CIVICUS conversa con Johanna Cilano, investigadora de Amnistía Internacional para el Caribe, acerca de la protesta en Cuba y los desafíos del activismo en un espacio cívico cerrado.
Amnistía Internacional es una organización internacional de la sociedad civil que lucha por los derechos humanos en más de 150 países de todo el mundo.
¿Sigue habiendo protestas en Cuba tras la represión de las movilizaciones masivas de 2021?
El monitoreo que Amnistía Internacional hace permanentemente de la situación en Cuba revela que la protesta social en los últimos años se ha incrementado. Han ocurrido eventos de protesta de manera sostenida en casi todo el país. Por ejemplo, en 2022 hubo protestas relevantes en la ciudad de Caimanera en mayo y en Maisí en octubre. Las más recientes fueron en marzo de este año en las ciudades de Bayamo y Santiago de Cuba.
Las protestas ocurren aún en un contexto de represión sistemática. Las restricciones del ejercicio de las libertades de expresión y reunión pacífica se intensificaron con la entrada en vigor en diciembre de 2022 de un nuevo Código Penal que supone grandes riesgos para periodistas independientes, activistas y toda persona crítica con las autoridades. Las tácticas de represión incluyen criminalización, detenciones arbitrarias y hostigamiento contra activistas, periodistas y personas defensoras de derechos humanos, cortes generales y selectivos de internet, y la aplicación de sanciones administrativas derivadas de disposiciones como el decreto 370 sobre ciberseguridad.
¿Quiénes son los manifestantes, cómo se organizan y cuáles son sus demandas?
La protesta social se vincula con el contexto de crisis económica persistente que vive Cuba, derivada de causas estructurales y no solo atribuible a las sanciones del gobierno de Estados Unidos. La “tarea ordenamiento”-un conjunto de medidas de unificación monetaria, establecimiento de un nuevo tipo de cambio oficial y fijación de precios, salarios y pensiones-, y otras medidas económicas han tenido impactos severos sobre el acceso a alimentos y a servicios básicos cada vez más deteriorados y precarios. Los detonantes de las protestas incluyen los cortes eléctricos y la escasez de alimentos y medicinas.
Es importante señalar el carácter espontáneo, autoconvocado, la dispersión geográfica y la autonomía de estas protestas, donde la articulación local previa es prácticamente nula. En las protestas de marzo se destacó particularmente el rol de las mujeres, y específicamente de las que son madres. Sin embargo, aunque el detonante fue la crisis alimentaria y de servicios públicos como la electricidad, también hubo reclamos de cambios estructurales en la dirección del país. Reapareció la consigna “Libertad y Patria y Vida” y se escucharon quejas sobre la ineficiencia de las autoridades.
¿Cómo han respondido las autoridades?
El Estado cubano ha tratado de reimponer la cultura del miedo para que las personas no se atrevan a ejercer los derechos a las libertades de expresión y reunión pacífica. Para ello ha aprobado leyes penales aún más estrictas y las ha utilizado para criminalizar a muchas personas que han participado en protestas, deteniéndolas arbitrariamente y procesándolas por delitos como el de “desórdenes públicos”.
El Estado ha recurrido a patrones represivos conocidos, como el corte general de internet en los lugares donde estallan protestas para evitar el flujo de comunicación y el efecto contagio que tuvieron las redes sociales en las protestas del 11 de julio de 2021. También despliega fuerzas policiales y militares en las zonas donde ocurren manifestaciones, así como en zonas de especial interés como la capital del país. Asimismo, recurre al hostigamiento en tanto que medida preventiva o disuasiva. Esto incluye citaciones para interrogatorios, visitas de policías, agentes de seguridad del Estado o autoridades locales y detenciones arbitrarias de activistas, personas defensoras de derechos humanos e integrantes de grupos de oposición, incluidos muchos que ni siquiera participaron en las protestas.
Hasta abril de 2024 la organización Justicia 11J ha documentado más de 1900 personas detenidas en relación con protestas desde el 11 de julio de 2021, 800 de las cuales aún se encuentran encarceladas.
En los últimos cuatro años, a la par del incremento de la protesta social, las autoridades han sometido a artistas, intelectuales y otras voces críticas a alarmantes niveles de vigilancia. Periodistas y activistas se encuentran a menudo con presencia policial frente a sus casas y saben que pueden ser detenidos en cualquier momento, lo cual tiene un fuerte impacto sobre su privacidad, su libertad de movimiento e incluso su capacidad de trabajar. En algunos casos la situación es de arresto domiciliario de facto.
La novedad de las protestas de marzo de este año fue que la respuesta estatal incluyó la provisión de algunos alimentos y el restablecimiento del servicio de electricidad en las zonas de las protestas. Más que a ofrecer soluciones estructurales, estas medidas parecieron estar orientadas a aplacar y desactivar los reclamos, al menos temporalmente. Al mismo tiempo se repitió la estrategia mediática de deslegitimar y minimizar la protesta y responsabilizar al bloqueo y a la política norteamericana y al exilio cubano como instigadores de las manifestaciones.
¿Cómo logra el activismo de la sociedad civil continuar su trabajo en un contexto de espacio cívico cerrado?
En Cuba casi toda posibilidad de ejercicio de los derechos a las libertades de expresión, asociación y reunión pacifica es indebidamente restringida o injustamente sancionada. El artículo 120.1 del Código Penal permite castigar a quien “ponga en peligro el orden constitucional y el normal funcionamiento del Estado y el Gobierno cubano” con entre cuatro y diez años de privación de libertad. Además, el artículo 143 prohíbe la recepción y uso de fondos cuando se considere que su propósito es “sufragar actividades contra el Estado cubano y su orden constitucional”. Quien sea encontrado culpable de poseer fondos que se estime que tienen esos fines puede ser castigado con entre cuatro y diez años de prisión.
Personas defensoras de derechos humanos, activistas, artistas y periodistas realizan su labor en un entorno de hostigamiento, acoso y criminalización. Llevan años esperando cambios legales e institucionales para mejorar esta situación, que han sido repetidamente anunciados y luego aplazados.
En este escenario ha sido clave la ventana de oportunidad abierta por el uso de tecnologías de la comunicación y específicamente de las redes sociales. Éstas han marcado un antes y un después en las protestas. Junto con ello, la valentía y el compromiso del activismo y la creatividad para generar nuevos espacios han sido fundamentales para mantener viva la defensa de los derechos humanos en Cuba.
¿De qué manera podrían la sociedad civil internacional y latinoamericana apoyar más efectivamente al activismo cubano?
En Amnistía Internacional creemos firmemente en el poder de la solidaridad global. Durante décadas, junto a activistas y organizaciones de derechos humanos cubanas y otras organizaciones hermanas, hemos documentado y denunciado la represión de la disidencia, las violaciones a la libertad de expresión y reunión pacífica, y el encarcelamiento injusto de activistas, artistas, periodistas y personas defensoras de derechos humanos. Nuestra labor ha sido movilizar la solidaridad global frente a las injusticias cometidas por las autoridades, que continúan hasta el día de hoy. Las personas pueden apoyar nuestro trabajo y al activismo cubano siguiendo nuestras redes sociales, pueden compartir nuestro contenido y denuncias, donar, escribir a sus gobiernos, y participar en eventos.
El compromiso de la sociedad civil internacional con la promoción y defensa de los derechos humanos en Cuba también es vital para visibilizar y reconocer la valentía de quienes, con su acción y compromiso, han desafiado las restricciones indebidas de sus libertades más fundamentales, pagando uno de los precios más altos: su libertad.
El espacio cívico en Cuba es calificado como “cerrado” por el CIVICUS Monitor.
Póngase en contacto con Amnistía Internacional a través de su sitio web o sus páginas de Facebook e Instagram, y siga a @AmnistiaOnline y @CilanoJohanna en Twitter.
