Consejo de Derechos Humanos
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50º período de sesiones del Consejo de Derechos Humanos de la ONU: prioridades en materia de incidencia
El 50º período de sesiones del Consejo de Derechos Humanos se celebrará del 13 de junio al 8 de julio y será una oportunidad para mejorar el espacio cívico y la protección de la sociedad civil, así como para abordar situaciones graves en países concretos. CIVICUS participará en los debates sobre una resolución, así como en un debate sobre la libertad de reunión pacífica y de asociación, ya que el Consejo renueva el crucial mandato de la Relatoría Especial, así como una resolución sobre las manifestaciones pacíficas para promover la rendición de cuentas en caso de violaciones.
CIVICUS también trabajará para reforzar las normas internacionales sobre libertad de expresión. En cuanto a la situación de los países, CIVICUS planteará la situación de Eritrea, se unirá a los llamamientos para que se mantenga la observación en Sudány pedirá al Consejo que tome medidas para proteger a los rohingya y a otras minorías étnicas dentro y fuera de Myanmar, al tiempo que aborda las graves violaciones de derechos humanos que sigue sufriendo el país.
Asimismo, el Consejo de Derechos Humanos podría abordar situaciones especialmente preocupantes en países que no figuran en el programa. En este sentido, CIVICUS insta al Consejo a que aborde el caso de India, que establezca un mecanismo para Rusiaque debería haber sido creado hace tiempo y que aborde la crisis de los derechos de las mujeres en Afganistán.
La plena participación de la sociedad civil sigue siendo una cuestión fundamental para el Consejo de Derechos Humanos, y CIVICUS anima a los Estados a que garanticen la celebración de consultas con la sociedad civil nacional, regional e internacional, y a que puedan participar plenamente en los debates y negociaciones del Consejo.
PRIORIDADES ESPECÍFICAS DE CADA PAÍS
Eritrea
La situación de los derechos humanos en Eritrea, miembro del Consejo de Derechos Humanos, y su falta de cooperación con los mecanismos internacionales son motivo de gran preocupación. En 2019, el Relator Especial sobre Eritrea estableció "indicadores para evaluar los progresos en materia de derechos humanos". Hasta la fecha, ninguno de ellos se ha cumplido y la impunidad por las violaciones de derechos humanos pasadas y actuales sigue siendo generalizada. CIVICUS se une a otras organizaciones para pedir al Consejo que adopte una resolución que prorrogue el mandato del Relator Especial, que describa y condene claramente las violaciones cometidas por las autoridades eritreas dentro y fuera del país, y que incorpore los indicadores del Relator Especial para lograr mejoras tangibles.
El espacio cívico en Eritrea está clasificado como « cerrado » por el CIVICUS Monitor.
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Sudán
La situación en Sudán amenaza con empeorar aún más, y para lograr un acuerdo político satisfactorio es necesario que se rindan cuentas. Tras el golpe militar del 25 de octubre, el Consejo de Derechos Humanos de la ONU tomó medidas urgentes convocando una sesión especial y adoptando una resolución en la que se pedía al Alto Comisionado que nombrara un experto en derechos humanos para Sudán. El Consejo debe ahora hacer un seguimiento de su acción inicial y garantizar una supervisión continua. CIVICUS se une a otras organizaciones para pedir a los Estados que apoyen una resolución que garantice que el Alto Comisionado informe regularmente sobre la situación de los derechos humanos y que se celebren debates públicos sobre esta cuestión.
El espacio cívico en Sudán está clasificado como« represivo » por el CIVICUS Monitor.
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Myanmar
Quince meses después del golpe de Estado militar, se siguen denunciando graves violaciones de los derechos humanos por parte de la junta militar en Myanmar. Durante esta sesión del Consejo, existirá la oportunidad de plantear cuestiones de interés, incluyendo actualizaciones del Alto Comisionado y del Relator Especial para Myanmar. Es esencial que se mantenga la presión sobre la junta militar y que la comunidad internacional adopte nuevas medidas específicas para hacer frente a los crímenes de la junta. El golpe ha hecho imposible el retorno seguro, voluntario, digno y sostenible de las personas refugiadas rohingya. CIVICUS pide a los Estados que garanticen que la resolución sobre la situación de los musulmanes rohingya y otras minorías en Myanmar refleje estas preocupaciones, que condenen enérgicamente el golpe militar y que pidan la restauración de un gobierno civil elegido democráticamente.
El espacio cívico en Myanmar está clasificado como « represivo » por el CIVICUS Monitor.
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Afganistán
Afganistán vive una crisis de los derechos de las mujeres. Desde agosto de 2021, cuando los talibanes tomaron el control del país, la situación del reconocimiento y la protección de los derechos de las mujeres y las niñas en Afganistán se ha deteriorado drásticamente, especialmente en lo que respecta al derecho a la no discriminación, la educación, el empleo, la participación pública, la salud y la salud sexual y reproductiva. Los talibanes también han restringido gravemente el derecho a la libertad de expresión, asociación y reunión, así como el derecho a la libre circulación de mujeres y niñas. Afganistán es ahora el único país del mundo que prohíbe explícitamente la educación de las niñas. CIVICUS se une a las organizaciones asociadas para pedir un debate urgente sobre Afganistán, con el fin de garantizar que el Consejo aborde la crisis de los derechos de las mujeres en este país de una manera que refleje la gravedad y la urgencia de la situación.
El espacio cívico en Afganistán está clasificado como « represivo » por el CIVICUS Monitor.
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Rusia
Desde el comienzo de la agresión rusa en Ucrania, la acción de las autoridades contra la sociedad civil rusa se ha intensificado considerablemente. Tras reaccionar brutalmente a las protestas antibélicas en todo el país, las autoridades rusas han reprimido con dureza las libertades civiles, han amenazado y cerrado los medios de comunicación independientes que cubren la guerra en Ucrania y han bloqueado el acceso a las redes sociales y a los portales de los medios de comunicación. La represión rusa de las voces disidentes internas ha eliminado prácticamente todos los controles y equilibrios internos, permitiendo que el país se convierta en un actor desestabilizador no sólo en la región, sino en todo el mundo.
CIVICUS apoya a los grupos de la sociedad civil rusos e internacionales en su petición al Consejo de que nombre un Relator Especial para examinar la situación de los derechos humanos en Rusia.El espacio cívico en Rusia está clasificado como « represivo » por el CIVICUS Monitor.
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India
India fue incluida en la lista de vigilancia de CIVICUS en febrero de este año, lo que indica un grave y rápido declive en el respeto al espacio de la sociedad civil. La Ley de Regulación de las Contribuciones Extranjeras (Foreign Contribution Regulation Act, FCRA) se ha utilizado como arma contra las organizaciones sin ánimo de lucro, en particular no aceptando sus registros y negándoles el acceso a la financiación extranjera. La situación general de los derechos humanos sigue deteriorándose, y muchos defensores y activistas de los derechos humanos siguen encarcelados en virtud de la draconiana Ley de Prevención de Actividades Ilegales (Unlawful Activities Prevention Act, UAPA) al igual que otras leyes. CIVICUS pide a los Estados que mencionen específicamente el caso de la India en un diálogo interactivo con el Relator Especial sobre el derecho a la libertad de reunión pacífica y de asociación, con especial referencia a la FCRA y la UAPA.
El espacio cívico en India está clasificado como « represivo » por el CIVICUS Monitor.
PRIORIDADES TEMÁTICAS
Libertad de asociación y de reunión pacífica
En esta sesión se presentará la resolución sobre la libertad de asociación y reunión, que renueva el mandato del Relator Especial sobre la libertad de asociación y reunión. El Relator Especial presentará un informe sobre el acceso limitado a la financiación, que se ha convertido en una amenaza existencial para la sociedad civil. En países como India, El Salvador y Túnez, las actividades de desarrollo económico y los derechos humanos se han visto limitados por las restricciones a la financiación extranjera.
CIVICUS hace un llamamiento a los Estados para que apoyen la renovación del mandato en una resolución firme que refleje los retos actuales y para que formulen declaraciones durante el debate con el Relator Especial, destacando los países y las situaciones en las que las restricciones al acceso a la financiación se han convertido en una amenaza existencial para la sociedad civil.
Manifestaciones pacíficas
La reunión pacífica es un derecho fundamental y las manifestaciones son una forma eficaz y exitosa de defender otros derechos esenciales. La resolución sobre las manifestaciones pacíficas es una oportunidad para reforzar la protección del derecho a manifestarse y los marcos de rendición de cuentas por las violaciones cometidas durante las manifestaciones, basándose en las normas y estándares existentes, incluida la Observación General 37 sobre el derecho a la libertad de reunión pacífica emitida por el Comité de Derechos Humanos.
CIVICUS anima a los Estados a apoyar la resolución y su enfoque en la crisis, la adopción de un lenguaje más fuerte sobre la rendición de cuentas, y la protección de los periodistas y observadores de las protestas.
Derecho a la libertad de expresión
El derecho a la libertad de expresión es esencial para cualquier sociedad democrática. El derecho a buscar, recibir y difundir información es un aspecto esencial de esta libertad. El hecho de que sigan existiendo interrupciones de Internet en todo el mundo, desde Myanmar a la India y desde Chad a Kazajistán, socava este derecho. A ello se suman los problemas de acceso al espacio digital.
CIVICUS hace un llamamiento a los Estados para que apoyen una resolución sobre la libertad de expresión que refuerce las normas y estándares que rigen este derecho esencial y proteja el derecho de las personas a expresarse plenamente.
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Adopción del Examen Periódico Universal de los Derechos Humanos por parte de Paraguay
Aprobación del Informe EPU de Paraguay
Leída por Inés M. Pousadela
Gracias, Señor presidente.
Semillas para la Democracia y CIVICUS celebran que el gobierno de Paraguay haya aceptado las recomendaciones del EPU relativas al espacio para la sociedad civil. Sin embargo, nuestra presentación conjunta documenta que Paraguay no implementó 13 de las 19 recomendaciones sobre este tema recibidas durante su examen anterior, y apenas implementó parcialmente seis.
Como lo detalla nuestra presentación, actores tanto estatales como no estatales frecuentemente atacan, intimidan y acosan judicialmente a personas defensoras de derechos humanos y periodistas – a estos últimos, especialmente cuando informan sobre protestas, crimen organizado, corrupción y violaciones de derechos humanos. El ambiente hostil para el periodismo es alimentado desde las más altas esferas políticas. Las personas defensoras indígenas y campesinas y quienes se movilizan por el derecho a la tierra son objeto de ataques a menudo procedentes de empresas de agronegocios; las personas defensoras de los derechos de las mujeres y de las personas LGBTQI+ enfrentan ataques mayormente perpetrados por grupos fundamentalistas y anti-derechos. Abundan los ejemplos de personas defensoras del derecho a la tierra que han sufrido atentados contra sus vidas, y algunas han sido asesinadas. La mayoría de las agresiones permanece impune.
Los y las trabajadoras enfrentan fuertes obstáculos legales para ejercer su libertad de asociación, así como obstáculos de hecho bajo la forma de ataques de actores no estatales, y especialmente de empresas privadas que amenazan con despedirles si intentan organizarse. La ley no protege adecuadamente esta libertad.
Nuestra presentación también indica que la libertad de expresión se ve amenazada por el uso sistemático de leyes de difamación penal por parte de figuras públicas para intimidar y silenciar al periodismo crítico, especialmente cuando investiga denuncias de corrupción. La deficiente aplicación de la Ley de Acceso a la Información ha restringido la disponibilidad de información que debería ser pública, y se han registrado casos de censura y autocensura.
El ejercicio de la libertad de reunión pacífica continúa obstruido. Las manifestaciones pacíficas, especialmente las del movimiento campesino e indígena y las de las comunidades movilizadas por el derecho a la tierra, son frecuentemente disueltas con fuerza excesiva y suelen arrojar numerosas detenciones y manifestantes heridos, y ocasionalmente víctimas fatales.
Pedimos al gobierno de Paraguay que adopte medidas proactivas para abordar estos problemas y que implemente las recomendaciones recibidas para crear y mantener, en la ley y en la práctica, un entorno propicio para la sociedad civil.
Muchas gracias.
El espacio cívico en Paraguay es calificado como “obstruido” por el CIVICUS Monitor
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El desmantelamiento de la sociedad civil nicaragüense no cesa
Declaración en el 50º período de sesiones del Consejo de Derechos Humanos
Diálogo interactivo sobre la actualización oral del Alto Comisionado sobre NicaraguaPronunciada por Nicola Paccamiccio
Gracias, señor presidente, y gracias a la Alta Comisionada por su actualización.
El desmantelamiento de la sociedad civil nicaragüense no cesa. Sólo en las últimas semanas, el gobierno de Ortega ha utilizado la legislación sobre lavado de dinero y la legislación sobre "agentes extranjeros" para anular el registro de casi 200 organizaciones que trabajan en temas que van desde la cultura hasta la ayuda y el desarrollo, pasando por el medio ambiente.
La nueva "Ley General de Regulación y Control de las Organizaciones sin Fines de Lucro", promulgada el mes pasado, podría ser la puntilla para la sociedad civil independiente, que ahora no puede continuar su trabajo. La ley dificulta el registro de las ONG, les obliga a solicitar la aprobación del gobierno para sus actividades y les impone nuevas limitaciones para la presentación de informes.
Las personas que defienden los derechos humanos y los líderes de la oposición siguen siendo perseguidos. Yubrank Suazo, líder de la oposición y miembro de la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia, fue detenido el 18 de mayo. Decenas de presos políticos fueron condenados en juicios exprés entre febrero y mayo, y desde entonces se han rechazado las solicitudes de apelación.
Esto es especialmente preocupante si se tienen en cuenta los malos tratos y las torturas que sufren los presos políticos, entre ellos la defensora de los derechos humanos María Esperanza Sánchez. Las presas políticas que viven con problemas de salud crónicos previos no han recibido la atención médica adecuada.
Las autoridades nicaragüenses no han dudado en utilizar la legislación, la política, el acoso judicial e incluso los actos de violencia para atacar a los defensores de los derechos humanos y a la sociedad civil. El establecimiento del Grupo de Expertos sobre Nicaragua es un paso significativo y bien recibido para lograr que la verdad y la rendición de cuentas se lleven a cabo, y pedimos al Alto Comisionado propuestas concretas sobre la mejor manera en que los Estados pueden apoyar a la sociedad civil sobre el terreno que está operando en una atmósfera de miedo y violencia.
El espacio cívico de Nicaragua está clasificado como "Cerrado" por el CIVICUS Monitor
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Honduras: Adopción del Examen Periódico Universal sobre Derechos Humanos
El gobierno de #Honduras no ha implementado la mayoría de las recomendaciones de la #ONU para proteger a la sociedad civil y continúa siendo uno de los países más peligrosos para activistas y periodistas.@inespousadela presenta nuestra declaración en el #HRC46 @REDLADoficial pic.twitter.com/8D8g0orRGe
— CIVICUS Español (@CIVICUSespanol) March 17, 2021Declaración en la 46ª sesión del Consejo de Derechos Humanos de la ONU
Examen Periódico Universal de los Derechos Humanos - Adopción de resultados para Honduras
Gracias, Señor presidente.
CIVICUS, ASONOG y RedLad celebran el compromiso del gobierno de Honduras con el proceso del EPU. Sin embargo, nuestra presentación conjunta documenta que desde su anterior revisión Honduras no ha implementado 19 de las 30 recomendaciones recibidas en relación con el espacio cívico, y que sólo ha implementado parcialmente ocho.
Como detalla nuestra presentación, la legislación hondureña limita la libertad de asociación de los trabajadores. Además, para quienes trabajan en temas políticamente sensibles el disfrute de esta libertad está limitado en la práctica, a menudo como resultado de la intervención de actores no estatales. Aunque ha habido cambios positivos en el marco legal, la labor de las OSC siguió viéndose perjudicada por factores extralegales. La acción de las personas defensoras de los derechos de los pueblos indígenas, del medio ambiente y de la tierra, así como de estudiantes y personas defensoras LGBTQI+, también es obstaculizada por la criminalización, la persecución penal, el acoso y la vigilancia. Aunque Honduras estableció un mecanismo de protección para personas defensoras y periodistas, no ha logrado asegurar su efectividad. Sus altos y persistentes niveles de violencia hacen de Honduras uno de los países más peligrosos del mundo para la labor de derechos humanos y el periodismo.
Como también lo documenta nuestro informe, el Código Penal de 2019 mantuvo los delitos de calumnia e injuria, que siguieron siendo utilizados contra periodistas, y el derecho de acceso a la información consagrado legalmente continuó restringido por la llamada Ley de Secretos Oficiales.
El ejercicio de la libertad de reunión pacífica continúa sometido a barreras legales y de hecho. Las manifestaciones pacíficas, en particular las de los movimientos estudiantiles, indígenas, campesinos y ambientales, son a menudo disueltas de forma arbitraria y violenta. Persiste el vacío legal en cuanto a la responsabilidad de las fuerzas de seguridad por los abusos cometidos contra manifestantes pacíficos.
Acogemos con beneplácito las recomendaciones realizadas a Honduras en este ciclo para abordar estas preocupaciones y pedimos al Gobierno de Honduras que tome medidas proactivas para implementarlas, de modo de crear y mantener, en la ley y en la práctica, un entorno propicio para la sociedad civil. Además, pedimos a los Estados que hicieron dichas recomendaciones que aseguren un seguimiento de su implementación.
Muchas gracias.
El espacio cívico en Honduras está calificado como represivo por el CIVICUS Monitor
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NACIONES UNIDAS: “Al sistema de derechos humanos existente hay que criticarlo sin dejar de defenderlo”
CIVICUS conversa acerca con Brian Schapira,Director de Relaciones Institucionales del Centro para la Apertura y el Desarrollo de América Latina (CADAL), una fundación basada en Argentina.que trabaja en la defensa y promoción de los derechos humanos. Con foco en el apoyo a quienes sufren restricciones severas a sus libertades civiles y políticas, CADAL promueve la solidaridad democrática internacional en colaboración con activistas y organizaciones de la sociedad civil (OSC) de todo el mundo.
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Venezuela: Continúan los ataques a los derechos humanos
Declaración en la 47 sesión del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas
CIVICUS agradece a la Alta Comisionada su informe, que muestra el continuo deterioro de la situación de derechos humanos en Venezuela y la falta de implementación efectiva de las recomendaciones formuladas en el último informe.
Desde CIVICUS manifestamos nuestra preocupación por la legislación reciente que restringe el derecho de asociación en Venezuela. Una nueva ordenanza de mayo de 2021 introduce elementos que pueden utilizarse para criminalizar el trabajo de la sociedad civil. Un nuevo proyecto de ley presentado en la Asamblea Nacional limitaría el financiamiento internacional a la sociedad civil. Esta legislación continuaría restringiendo el funcionamiento de las OSC en el país y, en particular, tendría un impacto devastador en aquellas organizaciones que trabajan para brindar la asistencia humanitaria que tanto necesitan en el país.
Las restricciones a la libertad de expresión continúan en Venezuela, con ejemplos recientes de ataques contra medios como el allanamiento y toma del diario El Nacional y el caso del CNP en Sucre, cuya oficina fue incendiada. Los ataques digitales continúan aumentando en el país con 153 medios de comunicación afectados por la censura digital en Venezuela en 2020.
Mientras la gente sigue saliendo a las calles en el contexto de una terrible situación socioeconómica, las fuerzas de seguridad siguen haciendo un uso excesivo de la fuerza contra los manifestantes. Organizaciones locales informaron que durante el primer trimestre de 2021, 23 manifestaciones fueron reprimidas y una persona asesinada.
Nos hacemos eco de las observaciones de la Alta Comisionada en su declaración de marzo de que `` la reducción del espacio cívico tiene 'un efecto paralizador en todos los que participan en actividades legítimas y esenciales' '. Solicitamos a la Alta Comisionada, en el contexto de su informe en curso, que establezca formas concretas en las que la comunidad internacional puede apoyar a los que están sobre el terreno.
El espacio cívico en Venezuela está calificado como Represivo por el CIVICUS Monitor
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Violaciones en curso de los derechos fundamentales requieren un seguimiento continuo por parte del Consejo
Presentación del informe de la ACNUDH
Presentada por Carlos Correa, Espacio Público
Desde Espacio Público y CIVICUS reiteramos que se siga con la documentación de la situación de derechos humanos en Venezuela. La crisis se mantiene con severas consecuencias para las personas más vulnerables.
La violación a las libertades civiles impacta en la garantía de los derechos económicos y sociales. Las restricciones a la libertad y circulación de información buscan impedir la crítica legítima a la gestión pública. Se mantienen bloqueos ilegales de medios digitales en un ecosistema dominado por radios y televisoras sometidas a controles estatales.
Un proveedor de servicios de telefonía e internet privado informó que en el año 2021 más de millón y medio de líneas fueron intervenidas. y desde el 2016, más de 1300 portales web fueron bloqueados Se revela un patrón de vigilancia masiva que viola el derecho a la privacidad.
La sociedad civil está igualmente en peligro y los nominales "nuevos espacios de diálogo" no han hecho mucho por apaciguar esta situación. El proyecto de ley de cooperación internacional restringiría los fondos y el funcionamiento de las organizaciones de la sociedad civil. Las personas defensoras de los derechos humanos siguen siendo intimidadas, criminalizadas y detenidas arbitrariamente.
Exhortamos a mantener la atención sobre Venezuela; extender la resolución 45/20 que permite este informe, consolidar la presencia de la oficina de la Alta Comisionada en el país, apoyar la renovación del mandato de la Misión de Determinación de los Hechos y toda iniciativa para acompañar las víctimas en su búsqueda de justicia.
Muchas gracias.