libertad de expresión

• ARGENTINA: “La ciudadanía debe poder participar en discusiones informadas sobre los temas que la afectan”

  CIVICUS conversa con Mariela Belski, directora ejecutiva de Amnistía Internacional Argentina, acerca de los potenciales efectos en materia de derechos humanos de las reformas introducidas por el gobierno de Javier Milei. Fundada en 1961, Amnistía Internacional es la organización internacional de derechos humanos más grande del mundo.

  ¿Cuáles son las principales medidas que ha tomado el gobierno de Javier Milei, y cuáles son los problemas que plantean?

  Ni bien tomó posesión del cargo, el Presidente Milei emitió un decreto de necesidad y urgencia (DNU) para legislar sobre una gran cantidad de cuestiones que afectarán la vida de los argentinos. Aunque la Constitución Nacional establece que el presidente solamente puede dictar decretos cuando circunstancias excepcionales no permitan seguir los trámites legislativos ordinarios, el uso de decretos ha sido constante en las últimas décadas. La novedad en este caso reside en la cantidad y magnitud de los cambios que incluye el DNU, en contraste con los argumentos de emergencia enunciados por el Poder Ejecutivo.

  Además, el gobierno envió al Congreso la llamada “ley ómnibus”, que incluye temas que no entraron en el DNU, tales como reformas fiscales. Aunque también es justificada con argumentos relativos al contexto de emergencia e inestabilidad económica, el proyecto de ley avanza en temas que exceden por mucho dicha emergencia.

  Muchos de los cambios incluidos en el DNU y la Ley Ómnibus encienden alertas por la afectación de derechos en temas como salud, vivienda, empleo y libertad de expresión y reunión. A contramano de las normas internacionales en materia de derechos, por la vía de la desregulación y la retirada del Estado ambas normas impactarán negativamente sobre la capacidad de las personas de acceder a sus derechos.

  Por ejemplo, las empresas de medicina prepaga podrán aumentar sus cuotas sin restricciones, y de hecho ya lo están haciendo. Si hay reclamos sobre el servicio, el Estado no impondrá sanciones. También se desregularán los precios de los medicamentos.

  En materia laboral, se introducen una serie de medidas regresivas vinculadas a las indemnizaciones, el pago de las horas extras y la extensión del período de prueba, entre otras cosas. Las medidas cautelares concedidas por la justicia para frenar la implementación de estos cambios beneficiaron solamente a determinados sectores.

  En relación con el tema de la vivienda, el DNU deroga la ley de alquileres y deja los plazos contractuales, montos y moneda de cobro de los alquileres librados a la negociación entre propietarios e inquilinos, permitiendo al propietario imponer las condiciones que desee.

  El proyecto de ley, por su parte, propone que la actualización de las jubilaciones deje de regirse por una fórmula fijada por ley y quede en cambio a criterio del Poder Ejecutivo.

  La ley ómnibus también concibe a la protesta como un delito en vez de un derecho de participación y expresión de disenso. Establece, por ejemplo, la obligatoriedad de notificar toda reunión o manifestación pública de tres o más personas. Aunque se afirmó que se daría marcha atrás con esta medida, esto aún no ha ocurrido. Además, la ley crea la figura del “organizador” para poder identificar y eventualmente sancionar a quienes lideren manifestaciones.

  En materia de seguridad, el proyecto de ley amplía los casos en que se entiende que un agente policial actúa en legítima defensa, debilitando los estándares de responsabilidad policial diseñados para evitar abusos. Teniendo en cuenta los elevados índices de brutalidad policial de Argentina, esto va a contramano de las intervenciones que se necesitan.

  El medio ambiente también se verá perjudicado por el DNU, que modifica la ley de bosques para permitir más desmonte, la ley de glaciares para habilitar mayor actividad minera y la ley de fuego para permitir más quema. Estas disposiciones ponen en riesgo los recursos naturales y podrían agravar la crisis climática en Argentina.

  En lo que respecta a las políticas de género, tanto el proyecto de ley como el DNU eliminan toda referencia a la diversidad y el género. En particular, el proyecto de ley ómnibus introduce reformas a la llamada “ley de mil días”, aprobada junto a la ley de interrupción voluntaria del embarazo para apoyar a quienes deciden llevar adelante la gestación.

  La instrumentalización de la emergencia económica para avasallar la autonomía de las mujeres, pensando en ellas exclusivamente como madres e incorporando figuras como la del “niño por nacer” revela el intento de introducir una fuerte regresión en materia de derechos sexuales y reproductivos. En un país donde cada año mueren más de 300 mujeres víctimas de violencia, la verdadera emergencia debería ser diseñar políticas efectivas contra la violencia de género.

  ¿Cómo afecta el nuevo protocolo “antipiquetes” a la libertad de expresión y el derecho a la protesta?

  Desde Amnistía Internacional consideramos que el Protocolo para el mantenimiento del orden público ante el corte de vías de circulación fija pautas de actuación policial y estatal que vulneran las libertades de reunión, asociación y expresión. Las atribuciones para la intervención de los agentes policiales y de seguridad no respetan los estándares internacionales sobre el uso de la fuerza y corren el riesgo de intensificar la violencia y el conflicto social, poniendo en peligro la vida y la integridad física de las personas.

  El protocolo debe compatibilizar los objetivos de establecer el “orden público” y la “libre circulación” con las obligaciones del Estado en materia de respeto y protección de la integridad física de las personas y el derecho a las libertades de expresión y de reunión, protegidos por la Constitución Nacional y los instrumentos internacionales de derechos humanos. Tanto el protocolo como la ley ómnibus buscan criminalizar a quienes se manifiesten e imponer sanciones, incluidas de carácter pecuniario, que en la práctica podrían hacer desaparecer a colectivos y organizaciones.

  El sistema normativo de Argentina no establece orden de prioridad entre derechos: el libre tránsito no está por sobre el derecho a la protesta, ni viceversa. De ahí que la prohibición de las manifestaciones a causa de la posible perturbación de la libre circulación contradice las normas internas.

  El Estado argentino debe cumplir sus obligaciones internacionales en materia de derechos humanos, y específicamente en materia de derecho de protesta, libertades de expresión, asociación y reunión y uso de la fuerza por parte de sus agentes policiales y de seguridad.

  ¿Considera que estas medidas, y la forma en que están siendo tomadas, representan un peligro para la democracia?

  En Amnistía Internacional nos preocupa que se pretenda aprobar un proyecto de ley que impactará sobre un sinnúmero de aspectos centrales de la vida de las personas a contrarreloj y en sesiones extraordinarias.

  En apenas tres semanas el Poder Ejecutivo ha propuesto, a través del DNU y la ley ómnibus, un cambio masivo en legislaciones y regulaciones que fueron parte de la construcción de consensos de los últimos 40 años. La esencia de la democracia radica en la posibilidad de que la ciudadanía participe en discusiones informadas sobre los temas que la afectan. La vertiginosa discusión de estas políticas plantea serias dudas sobre la integridad del proceso deliberativo.

  El contexto de crisis económica y social de Argentina exige encarar reformas profundas. La pobreza supera el 40% y los desorbitados índices de inflación exigen un cambio de rumbo. Sin embargo, estas reformas deben hacerse dentro del marco de las instituciones y de la Constitución Nacional.

  La ley ómnibus pretende una delegación de facultades en el Ejecutivo de dimensiones nunca vistas, en todas las esferas. Además, establece que las normas que se dicten en el ejercicio de esta delegación serán permanentes, excepto cuando la naturaleza de la medida determine su carácter transitorio y así lo disponga de forma expresa.

  El Congreso debería llevar a cabo este proceso de manera adecuada, siguiendo los principios establecidos en nuestra constitución. Decisiones que afecten tan significativamente la vida de la gente no deben tomarse de manera apresurada, sino mediante el debate público y los procedimientos establecidos.

  ¿Qué iniciativas está desarrollando Amnistía Internacional en relación con estos temas?

  En relación con el protocolo para el mantenimiento del orden público hemos presentado un análisis con aportes y comentarios basados en los estándares nacionales e internacionales. Nuestro objetivo es contribuir a la construcción de políticas públicas respetuosas de los derechos de las personas.

  Respecto del DNU y la ley ómnibus, estamos organizando reuniones con funcionarios y colegas de diversas áreas para analizar en conjunto las leyes y evaluar pasos a seguir.

  Por último, estamos preparando un documento de análisis de los primeros 100 días del gobierno de Milei desde una perspectiva de derechos humanos. En la misma sintonía, estaremos monitoreando muy de cerca al Congreso.

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• BANGLADESH: ‘Out of fear, people are being silent’

  CIVICUS speaks with Aklima Ferdows, who works with the Centre for Social Activism in Bangladesh, about civil society’s challenges and support needs in the face of a sustained government crackdown.

  Can you tell us about your background and work?

  I have a civil society background, working with civil society organisations (CSOs) for almost 10 years, mostly on advocacy and capacity development. I also have law background and voluntarily work with the Centre for Social Activism (CSA), whose work focuses mostly on the freedom of expression and protection of human rights defenders. CSA documents human rights violations and advocates for the rights of marginalised communities on the ground.

  What are the current challenges around the freedom of expression in Bangladesh?

  Bangladesh had a long struggle for freedom and finally got independence from Pakistan in 1971 after a nine-months’-long war. But unfortunately, although we achieved our independence, our freedom is not assured even after so many years of independence. For civil society workers, human rights defenders, journalists and citizens in general, there is an environment of fear and self-censorship in the country now. Out of fear, people are being silent or are speaking on relatively ‘softer issues’ such as the rights of poor people, women and children. Because of fear of reprisal, people are refraining from doing things they used to do or not protesting or speaking openly. People need to think several times before they speak and act.

  Social media and online content monitoring are becoming strict, and you can see the changes in social media use. People used to share various types of news, updates and their thoughts. Now they mostly use social media for sharing their personal stuff or family related activity. People also complain about their calls being recorded. There were efforts to make people register to use social media with their national identity document. Some websites and online portals have been banned, contents are blocked and there are occasional internet shutdowns and slowdowns, including during elections. We have had several killings of online activists in recent years. Other online activists have left the country or gone silent. People’s ability to express themselves freely and creatively is limited and people are more fearful about sharing their views with other people.

  As an example of how the freedom of expression is restricted, in August 2019 a local councillor filed a case in Khagrachari district of the Chittagong Hill Tracts area against one of the reporters of the Daily Star, a major daily newspaper, simply because the reporter had used the word ‘Indigenous’ in a report. The plaintiff alleged that the journalist had intentionally made a provocation to destroy peace in the hills in the report, titled, ‘Three Indigenous villages face land grabbing’. The police were ordered to investigate. Although the court dismissed the case, it showed how sensitive the authorities can be. The people living in the country's plains and hills have long been demanding constitutional recognition as Adibashi (‘Indigenous’ in English). The Press Information Department issued a release (reference no. 2,704) in March 2015 urging the media, experts, university teachers and civil society members to avoid that word in discussions and talk shows on the International Day of the World's Indigenous People. There is no legal barrier to using the word ‘Adibashi’ anywhere in the country, but it seems that we are trying to push a group of people in their own country into a status of denial.

  Eighty-three lawsuits were filed against the Daily Star’s editor, Mahfuz Anam, by plaintiffs across the country, in 56 districts, who were not personally aggrieved. The matter began on 3 February 2016 when the editor of a TV talk show made an introspective comment about a lapse in his editorial judgment in publishing reports, based on information given by the Taskforce Interrogation Cell during the rule of the 2007-2008 caretaker government, without being able to verify those independently. He was accused of defamation and sedition. The number of cases show how many people can be mobilised against one. Allegations and legal actions can be brought against anyone on the grounds that they are trying to instigate communal violence, hurt religious sentiment or cause law and order violations.

  What are the other key restrictions against civil society freedoms, and what are the impacts on civil society?

  People need to get permission from the local authorities to hold an assembly or gathering. This has become very strict now. In some cases, people don’t get permission and, in some instances, permission have been withdrawn at the last moment.

  Another source of fear is the disproportionate use of force by law enforcement agencies. It is being used against opposition parties and their related organisations, but also against civil society, garment workers, student groups and cultural activists. The police force is often aggressive and there is impunity. So, people are reluctant about organising collectively as they did before. There are clear, direct threats as well as intimidation and there are also smears. For example, anti-corruption campaigners have been accused of avoiding paying taxes. And then there are repressive laws, which affect the freedom of expression and other freedoms of the people.

  Cases are being brought to harass people under the Digital Security Act, passed in October 2018. The law brought in jail sentences to a maximum of three years or fines of 300,000 taka (approx. US$3,750), or both, for publishing or assisting in the publication of information that is offensive or is known to be false with the intention of tarnishing the image of the state, or spreading confusion, or sending or publishing information intended to annoy or humiliate someone. The punishments can be almost doubled for a second offence. Now anyone can claim that someone is spreading rumours or is humiliating someone else, even if they are just sharing news online without any intention of spreading confusion or humiliating someone.

  The law also brought in a sentence of seven years in jail for hurting religious sentiment and values, and there are sentences of up to 14 years in jail or 2,500,000 taka (approx. US$29,450) in fines, or both, for charges of computer spying or digital spying for collecting, preserving, or sending any secret documents through a computer, digital device, computer network, digital network, or any electronic form. Journalists fear that the provisions of this Act will work against conducting investigative journalistic work and compromise the quality and freedom of journalism in Bangladesh. Under an earlier law, the ICT Act of 2016, several cases were brought against activists, journalists and activists. Now the police don’t even need a warrant to take someone in for questioning; it can be done based on mere suspicion.

  Another key obstacle for civil society is the restriction of funding. This has been going on for some time. The Foreign Donations (Voluntary Activities) Regulation Act controls foreign funding for CSOs. There is also a funding shortage from foreign donors and development partners for rights advocacy programmes following the passing of the NGO Law and development partners have shifted their priorities to other regions. One of the provisions of the NGO law allows the NGO Affairs Bureau to suspend the registration of a CSO or to close it down if it makes any ‘derogatory’ remarks about the constitution or constitutional bodies.

  Any CSO or person receiving funding from a foreign entity must have permission. To get permission you need to give a copy of the proposal to the NGO Affairs Bureau, which sits in the prime minister’s office. Permission is sometimes withheld. Critics of civil society have occasionally raised concerns about some CSOs, alleging they could have links to terror financing, or that they are doing different work in the name of development. There is a fear that anything that doesn’t go well with the authorities could be blocked and the CSO denied funding.

  Then there is the new draft Volunteer Social Welfare Organizations (Registration and Control) Act of 2019. According to media reports, the draft says that all CSOs will have to register with the Ministry of Social Welfare, and any receiving foreign funding will also have to register with the NGO Affairs Bureau. CSOs cannot set up and operate unless they do so. Section 10 states that all CSOs will be able to work in only one district when they first register. After registration, CSOs can expand their scope of work, but only to five districts at a time. We have 64 districts, so this is the most restrictive.

  Section 14 requires CSOs to have an account with a state-owned bank and conduct all financial transactions via state-owned banks. It requires CSOs to submit their annual workplans, audit reports and activity reports. It also requires CSOS to submit tri-monthly bank statements to the local social welfare office and registration authorities. Section 11, in sub-sections 1 and 2, states that registrations must be renewed every five years, and failure to reregister or the refusal of registration will result in an organisation being dissolved.

  Incredibly, section 16 says that the government can expel the heads of CSOs and replace them with a government-appointed five-person committee and section 17 says that CSOs can be dissolved if they are believed to not be working in the best interests of the public or to have broken the law.

  According to the NGO Affairs Bureau, between March and June 2019, the government cancelled the registration of 197 CSOs.

  Civil society members are in a very tight situation now. They have become very cautious and are playing safe out of fear. If they don’t compromise, they might lose the funding they have and face threats. We are not seeing CSOs making many statements on human rights issues. Many CSOs are struggling for funding. There are some social movements starting up, working on issues such as the protection of natural resources and against gender-based violence, but they are being cautious about talking about gross human rights violations.

  What impacts did the December 2018 general election have on civil society?

  In advance, people felt a participatory election might not be held. I went out one day just to see how many posters in the vicinity were from the opposition. In my neighbourhood, I would say 99 per cent of the posters were of the ruling party candidate. Opposition party candidates and activists were not fully free to campaign, and the election was allegedly manipulated.

  Fears increased during the election, in which the ruling party won a landslide victory, because it confirmed the ruling party’s power. The ruling party has everything and after the election, we hardly hear the strong voice of opposition.

  What role is being played by student groups affiliated with ruling party?

  One of the main sources of attack are by the non-state actors linked to the ruling party, particularly its student and youth wing. Academic institutions such as universities are controlled by ruling party student activists. At protests, ruling party student groups work alongside law enforcement officers to attack people and harass them. This sometimes includes sexual harassment of women protesters.

  Given these challenges, what are the main support needs of Bangladeshi civil society?

  Bangladeshi civil society voices should be raised with unity and there is a need to raise concern about Bangladesh at the international level more and more. At the international level, the rights of the Rohingya refugees from Myanmar have received huge attention, which is necessary, but this should not be used to overshadow other human rights violations in the country.

  We also need security and protection initiatives for CSO members. Bangladeshi CSOs should be developing these but they do not have funding for this, and requests for security and protection in funding proposals do not get much attention. There is also a need to explore flexible funding for CSOs.

  There is a need for more solidarity actions with local civil society. Those few organisations that are still trying to defend human rights, and local and grassroots groups, urgently need solidarity.

  Civic space in Bangladesh is rated as ‘repressed’ by theCIVICUS Monitor.

• ECUADOR: “El nuevo gobierno debe dialogar y generar acuerdos políticos públicos, no por debajo de la mesa”

  CIVICUS conversa acerca de los resultados de la segunda vuelta de las elecciones presidenciales ecuatorianas del 15 de octubre con Ruth Hidalgo, directora ejecutiva de Participación Ciudadana.

  Participación Ciudadana es una organización de la sociedad civil (OSC) apartidaria y pluralista que trabaja por el fortalecimiento de la democracia en el Ecuador.

  ¿Cómo afectó la violencia del crimen organizado al proceso electoral?

  El proceso electoral que acaba de terminar ha estado atravesado por la violencia política: fueron asesinados un candidato a la presidencia, un alcalde y un prefecto. Asimismo, se ha vivido un clima de violencia en las calles a causa del accionar de bandas de narcotraficantes, que someten a la ciudadanía mediante extorsiones a cambio de protección, conocidas como “vacunas”, con las cuales se financian los grupos del crimen organizado.

  Esto convirtió al tema de la seguridad en uno de los tópicos centrales en el debate entre los candidatos para la segunda vuelta, y en uno de los que ha generado las mayores expectativas.

  Las propuestas de los dos candidatos, sin embargo, fueron a grandes rasgos similares, aunque con algunas diferencias y características propias. Ambos apuntaron a fortalecer la presencia de las fuerzas armadas como co-ejecutoras de políticas anticrimen conjuntamente con la policía.

  ¿Qué significado le asignas al triunfo de una opción de centroderecha?

  No se trata necesariamente de un voto ideológico. La debilidad de los partidos políticos en el Ecuador hace que la ideología vaya perdiendo fuerza. Hace rato que el país se debate no entre derecha e izquierda sino entre correísmo y anticorreísmo: es la controvertida herencia del expresidente Rafael Correa, en el poder durante toda una década entre 2007 y 2017, lo que continúa polarizando a la ciudadanía ecuatoriana.

  El candidato ganador, el empresario Daniel Noboa, representa al menos por su origen una opción de centroderecha. Pero si ha ganado es porque ha logrado captar los votos de un electorado joven que no se sitúa en ningún lado de la polarización y más bien ha optado por una visión nueva, un candidato joven y sin trayectoria política que ofrece una forma de la política que, a diferencia de sus predecesores, no es confrontativa.

  ¿Qué factores operaron en contra de la candidatura de Luisa González?

  La candidatura del correísmo, Luisa González, fue perjudicada por la constante presencia de Correa durante la mayor parte de la campaña, que terminó opacando su propia candidatura. Si bien al final trató de desmarcarse de esa influencia, no logró posicionarse como una opción renovada del correísmo, que es lo que debió transmitir para tener chances de ganar. Quedó pegada a la imagen política desgastada y cuestionada del expresidente.

  Creo que el elemento del legado de Correa que produce mayor rechazo es la forma confrontativa y amenazadora de tratar con quienes considera sus enemigos políticos. Parecería que ese recurso está generando cada vez más descontento y desaprobación. Si bien el porcentaje de apoyos que consiguió la candidata no fue menor, esto le generó un techo que no logró perforar. Fue precisamente la razón por la cual pudo imponerse su adversario.

  ¿Cómo ha evolucionado el espacio para la sociedad civil en los últimos años, y qué cabe esperar bajo el nuevo gobierno?

  La sociedad civil, a mi criterio, ha recuperado presencia y libertad de acción luego del período del correísmo, durante el cual fue restringida y en algunos casos perseguida. No olvidemos que una OSC ambientalista importante, que confrontó con el gobierno a causa de sus políticas extractivistas, fue arbitrariamente cerrada y luego se generó una normativa para regular discrecionalmente el registro, el funcionamiento y la clausura de OSC, con el objeto de quitar del paso a las que molestaran al gobierno. Muchos activistas de la sociedad civil y periodistas fueron criminalizados por su trabajo.

  La expectativa de sociedad civil bajo el nuevo gobierno es la misma de siempre: contar con un ambiente habilitante que le permita desarrollar libremente sus actividades. Esperamos una gestión de gobierno que proteja y promueva la libertad de asociación.

  ¿Cuáles deberían ser las prioridades del nuevo presidente?

  Cabe recordar que las elecciones fueron convocadas en forma anticipada para elegir al sucesor del presidente Guillermo Lasso luego de que éste utilizara el mecanismo de “muerte cruzada”, disolviendo el congreso para evitar que éste lo destituyera, pero al mismo tiempo acortando su propio mandato. Eso significa que Noboa solo ejercerá como presidente durante el tiempo que resta del mandato de Lasso: apenas unos 18 meses. Demasiado poco tiempo para tantos desafíos.

  El nuevo presidente recibe un país atravesado por la inseguridad y la violencia, con un alto déficit fiscal, un crecimiento casi nulo, tasas de desempleo muy altas, y encima atravesando nuevamente el fenómeno climático del Niño, que genera calentamiento de las aguas y produce eventos climáticos extremos y temperaturas récord. Todos estos son temas que va a tener que a priorizar, con políticas públicas orientadas a mitigar los problemas más importantes en la economía, el cambio climático y la seguridad pública. Para ello necesitará armar un equipo de trabajo sólido y generar espacios de diálogo y reconciliación. Deberá demostrar apertura a la sociedad civil y generar acuerdos políticos sobre la mesa, y no por debajo de la mesa.

  Toda elección presenta una oportunidad. Como siempre en un país con tantas necesidades, las expectativas son grandes. La principal tarea que el gobierno tiene por delante es la de fortalecer la democracia ecuatoriana, y eso implica un trabajo enorme.

  El espacio cívico en Ecuador es calificado como “obstruido” por elCIVICUS Monitor.

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• ECUADOR: “La elección generó una válvula de escape provisional, pero la inestabilidad no ha terminado”

  CIVICUS conversa acerca de los resultados de la segunda vuelta presidencial del 15 de octubre en Ecuador con Humberto Salazar, director ejecutivo de la Fundación Esquel.

  Esquel es una organización de la sociedad civil que busca contribuir al desarrollo humano sustentable, al mejoramiento de la calidad de vida de los sectores más desfavorecidos y a la construcción de una sociedad democrática, responsable y solidaria en el Ecuador.

  ¿Cómo afectó la violencia del crimen organizado al proceso electoral?

  El proceso electoral definitivamente se vio afectado por la violencia. No se trató solamente de la muerte del candidato a la presidencia Fernando Villavicencio. En el contexto de estas elecciones y de las elecciones seccionales previas también fueron asesinados representantes electos de gobiernos locales. El caso más sonado fue el de Agustín Intriago, alcalde de la ciudad de Manta. También fue asesinado un candidato a la Asamblea Nacional, y muchos más candidatos a diferentes cargos recibieron amenazas. La lista de víctimas fatales de la violencia se amplía si se incluye a los siete sospechosos capturados por el magnicidio de Villavicencio que fueron asesinados en las prisiones donde estaban detenidos.

  En ese contexto las preferencias de voto definitivamente se vieron afectadas. Desde las sombras, los grupos que representan a mafias locales y transnacionales enviaron a través de actos violentos mensajes intimidatorios que incidieron en el voto de la ciudadanía. Esto fue muy evidente en la primera vuelta, donde luego del asesinato de Villavicencio la mayoría de sus votantes optó por candidaturas que hasta entonces no habían tenido chances de llegar a segunda vuelta. Tales fueron los casos de Jan Topic y Daniel Noboa, el presidente electo. Ambos repuntaron sus cifras luego del magnicidio.

  ¿Fue la violencia un tema de campaña en la segunda vuelta?

  La influencia de la violencia sobre las elecciones va más allá de ser un tema de campaña escogido estratégicamente por los candidatos. Para la población el tema de la seguridad se convirtió en un tema central de la agenda que incluso superó en prioridad a otros temas centrales como el desempleo y la pobreza.

  No es que el desempleo y la pobreza perdieran importancia, sino más bien que los tres temas pasaron a componer una triada integrada de aspiraciones que está en la base de las demandas actuales. El electorado busca respuestas rápidas y efectivas, pero no desintegradas. Seguridad, desempleo y pobreza son elementos de la misma ecuación que la ciudadanía exige al sistema político.

  Aunque las propuestas de los candidatos sobre el tema fueron muy generales, hay consenso en la esfera política de que el tema de seguridad es central a la actual situación del país. En consecuencia, en los próximos días el presidente electo deberá desarrollar con más detalle sus propuestas sobre seguridad. La ciudadanía no evaluó en las urnas si las propuestas de uno u otro candidato en este tema eran las mejores, ni tuvo los elementos para hacerlo, pero ahora espera que, independientemente de cuáles sean los instrumentos utilizados, el resultado sea la pacificación del país.

  ¿Observas una “derechización” del electorado, o acaso el voto no obedeció a motivaciones ideológicas?

  La evaluación de las preferencias electorales no se resume a un juego de suma y resta donde un lado, en este caso la derecha, gana, mientras el otro lado pierde. Tampoco estamos ante una ciudadanía ingenua o desinformada que se dejó convencer bajo engaño por una derecha renovada, inclinándose por los valores, principios y narrativas de la derecha.

  En las actuales circunstancias el voto dista de ser ideológico; en la evaluación de las opciones pesan otras consideraciones. En este caso predominó la búsqueda de lo nuevo, lo cual le dio el triunfo a un “outsider”. En Ecuador, los outsiders tienen una larga historia de éxitos.

  Si bien el candidato ganador representa a la derecha en términos de sus valores y modelos, discursivamente se presenta como un renovador, mucho más pragmático que ideológico. Esta difuminación del contenido ideológico no es un rasgo privativo de este candidato, sino que expresa un proceso más profundo de transformación de la representación en un contexto en que la retórica se vacía de contenido frente a prácticas altamente contradictorias con el discurso.

  En suma, la gente votó mayoritariamente por un candidato que logró inspirarle confianza, cuyos rasgos lo sacaban de la competencia polarizada propuesta por candidaturas más ideológicas. Buscó a alguien que le ofreciera alternativas no solamente para abordar los temas de seguridad sino también para resolver el tema de la recuperación económica y el bienestar.

  El resultado también obedeció a expectativas de audiencias especificas como la juventud, que tiene un peso muy importante en el padrón electoral. Este segmento del electorado buscó opciones de futuro que estuvieran desligadas de los conflictos entre quienes son en última instancia responsables de la crisis en la que ahora estamos sumergidos. En ese sentido, fueron castigadas por igual las derechas y las izquierdas con narrativas ideológicas, como lo evidenció el hecho de que todos los partidos tradicionales quedaran rezagados en los resultados electorales.

  ¿Por qué perdió Luisa González, pese a contar con mayor estructura partidaria?

  Un factor fundamental de la derrota de Luisa González en la segunda vuelta fue el peso de la figura del expresidente Rafael Correa como símbolo y líder del movimiento Revolución Ciudadana. Ese liderazgo que le ofrece al movimiento un electorado cautivo de alrededor del 25% también le genera un techo que, en una competencia polarizada entre correísmo y anti-correísmo, no le permite superar el 50% que se requiere para ganar en segunda vuelta. La misma estrategia de polarización que le dio fuerza al gobierno de Correa para impulsar sus agendas le restó posibilidades a la hora de convocar a un electorado que no forma parte de su voto duro.

  También le restaron apoyo a González las narrativas revanchistas del correísmo, expresadas en el lema “ni perdón, ni olvido”. La apelación a una vuelta al pasado le reafirmó los votos propios, pero le impidió conquistar los votos de un amplio electorado que desconfía de las tendencias autoritarias del correísmo y temió que el triunfo de sus candidatos se tradujera en restricciones del espacio cívico, y en particular de la libertad de asociación.

  ¿Qué expectativas tiene la sociedad civil en relación con la nueva administración?

  Si bien el presidente electo no tiene un pasado de resistencia a la participación de sociedad civil, en su campaña no se mostró especialmente abierto a recibir propuestas y reunirse con colectivos de sociedad civil. Esto genera incertidumbre sobre la amplitud y efectividad que tendrán los espacios de participación de la sociedad civil en el diseño y ejecución de políticas públicas. En principio, no hay amenazas claras al espacio cívico, pero sí incertidumbre respecto de la posición del nuevo gobierno frente a la promoción y el fortalecimiento de la sociedad civil.

  Cabe destacar que los dos candidatos que compitieron en segunda vuelta tuvieron un sesgo conservador más allá de su inclinación ideológica hacia la derecha o la izquierda. De ahí la incertidumbre sobre cómo responderá el nuevo presidente a cuestiones sociales que surgen de las agendas de igualdad de género de los grupos feministas y de la comunidad LGBTQI+, de las demandas del movimiento indígena relativas a la plurinacionalidad y la interculturalidad, y de las preocupaciones del movimiento de derechos humanos en relación con la búsqueda de políticas para enfrentar la delincuencia que no sacrifiquen derechos.

  Lo cierto es que hay una enorme cantidad de problemas que el nuevo gobierno deberá atender. Para sostener sus iniciativas más allá del año y medio previsto para el ejercicio de su mandato, el nuevo presidente deberá hacer una convocatoria amplia y generar una agenda de mínimos refrendada en acuerdos nacionales multiactor. Serán indispensables las políticas de seguridad, trabajo – con énfasis en el empleo joven bajo un modelo de inclusión intergeneracional – y combate a la desnutrición crónica infantil. También debe reformarse el llamado Código de la Democracia, la ley orgánica de 2009 que establece el sistema electoral, el manejo de las elecciones y los requisitos de funcionamiento y financiamiento de partidos y movimientos políticos.

  ¿Consideras que esta elección ha puesto fin a la inestabilidad política?

  La inestabilidad no ha terminado, pero la elección generó una válvula de escape provisional y de corto aliento para las tensiones de la crisis de múltiples dimensiones que afecta al Ecuador. El tiempo de gracia para el gobierno, sin embargo, será muy limitado: deberá producir en el corto plazo medidas que demuestren que está encaminado hacia la resolución de los grandes problemas.

  Dos cosas le pueden a jugar en contra: la lentitud del aparato burocrático para desarrollar proyectos de transformación y la pugna de poderes que podría bloquear sus iniciativas en la Asamblea Nacional. La relación entre los poderes ejecutivo y legislativo será clave. Si el ejecutivo vuelve a encontrarse bloqueado por una multitud de intereses particulares que exigen prebendas para habilitar la aprobación de sus iniciativas, la crisis volverá a profundizarse.

  El espacio cívico en Ecuador es calificado como “obstruido” por elCIVICUS Monitor.

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• GUATEMALA: “El acoso judicial y la persecución penal tienen efectos desgastantes”

  En el Día Mundial de la Libertad de Prensa CIVICUS conversa con Carlos Ernesto Choc, un periodista maya Q’eqchi’ con casi dos décadas de trayectoria, acerca de la criminalización del periodismo y los medios en Guatemala.

  ¿En qué condiciones trabajan los periodistas en Guatemala?

  Las condiciones para el ejercicio periodístico en Guatemala son bastante difíciles. Enfrentamos la persecución penal del Ministerio Público y amenazas que provienen de diversos actores, incluidos funcionarios públicos que enfrentan cuestionamientos o son investigados por los periodistas. Las campañas de difamación contra periodistas también son muy graves.

  Internet y las redes sociales están plagadas de trols que mandan mensajes amedrentadores y difamatorios. Desprestigian el trabajo periodístico y luego las agresiones vienen naturalmente. Éstas llegan a provenir incluso del Estado, y en particular de agencias de seguridad pública. La Policía Nacional Civil agrede a los medios y a los periodistas tanto en el contexto de manifestaciones como en otros momentos y lugares en que no quieren que se transmita lo que ocurre para preservar la impunidad por delitos o violaciones de derechos perpetradas en los territorios.

  Desde 2015 a la fecha las agresiones contra la prensa no han hecho más que escalar. Ahora ya no solamente te persiguen penalmente, te acosan judicialmente, te amenazan, intimidan y difaman, sino que también te encarcelan. Para hacerlo, te imputan delitos que se usan para combatir al crimen organizado, tales como el de asociación ilícita, como es mi caso, o lavado de dinero, como en el caso de mi colega Rubén Zamora. O sea, nos acusan como criminales y nos procesan penalmente con acusaciones de estar vinculados con el crimen organizado, de liderar invasiones de tierra o de instigación a delinquir. Son claramente acusaciones fabricadas, por lo que se trata de detenciones ilegales, sin sustento. No tienen cómo probar sus acusaciones, pero mientras tanto uno es sometido a largos procesos penales.

  Si bien todos los y las periodistas estamos vulnerados ahorita en este país, somos particularmente vulnerables quienes investigamos el tema de la agresión al medio ambiente, las violaciones de derechos humanos y temas vinculados con el narcotráfico y la corrupción. Son temas realmente complicados y hay quienes los investigan desde el anonimato porque muchos han sido asesinados – el más reciente, Eduardo Mendizabal, hace poco más de un mes.

  La situación se complica cada día más y ha habido periodistas comunitarios que han optado por emigrar y dejar de ejercer la labor periodística. Es triste ver a los colegas que se van yendo, y bajo el actual gobierno son cada vez más. Yo mismo no me veo en el exilio, pero lo considero una opción de última instancia.

  ¿En qué situación te encuentras tras el proceso de criminalización que has experimentado?

  El mío ha sido un caso de persecución penal con el que han intentado censurarme. Comenzó en 2017 cuando investigaba la contaminación del lago de Izabal. Estaba documentando las protestas de pescadores contra la minería y capté el momento exacto en que un manifestante era asesinado por disparos de la Policía Nacional Civil. La acusación en mi contra vino de la empresa minera, una compañía de capital ruso basada en Suiza, Solway Investment Group. En agosto de 2017 tuve una orden de captura. Una audiencia tras otra fueron suspendidas y mi primera declaración fue escuchada en enero de 2019, cuando me dieron una medida sustitutiva.

  Cuanto tienes medida sustitutiva de prisión estás libre bajo ciertas condiciones: quedas atado a la obligación de firmar un libro en el Ministerio Público cada 30 días y tienes prohibido estar en ningún sitio donde se vendan bebidas alcohólicas, entre otras cosas. La fuerza pública, la policía, las autoridades están pendientes de donde estés y esperan que cometas algún incumplimiento para poder procesarte. Yo veo a estas medidas sustitutivas como formas de castigo que implican restricciones y limitaciones a tu derecho tanto de informar como de ser informado.

  En enero de 2022 tuve otro proceso penal, acusado por la Policía Nacional Civil de instigar a la violencia durante una protesta de comunidades indígenas en Izabal contra la mina a cielo abierto en activo más grande del país, de la Compañía Guatemalteca de Níquel, subsidiaria de Solway. Trece agentes de policía me acusaron de haberlos agredido físicamente a ellos, cuando todo lo que yo hacía era documentar el momento en que las fuerzas de seguridad reprimían a los pobladores con gas lacrimógeno. Desde entonces ya no pude ejercer mi trabajo como periodista, ni desplazarme libremente, hasta que mis abogados lograron probar frente al juez que realmente soy un periodista y no un criminal. En septiembre se levantaron los cargos en mi contra. Ha sido muy agotador: el acoso judicial y la persecución penal tienen efectos desgastantes.

  ¿Qué estrategias han adoptado para poder seguir trabajando?

  Las estrategias para romper la censura se renuevan día a día, y están muy centradas en la seguridad no solamente física sino también digital, y en particular en la seguridad de los archivos. También es muy importante la articulación local, nacional e internacional entre las y los periodistas y los medios alternativos e independientes.

  Estas articulaciones han hecho posibles trabajos como Sangre Verde, publicado en 2019, y Secretos Mineros, publicado en 2022. Ambos fueron liderados por Forbidden Stories, una organización con sede en Francia que apoya la publicación del trabajo de periodistas que enfrentan en sus países amenazas, criminalización y violencia. El primero fue el resultado de una investigación realizada en tres países de tres continentes: Guatemala, India y Tanzania, y analiza las tácticas de la industria minera para criminalizar a quienes se oponen a sus prácticas y obstaculizar el trabajo periodístico. La segunda surgió de la filtración de una enorme cantidad de archivos internos de Solway sobre el funcionamiento de su proyecto minero Fénix en Izabal. Un consorcio de 20 medios de 15 países del mundo hizo una investigación con información corroborada por 65 periodistas, incluido el equipo de Prensa Comunitaria que yo integraba.

  De lo que se trata es de encontrar la forma de seguir haciendo el trabajo que uno está haciendo. Igual que muchos otros, yo hago periodismo por pasión y por convicción. No espero un premio o un reconocimiento internacional: sé que lo que estoy haciendo va a ayudar mucho a mi comunidad y a la sociedad en general. Considero que visibilizar el daño al medio ambiente y las violaciones de derechos humanos es muy importante.

  ¿Qué tipo de apoyos reciben actualmente periodistas y medios comunitarios de Guatemala, y qué apoyos adicionales necesitarían?

  Recibimos apoyo sobre todo bajo la forma de acompañamiento: acompañamiento jurídico, acompañamiento de organizaciones de derechos humanos y acompañamiento de la propia comunidad y de las autoridades comunitarias que respaldan nuestro trabajo.

  Esto es muy importante, pero hay mucho más por hacer. Una de las situaciones que experimentamos los y los periodistas criminalizados o en situación de riesgo es la dificultad para sobrevivir económicamente y mantener a nuestras familias, por lo que es importante el apoyo económico. Lo mismo pasa con el apoyo en materia de salud, porque hay momentos en que por las situaciones que vives, el cuerpo ya no te responde. Finalmente, es importante la provisión de espacios de intercambio con otros colegas periodistas. Ayuda mucho conocer las experiencias de otros.

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  El espacio cívico en Guatemala es calificado como “represivo” por elCIVICUS Monitor.

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• GUATEMALA: “Estas elecciones son clave porque nos dan la posibilidad de optar por un rumbo distinto”

  CIVICUS conversa con Jordán Rodas Andrade acerca de las elecciones generales de Guatemala – en las cuales un candidato que trae promesas de reforma inesperadamente pasó a la segunda vuelta – y de las perspectivas de apertura del espacio cívico y cambio democrático.

  Jordán Rodas es abogado especialista en garantías constitucionales y derechos fundamentales, transparencia y lucha contra la corrupción. Además de ser docente universitario, en 2015 fue electo vicepresidente del Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala y entre 2017 y 2022 fue Procurador de los Derechos Humanos de Guatemala. En el ejercicio de esta función fue repetidamente criminalizado y amenazado, como consecuencia de lo cual ha debido exiliarse.

  ¿Cómo ha evolucionado en los últimos tiempos la situación del espacio cívico en Guatemala?

  En los últimos años ha habido un deterioro muy preocupante del espacio cívico en Guatemala, que se agudizó bajo el gobierno del actual presidente, Alejandro Giammattei. Su antecesor, Jimmy Morales, un comediante devenido presidente, dejó instaladas muy malas prácticas, pero éstas llegaron a niveles extremos con Giammattei.

  En los últimos años, muchas personas defensoras de derechos humanos y de derechos de la tierra, periodistas y defensores de justicia tuvimos que salir de nuestro país, obligados por un clima hostil de persecución y criminalización. Este cierre de espacios y la ausencia de una prensa independiente han sido caldo fértil para el avance de un régimen autoritario. Estas elecciones son clave porque nos dan a las y los guatemaltecos la posibilidad de optar por un rumbo distinto por el bien del país.

  ¿Qué fue lo que le ha llevado a exiliarse?

  En mis cinco años como procurador fui criminalizado con 18 procesos de antejuicio, todos los cuales fueron rechazados. Es desgastante tener que defenderte constantemente de tal sucesión de causas espurias. Luego tuve ocho solicitudes de remoción por parte de congresistas, además de una agobiante asfixia financiera.

  Sobre todo, he sido testigo del debilitamiento de la justicia. Muchos debieron tomar la difícil decisión de irse del país para salvar su vida, su libertad o su integridad. Entre ellos se cuentan Juan Francisco Sandoval, ex responsable de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI), Erika Aifán, una jueza independiente, el juez Miguel Ángel Gálvez y muchos otros que de una u otra manera tocábamos fibras del poder político y económico.

  No es casual que detrás de la persecución contra operadores de justicia y periodistas se encuentre con frecuencia la Fundación contra el Terrorismo, dirigida por el empresario Ricardo Méndez Ruiz, que ha sido señalado por el gobierno de Estados Unidos por actos de corrupción y contra las instituciones democráticas. Esta organización fue querellante en el proceso penal contra Virginia Laparra, ex fiscal de la FECI en Quetzaltenango, que guarda prisión desde hace más de un año y que no debería haber sido detenida por denunciar casos de corrupción de un juez. Denunciar no es un delito en ninguna parte del mundo.

  La misma organización persiguió penalmente a José Rubén Zamora, el fundador de elPeriódico, uno de los principales críticos del gobierno que durante años ha denunciado la corrupción. Zamora fue recientemente condenado a seis años de cárcel por varios supuestos delitos, incluido el de lavado de dinero. Ha sido un mensaje muy grave contra la libertad de prensa: la prensa independiente ha tenido que autocensurarse y pese a eso seguir dando la batalla.

  Yo todavía estaba en Guatemala cuando Zamora fue capturado, y entonces decidí tomar distancia. Me fui en agosto pero regresé en diciembre, por tierra, para participar en la asamblea del Movimiento de la Liberación de los Pueblos (MLP), que nos proclamó a Thelma Cabrera, una mujer indígena Maya Mam, y a mí como su binomio presidencial. Hace cuatro años el MLP quedó en cuarto lugar, pero ante el hartazgo social frente a la corrupción y gracias a su apertura al pueblo mestizo pienso que ahora contaba con altas posibilidades de entrar a la segunda vuelta.

  Pero mi sucesor en la procuraduría presentó una denuncia espuria en mi contra a raíz de la cual bloquearon nuestra fórmula presidencial. Se negaron sistemáticamente a darme información sobre el contenido de la denuncia. O sea que solamente la utilizaron para dejarme fuera de competencia. Desde entonces he continuado la lucha desde el exilio. No será lo que uno quiere, pero es lo que toca.

  ¿Cuáles tendrían que ser las condiciones para que usted decidiera regresar a Guatemala?

  Justamente lo platicaba la semana pasada a raíz de una reunión de trabajo con el Estado Guatemalteco mediada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Yo he sido beneficiario de una medida cautelar de la CIDH desde 2017. Estas medidas establecen que el Estado tiene la obligación de velar y garantizar la vida, la integridad, la seguridad y la libertad, cosa que en mi caso el Estado de Guatemala no ha cumplido. Para regresar quisiera tener ciertas condiciones mínimas: que el Estado no me persiga ni me criminalice.

  Actualmente hay dos denuncias en mi contra, una presentada por la Procuraduría de Derechos Humanos y otra presentada por la Contraloría General de Cuentas. No tengo conocimiento oficial de cuáles son las acusaciones porque no tengo los documentos; los tengo pedidos por acceso de información. Pero parece ser que es porque en mi declaración patrimonial puse que había entregado el cargo el 20 de agosto, que es cuando terminaba el periodo constitucional, pero me fui del país el día 18 dejando designada a la procuradora adjunta como lo indica la ley. Es decir, no habría ninguna falsedad ni delito. Este caso está bajo reserva y he pedido al Estado, como muestra de buena voluntad, que no prorrogue esta reserva, sino que me entregue copia de la denuncia para poder defenderme, y que garantice mi vida y mi seguridad, así como la de mi familia que está en Guatemala.

  ¿Ha fracasado la lucha contra la corrupción en Guatemala?

  La lucha contra la corrupción no ha fracasado, pero sí se ha detenido como resultado de una estrategia muy bien pensada de la alianza corrupta entre funcionarios políticos y actores del sector privado.

  Sin embargo, hoy más que nunca tengo la esperanza de que aprendamos las lecciones dolorosas y positivas de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), que creo que tiene más luces que sombras. Espero que a partir de ese aprendizaje podamos, más pronto que tarde, retomar la lucha contra la corrupción.

  El acompañamiento internacional seguirá siendo indispensable porque nuestro sistema de justicia es muy poroso, está permeado por el crimen organizado y carece de institucionalidad. Tres de los nueve magistrados de la Corte Suprema de Justicia y varios otros jueces y funcionarios judiciales están en la Lista Engel del Departamento de Estado de Estados Unidos, que incluye a personas que han cometido actos de corrupción o han participado en acciones para socavar la democracia de sus países. Tenemos miembros del Tribunal Supremo Electoral que están acusados de falsificar sus títulos de doctorado para ser electos y un Procurador de Derechos Humanos que fue el responsable de derechos humanos de Giammattei en el sistema penitenciario en la época en que puso en marcha la “Operación Pavo Real”, un operativo policial que resultó en masacre y le costó a Giammattei diez meses de cárcel (pero también lo proyectó hacia la presidencia). De ahí la confianza entre estos dos funcionarios.

  Pero es evidente que la gente está cansada de todo esto y lo demostró en las urnas el 25 de junio, cuando se dijo no al regreso al pasado y sí a una propuesta que lanza un mensaje de esperanza para la lucha contra la corrupción. Así lo ha dicho el candidato que representa esa esperanza, Bernardo Arévalo, que contra todo pronóstico pasó a la segunda vuelta.

  ¿Considera que estas elecciones han sido libres y competitivas?

  La elección presidencial no ha sido libre y competitiva, porque unas elecciones limpias no solamente requieren que no haya fraude el día de la votación, sino también que de una serie de elementos durante todo el proceso desde el momento de la convocatoria a elecciones. Ello ocurrió el 20 de enero, y el día 27 el Estado nos cerró la puerta e impidió nuestra participación. No solamente violó nuestro derecho a presentarnos a la elección sino que también restringió el derecho de la ciudadanía a tener todo el abanico de opciones.

  En reacción a esta exclusión Thelma Cabrera llamó al voto nulo, y la matemática no miente. Ganó el voto nulo, con 17%, más que la candidata más votada, Sandra Torres, que sacó alrededor del 15%. El hartazgo de la población está bien claro.

  La inequidad de la competencia también se manifestó en el manejo de los recursos públicos por parte del partido oficial y en la relación extremadamente cercana del gobierno con algunos magistrados del Tribunal Supremo Electoral.

  Pero el hecho de que Bernardo Arévalo lograra entrar a la segunda vuelta es, junto al voto nulo, el voto en blanco y la abstención, una muestra de enorme rechazo al sistema. Tengo muchas expectativas en la segunda vuelta, en la que espero que la población guatemalteca tenga una participación masiva y aproveche esta oportunidad de escoger un futuro mejor.

  ¿Qué tendría que hacer el nuevo gobierno de Guatemala para devolver al país al camino de la democracia?

  Ante todo, el mensaje anticorrupción debe ir acompañado de acciones concretas. La venganza contra los operadores de justicia debe cesar, debe reponerse el estado de derecho y se debe garantizar la libertad de la prensa independiente.

  El nuevo presidente debería formar un gabinete incluyente de sectores progresistas. Debería convocar a partidos políticos, fuerzas sociales y movimientos de los pueblos originarios para hacer en conjunto una propuesta que garantice políticas públicas que beneficien a los más necesitados.

  El nuevo gobierno debería desmarcarse totalmente de las malas prácticas del pasado y tener mucho cuidado con la tentación del poder. Debe prevalecer su responsabilidad para con quienes han depositado en él su confianza. Habrá tentaciones en el camino, por lo que es fundamental que apueste por gente ética, capaz, y coherente con los valores que proyectó en la competencia electoral, en la que la gente los votó por reconocerlos ante todo como un partido honesto. Seguramente Bernardo es el más interesado en honrar el legado de su padre, el expresidente Juan José Arévalo. Su gobierno podría llegar a ser un tercer gobierno de la revolución, retomando y mejorando las grandes conquistas obtenidas en esa primavera democrática de entre 1944 y 1955.

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  El espacio cívico en Guatemala es calificado como “represivo” por elCIVICUS Monitor.

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• HONG KONG: ‘La Ley de Seguridad Nacional viola la libertad de expresión y está intensificando la autocensura’

  CIVICUS conversa con Patrick Poon, investigador independiente en derechos humanos, sobre la situación de derechos humanos en Hong Kong tras la aprobación de una nueva Ley de Seguridad Nacional (LSN) en junio de 2020. Patrick es investigador de doctorado en la Universidad de Lyon, en Francia, y anteriormente trabajó como investigador sobre China en Amnistía Internacional y ocupó varias posiciones en el China Human Rights Lawyers Concern Group, el Independent Chinese PEN Center y el China Labor Bulletin.

  El espacio cívico en Hong Kong ha sufrido crecientes embates desde que en junio de 2019 comenzara una ola deprotestas masivas por las libertades democráticas, disparadas por la presentación de un proyecto de Ley de Extradición. ElCIVICUS Monitor ha documentado el uso de fuerza excesiva y letal contra manifestantes por parte de las fuerzas de seguridad y el arresto y el procesamiento de activistas prodemocracia, así como ataques contra los medios independientes.

  

  ¿Por qué se impuso en Hong Kong la LSN y cuáles han sido sus impactos hasta ahora?

  La LSN, impuesta por el gobierno chino el 20 de junio de 2020, sin ninguna consulta o supervisión legislativa, faculta a China para extender del continente a Hong Kong algunas de sus herramientas más potentes de control social. La ley incluye la creación de agencias de seguridad secretas especializadas, permite denegar el derecho a un juicio justo, otorga amplios poderes a la policía, aumenta las restricciones sobre la sociedad civil y los medios de comunicación y debilita el control judicial.

  La nueva ley socava el estado de derecho y las garantías de derechos humanos consagradas en la constitución de facto de Hong Kong, la Ley Fundamental. Contraviene el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que forma parte del marco jurídico de Hong Kong a través de la Ley Fundamental y se traduce en la Ordenanza para la Declaración de Derechos Humanos.

  La intención del gobierno chino es utilizar la LSN para frenar el trabajo de incidencia y reducir el apoyo a la independencia porque más gente, y particularmente jóvenes, están apoyando la autonomía de Hong Kong y adoptando la identidad hongkonesa. Aunque la Ley Fundamental de Hong Kong consagra un alto grado de autonomía, el gobierno chino parece considerar los llamamientos a la autonomía y el autogobierno como un “peligro para la seguridad nacional”.

  La LSN ha violado gravemente la libertad de expresión del pueblo de Hong Kong y está intensificando la autocensura en la ciudad. Bajo la LSN, quienes abogan por la independencia, así como los políticos y otras figuras prominentes que apoyan las sanciones de gobiernos extranjeros contra Hong Kong y contra los funcionarios chinos responsables de la promulgación de la LSN, han sido blanco de detenciones arbitrarias. El gobierno obviamente está intentando disuadir a otros de seguir el ejemplo de estas personas.

  Los medios independientes también se han visto afectados por la represión. El arresto de Jimmy Lai, magnate de los medios de comunicación y fundador del popular periódico local Apple Daily, así como de otros altos ejecutivos de la empresa, representó un intento del gobierno de castigar a los medios de comunicación que lo critican. La publicación de notas que critican la LSN o reportan pedidos de sanciones presentados por funcionarios de gobiernos extranjeros se convierten en excusa para la represión de los medios independientes. Esto tendrá un impacto a largo plazo sobre los medios de Hong Kong, ya que intensificará aún más la autocensura de algunos medios.

  ¿Cuál ha sido la respuesta de la sociedad civil y el movimiento prodemocracia?

  La sociedad civil ha reaccionado enérgicamente contra la ley porque el proceso para promulgarla violó el principio del estado de derecho y la justicia procesal de Hong Kong, y las definiciones vagas y amplias de varias disposiciones de la ley exceden la comprensión normal del derecho en la ciudad. Los políticos y funcionarios gubernamentales pro-China se han esforzado por justificar la ley, pero sus argumentos son absurdos.

  ¿Cómo han reaccionado la oposición y la sociedad civil ante la decisión del gobierno de posponer las elecciones legislativas a causa de la pandemia de COVID-19?

  Las elecciones de 2020 para el Consejo Legislativo de Hong Kong originalmente estaban programadas para el 6 de septiembre, pero en julio la Jefa Ejecutiva de Hong Kong, Carrie Lam, con el argumento de que estaban aumentando las infecciones por COVID-19, usó sus poderes de emergencia para posponerlas por un año entero, de modo que ahora se supone que tendrán lugar el 5 de septiembre de 2021. Lam negó que el cambio se debiera a especulaciones políticas, pero lo cierto es que fue un golpe para los activistas prodemocracia, que aspiraban a obtener la mayoría en el Consejo Legislativo.

  En un contexto de protestas masivas, los candidatos prodemocracia ya se habían impuesto por abrumadora mayoría en las elecciones para el Consejo de Distrito de 2019. Junto con la recién aprobada LSN, el aplazamiento de las elecciones fue visto como parte de la estrategia del gobierno para neutralizar el movimiento por la democracia. Justo antes del anuncio de la postergación de las elecciones, 12 candidatos de la oposición habían sido descalificados para postularse y cuatro jóvenes ex miembros de un grupo de estudiantes independentistas fueron arrestados bajo la LSN por sus publicaciones en favor de la independencia en las redes sociales.

  El aplazamiento de la elección creó cierto conflicto dentro del campo prodemocrático, ya que hubo quienes se pronunciaron por mantener la lucha en el Consejo Legislativo mientras que otros reclamaron un boicot a la decisión del gobierno de posponer las elecciones. A partir de la decisión del gobierno de descalificar a algunos candidatos prodemocracia por sus opiniones políticas, queda claro que el gobierno no quiere escuchar voces disidentes en la legislatura.

  ¿Cómo podrían la comunidad internacional y las organizaciones internacionales de la sociedad civil apoyar a la sociedad civil de Hong Kong?

  La sociedad civil de Hong Kong debe trabajar en conjunto para garantizar que el gobierno chino y el gobierno de Hong Kong no abusen de la LSN para ahogar todas las opiniones disidentes y monitorear de cerca si el gobierno cumple con los principios del estado de derecho y las normas internacionales de derechos humanos.

  La comunidad internacional debe seguir expresándose en contra de la represión emprendida por los gobiernos de China y Hong Kong contra la sociedad civil y debe seguir planteando su preocupación por la LSN, que el gobierno chino está imponiendo por la fuerza en Hong Kong en nombre de la seguridad nacional, pero que en realidad no es más que un intento de silenciar las opiniones disidentes en la ciudad. La comunidad internacional debe enviar un mensaje claro de que la seguridad nacional no debe utilizarse como excusa para reprimir la libertad de expresión.

  El espacio cívico en China es calificado como “cerrado” por elCIVICUS Monitor.

• HUMAN RIGHTS: ‘People have a great desire for positive stories’

  CIVICUS speaks with Saleem Vaillancourt, a journalist and media producer who works to promote the rights of Iran’s Bahá’í community and to encourage positive action to realise human rights. Saleem works with the street art for social justice project,Paint the Change.

  Can you tell us how your work began?

  I work closely with the Iranian-Canadian journalist and filmmaker, Maziar Bahari. Maziar’s story is well known. He was jailed in Iran and held in solitary confinement in 2009 after covering the Iran election crisis. He was released after an international campaign and the book he wrote about his ordeal, ‘Then They Came for Me’, was made into a film, ‘Rosewater’, by Jon Stewart. Maziar was no longer simply a journalist; he was also a human rights advocate. Once released, he could talk about all the things going on in Iran that he couldn’t when he was working in Iran.

  Chief among these is the situation of the Bahá’í community, which is the largest religious minority in Iran. They are persecuted by the Iranian government because their beliefs come up against the fundamentalist interpretation of Islam practised by the government. Bahá’ís are routinely arbitrarily detained, held either without charge or under false charges and jailed. They are denied the right to go to university. There is a lot of misinformation and propaganda against them from the state media.

  I’m a Bahá’í and I worked with the Bahá’í community, and also as a journalist and in public communications, and that’s how my path crossed with Maziar. In 2014 he made a documentary, ‘To Light a Candle’, about the story of the Bahá’ís and particularly about the denial of their right to education, and their response, which was to create an informal educational project – an underground university – in which they created opportunities to educate themselves. This is a programme that for 30 years has given thousands of people an education, many of whom have gone on to pursue graduate studies in western universities. It’s a huge success and a major example of constructive resilience, or what Maziar calls peaceful resistance: meeting injustice not with conflict but by building a positive alternative to overcome the situation.

  I joined him for what was meant to be a short time to help promote his film and things grew from there. We created a campaign, ‘Education is not a Crime’, which is a street art and human rights campaign in which we use murals to talk about the story of the Bahá’í in Iran and more broadly to try to address education inequity and uneven access to education in other contexts as well.

  What are the key methods by which you work?

  We create murals, and then the murals have a social media dimension, because we share them online as videos and create local conversations, explaining why we are doing these, and especially relating what we are doing to local stories. For example we painted 20 murals in Harlem in New York, and people in this neighbourhood really saw a parallel in our work between Bahá’ís in Iran and the African-American experience of discrimination and the attempt to overcome discrimination, including in the area of education. We made a documentary about that in 2017, ‘Changing the World One Wall at a Time,’ which has been screened around the world.

  This led to an initiative in Detroit, where we’ve partnered with the City of Detroit and local schools. The city government was already working to encourage school attendance, which is something we care about in terms of access to education. They created a bus route called the ‘GOAL Line’ – GOAL stands for ‘get on and learn’ – but we observed that the bus route had no shelters, so we offered to build some shelters and put artwork on them. The artwork was created in art workshops through a partnership with local students and local artists. The works represent the community in a direct way and create a visual cue in the community around the issue of education. In this activity, we moved from the area of pure awareness-raising to a kind of indirect social action.

  We’re also starting to do a locally orientated street art project in London, producing work with local communities that celebrates local heroes, people who contribute to their community, whether they are known by their community or not. We put them on the side of buildings so they become positive stories that can encourage local young people.

  Another thing we have been doing is producing an oral history video series in the USA, about the Bahá’í community, not only about Iran but also about the work of the community to promote race unity over the past several generations. Again, this is about telling a positive story and something that perhaps helps others in US society to look again at the issue of race – something that is obviously very charged and challenging – and find other ways of addressing it.

  So that’s what I do. It’s a chance for both Maziar and I to talk about issues we think are important, but that are not limited to a focus on the Bahá’í community. Our work is at the intersection of human rights, social action and media. Sometimes it is about raising awareness or fighting instances of violations of human rights, as with the rights of the Bahá’í in Iran, but more and more now it is about finding positive stories and celebrating them through street art or a film or through other media. We want to do this in a way that can help a community see a positive version of themselves and put that at the centre of their own narrative.

  What would you say you do that is different from the conventional work of a human rights organisation?

  Because we are principally a media-driven group, we try to apply our media work to human rights issues and social issues, and we are looking to go beyond human rights awareness-raising to try to contribute to social processes in local communities. The Detroit project is an example of that. So that’s a kind of social action that’s distinct from awareness-raising as a conventional discipline.

  We are trying to do human rights work and social action work together. We see them as different sides of basically the same work. We want to reach audiences that perhaps haven’t been engaged in human rights discussions or social action before, through media and through education workshops. So our focus is not so much on informing policy-makers, but on trying to reach local communities through accessible media and artforms.

  What are the challenges faced when defending the rights of Bahá’í people in Iran?

  I am also involved in IranWire, an independent news website. I know through this that Iranian journalists are targeted. Our site was recently down for a few hours over the course of several days because of a sustained denial of service attack originating from Iran.

  Maziar is continually attacked on Twitter and by Iranian state media, as are other people we work with. Many people who have worked in the public space on the issue of the Bahá’ís are vilified by the Iranian media. When Maziar and others talk to United Nations institutions, they get criticised and there is a lot of disinformation spread about them. It’s clear that the Iranian authorities seek to discredit people through disinformation to try to limit their legitimacy in the international space when they talk about human rights issues happening inside Iran. The Iranian government attempts to control the narrative.

  Turning to your work outside Iran, what would you say the major successes and challenges have been?

  I think the big success we’ve had so far is the initiative to create the murals, especially in Harlem but also around the world: to create a story out of them, and for that story to be something that people respond to, and for us to find a way to relate that story to other situations around the world.

  In the early stage of developing these murals in New York, after we had produced one or two in Harlem, the questions of these parallels between the Bahá’ís and the African-American community started to sit up. It’s not a parallel in terms of scale or severity or even of type, but it’s a parallel in terms of individual experiences and the ideology that has created a situation. African-American people who learned about the project brought that parallel to the fore in our discussions. Here was one community that is struggling identifying with the struggle of another community, that was undergoing the kind of suffering that makes the community more empathetic and more aware of the struggles of another.

  We decided to tell that story as much as we could and in our work in Harlem to work with local artists and local community leaders as much as possible, and to hold educational workshops for young people around the creation of the murals. I think the fact that those murals became possible and were welcomed into the community, that there was the opportunity to see these parallels and to tell that story around the world, and that the story was broadcast inside Iran in Persian on satellite TV and seen by millions of people there, was probably the biggest success.

  I think there’s not so much one major challenge we have been unable to overcome, although there are things that are harder to do than others, but it’s more that nobody is particularly out there asking for anybody to do something positive. I think a lot of people have a great desire, appetite and thirst for encountering positive stories even if they address challenging issues, but it’s not something you see being asked for in market terms, and in terms of what audience there is, and what funding you can get to do projects.

  So it is a challenge to create the audience and explain our reasons for approaching our work as we do, and maintain these projects, because it’s not something that is being asked for in a commercial sense. I don’t necessarily mean commercial in terms of being driven by profit, but even non-profitable works need grants, and while there are grants that are tailored around work that tries to introduce positive narratives, it takes a lot of effort to identify them and to massage an idea into a format that would meet the requirements of a particular grant.

  What more needs to change, and what further support is needed, to enable your work to achieve even more?

  I think there are two levels. At the level of human attitudes, in general the world is in a very difficult place and much of what’s happening is turning people towards conflict. I think what needs to change – in order for the kind of stories we want to produce and tell to be more easily relatable and for people to be able to understand what we are getting at – is that people need to be orientated towards positive stories, towards sharing and finding them, and to seeing the world through the lens of positivity. This is not to deny there are negative things or pretend that everything is fine, but to say that we address a challenge or a difficulty not by more contention but by means of conciliation and friendliness. I think if people’s minds are orientated more that way they would be likelier to seek out or ask for the positive stories we try to tell. I’m not saying we’ve nailed that formula, but that’s our motivation and we’re trying to work in that direction.

  At the structural level I think the kinds of grants, and often the kinds of initiatives that organisations want to support or are asking for, need to change. Again, it is possible to do that in terms of some grants that exist, but there is a lack of a structure and approach that says: this organisation really wants to find positive stories because positive stories change the nature of a society’s view of how to deal with challenging issues.

  So much of what civil society does is about countering things that are negative. This is important work, but I also think that civil society should be going towards what it wants to see in the future. If there could be a harmonious sense across civil society about what the future ought to be, how human rights ought to be respected and what the nature of society should be in order to realise those ideals, then I think we could move towards shared civil society agendas that make it possible to work for these goals more easily.

  In the civil society space, the media space and the human rights space – and partly because we are all too busy but also because there is no clearing house or central organising system – I don’t know who in civil society would want to work in the same way. But I’d love to know more about who’s out there and what they’re doing, in order to more easily find the appropriate partners.

  Civic space in Iran is rated as ‘closed’ by theCIVICUS Monitor.

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• IRAN: Political humour as a tool against authoritarian regimes

  Ahead of the publication of the 2018 State of Civil Society Report on the theme of ‘Reimagining Democracy’, we are interviewing civil society activists and leaders about their work to promote democratic practices and principles, the challenges they encounter and the victories they score in doing so. CIVICUS speaks to the Iranian-born political cartoonist Nik Kowsar, who was jailed for his humorous criticism before eventually emigrating to Canada, where he became a citizen. A former recipient of the international Award for Courage for Editorial Cartooning, he currently resides in the United States.

  1. Would you tell us the story of that crocodile you drew, and how it changed your life?

  I was born in Iran, and I had always lived in Iran until I had to get out of the country in 2003. I was a geologist by training and a cartoonist by trade. In 2000 I drew a cartoon and went to prison for it. My drawing apparently caused a national security issue: thousands of clergy students gathered and shouted for my death and they sat there for four nights, until I was arrested.

  All I had done was draw a crocodile that was shedding crocodile tears and strangling a journalist, while claiming that the journalist was killing him. The name that I gave the crocodile rhymed with the name of an ayatollah. Of course, I denied any resemblance between the two, but still, you know, there was a political message there. From that day on, I became a sponsor for Lacoste – they didn’t sponsor me, but I started buying the shirts with the crocodile logo for myself, and I always wear them as a symbol and a reminder.

  Long story short, I went to prison and underwent interrogation, and eventually I walked free. But I didn’t quit my job as a cartoonist and I started receiving death threats that eventually got serious, and in 2003 I had to escape. I had to leave my wife and daughter behind – they were only able to join me in Canada four years later, in 2007.

  2. Did you see cartoons as a safer means of expression, a way of saying some things without saying them, when speech is heavily censored?

  In Iran we used to say: ‘We have freedom of speech, what we don’t have is freedom afterspeech’. When you produce content that powerful people or organisations dislike, no matter how that content is packaged, they will try to shut you down by all means, including allegations and criminal charges like undermining national security, working with the enemy, indecency or attacking Islam. Anything can be used against you in Iran – and in other Islamic countries as well. I’ve been working with Tunisian and Palestinian cartoonists, and they all have problems with their governments.

  What is said with a cartoon is more difficult to erase than anything else: a good cartoon is even more valuable than a thousand words, because it stays in your mind for ages. A ‘joke’ is a serious matter: it goes directly to the point, it exposes the absurd. In a way, cartoonists can be the conscience, the moral compass of a society – it is not a matter of right and left, but a matter of right or wrong. So, cartoonists are very important, and it is not wonder that many governments – from Iran to Equatorial Guinea to Turkey – are trying to pressure them into silence.

  3. What have you done since leaving Iran?

  While in Canada, I studied journalism and worked with a news agency for three years. I joined IFEX in 2008, and starting in 2009 I ran a news website specifically for and about Iran. This became one of the top news websites on Iranian issues, although it was filtered and firewalled in Iran. At some point, however, we stopped getting funding; we understood that the Obama administration’s policies towards Iran, their efforts to connect with the regime, were a major reason why other organisations stopped funding us. We had to let it go.

  As a cartoonist with fibromyalgia, who has had to stop drawing as a professional, I now work with Cartoonist Rights Network International. I was once a client, now I am a board member. We are a human rights organisation, focused on the freedom of expression, and we support cartoonists in distress: cartoonists who are oppressed by the regimes in their countries, threatened, arrested or sent to prison.

  Cartoonists are vulnerable, and even more so after the Charlie Hebdo massacre. There is increasing solidarity among them, and they are better connected now, through our organisation and others – but still, they are in danger. What needs to be done is provide a means of sustenance for cartoonists who are in trouble. That’s very difficult, because non-profits are not rich, and also because a cartoonist cannot live off assistance funds forever – they need to be paid to do what they do best.

  Finally, as a geologist and an expert on Iran’s water problems, I am back to working on water issues. Iran has a big water problem, which is possibly going to create big chaos in the near future. There was an uprising in December 2017 and January 2018, and only in cities hit by water crisis and drought, where people were too desperate and felt they had nothing left to lose, were the protests not easily contained and people were killed. We will see more and more clashes in areas that are hit by drought.

  4. Do you think environmental issues, including water, should be treated as political issues?

  Most definitely. That is exactly what I am working on. Water may easily become a major political issue, in Iran and in the whole Middle East and North Africa (MENA) region, an already unstable one. Iran has always been a dry country, with rainfall about a third of the median around the world. But for 3,500 years Iranians were able to manage their water resources through various technologies. Over the past 50 years, however, mega-dams and deep wells have ruined our environment and most aquifers have been depleted; as a result, 85 percent of our groundwater is now gone. Climate change has only made it worse: last year, we had 78 percent less snow storage in our mountains compared to the previous year.

  Now, Iranians may be oppressed because of their beliefs and ideas, but when there’s not enough water to drink and produce food, they have reached a tipping point. In Syria the drought worsened from 2006 to 2009, as a result of which a million people from the north-eastern provinces had to leave their lands and migrate to the margins of bigger cities. When the Arab Spring started, it sparked protests in Syria as well – but in this case, they led to civil war. We are talking about farmers and herdsmen, people who had lost their livelihoods, many of whom had joined militant groups. Factor in an intolerant, authoritarian government that could not manage the protests, and there you go. Something similar could happen in Iran.

  5. Are you saying civil war is a likely outcome for Iran? Isn’t there any way pro-democracy forces could turn the discontent in their favour?

  That’s what some of us are worrying about. Pressure for water could, maybe, lead to a democratic opening as well. We are educating the public about the water situation. Unfortunately, many political groups have no clue about environmental issues – they have never cared about them, don’t understand them and don’t see how they could connect to their political struggles. In trying to change this, I am currently working on a documentary about water, connecting the struggles with water shortages that we are seeing in places as diverse as Cape Town in South Africa, Seville in Spain and even the Vatican City and some parts of the US. Our contacts in Iran are collecting material for us and documenting the situation as well, and we are doing a collaborative bilingual project, in English and Persian, to educate the public, including academics and politicians. Because if we don’t do anything about it, rather than democracy what we will get is more uprisings, repression, and hundreds or thousands of people killed in places hit by drought.

  Civic space in Iran is rated as ‘closed’ by theCIVICUS Monitor,indicating overwhelming restrictions in the freedoms of association, peaceful assembly and expression.

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• Libertad de expresión y pandemia de COVID-19: panorama de restricciones y ataques

  

  Nuevo reporte del Monitor de CIVICUS señala:

  • Nuevos controles de censura han sido implementados durante la pandemia. 
  • La pandemia ha expandido el uso de leyes que criminalizan la desinformación – más de 35 países han adoptado o modificado medidas. 
  • Periodistas detenidos en más de 30 países por su cobertura de la pandemia. 

  Ha pasado un año desde que la Organización Mundial de la Salud (OMS) declaró la pandemia global por COVID-19. Durante este período, CIVICUS ha documentado restricciones a las libertades cívicas persistentes e injustificadas. La más reciente investigación se enfoca en el estado de la libertad de expresión y las violaciones cometidas como respuesta directa a la pandemia.

  La investigación abarca el período entre enero de 2020 y febrero de 2021 y señala dónde los gobiernos están usando al COVID-19 como un pretexto para censurar a los medios de comunicación y silenciar el disenso. En algunos países, los gobiernos han aprobado leyes y regulaciones que imponen restricciones indebidas a la libertad de prensa y acceso a la información. 

  La censura y la detención de periodistas son algunas de las violaciones cubiertas en este reporte. Desde Tanzania hasta Turkmenistán, los gobiernos han prohibido y bloqueado la cobertura de los medios sobre la COVID-19. Mientras que en Chile y China, los gobiernos han llevado a la cárcel a los periodistas por su cobertura de la pandemia. 

  La investigación demuestra como los periodistas, trabajadores de medios de comunicación y organizaciones de la sociedad civil han sido objeto de los excesos de los gobiernos y brinda más de 60 casos de estudio que ilustran tres tendencias: 

  • El uso de legislación restrictiva para silenciar las voces críticas, incluso mediante legislación sobre la desinformación. 
  • Censura y restricciones al acceso a la información, incluyendo la suspensión de medios de comunicación por su cobertura de COVID-19. 
  • Ataques a periodistas debido a su cobertura de la pandemia, a través de ataques físicos y arrestos. 

  LEA EL ANÁLISIS

• MYANMAR: “Los partidos de oposición se quejan de que el organismo electoral censura su discurso”

  CIVICUS conversa con el galardonado periodista Cape Diamond (Pyae Sone Win) acerca de las próximas elecciones en Myanmar. Cape es un periodista multimedia basado en Myanmar que cubre temas de derechos humanos, crisis y conflicto. Actualmente trabaja en forma independiente para Associated Press (AP). Ha cubierto críticamente la crisis de los refugiados rohingya y ha colaborado con numerosos medios internacionales, incluidos Al Jazeera, ABC News y CBS. También contribuyó al documental ganador del premio BAFTA,Myanmar’s Killing Fields, y al ganador de la medalla de oro en el Festival de Cine de Nueva York,The Rohingya Exodus.

   

  Programadas para el 8 de noviembre de 2020, estas elecciones serán las primeras desde 2015, cuando resultaron en una victoria aplastante para la Liga Nacional para la Democracia (LND), y serán apenas las segundas elecciones competitivas desde 1990, cuando la abrumadora victoria de la LND fue anulada por el ejército.

  ¿Cuál es la situación de las libertades cívicas y la sociedad civil en vísperas de las elecciones?

  La situación de la libertad de expresión es muy preocupante. A lo largo de los años, periodistas y activistas de derechos humanos de Myanmar han sufrido acusaciones penales a causa de su trabajo. Se siguen utilizando leyes restrictivas, como la Ley de Telecomunicaciones, la Ley de Asociaciones Ilícitas, la Ley de Secretos Oficiales y las disposiciones sobre difamación del Código Penal, para enjuiciar a activistas y periodistas. También se ha utilizado la Ley de Procesión y Reunión Pacífica contra los manifestantes.

  Muchos partidos políticos se han quejado de que la Comisión Electoral de la Unión (UEC), el órgano electoral, ha censurado los mensajes que emitirán en la televisión nacional antes de las elecciones. Por ejemplo, Ko Ko Gyi, presidente del Partido Popular, dijo que las modificaciones que hizo la UEC en su discurso de campaña le impiden expresar plenamente la postura política de su partido frente a las elecciones. Dos partidos, el Partido Democrático para una Nueva Sociedad y Fuerza Nacional Democrática, cancelaron sus transmisiones electorales en protesta por la censura.

  Al mismo tiempo, los críticos dicen que el órgano electoral está predispuesto a favor del partido gobernante, el NLD, que lidera Aung San Suu Kyi. Es un tema al que debemos estar atentos y sobre el cual tenemos que hablar para garantizar elecciones creíbles.

  ¿Ha habido acercamientos del órgano electoral a la sociedad civil?

  He escuchado que la actual UEC no ha buscado activamente un vínculo con la sociedad civil. La UEC inicialmente prohibió que la Alianza Popular para unas Elecciones Creíbles (PACE), uno de los grupos de monitoreo electoral más grandes del país, monitoreara las elecciones. La UEC acusó a la PACE de no estar registrada bajo la ley que rige a las organizaciones de la sociedad civil y de recibir financiamiento de fuentes internacionales. A pesar de que la UEC acabo permitiéndole operar, la organización está experimentando dificultades para hacerlo, debido a las restricciones recientemente impuestas a causa del COVID-19.

  ¿Cuáles son los principales temas en torno de los cuales girará la campaña?

  La pandemia de COVID-19 y la guerra civil en curso en el país son nuestros principales problemas en este momento. Está muy claro que el partido gobernante y el gobierno no están prestando suficiente atención a la situación de las minorías en las regiones que sufren la guerra civil.

  Es preocupante que el país esté atravesando una pandemia, que creo que no tiene suficiente capacidad para manejar. Al 29 de septiembre de 2020, hemos tenido un total de 11,000 casos reportados y 284 muertes a causa del COVID-19. El aumento de las infecciones en las últimas semanas ha sido preocupante, ya que en agosto solo tuvimos alrededor de 400 casos confirmados. Me preocupa que la situación sea segura para que la gente salga a votar en las elecciones.

  Más de 20 partidos políticos han enviado al órgano electoral solicitudes para que postergue las elecciones debido a la pandemia, pero fueron rechazadas. El partido gobernante no está dispuesto a posponer las elecciones.

  ¿Será posible desarrollar una campaña “normal” en este contexto?

  No creo que sea posible tener mítines de campaña normales como los de las elecciones pasadas, las de 2015, ya que estamos en plena pandemia. El gobierno ha tomado varias medidas para combatir la propagación de la enfermedad, entre ellas la prohibición de las reuniones de personas. Los partidos políticos no pueden hacer campaña en las áreas que están en situación de semi-confinamiento.

  Las principales ciudades, como Yangon y su región metropolitana, así como algunos municipios de Mandalay, están en semi-confinamiento, bajo un programa que el gobierno ha llamado “Quédate en casa”. Al mismo tiempo, todo el estado de Rakhine, que está experimentando la guerra civil, también se encuentra en semi-confinamiento. Me temo que la gente en la zona de guerra civil no pueda salir a votar.

  Para dirigirse a sus públicos, los candidatos utilizan tanto las redes sociales como los medios convencionales. Sin embargo, como señalé anteriormente, algunos partidos opositores han sido censurados por la UEC. Algunos integrantes de la oposición han denunciado un trato injusto por parte de la UEC y el gobierno, mientras que el partido gobernante está usando su poder para expandir su popularidad. Esto claramente perjudicará las chances electorales de la oposición.

  ¿Qué desafíos específicos enfrentan los candidatos en el estado de Rakhine?

  Como todo el estado de Rakhine está sujeto a restricciones por el COVID-19, los candidatos no pueden hacer campaña en forma presencial. Por lo tanto, en general realizan campañas en las redes sociales. Al mismo tiempo, en muchos municipios del estado de Rakhine ha habido un prolongado corte del servicio de Internet, impuesto a causa de los combates en curso entre el Ejército de Arakan y las fuerzas militares. Me preocupa que la gente allí no pueda obtener suficiente información en torno de las elecciones.

  El gobierno de Myanmar también está utilizando la discriminatoria Ley de Ciudadanía de 1982 y la Ley Electoral para privar de sus derechos a las personas rohingya y evitar que se postulen para competir por cargos políticos. Los funcionarios electorales impidieron la presentación de la candidatura de Kyaw Min, líder del Partido de la Democracia y los Derechos Humanos (DHRP), liderado por personas rohingya. Kyaw Min fue descalificado junto con otros dos candidatos del DHRP porque supuestamente sus padres no eran ciudadanos, como lo exige la ley electoral. Esta es una de las diversas herramientas que se utilizan para oprimir a la población rohingya.

  En octubre, la UEC lanzó una aplicación para teléfonos inteligentes que fue criticada por utilizar un rótulo despectivo en referencia a las personas musulmanas rohingya. La aplicación mVoter2020, destinada a generar conciencia entre los votantes, se refiere a por lo menos dos candidatos del grupo étnico rohingya como “bengalíes”, lo cual sugiere que se trata de inmigrantes procedentes de Bangladesh, pese a que la mayoría de las personas rohingya ha vivido en Myanmar durante generaciones. Esta etiqueta es rechazada por muchos rohingya. Además, no podrá votar ninguno de los más de un millón de rohingya refugiados en Bangladesh, ni tampoco los cientos de miles dispersos en otros países.

  El espacio cívico enMyanmar es calificado como “represivo” por elCIVICUS Monitor.

  Siga a@cape_diamond en Twitter. 

• Nicaragua: Un mes después, Medardo Mairena Sequeira sigue detenido

  La alianza global de la sociedad civil CIVICUS se muestra seriamente preocupada por la prolongada detención del defensor de los derechos humanos nicaragüense, Medardo Mairena Sequeira. Medardo fue detenido hace un mes durante una oleada de arrestos de activistas y personas que manifestaron su deseo de presentar su candidatura a la Presidencia en el contexto de las elecciones presidenciales, previstas para noviembre de 2021.

  “El presidente Daniel Ortega lleva demasiado tiempo utilizando los mecanismos del Estado en contra de las personas defensoras de los derechos humanos, los periodistas y los miembros de la oposición política, con el fin de reprimir la libertad de expresión y prolongar su permanencia en el poder. Ahora, a pocos meses de las elecciones de noviembre de 2021, este recrudecimiento de la represión pretende silenciar a la oposición política para garantizar su victoria cuando los nicaragüenses voten. La comunidad internacional debe tomar medidas ahora para evitar un mayor deterioro de los derechos humanos”, ha declarado David Kode, responsable de incidencia política y de campañas de CIVICUS.

  Además de Medardo, entre los detenidos se encuentran los dirigentes sindicales Freddy Navas Lopes, Pablo Morales y Pedro Joaquín Mena. La mayoría de los detenidos están acusados de complicidad en el secuestro y asesinato de policías en 2018 durante las protestas multitudinarias que recorrieron Nicaragua ese año. Las autoridades afirman que están investigando a los detenidos por incitación a la injerencia extranjera y violación de la soberanía nacional.

  Asimismo, la policía realizó una redada en el domicilio de las líderes feministas Dora María Téllez y Ana Margarita Vijil, a las que arrestó. Ambas son miembros del partido de la oposición “Unamos”. Los dirigentes y miembros de Unamos han sido, desde hace varios meses, víctimas de detenciones y encarcelamientos arbitrarios. Las autoridades también han prohibido viajar a otros miembros de la oposición política y de la sociedad civil, además de congelar sus cuentas bancarias.

  Contexto

  Desde 2018, el gobierno del presidente Ortega ha desencadenado una crisis sociopolítica y de derechos humanos en Nicaragua. Las personas defensoras de los derechos humanos, los periodistas y los miembros de la oposición política han sido víctimas de actos de intimidación, arrestos y detenciones por parte de agentes de seguridad. En marzo de 2021, el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas adoptó una Resolución en respuesta a las violaciones de derechos humanos que renueva y refuerza el escrutinio de Nicaragua. En febrero de 2021, también se incluyó a Nicaragua en la Lista de Vigilancia (Monitor Watch List) de CIVICUS, a causa de la preocupación suscitada por el rápido deterioro del espacio cívico del país. A unos meses de las elecciones de noviembre, las autoridades han aumentado sus ataques contra miembros de la oposición política, personas defensoras de los derechos humanos y periodistas.

  El espacio cívico de Nicaragua se clasifica como "represivo" por el CIVICUS Monitor, nuestra plataforma en línea que evalúa el estado de las libertades cívicas en todos los países.

  *Crédito de la foto: Jorge Mejía peralta

• SINGAPUR: ‘La oposición recibió cobertura desfavorable de los medios estatales y le costó llegar al votante’

  CIVICUS conversa con el defensor de derechos humanos Jolovan Wham sobre las recientes elecciones de Singapur, celebradas en el marco de la pandemia del COVID-19. ElCIVICUS Monitor ha documentado el uso de leyes restrictivas contra activistas de la sociedad civil, personas defensoras de derechos humanos, abogados, medios de comunicación independientes en línea y miembros de la oposición política de Singapur, que son criminalizados, por ejemplo mediante demandas por difamación y acusaciones de desacato a la autoridad judicial.

  

  ¿Ha habido algún desacuerdo sobre si las elecciones debían celebrarse, o sobre cuándo o cómo debían tener lugar?

  Sí. Los partidos de oposición se opusieron en gran medida porque la pandemia del COVID-19 no había amainado y la realización de las elecciones podría representar una amenaza para la salud pública. También les preocupaba que no se permitieran manifestaciones físicas y recorridos de puerta en puerta, lo cual obstaculizaría sus esfuerzos de campaña.

  Y, de hecho, resultó más difícil conectarse cara a cara con los votantes cuando era necesario mantener una distancia de un metro durante las caminatas y las visitas de puerta en puerta. Todos tuvieron que dar sus discursos y conectarse con los votantes en línea.

  Se introdujeron algunos cambios para que las elecciones se llevaran a cabo en el contexto de la pandemia. El período de votación se extendió dos horas más en previsión de colas más largas a causa del distanciamiento social. Pero no se discutió la posibilidad de votar por internet. Y es posible que las personas mayores o con problemas de salud no participaran por temor a infectarse con COVID-19.

  ¿Cuál era la situación de las libertades cívicas antes de las elecciones?

  El control del partido gobernante, el Partido de Acción Popular (PAP), sobre todas las instituciones públicas es un importante problema en materia de libertad cívica. Significa que puede dar forma al discurso político de acuerdo con su agenda y establecer las reglas de juego que más le convengan. Por ejemplo, el departamento electoral, que traza los distritos electorales, depende del primer ministro. La mayoría de los grupos de sociedad civil temen involucrarse en las elecciones de manera significativa por las consecuencias de ser percibidos como “partidistas”. Si una asociación de la sociedad civil es vinculada con un partido de oposición, puede perder fondos, apoyo y recursos para su trabajo.

  Un reciente informe del grupo Parlamentarios de la ASEAN (Asociación de Naciones del Sudeste Asiático) por los Derechos Humanos documentó fallas estructurales que impidieron que la elección fuera justa. Entre ellas se contaban los amplios poderes del primer ministro sobre todo el proceso electoral y la ausencia de controles efectivos. El contexto en que la ciudadanía de Singapur podía ejercer su derecho a participar en la vida pública estaba muy restringido. Los principales candidatos de la oposición habían sido objeto de demandas por parte de miembros del PAP, y los votantes de distritos liderados por la oposición temían sufrir represalias si no votaban por el PAP. Las libertades fundamentales, que están intrínsecamente vinculadas a la existencia de elecciones libres, son limitadas ya que el gobierno controla los medios de comunicación y usa leyes restrictivas contra voces críticas y disidentes.

  ¿Cómo afectó esto a las posibilidades de la oposición?

  Los candidatos y partidos opositores tuvieron que depender únicamente de las redes sociales para difundir su mensaje, debido a la cobertura desfavorable que recibieron de los medios estatales. También tuvieron dificultades para llegar a los votantes debido al monopolio, la manipulación y el control ejercidos por el PAP sobre sindicatos y organizaciones y grupos de base de todo el país, a lo que se sumaron las dificultades involucradas en la organización de manifestaciones físicas en el contexto de la pandemia.

  Las elecciones se celebraron el 10 de julio. El PAP obtuvo 83 escaños parlamentarios, pero también experimentó un revés, ya que la oposición logró avances menores pero históricos. El Partido de los Trabajadores, el único partido de oposición con presencia en el parlamento, aumentó sus escaños de seis a 10, el mejor resultado obtenido por la oposición desde la independencia. El voto popular obtenido por el PAP cayó al 61%.

  ¿Cuáles fueron los principales temas en torno de los cuales giró la campaña?

  Para el PAP, la campaña se centró en la difamación de los candidatos de la oposición, acusándolos de vender falsedades y de tener agendas nefastas, y se enfocó en desacreditarlos. También se usó la táctica del miedo: se transmitió al electorado la idea de que solo el PAP podría sacar a los singapurenses de la pandemia del COVID-19 y que la presencia de más representantes de la oposición en el parlamento frustraría estos esfuerzos.

  Los partidos de oposición, por otro lado, se centraron en transmitir al electorado el mensaje de que estaban al borde de ser eliminados del parlamento, ya que contaban con menos de 10 escaños sobre un total de casi 90. Otras cuestiones clave planteadas por la oposición fueron el alto costo de vida y la inmigración.

  El espacio cívico en Singapur es calificado como “obstruido” por elCIVICUS Monitor.

• SRI LANKA: ‘El control de los medios le dio al gobierno una gran ventaja’

  CIVICUS conversa con Sandun Thudugala, Director de Programas de Law and Society Trust (LST), acerca de las elecciones legislativas que tuvieron lugar en Sri Lanka el 5 de agosto de 2020, en el contexto de la pandemia del COVID-19. LST es una organización de investigación y defensa legal fundada en 1982 en Colombo, Sri Lanka, con el objetivo de promover reformas legales para mejorar el acceso a la justicia, la judicialización de los derechos y la rendición de cuentas de las instituciones públicas.

  Ante las elecciones de agosto de 2020, el CIVICUS Monitordocumentó el hecho de que abogados de derechos humanos y periodistas estaban siendo sujetos a arrestos, amenazas y acoso. Uninforme del Relator Especial de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) sobre el derecho a la libertad de reunión pacífica y de asociación, publicado en mayo de 2020, también mostró que la sociedad civil enfrentaba desafíos para registrarse y operar y diversas barreras para el ejercicio del derecho de protesta.

  

  ¿Cuál era la situación de las libertades cívicas y la sociedad civil antes de las elecciones?

  Como ocurre en muchos otros países, en Sri Lanka la situación de las libertades cívicas y el espacio para la sociedad civil siempre ha sido precaria. Incluso bajo el gobierno anterior, que se suponía que apoyaba más a la sociedad civil y a la agenda de derechos humanos, continuaron los esfuerzos para introducir nuevas leyes draconianas para controlar la sociedad civil y socavar las libertades básicas en nombre de la lucha contra el terrorismo.

  La situación empeoró con la elección de Gotabaya Rajapaksa como nuevo presidente en noviembre de 2019. Su campaña electoral, basada en las ideas de la supremacía del budismo cingalés, la sociedad disciplinada y la seguridad nacional, recibió el apoyo de una abrumadora mayoría, y en particular de la comunidad budista cingalesa. El resultado fue interpretado como un mandato otorgado al gobierno para que pudiera socavar las libertades básicas y el espacio cívico en nombre de la seguridad nacional y el desarrollo.

  Ha habido indicios de una mayor militarización de todos los aspectos de la sociedad y del debilitamiento de las instituciones democráticas, como el nombramiento de miembros de las Fuerzas Especiales Presidenciales, que solo rinden cuentas al presidente, en puestos clave de gobierno. También se ha transmitido un claro mensaje de falta de voluntad del Estado para cumplir sus obligaciones internacionales, incluida la Resolución 30/1 del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, que el gobierno anterior había apoyado y perseguía el objetivo de promover la reconciliación, la rendición de cuentas y los derechos humanos en Sri Lanka tras el conflicto interno desarrollado entre 1983 y 2009. Lo mismo se observa en relación con los mecanismos nacionales de derechos humanos.

  Han aumentado la vigilancia de las actividades de la sociedad civil y los arrestos de activistas activos en las redes sociales. Esto ha reflejado claramente el intento de socavar las libertades y el espacio cívico ante las elecciones. La situación se vio agravada por la pandemia del COVID-19. La necesidad de hacer frente al virus ha sido utilizada como excusa para incrementar la militarización y la concentración de poder en manos del presidente.

  ¿Cuáles fueron los principales temas de campaña?

  El gobierno, encabezado por el recientemente electo presidente Rajapaksa, del partido Sri Lanka Podujana Peramuna (SLPP), quería alcanzar la mayoría de los dos tercios en el Parlamento para estar en condiciones de reformar la actual constitución y otorgar poderes adicionales al presidente. Ese ha sido el principal objetivo de la campaña electoral del SLPP. La necesidad de un gobierno fuerte para proteger las aspiraciones de la mayoría budista cingalesa, defender la soberanía nacional y fomentar el desarrollo económico fueron, por consiguiente, algunos de los principales temas de su campaña. La popularidad que tenía el presidente tras su victoria en las elecciones presidenciales fue utilizada para movilizar a los votantes en apoyo del SLPP.

  Los principales partidos de la oposición estaban divididos, y en la campaña electoral sus conflictos internos fueron más prominentes que sus mensajes electorales. Una de sus principales promesas fue brindar asistencia económica a las personas pobres que habían resultado más afectadas por la pandemia del COVID-19 y el confinamiento.

  Durante la campaña electoral ninguno de los partidos principales puso de relieve cuestiones centrales tales como la necesidad de fortalecer los sistemas de gobernanza democrática, la justicia para las víctimas de la guerra, y la búsqueda de soluciones de más largo plazo para los problemas étnicos o las causas fundamentales de la pobreza rural, el endeudamiento y la desigualdad.

  ¿Hubo alguna discusión acerca de la conveniencia de realizar las elecciones en el contexto de la pandemia?

  El gobierno quería llevar a cabo las elecciones lo antes posible. Estaba dispuesto a realizarlas en abril de 2020, tal como estaba previsto, aun cuando estábamos en lo peor de la pandemia. Casi todos los partidos de la oposición se opusieron a la celebración de elecciones en abril. Posteriormente, la Comisión Electoral decidió posponerlas hasta agosto de 2020 debido a los riesgos para la salud que podría conllevar su realización. En agosto la situación había mejorado considerablemente, por lo que no hubo una gran oposición a la realización de las elecciones, que tuvieron lugar el 5 de agosto.

  Hasta donde yo sé, no se consideró la posibilidad de habilitar el voto vía internet para esta elección. No creo que Sri Lanka tenga la infraestructura y la capacidad para ofrecer esa opción en este momento. Más del 70% de los votantes habilitados emitieron sus votos y, con excepción de las personas que todavía se encontraban en centros de cuarentena, no experimentaron obstáculos significativos a la hora de votar. Aunque sí hubo incidentes cuando algunas fábricas privadas negaron a sus empleados el permiso para ir a votar.

  ¿Fue posible desarrollar una campaña “normal” en el contexto de la pandemia?

  La Comisión Electoral publicó una serie de pautas sanitarias e impuso controles importantes sobre la campaña electoral. No se permitieron grandes mítines o reuniones, pero el gobierno y los principales partidos de la oposición violaron estas pautas sanitarias al organizar abiertamente actos públicos y otras reuniones, y no enfrentaron ninguna repercusión. Quedó claro que los partidos con mayor poder contaban con una clara ventaja que les permitía eludir ciertas reglas. Además, los candidatos de los principales partidos políticos, que tenían más dinero para invertir en campañas en medios electrónicos y en redes sociales, corrieron con una clara ventaja sobre los demás.

  Gracias a su control sobre los medios estatales y al apoyo que recibió de la mayoría de los medios privados, tanto electrónicos como impresos, el gobierno tuvo una clara ventaja sobre la oposición durante la campaña electoral. Los partidos políticos más pequeños de la oposición se encontraron en la posición más desventajosa, ya que no obtuvieron ningún espacio significativo de aire ni de publicidad en los principales medios de comunicación.

  Esto seguramente afectó los resultados de las elecciones, en las que el SLPP, liderado por el presidente Rajapaksa y por su hermano, el expresidente Mahinda Rajapaksa, obtuvo 145 escaños parlamentarios sobre un total de 225. El partido opositor Samagi Jana Balavegaya, establecido a principios de 2020 como resultado de un desprendimiento del Partido Nacional Unido, de derecha, obtuvo 54 escaños. El partido Illankai Tamil Arasu Kadchi, que representa a la minoría étnica tamil, obtuvo 10 escaños, y otros 16 escaños se dividieron entre 12 partidos más pequeños. En consecuencia, el 9 de agosto el hermano del presidente fue designado Primer Ministro de Sri Lanka por cuarta vez.

  ¿Pudo la sociedad civil desempeñar algún rol significativo en el proceso electoral?

  Aparte de participar en el monitoreo de las elecciones, la participación de la sociedad civil independiente en el proceso electoral fue mínima. Este fue un cambio drástico en comparación con las elecciones de 2015, en las cuales la sociedad civil desempeñó un rol clave en la promoción de una agenda de buena gobernanza y reconciliación en el marco de la campaña electoral. Las divisiones dentro de la oposición y el contexto del COVID-19 dificultaron el efectivo involucramiento de las organizaciones de la sociedad civil en el proceso. Algunas organizaciones intentaron producir un discurso sobre la importancia de proteger la 19a enmienda a la Constitución, que limitaba los poderes presidenciales al tiempo que fortalecía el papel del parlamento y las instituciones independientes y los procesos de rendición de cuentas, pero no obtuvieron espacios significativos para discutir estos temas en los medios de comunicación ni en ningún otro espacio público.

  El espacio cívico en Sri Lanka es calificado de “obstruido” por elCIVICUS Monitor.

  Contáctese con Law and Society Trust a través de susitio web o su página deFacebook, y siga a@lstlanka y a@SandunThudugala en Twitter.

• TRATADO DE LA ONU CONTRA LA CIBERDELINCUENCIA: “La sociedad civil somete a verificación de datos los argumentos los Estados”

  CIVICUS conversa con Ian Tennant acerca de la importancia de salvaguardar los derechos humanos en el actual proceso de redacción de unTratado de las Naciones Unidas contra la Ciberdelincuencia.

  Ian preside laAlianza de ONG sobre Prevención del Delito y Justicia Penal, una amplia red de organizaciones de la sociedad civil (OSC) que promueve una agenda de prevención del delito y justicia penal participando en los programas y procesos de las Naciones Unidas en la materia. Ian también lidera la Representación Multilateral de Viena y el Fondo de Resiliencia de laIniciativa Global contra el Crimen Organizado Transnacional, una OSC global con sede en Ginebra, centrada en la investigación, el análisis y la participación en relación con todas las formas del crimen organizado y los mercados ilícitos. Ambas organizaciones participan como observadoras en las negociaciones del Tratado de la ONU contra la Ciberdelincuencia.

  ¿Por qué se necersita un tratado de la ONU sobre ciberdelincuencia?

  No hay consenso sobre la necesidad de un tratado de la ONU que aborde la ciberdelincuencia. Los órganos que operan mediante consenso y que se ocupan de la ciberdelincuencia en el marco de la ONU, principalmente la Comisión de Prevención del Delito y Justicia Penal (CCPCJ), no pudieron ponerse de acuerdo sobre la necesidad de un tratado desde que la cuestión se planteó oficialmente por primera vez en el Congreso de la ONU sobre Delincuencia en 2010, por lo que en 2019 se sometió a votación en la Asamblea General de la ONU. La resolución que inició el proceso hacia un tratado se aprobó con apoyo minoritario, debido al elevado número de abstenciones. No obstante, el proceso ahora está avanzando y participan en él Estados que estuvieron en todos los bandos en el debate.

  La polarización de las posturas en relación con la necesidad de un tratado se ha traducido en una polarización de las opiniones sobre la amplitud que debería tener el tratado: los países que estuvieron a favor de un tratado piden que se incluya una amplia gama de delitos cibernéticos y los que estuvieron en contra de un tratado piden un tratado centrado en los delitos ciberdependientes.

  ¿Qué hay que hacer para que el tratado no sea utilizado por regímenes autoritarios para reprimir el disenso?

  Equilibrar medidas efectivas contra la ciberdelincuencia y garantías de los derechos humanos es la cuestión fundamental que debe resolver el proceso de negociación del tratado, y por el momento no está claro cómo lo logrará. La forma más eficaz de garantizar que el tratado no se utilice para reprimir el disenso y otras actividades legítimas es producir un tratado centrado en un conjunto claro de delitos ciberdependientes con salvaguardias adecuadas y claras de los derechos humanos que atraviesen todo el tratado.

  A falta de un tratado sobre derechos digitales, este tratado tiene que proporcionar esas garantías y salvaguardias. Si se establece un amplio régimen de cooperación sin las salvaguardias adecuadas, existe un riesgo real de que el tratado sea utilizado por algunos Estados como herramienta de opresión y supresión del activismo, el periodismo y otras actividades de la sociedad civil que son vitales en toda estrategia eficaz de respuesta y prevención de la delincuencia.

  ¿Cuánto espacio hay para que la sociedad civil contribuya al proceso de negociación?

  Las negociaciones del tratado se han abierto para que las OSC contribuyan al proceso mediante un mecanismo que no permite a los Estados vetar a OSC individuales. Hay espacio para que las OSC aporten sus contribuciones en cada punto del orden del día, así como a través de reuniones entre sesiones en las que pueden hacer presentaciones y liderar debates con los Estados miembros. Este proceso es, en cierto modo, un modelo de buenas prácticas que otros procesos de negociación de la ONU podrían imitar.

  Las OSC, así como el sector privado, están aportando perspectivas vitales sobre las posibles repercusiones de las propuestas presentadas en las negociaciones del tratado, sobre cuestiones prácticas, en materia de protección de datos y en materia de derechos humanos. Fundamentalmente, las OSC hacen verificación de datos y aportan evidencia para respaldar o rebatir los argumentos de los Estados miembros a medida que éstos presentan sus propuestas y se debaten posibles compromisos.

  ¿Qué progresos se han hecho hasta ahora y cuáles han sido los principales obstáculos en las negociaciones?

  En teoría, al Comité Ad Hoc le quedan solamente dos reuniones hasta la adopción del tratado: una tendrá lugar en agosto y la otra a principios de 2024. El Comité ya ha celebrado cinco reuniones, en las cuales se han debatido todos los temas y los proyectos de disposiciones que se incluirán en el tratado. La siguiente etapa consistirá en que la Presidencia elabore un borrador del tratado y, a continuación, ese borrador se debata y negocie en las dos próximas reuniones.

  El principal obstáculo ha sido la existencia de diferencias bastante profundas respecto de cómo tiene que ser el tratado: desde un tratado amplio que tipifique y habilite la cooperación en relación con una amplia gama de delitos hasta un tratado estrecho centrado en los delitos ciberdependientes. Esos diferentes objetivos hicieron que hasta ahora el Comité careciera de una visión común. Es esto, precisamente, lo que las negociaciones deben producir en los próximos meses.

  ¿Qué posibilidades hay de que la versión final del tratado se ajuste a las normas internacionales de derechos humanos y, al mismo tiempo, cumpla su propósito?

  Dependerá de los negociadores de todas las partes, y de lo lejos que estén dispuestos a llegar para lograr un acuerdo, que el tratado tenga un impacto significativo sobre la ciberdelincuencia y, al mismo tiempo, se mantenga fiel a las normas internacionales de derechos humanos y a la ética general de derechos humanos de la ONU. Este sería el resultado óptimo, pero dados la atmósfera política y los desafíos actuales, será difícil de conseguir.

  Existe la posibilidad de que el tratado se adopte sin las salvaguardias adecuadas y que, en consecuencia, sólo sea ratificado por un pequeño número de países, lo cual disminuiría su utilidad, pero también conllevaría riesgos para los derechos únicamente para los países que lo suscriban. También existe la posibilidad de que el tratado contenga normas de derechos humanos muy estrictas, pero que por eso mismo no lo ratifiquen muchos países, lo cual limitaría su utilidad en materia de cooperación pero neutralizaría sus riesgos en materia de derechos humanos.

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  Póngase en contacto con la Alianza de ONG para la Prevención de la Delincuencia y la Justicia Penal a través de susitio web, y siga a@GI_TOC y@IanTennant9 en Twitter.

• TRATADO DE LA ONU CONTRA LA CIBERDELINCUENCIA: “Se trata de proteger no a los Estados, sino a las personas”

  CIVICUS conversa conStéphane Duguinsobrela militarización de la tecnología y los avanceshacia un Tratado de las Naciones Unidas contra la Ciberdelincuencia.

  Stéphanees experto enel uso de tecnologías disruptivas tales como ciberataques, campañas de desinformación y ciberterrorismo, ydirector ejecutivo del CyberPeace Institute,una organización de la sociedad civil (OSC) fundada en 2019 para apoyar a OSC humanitarias y a comunidades vulnerables alimitar los daños de los ciberataques ypromover un comportamiento responsable en el ciberespacio. Lleva a cabo actividades de investigación e incidencia y aporta conocimientos jurídicos y políticos a las negociaciones diplomáticas, incluidas las delComité Ad Hoc de las Naciones Unidas que actualmente está elaborando la Convención contra la Ciberdelincuencia.

  ¿Por qué se necesita un tratado de la ONU contra la ciberdelincuencia?

  Ya existen varios instrumentos jurídicos que abordan la ciberdelincuencia, como el Convenio de Budapest sobre la Ciberdelincuencia del Consejo de Europa, adoptado en 2001, el primer tratado internacional que trata sobre los ciberdelitos y busca armonizar las legislaciones para mejorar la cooperación en el ámbito de la ciberseguridad, que hasta abril de 2023 ha sido ratificado por 68 Estados de todo el mundo. A este instrumento le siguieron herramientas regionales tales como la Convención dela Unión Africana sobre Ciberseguridad y Protección de Datos Personales de 2014, entre otras.

  Pero el problema de estos instrumentos es que no se implementan adecuadamente. El Convenio de Budapest ni siquiera ha sido ratificado por la mayoría de los Estados, aunque está abierto a todos. E incluso cuando han sido firmados y ratificados, estos instrumentos no se ponen en práctica. Esto significa que los datos no son accesibles más allá de las fronteras, es difícil conseguir cooperación internacional y no se da curso a las solicitudes de extradición.

  Es urgente repensar la cooperación transfronteriza para prevenir y combatir los delitos, especialmente desde un punto de vista práctico. Los Estados con más experiencia en la lucha contra la ciberdelincuencia podrían ayudar a los menos dotados de recursos prestándoles asistencia técnica y contribuyendo a la construcción de capacidades.

  Por eso es tan importante el hecho de que la ONU esté negociando una convención mundial sobre ciberdelincuencia. En 2019, para coordinar los esfuerzos de los Estados miembros, las OSC –entre ellas el CyberPeace Institute–, las instituciones académicas y otras partes interesadas, la Asamblea General de la ONU estableció el Comité Ad Hoc para elaborar una Convención Internacional Integral para contrarrestar el uso de las tecnologías de la información y las comunicaciones con fines delictivos –en pocas palabras, un Convenio contra la Ciberdelincuencia. Será el primer instrumento internacional jurídicamente vinculante para el ciberespacio.

  Los objetivos del nuevo tratado son reducir la probabilidad de que se produzcan atentados y, cuando éstos ocurran, limitar los daños y garantizar que las víctimas tengan acceso a justicia y reparación. De lo que se trata es de proteger no a los Estados, sino a las personas.

  ¿Cuáles fueron los pasos iniciales en la negociación del tratado?

  El primer paso consistió en hacer balance de lo que ya existía y, sobre todo, de lo que faltaba en los instrumentos existentes para comprender lo que había que hacer. También fue importante medir la eficacia de las herramientas existentes y determinar si no funcionaban a causa de defectos de diseño o porque no se aplicaban correctamente. Medir el costo humano de la ciberdelincuencia también fue clave para definir una línea de base para el problema que se intenta abordar con el nuevo tratado.

  Otro paso importante, que curiosamente no ha formado parte del debate, habría sido llegar a un acuerdo entre todos los Estados parte para dejar ellos mismos de cometer ciberdelitos. Resulta cuanto menos extraño sentarse a la mesa a debatir definiciones de los delitos cibernéticos y dependientes de la tecnología con Estados que llevan a cabo o facilitan ciberataques. Los programas espía y la vigilancia selectiva, por ejemplo, están siendo financiados y desplegados en su mayoría por Estados, que además financian al sector privado comprando estas tecnologías con el dinero de sus contribuyentes.

  ¿Cuáles son los principales desafíos?

  El principal desafío ha sido definir el ámbito de aplicación del nuevo tratado, es decir, la lista de delitos que se penalizarán. Los delitos cometidos con el uso de tecnologías de la información y la comunicación (TIC) suelen pertenecer a dos categorías distintas: delitos dependientes de la tecnología y delitos habilitados por ella. En general, los Estados están de acuerdo en que el tratado debe incluir los delitos ciberdependientes: delitos que sólo pueden cometerse utilizando ordenadores y TIC, tales como el acceso ilegal a ordenadores, la realización de ataques de denegación de servicio y la creación y difusión de programas maliciosos. Si estos delitos no formaran parte del tratado, no habría ningún tratado.

  Sin embargo, la inclusión de los delitos habilitados por la tecnología es más controvertida. Se trata de delitos que se llevan a cabo en línea pero que podrían cometerse sin TIC, como el fraude bancario y el robo de datos. No existe una definición internacionalmente aceptada para estos delitos cibernéticos. Algunos Estados consideran delitos cibernéticos a delitos relacionados con los contenidos que circulan en internet, tales como la desinformación, la incitación al extremismo o el apoyo al terrorismo. Se trata de delitos basados en el discurso, cuya penalización puede conducir a la criminalización del discurso o la expresión en línea, con repercusiones negativas sobre los derechos humanos y las libertades fundamentales.

  Muchos Estados que probablemente serán futuros signatarios del tratado utilizan este tipo de lenguaje para atacar el disenso. Sin embargo, existe un consenso generalizado en torno de la inclusión de excepciones limitadas sobre delitos habilitados por la tecnología, como la explotación y el abuso sexual de menores en línea y el fraude informático.

  No hay forma de llegar a una definición amplia de los delitos habilitados por la tecnología a menos que vaya acompañada de salvaguardias muy estrictas en materia de derechos humanos. A falta de tales salvaguardias, el tratado debería abarcar un espectro limitado de delitos. Pero no hay acuerdo sobre la definición de las salvaguardias ni sobre cómo ponerlas en práctica, sobre todo en lo que respecta a la protección de datos personales.

  Tanto para las víctimas como para los perpetradores, no hay ninguna diferencia entre los delitos ciberdependientes y los habilitados por la tecnología. Si eres víctima, eres víctima de ambos. Muchos grupos criminales –y también agentes estatales– utilizan las mismas herramientas, infraestructuras y procesos para realizar ambos tipos de ataques.

  Aunque es necesario incluir más delitos cibernéticos, la forma en que esto se está haciendo es incorrecta, ya que no se están introduciendo salvaguardias ni definiciones claras. La mayoría de los Estados que lo están impulsando han demostrado sobradamente que no respetan ni protegen los derechos humanos, y algunos de ellos –como China, Egipto, India, Irán, Rusia y Siria– han propuesto incluso eliminar toda referencia a las obligaciones internacionales en materia de derechos humanos.

  Otro desafío es la falta de acuerdo sobre el seguimiento que deberían hacer los mecanismos de cooperación internacional para garantizar la implementación efectiva del tratado. Siguen sin estar claras las formas en que los Estados van a cooperar y los tipos de actividades que realizarán conjuntamente para combatir estos delitos.

  Para evitar que regímenes represivos hagan un mal uso del tratado, deberíamos centrarnos tanto en el alcance de la penalización como en las condiciones de la cooperación internacional. Por ejemplo, las disposiciones sobre extradición deberían incluir el principio de doble incriminación, lo que significa que un acto no debería ser extraditable a menos que constituya un delito tanto en el país que presenta la solicitud como en el que la recibe. Esto es crucial para evitar que Estados autoritarios utilicen este mecanismo para perseguir el disenso y cometer ulteriores violaciones de los derechos humanos.

  ¿Qué está aportando la sociedad civil a las negociaciones?

  La redacción del tratado debe ser un esfuerzo colectivo dirigido a prevenir y disminuir la cantidad de ciberataques. En tanto que entidades independientes, las OSC contribuyen mediante el aporte de conocimientos sobre repercusiones de derechos humanos y posibles amenazas y abogando por que se garanticen los derechos fundamentales.

  Por ejemplo, el CyberPeace Institute lleva dos años analizando ciberataques contra instituciones sanitarias en el marco de la pandemia de COVID-19. Hemos encontrado al menos 500 ciberataques que resultaron en el robo de datos de 20 millones de pacientes. Y esto es apenas la punta del iceberg.

  El CyberPeace Institute también presenta recomendaciones al Comité basadas en un enfoque centrado en las víctimas, que incluye medidas preventivas, rendición de cuentas de los perpetradores sobre la base de evidencia, acceso a la justicia y reparación para las víctimas y prevención de la revictimización.

  También abogamos por un enfoque basado en los derechos humanos, que garantice el pleno respeto de los derechos humanos y las libertades fundamentales mediante protecciones y salvaguardias sólidas. El lenguaje de la Convención debería hacer referencia a marcos específicos de derechos humanos como la Declaración Universal de Derechos Humanos y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Es importante que la lucha contra la ciberdelincuencia no oponga la seguridad nacional a los derechos humanos.

  Este encuadre es especialmente significativo porque los gobiernos llevan mucho tiempo explotando las medidas contra la ciberdelincuencia para expandir el control estatal, ampliar sus poderes de vigilancia, restringir o criminalizar las libertades de expresión y reunión y atacar a personas defensoras de derechos humanos, periodistas y opositores políticos en nombre de la seguridad nacional o la lucha contra el terrorismo.

  En resumen, el objetivo de la sociedad civil es poner en evidencia el impacto humano de los ciberdelitos y asegurarse de que los Estados lo tengan en cuenta a la hora de negociar el marco y la normativa, que deben crearse para proteger a la ciudadanía. Aportamos las voces de las víctimas, las partes más vulnerables, cuya ciberseguridad cotidiana no está debidamente protegida por el actual marco internacional. El CyberPeace Institute, en particular, aboga por la inclusión de un espectro limitado de ciberdelitos con definiciones claras y restringidas para evitar la criminalización de comportamientos que constituyen el ejercicio de libertades fundamentales y, por lo tanto, derechos humanos.

  ¿En qué punto del proceso del tratado nos encontramos ahora?

  Existe actualmente un documento de negociación consolidado que fue la base de la segunda lectura realizada en las sesiones cuarta y quinta, celebradas en enero y abril de 2023. El siguiente paso es la publicación del borrador cero, que se espera para finales de junio, y que será la base de la negociación en la sexta sesión, que tendrá lugar en Nueva York entre agosto y septiembre de 2023.

  El proceso culmina normalmente con una consolidación por parte de los Estados, lo cual va a ser difícil ya que hay muchas divergencias y un plazo ajustado: el tratado debe ser sometido a votación en la 78ª sesión de la Asamblea General de la ONU, en septiembre de 2024.

  Hay un bloque de Estados que busca un tratado con el mayor alcance posible, y otro que se inclina por un convenio con un ámbito de aplicación limitado y fuertes salvaguardias. Pero incluso dentro de este segundo bloque sigue habiendo desacuerdos en materia de protección de datos, así como en relación con el enfoque de la seguridad y la ética de tecnologías específicas como la inteligencia artificial.

  ¿Qué posibilidades hay de que la versión final del tratado se ajuste a las normas internacionales de derechos humanos y, al mismo tiempo, sea apto para cumplir su propósito?

  Teniendo en cuenta cómo ha ido el proceso hasta ahora, no soy muy optimista, especialmente en lo que se refiere a la cuestión del respeto de las normas de derechos humanos, debido a la crucial falta de definición de las salvaguardias de derechos humanos. No debemos olvidar que las negociaciones se están produciendo en un contexto de tensa confrontación geopolítica. El CyberPeace Institute ha estado rastreando los ataques desplegados desde el inicio de la invasión masiva de Ucrania por parte de Rusia. Hemos sido testigos de más de 1.500 campañas de ataques con cerca de 100 actores implicados, muchos de ellos Estados, e impactos en más de 45 países. Esta realidad geopolítica complica aún más las negociaciones.

  El texto que está ahora sobre mesa se queda corto en lo que se refiere a su potencial para mejorar la vida de las víctimas de delitos en el ciberespacio. Por eso el CyberPeace Institute sigue comprometido con el proceso de redacción: para informar los debates y generar conciencia de modo de obtener un resultado más positivo.

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