- El Parlamento ha cancelado el registro legal de nueve organizaciones de la sociedad civil (OSC)
- La medida se produce después de que algunas de las OSC participaron en audiencias sobre violaciones de derechos humanos en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos
- El cierre de las OSC llega en un momento de graves ataques contra las libertades fundamentales en Nicaragua
- Los grupos de la sociedad civil global expresan su preocupación de que más OSC nicaragüenses puedan ser atacadas
La alianza Mundial para la participación ciudadana, CIVICUS, ha condenado la cancelación de la personalidad jurídica de nueve organizaciones de la sociedad civil en Nicaragua como una afrenta al derecho a la libertad de asociación. Se considera que la medida para cerrar las organizaciones es una represalia por la participación de algunas de esas organizaciones en las audiencias sobre el deterioro de la situación de los derechos humanos en Nicaragua en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
El 12 de diciembre, el parlamento de Nicaragua votó para cancelar el registro legal de la organización de derechos humanos, Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (CENIDH). Al día siguiente, votaron nuevamente para cancelar el registro de cinco organizaciones más, entre ellas el Instituto de liderazgo las Segovias (ILLS), el Instituto para el Desarrollo de la Democracia (IPADE), la Fundación del Río, el Centro de Investigación de la Comunicación (CINCO) y la Fundación Popol Na.
Apenas una semana antes, el CENIDH había sido parte de una delegación de organizaciones de derechos humanos que participaron en una audiencia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos con información sobre el impacto social de las violaciones de derechos humanos en curso. Los participantes en la Audiencia pidieron al gobierno que deje de reprimir violentamente las protestas pacíficas y atacar a las voces críticas.
"Después de utilizar la violencia para atacar a los manifestantes pacíficos, el gobierno de Nicaragua ahora extiende su represión a las organizaciones de la sociedad civil debido a su percepción de que han criticado públicamente las violaciones de derechos humanos cometidas desde el inicio de las protestas en abril de 2018", dijo Natalia Gómez, de CIVICUS.
Las restricciones a las libertades fundamentales en Nicaragua aumentaron sustancialmente en abril, cuando el gobierno dispersó violentamente las manifestaciones contra los cambios en el sistema de seguridad social del país. Desde entonces, más de 300 personas han sido asesinadas y más de 600 siguen detenidas. El gobierno ahora está apuntando a las OSC que denuncian estas violaciones de derechos humanos. Ana Quiroz, directora de una de las organizaciones y costarricense de nacimiento que había vivido y trabajado en Nicaragua durante más de 40 años, fue despojada de la nacionalidad nicaragüense y deportada.
Poco antes de que se cancelara el registro del CENIDH, la policía rechazó su solicitud de realizar una marcha pacífica en conmemoración del 70 aniversario de la adopción de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. En ese momento CENIDH canceló la marcha expreso que acudirían a las autoridades judiciales para solicitar la protección de sus derechos.
“El derecho de asociación está garantizado en la constitución de Nicaragua y debe ser respetado en todo momento. En lugar de dirigirse a grupos de la sociedad civil, el gobierno de Nicaragua debería crear un entorno propicio para la sociedad civil y buscar formas de atender las necesidades de sus ciudadanos", continuó Gómez.
CIVICUS ha pedido a las autoridades nicaragüenses que reviertan la cancelación de la inscripción de todas las organizaciones de la sociedad civil, que respeten el derecho de asociación y reunión y que liberen a todos los detenidos por participar en protestas pacíficas.
En septiembre, el Monitor CIVICUS, una plataforma en línea que rastrea las amenazas a la sociedad civil en países de todo el mundo, rebajó su calificación del espacio cívico en de "reducido" a "represivo". Nicaragua también está en la lista de vigilancia de la plataforma de los países que han visto un aumento repentino y alarmante de las restricciones en el espacio civil.
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