el 55%, con 20.000 empleos que no se han recuperado desde la pandemia. El Seguro Social está en peligro de quiebra: atiende al 80% de la población, aunque solo el 30% cotiza. El sistema de jubilaciones y pensiones carece hoy de los fondos necesarios para cumplir con sus obligaciones a futuro, y podría colapsar.
El problema económico se agrava con la caída de la inversión. La deuda pública ha aumentado a 49 mil millones de dólares sin que haya habido inversiones claras en infraestructura o generación de empleo. El Estado debería hacer un primer gran pago de deuda en tres meses, pero no parece tener los fondos suficientes para afrontarlo.
El presidente electo ha anunciado que buscará formar un gobierno de unidad nacional. No está claro qué forma tomará, pero es evidente que ante tamaños problemas, la única vía es un gobierno de coalición o alguna forma de colaboración intersectorial. Por las declaraciones del presidente electo, el empresariado sería su aliado natural en la búsqueda de soluciones.
¿En qué condiciones trabaja la sociedad civil en Panamá? ¿Cabe esperar cambios bajo el nuevo gobierno?
Al acercarse las elecciones, enfrentamos un fenómeno recurrente en nuestra pequeña sociedad civil: un éxodo hacia la actividad política partidista. Aunque algunas organizaciones de la sociedad civil, como la nuestra, están profesionalizadas –es decir, tienen gobernanza, personal administrativo, presupuesto y estructuras definidas–, la mayoría depende del voluntariado. Tradicionalmente, después de las elecciones se observa un éxodo inverso, desde los partidos políticos no ganadores hacia la sociedad civil.
Además, son pocas las organizaciones que centran su trabajo en la incidencia en favor de los derechos y libertades civiles y políticas y la gobernanza democrática. La mayoría se enfoca en la provisión de asistencia para la pobreza o la provisión de servicios sociales como salud o educación, y en ese sentido son más bien socias del Estado en la implementación de sus programas. Con todo, en los últimos años hemos presenciado un aumento en el activismo y la formación de nuevos grupos identitarios que reivindican la igualdad de derechos, al tiempo que nuevos grupos de jóvenes han surgido en el plano nacional como la fuerza política y social mayormente responsable del éxito de las movilizaciones nacionales en octubre y noviembre del 2023 contra la minería a cielo abierto.
En el proceso electoral de 2024, si bien la participación de la sociedad civil siguió siendo limitada, ya que son pocas las organizaciones dedicadas a promover valores cívicos o libertades fundamentales, sí vimos múltiples iniciativas no partidistas de generar voto informado y varias organizaciones nos aliamos en ese esfuerzo.
No sabemos qué pasará bajo el nuevo gobierno, pero nos preocupan los antecedentes del gobierno de Martinelli, que limitó el espacio cívico con tácticas de intimidación contra las organizaciones civiles críticas, sumadas a un hostigamiento judicial contra activistas y periodistas. No está claro qué patrón seguirá el gobierno de Mulino, pero tendremos que estar atentos para resistir ante cualquier intento de limitar derechos y libertades fundamentales o restringir el espacio cívico.
El espacio cívico en Panamá es calificado como “estrecho” por el CIVICUS Monitor.
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