La alianza global de la sociedad civil CIVICUS expresa su grave preocupación por el proyecto de ley de "Agentes Extranjeros" propuesto por el gobierno de El Salvador, que daría al ejecutivo amplios poderes para reprimir a la sociedad civil y a los medios de comunicación independientes.
Si se aprueba, la ley limitaría las actividades legítimas de las organizaciones y los individuos que reciben financiación o apoyo del extranjero. Les obligaría a registrarse como "agente extranjero" en el Ministerio del Interior y les impondría un impuesto del 40% sobre algunas financiaciones internacionales. El proyecto de ley, que se espera que sea aprobado esta semana por la Asamblea Legislativa, controlada por Nuevas Ideas, prohíbe en términos generales que las organizaciones realicen actividades "con fines políticos o de otro tipo, con la intención de alterar el orden público o poner en peligro la seguridad nacional o la estabilidad social o política del país". También permite cancelar la personalidad jurídica de las organizaciones que incumplan sus disposiciones y puede acarrear penas de prisión para los "agentes extranjeros" que "alteren el orden público", términos que suelen utilizarse para referirse a la participación y organización de protestas. La aprobación de esta legislación supondría un duro golpe para las libertades fundamentales de las personas salvadoreñas, al recortar el espacio de la sociedad civil.
En países como Nicaragua y Rusia se aplicaron leyes similares que asociaban a estos actores con acusaciones de injerencia extranjera. Estas leyes, introducidas en nombre de una mayor rendición de cuentas, se utilizaron posteriormente para cerrar organizaciones y perseguir a quienes criticaban al gobierno. Así pues, instamos a los legisladores y a las autoridades públicas a que archiven este proyecto de ley y promuevan un entorno propicio para la sociedad civil, entre otras cosas mediante leyes que aumenten realmente la transparencia del sector. También instamos a las autoridades públicas a que se abstengan de hacer declaraciones difamatorias contra las personas que defienden los derechos humanos y los actores de la sociedad civil.
“Este proyecto de "Ley de Agentes Extranjeros" introduce requisitos que podrían ser utilizados de forma discrecional por las autoridades públicas para controlar y limitar la labor de la sociedad civil y la prensa. El uso indebido de esta legislación supondría un grave retroceso para los derechos humanos. Pedimos al gobierno de El Salvador que se asegure de que todas las leyes y políticas que regulan la sociedad civil garantizan los derechos a la libertad de asociación, de reunión y de expresión”, ha declarado Débora Leão, investigadora para las Américas de CIVICUS Monitor.
También nos preocupan los intentos de socavar la independencia judicial y la separación de poderes en El Salvador, en particular con la destitución del fiscal general y de cinco magistrados de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema. Este contexto hace que la amenaza a la sociedad civil y a los medios de comunicación sea aún más preocupante, ya que revela un esfuerzo coordinado para eliminar los controles sobre el ejecutivo y silenciar a los actores clave que exigen rendición de cuentas a los gobernantes.
Antecedentes
El presidente Nayib Bukele llegó al poder en junio de 2019, tras presentarse como un candidato externo a la política. Fue criticado por su autoritarismo en la toma de decisiones y se topó con cierta resistencia tanto en la Asamblea Legislativa como en el sistema judicial al intentar aplicar políticas controvertidas que afectaban a los derechos humanos. Sin embargo, el apoyo público al gobierno se mantuvo alto y los aliados de Bukele obtuvieron una supermayoría en el poder legislativo en febrero de 2021. A esto le siguió un rápido debilitamiento de la separación de poderes: los legisladores recién elegidos sustituyeron a cinco jueces en la Sala Constitucional del Tribunal Supremo, que a su vez publicaron una resolución que permitía su reelección consecutiva, previamente prohibida por la Constitución. Desde entonces, la sociedad civil ha quedado excluida de la participación en el proceso legislativo y los aliados del gobierno han tratado de introducir cambios legales regresivos.
El CIVICUS Monitor, la plataforma en línea que hace el seguimiento de las amenazas a la sociedad civil en países de todo el mundo, califica el espacio cívico - el espacio para la sociedad civil – en El Salvador como obstruido.