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GUATEMALA: “El acoso judicial y la persecución penal tienen efectos desgastantes”
En el Día Mundial de la Libertad de Prensa CIVICUS conversa con Carlos Ernesto Choc, un periodista maya Q’eqchi’ con casi dos décadas de trayectoria, acerca de la criminalización del periodismo y los medios en Guatemala.¿En qué condiciones trabajan los periodistas en Guatemala?
Las condiciones para el ejercicio periodístico en Guatemala son bastante difíciles. Enfrentamos la persecución penal del Ministerio Público y amenazas que provienen de diversos actores, incluidos funcionarios públicos que enfrentan cuestionamientos o son investigados por los periodistas. Las campañas de difamación contra periodistas también son muy graves.
Internet y las redes sociales están plagadas de trols que mandan mensajes amedrentadores y difamatorios. Desprestigian el trabajo periodístico y luego las agresiones vienen naturalmente. Éstas llegan a provenir incluso del Estado, y en particular de agencias de seguridad pública. La Policía Nacional Civil agrede a los medios y a los periodistas tanto en el contexto de manifestaciones como en otros momentos y lugares en que no quieren que se transmita lo que ocurre para preservar la impunidad por delitos o violaciones de derechos perpetradas en los territorios.
Desde 2015 a la fecha las agresiones contra la prensa no han hecho más que escalar. Ahora ya no solamente te persiguen penalmente, te acosan judicialmente, te amenazan, intimidan y difaman, sino que también te encarcelan. Para hacerlo, te imputan delitos que se usan para combatir al crimen organizado, tales como el de asociación ilícita, como es mi caso, o lavado de dinero, como en el caso de mi colega Rubén Zamora. O sea, nos acusan como criminales y nos procesan penalmente con acusaciones de estar vinculados con el crimen organizado, de liderar invasiones de tierra o de instigación a delinquir. Son claramente acusaciones fabricadas, por lo que se trata de detenciones ilegales, sin sustento. No tienen cómo probar sus acusaciones, pero mientras tanto uno es sometido a largos procesos penales.
Si bien todos los y las periodistas estamos vulnerados ahorita en este país, somos particularmente vulnerables quienes investigamos el tema de la agresión al medio ambiente, las violaciones de derechos humanos y temas vinculados con el narcotráfico y la corrupción. Son temas realmente complicados y hay quienes los investigan desde el anonimato porque muchos han sido asesinados – el más reciente, Eduardo Mendizabal, hace poco más de un mes.
La situación se complica cada día más y ha habido periodistas comunitarios que han optado por emigrar y dejar de ejercer la labor periodística. Es triste ver a los colegas que se van yendo, y bajo el actual gobierno son cada vez más. Yo mismo no me veo en el exilio, pero lo considero una opción de última instancia.
¿En qué situación te encuentras tras el proceso de criminalización que has experimentado?
El mío ha sido un caso de persecución penal con el que han intentado censurarme. Comenzó en 2017 cuando investigaba la contaminación del lago de Izabal. Estaba documentando las protestas de pescadores contra la minería y capté el momento exacto en que un manifestante era asesinado por disparos de la Policía Nacional Civil. La acusación en mi contra vino de la empresa minera, una compañía de capital ruso basada en Suiza, Solway Investment Group. En agosto de 2017 tuve una orden de captura. Una audiencia tras otra fueron suspendidas y mi primera declaración fue escuchada en enero de 2019, cuando me dieron una medida sustitutiva.
Cuanto tienes medida sustitutiva de prisión estás libre bajo ciertas condiciones: quedas atado a la obligación de firmar un libro en el Ministerio Público cada 30 días y tienes prohibido estar en ningún sitio donde se vendan bebidas alcohólicas, entre otras cosas. La fuerza pública, la policía, las autoridades están pendientes de donde estés y esperan que cometas algún incumplimiento para poder procesarte. Yo veo a estas medidas sustitutivas como formas de castigo que implican restricciones y limitaciones a tu derecho tanto de informar como de ser informado.
En enero de 2022 tuve otro proceso penal, acusado por la Policía Nacional Civil de instigar a la violencia durante una protesta de comunidades indígenas en Izabal contra la mina a cielo abierto en activo más grande del país, de la Compañía Guatemalteca de Níquel, subsidiaria de Solway. Trece agentes de policía me acusaron de haberlos agredido físicamente a ellos, cuando todo lo que yo hacía era documentar el momento en que las fuerzas de seguridad reprimían a los pobladores con gas lacrimógeno. Desde entonces ya no pude ejercer mi trabajo como periodista, ni desplazarme libremente, hasta que mis abogados lograron probar frente al juez que realmente soy un periodista y no un criminal. En septiembre se levantaron los cargos en mi contra. Ha sido muy agotador: el acoso judicial y la persecución penal tienen efectos desgastantes.
¿Qué estrategias han adoptado para poder seguir trabajando?
Las estrategias para romper la censura se renuevan día a día, y están muy centradas en la seguridad no solamente física sino también digital, y en particular en la seguridad de los archivos. También es muy importante la articulación local, nacional e internacional entre las y los periodistas y los medios alternativos e independientes.
Estas articulaciones han hecho posibles trabajos como Sangre Verde, publicado en 2019, y Secretos Mineros, publicado en 2022. Ambos fueron liderados por Forbidden Stories, una organización con sede en Francia que apoya la publicación del trabajo de periodistas que enfrentan en sus países amenazas, criminalización y violencia. El primero fue el resultado de una investigación realizada en tres países de tres continentes: Guatemala, India y Tanzania, y analiza las tácticas de la industria minera para criminalizar a quienes se oponen a sus prácticas y obstaculizar el trabajo periodístico. La segunda surgió de la filtración de una enorme cantidad de archivos internos de Solway sobre el funcionamiento de su proyecto minero Fénix en Izabal. Un consorcio de 20 medios de 15 países del mundo hizo una investigación con información corroborada por 65 periodistas, incluido el equipo de Prensa Comunitaria que yo integraba.
De lo que se trata es de encontrar la forma de seguir haciendo el trabajo que uno está haciendo. Igual que muchos otros, yo hago periodismo por pasión y por convicción. No espero un premio o un reconocimiento internacional: sé que lo que estoy haciendo va a ayudar mucho a mi comunidad y a la sociedad en general. Considero que visibilizar el daño al medio ambiente y las violaciones de derechos humanos es muy importante.
¿Qué tipo de apoyos reciben actualmente periodistas y medios comunitarios de Guatemala, y qué apoyos adicionales necesitarían?
Recibimos apoyo sobre todo bajo la forma de acompañamiento: acompañamiento jurídico, acompañamiento de organizaciones de derechos humanos y acompañamiento de la propia comunidad y de las autoridades comunitarias que respaldan nuestro trabajo.
Esto es muy importante, pero hay mucho más por hacer. Una de las situaciones que experimentamos los y los periodistas criminalizados o en situación de riesgo es la dificultad para sobrevivir económicamente y mantener a nuestras familias, por lo que es importante el apoyo económico. Lo mismo pasa con el apoyo en materia de salud, porque hay momentos en que por las situaciones que vives, el cuerpo ya no te responde. Finalmente, es importante la provisión de espacios de intercambio con otros colegas periodistas. Ayuda mucho conocer las experiencias de otros.
El espacio cívico en Guatemala es calificado como “represivo” por elCIVICUS Monitor.
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GUATEMALA: “Estas elecciones son clave porque nos dan la posibilidad de optar por un rumbo distinto”
CIVICUS conversa con Jordán Rodas Andrade acerca de las elecciones generales de Guatemala – en las cuales un candidato que trae promesas de reforma inesperadamente pasó a la segunda vuelta – y de las perspectivas de apertura del espacio cívico y cambio democrático.Jordán Rodas es abogado especialista en garantías constitucionales y derechos fundamentales, transparencia y lucha contra la corrupción. Además de ser docente universitario, en 2015 fue electo vicepresidente del Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala y entre 2017 y 2022 fue Procurador de los Derechos Humanos de Guatemala. En el ejercicio de esta función fue repetidamente criminalizado y amenazado, como consecuencia de lo cual ha debido exiliarse.
¿Cómo ha evolucionado en los últimos tiempos la situación del espacio cívico en Guatemala?
En los últimos años ha habido un deterioro muy preocupante del espacio cívico en Guatemala, que se agudizó bajo el gobierno del actual presidente, Alejandro Giammattei. Su antecesor, Jimmy Morales, un comediante devenido presidente, dejó instaladas muy malas prácticas, pero éstas llegaron a niveles extremos con Giammattei.
En los últimos años, muchas personas defensoras de derechos humanos y de derechos de la tierra, periodistas y defensores de justicia tuvimos que salir de nuestro país, obligados por un clima hostil de persecución y criminalización. Este cierre de espacios y la ausencia de una prensa independiente han sido caldo fértil para el avance de un régimen autoritario. Estas elecciones son clave porque nos dan a las y los guatemaltecos la posibilidad de optar por un rumbo distinto por el bien del país.
¿Qué fue lo que le ha llevado a exiliarse?
En mis cinco años como procurador fui criminalizado con 18 procesos de antejuicio, todos los cuales fueron rechazados. Es desgastante tener que defenderte constantemente de tal sucesión de causas espurias. Luego tuve ocho solicitudes de remoción por parte de congresistas, además de una agobiante asfixia financiera.
Sobre todo, he sido testigo del debilitamiento de la justicia. Muchos debieron tomar la difícil decisión de irse del país para salvar su vida, su libertad o su integridad. Entre ellos se cuentan Juan Francisco Sandoval, ex responsable de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI), Erika Aifán, una jueza independiente, el juez Miguel Ángel Gálvez y muchos otros que de una u otra manera tocábamos fibras del poder político y económico.
No es casual que detrás de la persecución contra operadores de justicia y periodistas se encuentre con frecuencia la Fundación contra el Terrorismo, dirigida por el empresario Ricardo Méndez Ruiz, que ha sido señalado por el gobierno de Estados Unidos por actos de corrupción y contra las instituciones democráticas. Esta organización fue querellante en el proceso penal contra Virginia Laparra, ex fiscal de la FECI en Quetzaltenango, que guarda prisión desde hace más de un año y que no debería haber sido detenida por denunciar casos de corrupción de un juez. Denunciar no es un delito en ninguna parte del mundo.
La misma organización persiguió penalmente a José Rubén Zamora, el fundador de elPeriódico, uno de los principales críticos del gobierno que durante años ha denunciado la corrupción. Zamora fue recientemente condenado a seis años de cárcel por varios supuestos delitos, incluido el de lavado de dinero. Ha sido un mensaje muy grave contra la libertad de prensa: la prensa independiente ha tenido que autocensurarse y pese a eso seguir dando la batalla.
Yo todavía estaba en Guatemala cuando Zamora fue capturado, y entonces decidí tomar distancia. Me fui en agosto pero regresé en diciembre, por tierra, para participar en la asamblea del Movimiento de la Liberación de los Pueblos (MLP), que nos proclamó a Thelma Cabrera, una mujer indígena Maya Mam, y a mí como su binomio presidencial. Hace cuatro años el MLP quedó en cuarto lugar, pero ante el hartazgo social frente a la corrupción y gracias a su apertura al pueblo mestizo pienso que ahora contaba con altas posibilidades de entrar a la segunda vuelta.
Pero mi sucesor en la procuraduría presentó una denuncia espuria en mi contra a raíz de la cual bloquearon nuestra fórmula presidencial. Se negaron sistemáticamente a darme información sobre el contenido de la denuncia. O sea que solamente la utilizaron para dejarme fuera de competencia. Desde entonces he continuado la lucha desde el exilio. No será lo que uno quiere, pero es lo que toca.
¿Cuáles tendrían que ser las condiciones para que usted decidiera regresar a Guatemala?
Justamente lo platicaba la semana pasada a raíz de una reunión de trabajo con el Estado Guatemalteco mediada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Yo he sido beneficiario de una medida cautelar de la CIDH desde 2017. Estas medidas establecen que el Estado tiene la obligación de velar y garantizar la vida, la integridad, la seguridad y la libertad, cosa que en mi caso el Estado de Guatemala no ha cumplido. Para regresar quisiera tener ciertas condiciones mínimas: que el Estado no me persiga ni me criminalice.
Actualmente hay dos denuncias en mi contra, una presentada por la Procuraduría de Derechos Humanos y otra presentada por la Contraloría General de Cuentas. No tengo conocimiento oficial de cuáles son las acusaciones porque no tengo los documentos; los tengo pedidos por acceso de información. Pero parece ser que es porque en mi declaración patrimonial puse que había entregado el cargo el 20 de agosto, que es cuando terminaba el periodo constitucional, pero me fui del país el día 18 dejando designada a la procuradora adjunta como lo indica la ley. Es decir, no habría ninguna falsedad ni delito. Este caso está bajo reserva y he pedido al Estado, como muestra de buena voluntad, que no prorrogue esta reserva, sino que me entregue copia de la denuncia para poder defenderme, y que garantice mi vida y mi seguridad, así como la de mi familia que está en Guatemala.
¿Ha fracasado la lucha contra la corrupción en Guatemala?
La lucha contra la corrupción no ha fracasado, pero sí se ha detenido como resultado de una estrategia muy bien pensada de la alianza corrupta entre funcionarios políticos y actores del sector privado.
Sin embargo, hoy más que nunca tengo la esperanza de que aprendamos las lecciones dolorosas y positivas de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), que creo que tiene más luces que sombras. Espero que a partir de ese aprendizaje podamos, más pronto que tarde, retomar la lucha contra la corrupción.
El acompañamiento internacional seguirá siendo indispensable porque nuestro sistema de justicia es muy poroso, está permeado por el crimen organizado y carece de institucionalidad. Tres de los nueve magistrados de la Corte Suprema de Justicia y varios otros jueces y funcionarios judiciales están en la Lista Engel del Departamento de Estado de Estados Unidos, que incluye a personas que han cometido actos de corrupción o han participado en acciones para socavar la democracia de sus países. Tenemos miembros del Tribunal Supremo Electoral que están acusados de falsificar sus títulos de doctorado para ser electos y un Procurador de Derechos Humanos que fue el responsable de derechos humanos de Giammattei en el sistema penitenciario en la época en que puso en marcha la “Operación Pavo Real”, un operativo policial que resultó en masacre y le costó a Giammattei diez meses de cárcel (pero también lo proyectó hacia la presidencia). De ahí la confianza entre estos dos funcionarios.
Pero es evidente que la gente está cansada de todo esto y lo demostró en las urnas el 25 de junio, cuando se dijo no al regreso al pasado y sí a una propuesta que lanza un mensaje de esperanza para la lucha contra la corrupción. Así lo ha dicho el candidato que representa esa esperanza, Bernardo Arévalo, que contra todo pronóstico pasó a la segunda vuelta.
¿Considera que estas elecciones han sido libres y competitivas?
La elección presidencial no ha sido libre y competitiva, porque unas elecciones limpias no solamente requieren que no haya fraude el día de la votación, sino también que de una serie de elementos durante todo el proceso desde el momento de la convocatoria a elecciones. Ello ocurrió el 20 de enero, y el día 27 el Estado nos cerró la puerta e impidió nuestra participación. No solamente violó nuestro derecho a presentarnos a la elección sino que también restringió el derecho de la ciudadanía a tener todo el abanico de opciones.
En reacción a esta exclusión Thelma Cabrera llamó al voto nulo, y la matemática no miente. Ganó el voto nulo, con 17%, más que la candidata más votada, Sandra Torres, que sacó alrededor del 15%. El hartazgo de la población está bien claro.
La inequidad de la competencia también se manifestó en el manejo de los recursos públicos por parte del partido oficial y en la relación extremadamente cercana del gobierno con algunos magistrados del Tribunal Supremo Electoral.
Pero el hecho de que Bernardo Arévalo lograra entrar a la segunda vuelta es, junto al voto nulo, el voto en blanco y la abstención, una muestra de enorme rechazo al sistema. Tengo muchas expectativas en la segunda vuelta, en la que espero que la población guatemalteca tenga una participación masiva y aproveche esta oportunidad de escoger un futuro mejor.
¿Qué tendría que hacer el nuevo gobierno de Guatemala para devolver al país al camino de la democracia?
Ante todo, el mensaje anticorrupción debe ir acompañado de acciones concretas. La venganza contra los operadores de justicia debe cesar, debe reponerse el estado de derecho y se debe garantizar la libertad de la prensa independiente.
El nuevo presidente debería formar un gabinete incluyente de sectores progresistas. Debería convocar a partidos políticos, fuerzas sociales y movimientos de los pueblos originarios para hacer en conjunto una propuesta que garantice políticas públicas que beneficien a los más necesitados.
El nuevo gobierno debería desmarcarse totalmente de las malas prácticas del pasado y tener mucho cuidado con la tentación del poder. Debe prevalecer su responsabilidad para con quienes han depositado en él su confianza. Habrá tentaciones en el camino, por lo que es fundamental que apueste por gente ética, capaz, y coherente con los valores que proyectó en la competencia electoral, en la que la gente los votó por reconocerlos ante todo como un partido honesto. Seguramente Bernardo es el más interesado en honrar el legado de su padre, el expresidente Juan José Arévalo. Su gobierno podría llegar a ser un tercer gobierno de la revolución, retomando y mejorando las grandes conquistas obtenidas en esa primavera democrática de entre 1944 y 1955.
El espacio cívico en Guatemala es calificado como “represivo” por elCIVICUS Monitor.
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