- Una oleada de protestas sociales ha envuelto a América Latina y el Caribe, en la que la población de Ecuador, Haití, Chile, Bolivia y Colombia ha salido a la calle para exigir sus derechos.
- En la mayor parte de los casos, estas protestas han sido violentamente reprimidas
- Las instituciones de derechos humanos han denunciado la fuerte represión y el uso excesivo de la fuerza en toda la región
CIVICUS, la alianza mundial de la sociedad civil, condena la respuesta violenta de las fuerzas de seguridad hacia las exigencias legítimas de los manifestantes de varios países de América Latina y el Caribe, que han salido a la calle para protestar contra la deteriorada condición socioeconómica, la corrupción y la gobernanza sin rendición de cuentas. Instamos a todos los gobiernos de los países afectados a cumplir con los estándares internacionales de derechos humanos que prevén que las personas puedan ejercer su derecho de reunión pacífica. La naturaleza cerrada de los espacios políticos y las dificultades a las que se enfrentan los ciudadanos para que sus preocupaciones se tomen en cuenta en los canales oficiales del gobierno han obligado a millones en la región a participar en las protestas públicas. La respuesta de las fuerzas de seguridad en la mayoría de estos países ha sido violenta.
Las protestas en Colombia y la respuesta de sus autoridades reflejan un espacio cívico deteriorado. Las autoridades han utilizado la violencia contra manifestantes que condenaban y exigían justicia por el asesinato de defensores de los derechos humanos. Actualmente, Colombia se encuentra en la "Lista de vigilancia” del Monitor de CIVICUS, que advierte sobre los países en los que se constata un declive grave y rápido del respeto de las libertades fundamentales. En Ecuador, el país se detuvo cuando los manifestantes rechazaron un paquete económico propuesto para impulsar la economía. Según la Oficina del Defensor del Pueblo, ocho personas fueron asesinadas, 1.340 heridas y 1.192 detenidas. Las comunidades indígenas se vieron especialmente afectadas por los ataques de las fuerzas de seguridad durante las protestas.
“No hay nada que justifique las acciones violentas de la policía y el uso excesivo de la fuerza sobre los ciudadanos que protestan pacíficamente para expresar su descontento con sus gobiernos. Los gobiernos de América Latina y el Caribe deben cumplir con sus obligaciones internacionales en materia de derechos humanos y dejar de restringir los derechos de los ciudadanos", explicó la oficial de promoción y compromiso de CIVICUS, Natalia Gómez.
En Chile, el Instituto Nacional de Derechos Humanos de la República de Chile (INDH), registró que 4.271 personas fueron detenidas y 1.305 heridas en las protestas del 17 de octubre al 31 de octubre de 2019. El INDH también recibió 120 denuncias de tortura y 18 de agresiones sexuales y señaló que al menos 18 personas habían sido asesinadas. En Bolivia, los enfrentamientos han involucrado en gran medida a grupos de simpatizantes del gobierno y la oposición. Los medios informativos han anunciado que, al menos treinta personas resultaron heridas durante las manifestaciones del 28 de octubre de 2019. Incluso después de que el presidente Evo Morales abandonara el país, la violencia y el uso desproporcionado de la fuerza han continuado aumentando.
En Haití, miles de personas han protestado contra el gobierno actual y algunas de sus políticas sociales. Según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la policía ha realizado un uso excesivo de la fuerza policial para reprimir las manifestaciones. La Comisión denunció el asesinato de al menos 17 personas, muchas de ellas a manos de las fuerzas policiales, durante las protestas de septiembre de 2019.
Desde CIVICUS pedimos a las autoridades de Ecuador que garanticen la investigación de los incidentes de violencia que ocurrieron durante las protestas de octubre de manera efectiva, y que los responsables sean llevados ante la justicia. También pedimos a las autoridades de Chile, Bolivia, Haití y Colombia, donde actualmente se están llevando a cabo manifestaciones, que garanticen un entorno seguro a los manifestantes y respeten su derecho a plantear inquietudes y a reunirse pacíficamente.
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