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CHILE: “La propuesta de constitución refleja la división del país en vez de ser un instrumento para su unión”
CIVICUS conversa con Patricia Reyes, directora de la Fundación Multitudes, acerca del proceso para redactar una nueva constitución para Chile luego de que la propuesta anterior fuera rechazada en un referéndum en septiembre de 2022.
La Fundación Multitudes es una organización de la sociedad civil dedicada a generar espacios y crear capacidades en la sociedad civil para que pueda participar efectivamente en los procesos de toma de decisiones.
¿Por qué necesita Chile una nueva constitución?
El proceso constituyente en que Chile ha estado sumido desde 2022 fue una respuesta a una crisis social y política de larga data que estalló en octubre de 2019. Ante la irrupción de demandas sociales de mayor protección, equidad y garantía de derechos sociales básicos como la educación, la salud y la seguridad social, que en algunos casos se expresaron con violencia inusitada, todos los sectores políticos acordaron iniciar un proceso constituyente.
En un primer momento se desarrolló un proceso inclusivo que produjo una propuesta de constitución que incorporó estándares adecuados de protección de derechos para un estado democrático y social. Pero la propuesta no logró reunir la adhesión de los sectores más conservadores y fue rechazada en referéndum, en gran medida a causa de errores cometidos en el proceso. Estos se debieron sobre todo a la inexperiencia política de los miembros de la comisión constituyente, que eran en su mayoría independientes sin vínculos con los partidos políticos. Ellos pasaron por alto la necesidad de lograr acuerdos amplios que representaran todos los sectores de la sociedad, y especialmente a los actores políticos tradicionales. También influyeron la incorporación de algunos cambios drásticos en la organización política y la incapacidad de comunicar adecuadamente a la ciudadanía los beneficios del nuevo texto constitucional.
Tras el rechazo de la propuesta, las demandas sociales que habían disparado el proceso seguían vigentes, y la Constitución actual continuaba siendo tan ineficaz para resolverlas como lo era cuando ocurrió el estallido social. Para resolver nuestros problemas de convivencia democrática necesitamos un nuevo pacto social que nos una en torno a un proyecto institucional común. Por eso se recomenzó el proceso constituyente, esta vez con una dinámica más tradicional, que ha arrojado una nueva propuesta que deberá ser sometida nuevamente al voto de la ciudadanía.
¿Cuán diferente es esta nueva propuesta de la que surgió de la Convención Constitucional de 2021?
La actual propuesta es mucho más cercana a la Constitución vigente, es decir, introduce cambios más modestos. En comparación con la anterior, pienso que retrocede en algunos derechos ya conquistados, especialmente por grupos tradicionalmente relegados como las mujeres. Tampoco introduce un reconocimiento para otros segmentos vulnerables de la población, como niños, adolescentes y pueblos indígenas. Pero sí comparte con la anterior la reafirmación de la libertad de empresa y el mantenimiento de la concepción de un Estado subsidiario.
Los dos procesos han sido bastante diferentes porque en el primer caso el órgano constituyente incluyó a muchos ciudadanos elegidos por voto popular e independientes de los partidos políticos, mientras que en el segundo se trató de un Consejo de Expertos nombrado por las dos cámaras del Congreso y un Consejo Constitucional elegido popularmente, pero constituido mayormente por miembros propuestos por los partidos políticos que van desde el centro hasta la ultraderecha.
Sin embargo, en algo sí se parecen las propuestas resultantes de ambos procesos: las dos han sido consideradas de carácter partisano, es decir, alineadas con los intereses de un bando político determinado. Reflejan la división del país en vez de ser un instrumento para su unión.
¿Qué cambios introduciría el nuevo proyecto en la Constitución vigente?
El texto en general reproduce la institucionalidad vigente, salvo por la disminución del número de parlamentarios, y contiene los mismos derechos ya consagrados en la Constitución actual. Tiene muchas de sus fortalezas y también padece muchas de las mismas debilidades.
El proyecto tiene también varios artículos que han generado polémica por la forma regresiva en que se los podría interpretar. Por ejemplo, en materia de derechos reproductivos las disposiciones constitucionales podrían permitir que se declare inconstitucional la norma que permite el aborto en casos de violación, peligro para la vida de la madre e inviabilidad del feto.
Asimismo, la incorporación de un órgano especial para la lucha contra la corrupción podría entrar en conflictos de competencia con la actual Contraloría General de la República. También se incluirían algunas herramientas populistas para permitir la expulsión inmediata de migrantes indocumentados, así como algunas exenciones impositivas – cuestión que generalmente no pertenece a un texto constitucional – y algunas disposiciones de gran sensibilidad, como la posibilidad de beneficiar a enfermos terminales con reclusión domiciliaria, que podría beneficiar a personas condenadas por delitos de lesa humanidad cometidos durante la dictadura.
En lo positivo, se crearía una Defensoría de Víctimas y se avanzaría en la descentralización, otorgando mayores facultades a los gobiernos locales.
¿Cómo se posicionan los distintos sectores frente al plebiscito de salida?
Los partidos de derecha mayoritariamente aprueban el proyecto, mientras que los de izquierda lo rechazan y en el centro hay una gran diversidad de opiniones, con algunos militando por el apruebo y otros por el rechazo.
Pero la última palabra la tiene la ciudadanía, que atraviesa un momento que ha sido definido como de agotamiento constitucional. Por lo largo y polémico que ha sido el proceso y por la falta de acuerdos transversales, en general hay mucha apatía e indecisión, así como posiciones encontradas. Por el momento las encuestas arrojan una mayoría de rechazos, pero la votación es el 17 de diciembre, por lo que todavía falta bastante, y sigue habiendo mucha gente que aún no tiene decidido su voto.
El espacio cívico en Chile es calificado como “estrecho” por elCIVICUS Monitor.
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COLOMBIA: “La gente está cansada de la larga hegemonía de élites políticas que son también élites económicas”
CIVICUS conversa acerca de las recientes elecciones presidenciales en Colombia con Gina Romero, directora ejecutiva de la Red Latinoamericana y del Caribe para la Democracia (RedLad).
Fundada en 2008, RedLad promueve el ejercicio pleno de la democracia como una forma de vida en pos del bien común en las Américas. Lo hace mediante acciones de incidencia política en el sistema interamericano de derechos humanos, investigación (Observatorio Ciudadano de Corrupción, Observatorio de Libertad de Religión y Creencia, reporte de 11 países en el CIVICUS Monitor), apertura de diálogos democráticos al interior de la sociedad civil y de ésta con órganos internacionales, gobiernos, sector privado y otros, fortalecimiento de capacidades de la sociedad civil latinoamericana mediante formación de liderazgos e incidencia en defensa de los derechos de poblaciones en condición de vulnerabilidad.
¿Cómo evalúas las opciones disponibles en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales de Colombia?
Fue muy revelador que los dos candidatos se autodenominaran “antisistema”, se posicionaran contra la política tradicional y fueran ajenos a los partidos políticos tradicionales. La ciudadanía colombiana está cansada de la larga hegemonía de los partidos tradicionales y de ciertas élites políticas que son también élites económicas.
El candidato derrotado, Rodolfo Hernández, representa a un sector político de derecha, aunque su campaña buscó enfatizar su cercanía con el pueblo abanderándose en la lucha contra la corrupción, pese a que él mismo está siendo investigado por esta causa. El candidato ganador, Gustavo Petro, representa una opción de izquierda. El hecho de que una propuesta de este signo fuera escogida por primera vez en la historia dice mucho sobre las demandas sociales de la ciudadanía, las mismas que se hicieron públicas en la calle desde el 2019.
Creo que la segunda vuelta no fue un enfrentamiento polarizado entre una extrema derecha y una extrema izquierda, sino más bien un enfrentamiento entre propuestas novedosas (podría decirse populistas) por fuera de la política tradicional, y particularmente en contra de la herencia del expresidente Álvaro Uribe, encarnada en el actual presidente, Iván Duque.
El hartazgo con la política y con la inequidad social, intensificada por los efectos de la pandemia, hizo una bomba explosiva que se manifestó en las elecciones. Es muy bueno que se haya manifestado por vías democráticas, y no como solía suceder en el pasado, a través de la violencia política.
¿Cómo interpretas la llegada de Hernández a la segunda vuelta?
La llegada de Hernández fue bastante sorpresiva, ya que los candidatos considerados con chances eran Federico Gutiérrez y Gustavo Petro. Su discurso fue de cercanía con la ciudadanía. Hizo una gran campaña en redes sociales, sobre todo TikTok, y se enfocó en los problemas que la gente prioriza sistemáticamente en las encuestas, como la corrupción.
Hernández era visto como una persona sencilla, que habla de manera muy simple al ciudadano común, mientras que los discursos de otros candidatos sonaban demasiado elevados. Convenció mucho con el argumento de que, por ser millonario, él no robaría como los demás, e incluso rechazaría el pago del salario de presidente. También movilizó a mucha gente que no entiende lo que significa que Colombia se encuentre en un proceso de paz, que votó “no” en el plebiscito de 2016, y que anteriormente había votado por presidentes de derecha como Duque o Uribe.
A este atractivo se agregaron los grandes errores de las propuestas de centro y al miedo que generaba la figura de Petro, tanto por ser de izquierda como por ir acompañado de una candidata vicepresidencial negra, Francia Márquez, que fue empleada doméstica y se graduó de la universidad a los 39 años. Todo ello contribuyó al éxito de Hernández en la primera vuelta, a pesar de que desconoce completamente la política y no está en condiciones ni de gobernar ni hacer un buen trabajo de oposición.
¿Cómo fue la campaña por la segunda vuelta?
Fue una campaña de emociones fuertes, más que cualquier otra del pasado. Las emociones políticas son lo que finalmente marca el curso de una elección.
El miedo jugó un gran rol. Mucha gente en Colombia teme a todo proyecto de izquierda. Además, Colombia es un país racista, clasista y misógino, por lo que una figura como la de Márquez también generaba miedo. Conocí pocas personas que votaran a Hernández por él mismo y no por el miedo a Petro. Estas personas describían a Hernández como “el viejito lindo que lucha contra la corrupción y tiene mucho dinero”. Así es como estos populismos de derecha se acercan a la gente.
La campaña anti-Petro hizo circular desinformación con el único objetivo de generar temor, en forma muy similar a lo que ocurrió en la campaña para el plebiscito por la paz. Entre estos temores infundados se destacó el de que Colombia se convertiría en una nueva Venezuela, ya que Petro querría quedarse eternamente en el poder, como lo hizo en su momento el venezolano Hugo Chávez. La gente lo repetía acríticamente sin caer en la cuenta de que, en Colombia, quien quiso hacer eso fue Uribe, mediante un cambio constitucional en 2004 que le permitió renovar su mandato y quedarse ocho años, tras lo cual intentó hacerlo nuevamente.
Otra idea asociada al destino de Venezuela fue la del empobrecimiento, la devaluación de la moneda y la hiperinflación. También se habló mucho de la posible reacción empresarial frente a un eventual gobierno de izquierda y de la gran salida de empresas del mercado colombiano que ocurriría en ese caso. Es cierto que el dólar subió la semana posterior a la elección –como ocurrió en Chile cuando ganó Gabriel Boric–, pero el dólar ha venido en aumento en los últimos años y el incremento inicial no ha sido catastrófico.
También se infundió miedo a la ciudadanía con el uso irresponsable del calificativo “guerrillero” en referencia a Petro, que en el pasado fue militante del M19, una guerrilla hoy desmovilizada. Petro tiene ya una larga carrera política civil y desde hace décadas no tiene nada que ver con ningún grupo al margen de la ley. Pero el estigma sigue instalado, lo cual demuestra lo mucho que Colombia todavía debe avanzar en su proceso de reconciliación.
La desinformación y la violencia digital también se ensañaron con las dos candidatas mujeres que hubo en esta elección: Ingrid Betancourt, quien compitió en la primera vuelta presidencial, y Márquez. Muchas investigaciones sobre violencia digital sostienen que cuando hay mujeres en política, se utiliza información personal sobre ellas y se tergiversan los datos. Pero en el caso de Márquez hubo un verdadero discurso de odio racializado. Se dijeron cosas horribles sobre ella, tanto por su historia personal y su pasado como mujer muy pobre, como por ser una mujer negra. Se escucharon los peores chistes racistas y misóginos.
Colombia necesita una profunda reflexión sobre cómo construimos la identidad del otro y sobre cómo reconocernos como un país pluricultural. Cali es la segunda ciudad con mayor población afrodescendiente del continente, y todo el Pacífico colombiano está repleto de población afro e indígena. Pero hay un racismo sistémico que se hizo muy evidente en la campaña.
En su mayoría, los medios de comunicación tradicionales han hecho mucho mal ya que se hicieron eco del discurso de odio. Una semana antes de la segunda vuelta, por ejemplo, la Revista Semana sacó una portada sensacionalista que preguntaba quién sería electo, si el ingeniero o el exguerrillero. El exguerrillero también es economista, pero allí no se trataba de las profesiones de los candidatos, sino de un mensaje atemorizante. En los últimos meses de campaña Petro debió desmentir muchísimas cosas, mientras Hernández se escondió y se negó a participar en debates.
Así, se nos quiso vender la idea de que estábamos “entre la espada y la pared” y debíamos escoger al candidato “menos peor”. Se montó una narrativa pública que decía que como aquí la élite política no estaba representada, toda la oferta disponible era simplemente mala.
¿Qué tipo de electorado se volcó hacia cada uno de estos candidatos?
Existe una superposición bastante cercana entre la Colombia que votó “no” en el plebiscito sobre los acuerdos de paz, la Colombia que en el pasado eligió a Duque, y la Colombia que ahora votó por Hernández. Es una ciudadanía culturalmente conservadora, que teme al cambio, se ha identificado con élites políticas tradicionales y a la que no han sabido hablarle los procesos de paz y los progresismos políticos. Los votantes de Hernández en las grandes ciudades y otras zonas del país temen a procesos de inclusión de poblaciones vulnerables y casi no incluyen sectores indígenas o afro. De hecho, en los corredores con más población indígena del país ganó Petro con números sin precedentes.
La Colombia que votó “sí” en el plebiscito coincide con la Colombia que votó por Petro. Se trata de la Colombia de “los márgenes”, que reúne las regiones menos desarrolladas del país. Las grandes ciudades, excepto Medellín, también votaron por Petro. Se trata de una ciudadanía urbana, a la que Márquez define como ciudadanía “de los nadies y las nadies”. La gente que voto a Petro es en gran medida una ciudadanía frustrada, que ha sido afectada como ninguna otra por la corrupción, que no forma parte las élites políticas, y que ha sido históricamente relegada en términos de desarrollo. Son personas tienen poco, que con Petro ven una promesa de mejora. Anteriores candidatos no les habían ofrecido soluciones ciertas a sus problemas, ni siquiera la posibilidad de sentirse involucrados.
El país está dividido, pero esta no es una división nueva. Los gobiernos pasados no han logrado conciliar las diferencias. Tenemos dos Colombias, con una polarización inmensa: en las elecciones con mayor participación en los últimos 20 años, Petro ganó por apenas 800.000 votos. Eso significa que hay 10 millones de personas que se oponen a los 11 millones de Petro. Petro deberá saber hablarles a estas dos facetas de Colombia y hacer que la Colombia que no lo votó no se sienta relegada.
¿Qué expectativas o temores genera el resultado en la sociedad civil?
Gane quien gane, nuestro trabajo como sociedad civil siempre sigue siendo el mismo. Pero en lo personal, viendo lo que ocurrió cuando Petro fue alcalde de Bogotá, temo que el revanchismo pueda obstaculizar el avance del gobierno. La polarización, el discurso de odio y la manipulación de la institucionalidad pueden tener efectos muy graves. También provoca temor la posible reacción de los mercados ante un gobierno de izquierda.
También está el hecho de que Petro es una persona muy pasional, y muchas veces no se comunica de la mejor manera posible; tanto su campaña como la de Hernández atacaron a la prensa cuando les fue crítica. La prensa tiene un rol fundamental, y esto puede ser muy fastidioso para cualquier gobierno, pero es indispensable que tenga garantías suficientes para hacer su labor. Hay temor de que Petro pueda ser muy hostil con la prensa crítica de su gobierno.
A las organizaciones que, como RedLad, hacemos incidencia internacional, nos preocupa cómo se posicionará Petro frente a las izquierdas del continente. Actualmente América Latina tiene una izquierda que genera mucha esperanza, que propone cambios, y que es distinta a la izquierda tradicional; esta es la izquierda de Boric en Chile. Pero también está la izquierda de Andrés Manuel López Obrador en México, por no hablar de las izquierdas de Cuba, Nicaragua y Venezuela, que han generado graves crisis de espacio cívico. Creo que Petro está en algún lugar en el medio, y enfrenta el dilema de cómo alinearse. Creo que debe alinearse a una izquierda más propositiva y amigable con el desarrollo.
A pesar de que el partido de Petro, Pacto Histórico, obtuvo buena representación en las elecciones legislativas de marzo de 2022, las transformaciones que ha puesto sobre la mesa son bastante amplias y profundas, y para tener éxito necesitarán un gran acuerdo político, algo que es complejo en Colombia. Si no se logra, la ciudadanía que votó por Petro y sus promesas se vería frustrada. Será interesante ver cómo este gobierno, elegido bajo la bandera de las movilizaciones de 2019, responderá a la ciudadanía si se moviliza nuevamente.
Para que la gran expectativa generada en la ciudadanía no decaiga, el gobierno de Petro deberá marcar algunas victorias tempranas en relación con el avance del proceso de paz y la disminución de asesinatos de líderes sociales. Espero que Petro avance en los compromisos internacionales, que el espacio cívico no se siga reduciendo sino que se amplíe, y que se garanticen las libertades de manifestación y expresión.
El espacio cívico en Colombia es calificado como “represivo” por elCIVICUS Monitor.
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