Libertad de asociación
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ARGENTINA: “La ciudadanía debe poder participar en discusiones informadas sobre los temas que la afectan”
CIVICUS conversa con Mariela Belski, directora ejecutiva de Amnistía Internacional Argentina, acerca de los potenciales efectos en materia de derechos humanos de las reformas introducidas por el gobierno de Javier Milei. Fundada en 1961, Amnistía Internacional es la organización internacional de derechos humanos más grande del mundo.¿Cuáles son las principales medidas que ha tomado el gobierno de Javier Milei, y cuáles son los problemas que plantean?
Ni bien tomó posesión del cargo, el Presidente Milei emitió un decreto de necesidad y urgencia (DNU) para legislar sobre una gran cantidad de cuestiones que afectarán la vida de los argentinos. Aunque la Constitución Nacional establece que el presidente solamente puede dictar decretos cuando circunstancias excepcionales no permitan seguir los trámites legislativos ordinarios, el uso de decretos ha sido constante en las últimas décadas. La novedad en este caso reside en la cantidad y magnitud de los cambios que incluye el DNU, en contraste con los argumentos de emergencia enunciados por el Poder Ejecutivo.
Además, el gobierno envió al Congreso la llamada “ley ómnibus”, que incluye temas que no entraron en el DNU, tales como reformas fiscales. Aunque también es justificada con argumentos relativos al contexto de emergencia e inestabilidad económica, el proyecto de ley avanza en temas que exceden por mucho dicha emergencia.
Muchos de los cambios incluidos en el DNU y la Ley Ómnibus encienden alertas por la afectación de derechos en temas como salud, vivienda, empleo y libertad de expresión y reunión. A contramano de las normas internacionales en materia de derechos, por la vía de la desregulación y la retirada del Estado ambas normas impactarán negativamente sobre la capacidad de las personas de acceder a sus derechos.
Por ejemplo, las empresas de medicina prepaga podrán aumentar sus cuotas sin restricciones, y de hecho ya lo están haciendo. Si hay reclamos sobre el servicio, el Estado no impondrá sanciones. También se desregularán los precios de los medicamentos.
En materia laboral, se introducen una serie de medidas regresivas vinculadas a las indemnizaciones, el pago de las horas extras y la extensión del período de prueba, entre otras cosas. Las medidas cautelares concedidas por la justicia para frenar la implementación de estos cambios beneficiaron solamente a determinados sectores.
En relación con el tema de la vivienda, el DNU deroga la ley de alquileres y deja los plazos contractuales, montos y moneda de cobro de los alquileres librados a la negociación entre propietarios e inquilinos, permitiendo al propietario imponer las condiciones que desee.
El proyecto de ley, por su parte, propone que la actualización de las jubilaciones deje de regirse por una fórmula fijada por ley y quede en cambio a criterio del Poder Ejecutivo.
La ley ómnibus también concibe a la protesta como un delito en vez de un derecho de participación y expresión de disenso. Establece, por ejemplo, la obligatoriedad de notificar toda reunión o manifestación pública de tres o más personas. Aunque se afirmó que se daría marcha atrás con esta medida, esto aún no ha ocurrido. Además, la ley crea la figura del “organizador” para poder identificar y eventualmente sancionar a quienes lideren manifestaciones.
En materia de seguridad, el proyecto de ley amplía los casos en que se entiende que un agente policial actúa en legítima defensa, debilitando los estándares de responsabilidad policial diseñados para evitar abusos. Teniendo en cuenta los elevados índices de brutalidad policial de Argentina, esto va a contramano de las intervenciones que se necesitan.
El medio ambiente también se verá perjudicado por el DNU, que modifica la ley de bosques para permitir más desmonte, la ley de glaciares para habilitar mayor actividad minera y la ley de fuego para permitir más quema. Estas disposiciones ponen en riesgo los recursos naturales y podrían agravar la crisis climática en Argentina.
En lo que respecta a las políticas de género, tanto el proyecto de ley como el DNU eliminan toda referencia a la diversidad y el género. En particular, el proyecto de ley ómnibus introduce reformas a la llamada “ley de mil días”, aprobada junto a la ley de interrupción voluntaria del embarazo para apoyar a quienes deciden llevar adelante la gestación.
La instrumentalización de la emergencia económica para avasallar la autonomía de las mujeres, pensando en ellas exclusivamente como madres e incorporando figuras como la del “niño por nacer” revela el intento de introducir una fuerte regresión en materia de derechos sexuales y reproductivos. En un país donde cada año mueren más de 300 mujeres víctimas de violencia, la verdadera emergencia debería ser diseñar políticas efectivas contra la violencia de género.
¿Cómo afecta el nuevo protocolo “antipiquetes” a la libertad de expresión y el derecho a la protesta?
Desde Amnistía Internacional consideramos que el Protocolo para el mantenimiento del orden público ante el corte de vías de circulación fija pautas de actuación policial y estatal que vulneran las libertades de reunión, asociación y expresión. Las atribuciones para la intervención de los agentes policiales y de seguridad no respetan los estándares internacionales sobre el uso de la fuerza y corren el riesgo de intensificar la violencia y el conflicto social, poniendo en peligro la vida y la integridad física de las personas.
El protocolo debe compatibilizar los objetivos de establecer el “orden público” y la “libre circulación” con las obligaciones del Estado en materia de respeto y protección de la integridad física de las personas y el derecho a las libertades de expresión y de reunión, protegidos por la Constitución Nacional y los instrumentos internacionales de derechos humanos. Tanto el protocolo como la ley ómnibus buscan criminalizar a quienes se manifiesten e imponer sanciones, incluidas de carácter pecuniario, que en la práctica podrían hacer desaparecer a colectivos y organizaciones.
El sistema normativo de Argentina no establece orden de prioridad entre derechos: el libre tránsito no está por sobre el derecho a la protesta, ni viceversa. De ahí que la prohibición de las manifestaciones a causa de la posible perturbación de la libre circulación contradice las normas internas.
El Estado argentino debe cumplir sus obligaciones internacionales en materia de derechos humanos, y específicamente en materia de derecho de protesta, libertades de expresión, asociación y reunión y uso de la fuerza por parte de sus agentes policiales y de seguridad.
¿Considera que estas medidas, y la forma en que están siendo tomadas, representan un peligro para la democracia?
En Amnistía Internacional nos preocupa que se pretenda aprobar un proyecto de ley que impactará sobre un sinnúmero de aspectos centrales de la vida de las personas a contrarreloj y en sesiones extraordinarias.
En apenas tres semanas el Poder Ejecutivo ha propuesto, a través del DNU y la ley ómnibus, un cambio masivo en legislaciones y regulaciones que fueron parte de la construcción de consensos de los últimos 40 años. La esencia de la democracia radica en la posibilidad de que la ciudadanía participe en discusiones informadas sobre los temas que la afectan. La vertiginosa discusión de estas políticas plantea serias dudas sobre la integridad del proceso deliberativo.
El contexto de crisis económica y social de Argentina exige encarar reformas profundas. La pobreza supera el 40% y los desorbitados índices de inflación exigen un cambio de rumbo. Sin embargo, estas reformas deben hacerse dentro del marco de las instituciones y de la Constitución Nacional.
La ley ómnibus pretende una delegación de facultades en el Ejecutivo de dimensiones nunca vistas, en todas las esferas. Además, establece que las normas que se dicten en el ejercicio de esta delegación serán permanentes, excepto cuando la naturaleza de la medida determine su carácter transitorio y así lo disponga de forma expresa.
El Congreso debería llevar a cabo este proceso de manera adecuada, siguiendo los principios establecidos en nuestra constitución. Decisiones que afecten tan significativamente la vida de la gente no deben tomarse de manera apresurada, sino mediante el debate público y los procedimientos establecidos.
¿Qué iniciativas está desarrollando Amnistía Internacional en relación con estos temas?
En relación con el protocolo para el mantenimiento del orden público hemos presentado un análisis con aportes y comentarios basados en los estándares nacionales e internacionales. Nuestro objetivo es contribuir a la construcción de políticas públicas respetuosas de los derechos de las personas.
Respecto del DNU y la ley ómnibus, estamos organizando reuniones con funcionarios y colegas de diversas áreas para analizar en conjunto las leyes y evaluar pasos a seguir.
Por último, estamos preparando un documento de análisis de los primeros 100 días del gobierno de Milei desde una perspectiva de derechos humanos. En la misma sintonía, estaremos monitoreando muy de cerca al Congreso.
El espacio cívico en Argentina es calificado como “estrecho” por elCIVICUS Monitor.
Póngase en contacto con Amnistía Internacional Argentina a través de susitio web o sus cuentas deFacebook, Instagram, TikTok o Twitter, y contáctese con Mariela Belski a través de sus cuentas deInstagram oLinkedIn.
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El gobierno cierra organizaciones de la sociedad civil como parte de la campaña de represión en curso en Nicaragua
- El Parlamento ha cancelado el registro legal de nueve organizaciones de la sociedad civil (OSC)
- La medida se produce después de que algunas de las OSC participaron en audiencias sobre violaciones de derechos humanos en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos
- El cierre de las OSC llega en un momento de graves ataques contra las libertades fundamentales en Nicaragua
- Los grupos de la sociedad civil global expresan su preocupación de que más OSC nicaragüenses puedan ser atacadas
La alianza Mundial para la participación ciudadana, CIVICUS, ha condenado la cancelación de la personalidad jurídica de nueve organizaciones de la sociedad civil en Nicaragua como una afrenta al derecho a la libertad de asociación. Se considera que la medida para cerrar las organizaciones es una represalia por la participación de algunas de esas organizaciones en las audiencias sobre el deterioro de la situación de los derechos humanos en Nicaragua en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
El 12 de diciembre, el parlamento de Nicaragua votó para cancelar el registro legal de la organización de derechos humanos, Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (CENIDH). Al día siguiente, votaron nuevamente para cancelar el registro de cinco organizaciones más, entre ellas el Instituto de liderazgo las Segovias (ILLS), el Instituto para el Desarrollo de la Democracia (IPADE), la Fundación del Río, el Centro de Investigación de la Comunicación (CINCO) y la Fundación Popol Na.
Apenas una semana antes, el CENIDH había sido parte de una delegación de organizaciones de derechos humanos que participaron en una audiencia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos con información sobre el impacto social de las violaciones de derechos humanos en curso. Los participantes en la Audiencia pidieron al gobierno que deje de reprimir violentamente las protestas pacíficas y atacar a las voces críticas.
"Después de utilizar la violencia para atacar a los manifestantes pacíficos, el gobierno de Nicaragua ahora extiende su represión a las organizaciones de la sociedad civil debido a su percepción de que han criticado públicamente las violaciones de derechos humanos cometidas desde el inicio de las protestas en abril de 2018", dijo Natalia Gómez, de CIVICUS.
Las restricciones a las libertades fundamentales en Nicaragua aumentaron sustancialmente en abril, cuando el gobierno dispersó violentamente las manifestaciones contra los cambios en el sistema de seguridad social del país. Desde entonces, más de 300 personas han sido asesinadas y más de 600 siguen detenidas. El gobierno ahora está apuntando a las OSC que denuncian estas violaciones de derechos humanos. Ana Quiroz, directora de una de las organizaciones y costarricense de nacimiento que había vivido y trabajado en Nicaragua durante más de 40 años, fue despojada de la nacionalidad nicaragüense y deportada.
Poco antes de que se cancelara el registro del CENIDH, la policía rechazó su solicitud de realizar una marcha pacífica en conmemoración del 70 aniversario de la adopción de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. En ese momento CENIDH canceló la marcha expreso que acudirían a las autoridades judiciales para solicitar la protección de sus derechos.
“El derecho de asociación está garantizado en la constitución de Nicaragua y debe ser respetado en todo momento. En lugar de dirigirse a grupos de la sociedad civil, el gobierno de Nicaragua debería crear un entorno propicio para la sociedad civil y buscar formas de atender las necesidades de sus ciudadanos", continuó Gómez.
CIVICUS ha pedido a las autoridades nicaragüenses que reviertan la cancelación de la inscripción de todas las organizaciones de la sociedad civil, que respeten el derecho de asociación y reunión y que liberen a todos los detenidos por participar en protestas pacíficas.
En septiembre, el Monitor CIVICUS, una plataforma en línea que rastrea las amenazas a la sociedad civil en países de todo el mundo, rebajó su calificación del espacio cívico en de "reducido" a "represivo". Nicaragua también está en la lista de vigilancia de la plataforma de los países que han visto un aumento repentino y alarmante de las restricciones en el espacio civil.
Para más información por favor contacte a:
Para entrevistas por favor contacte al centro de Prensa de CIVICUS aquí.
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MÉXICO: “La sociedad civil es un muro de contención de las malas prácticas de los gobiernos”
CIVICUS conversa con Carlos G. Guerrero Orozco, abogado mexicano y cofundador y presidente de Derechos Humanos y Litigio Estratégico Mexicano (DLM México), acerca de una reciente victoria de la sociedad civil mexicana en defensa del espacio cívico.DLM México es una organización de la sociedad civil (OSC) que promueve los derechos humanos y el fortalecimiento del Estado de derecho en México mediante la provisión de asesoramiento en casos de litigio estratégico y la promoción de la rendición de cuentas.
¿Qué restricciones experimenta la sociedad civil en México, y cómo trabaja para preservar el espacio cívico?
Históricamente la sociedad civil mexicana ha sido un muro de contención de las malas prácticas de los gobiernos. Por desempeñar este rol, que puede resultar incómodo para las autoridades, se ha hecho acreedora de restricciones, particularmente relativas a la denegación de reconocimiento legal de las organizaciones y de sus funciones.
El Estado ha reaccionado frente a la labor de la sociedad civil limitando su capacidad para actuar en su rol de monitor, contralor y contrapeso. En el terreno legal, ha buscado acotar su capacidad para emprender procesos legales y generar rendición de cuentas. Una forma de hacerlo ha sido mediante el desconocimiento del “interés legítimo” que permite a las OSC iniciar juicios de amparo y otros procedimientos, para proteger derechos.
En la legislación mexicana, las OSC que establecen en su razón social la defensa de los derechos humanos de ciertos grupos como los niños y niñas, las comunidades indígenas, las víctimas de violencia de género, las víctimas de la corrupción o de una mala administración pública, o las personas privadas de su libertad pueden acreditar interés legítimo por afectación en virtud de su especial situación frente a un ordenamiento jurídico.
DLM México justamente provee asesoramiento a organizaciones civiles, colectivos, grupos de ciudadanos, comités de participación ciudadana y personas defensoras de derechos humanos involucradas en casos de litigio estratégico para dotarles de herramientas que les permitan fortalecer sus capacidades en juicio y superar todo obstáculo que se les presente en relación con la demostración de su interés legítimo en el caso.
Otra forma de restringir a la sociedad civil es poner a las autoridades de las OSC bajo la mira y considerarlas penalmente responsables por acciones realizadas en el marco de su trabajo. Esto fue lo que ocurrió con una reciente reforma del Código Penal de la Ciudad de México, cuyo artículo 256 equiparó a los directores de OSC con funcionarios públicos e incluso especificó que los servidores públicos – y por lo tanto también los directores de OSC – podrían ser responsables de delitos de corrupción. Al incluir a directores y administradores de OSC en la definición de “servidores públicos”, les extendió la responsabilidad penal propia de los servidores públicos.
En particular resultaba preocupante la redacción amplia e imprecisa de la definición del delito de corrupción como la conducta de quien “realice o deje de llevar a cabo lo que la ley le impone cumplir o se abstenga de realizar lo que le prohíbe, para obtener un beneficio indebido de cualquier naturaleza, inclusive económica, para sí o en favor de un tercero”. Eso sin duda abría las puertas a la arbitrariedad.
La publicación de la reforma al Código Penal generó molestia en diversos sectores, y en particular en la sociedad civil, que emitió un comunicado conjunto expresando su preocupación.
DLM México presentó una solicitud ante la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México para que ejerciera su facultad de impugnar leyes que se consideren inconstitucionales. Días después la Comisión de Derechos Humanos presentó una acción de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
¿Cómo se resolvió el caso, y cuáles piensas que serán sus impactos?
Este mes la Suprema Corte invalidó el artículo 256 por considerarlo inconstitucional.
La Corte estableció que, de acuerdo con el artículo 108 de la Constitución, no es permisible ampliar la definición de servidor público a personas que no desempeñen un cargo dentro de la estructura del Estado. Asimismo, consideró que la clasificación de los directores y administradores de OSC como funcionarios públicos era potencialmente perjudicial para sus derechos y libertades por generar consecuencias penales indebidas para personas particulares. Aclaró que el hecho de que reciban fondos públicos no justifica la extensión de las penas aplicables a los servidores públicos a particulares que administran OSC.
Esta decisión salvaguarda los derechos de los directivos de OSC y garantiza que puedan continuar su labor sin temor a repercusiones penales injustas.
Aunque el caso se enfocó en la legislación de la ciudad de México, el fallo pone freno a las intenciones que pudieran tener otras entidades federativas de incluir en su legislación sanciones en contra de directores y funcionarios de OSC por las actividades que llevan a cabo, utilizadas para acallar las voces de la sociedad civil. Esto es particularmente relevante en un país en el que la procuración de justicia no es sólida ni independiente.
La decisión de la Corte es testimonio del poder de la incidencia de la sociedad civil y de la importancia de proteger el espacio cívico. Es un recordatorio de nuestra capacidad colectiva para desafiar y anular las leyes que amenazan nuestras libertades democráticas.
¿Qué otros temas relativos al Estado de derecho y las libertades democráticas ocupan la agenda de la sociedad civil?
Desafortunadamente en esta administración ha habido varios frentes que tanto la sociedad civil como el sector privado han tenido que atender. El presidente y los militantes de su partido han tenido un discurso agresivo hacia la sociedad civil, abiertamente restrictivo del espacio cívico, hostil a la independencia judicial y los órganos autónomos. El gobierno ha restringido el acceso a la información pública, le ha restado importancia a la protección de datos personales, ha socavado el Sistema Nacional Anticorrupción y ha minimizado la crisis que atraviesa México en relación con el tema de las desapariciones forzadas a manos del crimen organizado.
La agenda de DLM México se ha enfocado en fortalecer el Sistema Nacional Anticorrupción atendiendo la problemática de la falta de denuncia de actos de corrupción, reclamando registro y transparencia en materia de beneficiarios finales de las empresas, y capacitando a funcionarios y funcionarias para ponerlos en mejores condiciones de investigar actos de corrupción en temas civiles y administrativos.
La reacción defensiva de la sociedad civil ante la erosión institucional y el deterioro de la división de poderes se observó recientemente en las calles, cuando mucha gente se movilizó en la Ciudad de México y en otras ciudades del país en la llamada “Marcha por la Democracia”. A pocas semanas del comienzo de la campaña para las elecciones presidenciales de junio, la ciudadanía se movilizó contra los ataques del gobierno contra el Instituto Nacional Electoral, en defensa de la independencia del Poder Judicial y de los órganos autónomos, y contra la incidencia indebida del presidente en la competencia electoral y sus actitudes polarizantes.
Si bien no faltaron actores políticos de oposición que intentaron sacar réditos políticos de la movilización, se trató básicamente de una reacción defensiva de la sociedad civil frente a los abusos gubernamentales. Antes de marchar, los manifestantes presentaron un decálogo de peticiones concretas. Sin embargo, lejos de dar alguna respuesta, el gobierno no ha hecho otra cosa que radicalizar todavía más sus posiciones.
Afortunadamente todavía quedan instituciones sólidas en el país, así como actores privados y sociales fuertes e interesados en temas públicos. Ello atempera los riesgos que corre nuestra democracia más allá de cuál sea el partido político cuyo candidato o candidata gane las elecciones presidenciales.
El espacio cívico en México es calificado como “represivo” por elCIVICUS Monitor.
Póngase en contacto con DLM México a través de susitio web y siga a@DLM_Mx en Twitter y a@dlmx en LinkedIn.
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No puede haber desarrollo sostenible sin respeto de los derechos humanos
- La sociedad civil internacional pide a los gobiernos que sitúen los derechos humanos en el centro de las cuestiones de desarrollo
- Los Estados que no vinculan el desarrollo sostenible con la legislación para restringir las libertades de la sociedad civil son contrarios al espíritu de la Agenda 2030
- Los gobiernos deben abrir canales de comunicación con los grupos de la sociedad civil para convertirlos en socios al mismo nivel para implementar los Objetivos de Desarrollo Sostenible
Los grupos de la sociedad civil de todo el mundo contribuyen de manera significativa al desarrollo, por ello, los Objetivos de Desarrollo Sostenible no pueden alcanzarse plenamente si continúan los ataques contra la sociedad civil y contra las personas que defienden los derechos humanos.
Este es el claro mensaje que han enviado representantes de las organizaciones de la sociedad civil de todo el mundo. En mayo de 2019, más de 60 representantes de la sociedad civil de 25 países se reunieron en Johannesburgo, Sudáfrica, para discutir las implicaciones que tienen para el desarrollo sostenible las restricciones de la libertad de reunión y asociación. Estas reflexiones de la reunión de Johannesburgo son compartidas por muchos otros grupos en todo el mundo.
Como adelanto y preparación para el Foro Político de Alto Nivel (HLPF) -la plataforma central de las Naciones Unidas para el seguimiento y la revisión del Programa 2030 para el Desarrollo Sostenible y los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS)- que se celebrará del 9 al 18 de julio en Nueva York, los representantes de la sociedad civil abajo firmantes hacen un llamamiento a los gobiernos para que sitúen los derechos humanos en el centro de las cuestiones de desarrollo.
El HLPF 2019 se celebra en un momento en que los ataques hacia los representantes de la sociedad civil han alcanzado proporciones alarmantes. Los informes revelan que la sociedad civil está siendo gravemente atacada en 111 países, incluidos los que van a presentar avances para alcanzar los Objetivos de Desarrollo del Milenio, como parte del Examen Nacional Voluntario (VNR), con un aumento de los casos de asesinatos de defensores de los derechos humanos que ejercen su derecho a reunirse de manera pacífica.
Al analizar la relación entre la libertad de reunión y asociación, el desarrollo socioeconómico y los derechos humanos, los participantes en la reunión de Johannesburgo expresaron su profunda preocupación por las frecuentes agresiones que sufren por parte de agentes estatales y no estatales, y por el alto nivel de impunidad de que gozan los autores de esos actos.
Como representantes de la sociedad civil, observamos con preocupación que nuestros gobiernos hacen una distinción entre los derechos humanos y el desarrollo, considerando a menudo a los activistas y líderes comunitarios que participan en actividades de derechos humanos como perturbadores y distantes de las cuestiones de desarrollo. De hecho, las autoridades los han acusado de tener tendencias contrarias al desarrollo, mientras que los actores de la sociedad civil tienen interés en el progreso de la sociedad y son socios de pleno derecho para el desarrollo.
Esta brecha a menudo significa que los gobiernos ejercen demasiado control sobre los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), que trabajan en connivencia con actores no estatales, incluyendo empresas privadas, para implementar su estrategia y alcanzar los ODS, pero que a menudo ignoran los puntos de vista de la sociedad civil cuando lanzan proyectos de desarrollo. Si bien la mayoría de los defensores de los derechos humanos son el blanco de sus campañas, los que defienden los derechos sobre la tierra, el medio ambiente y los derechos de los indígenas son los más afectados y, por lo tanto, los que tienen más probabilidades de ser silenciados.
Pocos días antes de que el HLPF diera comienzo, dos defensores de los derechos humanos -Ryan Hubilla y Nelly Bagasala del grupo filipino de derechos humanos Karapatan- fueron brutalmente asesinados por ejercer su trabajo. Previamente a los asesinatos, el personal de Karapatan había estado sometido a vigilancia por parte de militares y policía.
En el HLPF se analizarán seis de los ODS, incluidos los que tienen por objeto promover la reducción de las desigualdades dentro de los países y entre ellos, la lucha contra el cambio climático, la educación inclusiva, equitativa y de calidad, y el acceso a la justicia para las instituciones inclusivas y responsables. Las cuestiones que se abordarán estos días están desafortunadamente en el centro de las constantes restricciones y represalias que ejercen los agentes estatales y no estatales.
Sólo en 2019, fueron reprimidas de manera violenta las manifestaciones pacíficas contra el aumento del coste de la vida y las crecientes desigualdades en Sudán, Zimbabue, Nicaragua y Venezuela; se bloquearon las manifestaciones estudiantiles en Liberia; y se reprimieron de manera violenta las manifestaciones que tuvieron lugar en Camerún contra los procesos judiciales deficientes. En Rusia, el 12 de junio de 2019, 530 manifestantes fueron arrestados y detenidos tras exigir responsabilidades por el arresto, detención y liberación arbitrarios del periodista Ivan Golunov.
En América Latina y el Caribe han aumentado los ataques, el hostigamiento y la persecución de los defensores de los derechos ambientales. En Colombia, por ejemplo, las fuerzas paramilitares siguen atacando a activistas que trabajan por el derecho a la tierra, el medio ambiente y los derechos indígenas, y algunos, como Robinson López, han sido asesinados. Estos son sólo algunos de los ejemplos del verdadero malestar político en muchas partes del mundo, que tiene consecuencias muy graves para las personas afectadas.
Los Estados a menudo tienen una visión muy limitada del desarrollo, en los casos en que lo ven como la construcción de infraestructura y la explotación de los recursos naturales. En esas situaciones se dirigen específicamente a aquellos que expresan su preocupación por la falta de consulta a las comunidades, sobre los proyectos de infraestructura o el impacto en el medio ambiente, cuando las empresas anteponen los beneficios a los intereses de la comunidad mediante la explotación de los recursos naturales. Del mismo modo, los gobiernos tampoco relacionan el desarrollo sostenible con el uso de leyes restrictivas que socavan el trabajo de la sociedad civil de diversas maneras no democráticas.
El Foro de Alto Nivel sobre Políticas de Desarrollo es una oportunidad para invertir estas tendencias, ya que pone de relieve la complementariedad y la interdependencia entre estos actores asociados para el desarrollo. El tema de 2019 "Empoderar a las personas y garantizar la inclusión y la igualdad" reafirma el principio de las responsabilidades comunes pero diferenciadas y de las capacidades respectivas (CBDR-RC) en un momento en que está claro que los gobiernos no pueden alcanzar los ODS por sí solos. Por lo tanto, debemos insistir en que no puede haber desarrollo significativo sin derechos humanos. Los grupos de la sociedad civil que trabajan en diferentes esferas temáticas hacen contribuciones importantes al desarrollo y los Objetivos de Desarrollo del Milenio no pueden alcanzarse plenamente si los ataques contra la sociedad civil y las personas que defienden los derechos humanos continúan impunes. Los legisladores deben entender que los defensores de los derechos humanos no se oponen al gobierno, sino que más bien apoyan y aplican las leyes que no violan los derechos humanos.
Siete defensores de los derechos humanos que trabajan en cuestiones como el desarrollo económico, el desarrollo comunitario, las iniciativas de lucha contra la corrupción y los derechos de las mujeres y las niñas viven actualmente en Zimbabue bajo estrictas condiciones de libertad bajo fianza, tras haber sido detenidos a su regreso de Maldivas por participar en un taller formativo.
La libertad de reunión y asociación es crucial para el trabajo de todos los grupos de la sociedad civil, incluidas las asociaciones formales e informales, y permite a personas de diversos orígenes colaborar de manera efectiva. Aunque los gobiernos a veces cambian para mejor, y no siempre aplican plenamente las leyes restrictivas, es esencial que estas leyes represivas sean modificadas para asegurar el pleno ejercicio de los derechos fundamentales en todo momento.
En vista de estas restricciones, instamos a los Estados a:
- Modificar y/o derogar las leyes y reglamentos restrictivos que afectan a la sociedad civil, así como a las libertades de asociación y reunión y garantizar que cumplan con las normas internacionales de derechos humanos;
- Firmar, ratificar o adherirsea acuerdos que protejan a los defensores de derechos humanos y les garanticen un entorno propicio para sus realizar sus actividades;
- Poner fin a la práctica de atacar a los defensores de los derechos humanos, activistas comunitarios y otros representantes de la sociedad civil, abstenerse de ponerles etiquetas falsas y garantizar que, como cualquier otro ciudadano, sus derechos sean respetados y protegidos;
- Establecer canales de comunicación entre el Estado y la sociedad civil sobre la implementación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible para que la sociedad civil sea considerada y tratada como un socio de pleno derecho en la consecución de los mismos;
- Asegurar que los derechos humanos a todos los niveles estén en el centro de todas las iniciativas de desarrollo y asegurar sociedades pacíficas e inclusivas, el acceso a la justicia y a instituciones responsables y la reducción de las desigualdades.
Firmantes:
- A Common Future
- Action Foundation Common Initiative Group
- Action pour le Developpement
- AgriBiz Home
- ASSAUVET/NGO
- Action for Improvement of Food child and Mother (AFICM)
- Alliance for Community Action
- Asian Forum for Human Rights and Development (FORUM-ASIA)
- AfriYAN
- Association of citizens PLANT
- AL-Shafaa Organisation
- ANSA-EAP
- Agency for Peoples Empowerment, Sierra Leone, Limited (APEM SL LTD)
- Act Mara Diocese – Mugumu Safe House
- Adolescents Initiatives Support Organization (AISO)
- ADD International
- Action Aid
- Action for Rural Aid Empowerment
- Actions for Democracy and Local Governance (ADLG)
- Active Women Foundation
- Agape Aids Control Program
- Ahadi Forum Tanzania (AFTA)
- Arusha Non-Governmental Organisation Network (ANGONET)
- ARUWE
- Association for Non-Governmental Organisation Zanzibar (ANGOZA)
- Association of Rare Blood Donor (ARBD)
- Balkan Civil Society Development Network
- Business and Human Rights Tanzania (BHRT)
- Biharamulo Community FM Radio (BCFM)
- Biharamulo NGOs Network Forum
- Biharamulo Originating Social Economic Development Association (BOSEDA)
- Biharamulo Social Economic Development Association (BISEDEA)
- BINGOS FORUM
- Civic Initiatives
- Centre for Peace and Justice
- Civil Society Development Foundation
- COSADER- Collectif des ONG pour la Sécurité Alimentaire et le Développent Rural
- Community Centre for Integrated Development
- Consortium of Ethiopian Rights Organizations (CERO)
- CIVICUS, World Alliance for Citizen Participation
- Centre for the Study of Violence and Reconciliation (CSVR)
- Centre for Community Regeneration and Development (CCREAD-Cameroon)
- Centre for Financial Inclusion and Sustainable Development (CenFISD)
- Children's Assurance Program Sierra Leone (CAP-SL)
- Centre for Social Policy Development
- Caricuao Propone
- Center for Agrarian Reform and Rural Development
- Concerned Citizens of Abra for Good Government, Inc.(CCAGG)
- CODE-NGO
- Centre of Youth Dialogue (CYD)
- Civic and Legal Aid Organization (CILAO)
- CSYM HUDUMA*the Christian Spiritual Youth Ministry
- Collaboration for Development and Humanitarian Action Inc
- CESOPE
- CHIFU KIMWELI FOOTBALL CLUB
- Child Watch
- Children Dignity Forum
- Christian Education and Development Organisation (CEDO)
- Civic and Legal Aid Organisations
- Community Development Initiatives Support Organisation (COSIDO)
- Community Focus Tanzania
- Community for Educators and Legal Assistance
- Community Support Initiatives-Tanzania
- Crisis Resolving Centre
- C-SEMA
- CWCA
- Discourage Youths from Encourages Poverty
- Derecho, Ambiente, y Recursos Naturales
- David Chanyeghea-New Age Foundation
- Dawning Hope
- Dignity Kwanza Community Solutions
- Door of Hope to Women and Youth in Tanzania
- DUNGONET (NGO’S NETWORK FOR DODOMA)
- Economic Empowerment and Human Rights Sierra Leone (EEHRSL)
- Education and English for You
- Empower Society, Transform Lives (ESTL)
- Equality for Growth
- Fundamental human Rights & Rural Development Association FHRRDA
- Faidika Aidika Wote Pamoja (FAWOPA)
- FAWETZ
- FICOFAWE WOMEN EMPOWERMENT
- FIDELIS Yunde-Youth Movement for Change
- Free Mind Foundation
- Fondation Lucienne SALLA
- Global Vision
- GEARS Initiative
- Gidion Kaino Mandesi Dolased
- Girls Education Support Initiatives
- GIYEDO
- Gospel Communication Network of Tanzania
- Growth Dimensions Africa
- Global youth clan Sierra Leone chapter
- GLOBAL MEDIA FOUNDATION
- Glow Movement, South Africa
- Global Vision
- HURISA
- HuMENA for Human Rights and Sustainable Development
- Human rights Center Memorial and OVD-Info
- HakaConnect.org
- HAKI CATALYST
- HAKI ELIMU
- HAKI MADINI
- HAKI RASILIMALI
- HAKI ARDHI
- Happy Children Tanzania Organisation
- HILDA S. DADU-PHLI
- HIMS ARUSHA
- Human Rights National Association of Educators for World Peace
- Humanity Aid for Development Organisation
- HURUMA Organisation
- Initiative for Good Governance and Transparence in Tanzania (IGT)
- IHAN (International Humanitarian Activists Network) / JAKI (Jaringan Aktivis Kemanusiaan Internasional)
- Initiative Africaine Pour le Developpement Durable
- International Center for Environmental Education and Community Development (ICENECDEV)
- INTRAC
- ISDO RWANDA
- ISRAEL ILUNDE –YPC
- Just Fair
- JAMII Media Limited
- John Seka-Seka and Associates Advocates
- JUKWAA LA KATIBA TANZANIA
- JUMA KAPIPI
- Jumuiya Ya Kuelimisha Athari Za Madawa Ya Kulevya Ukimwi Na Mimba Katika Mdogo (JUKAMKUM)
- JUMUIYA YA KUELIMISHA ATHARI ZA MADAWA YA KULEVYA UKIMWI NA MIMBA KATIKA UMRI MDOGO (JUKAMKUM)
- JUMUIYA YA KUENDELEZA UFUGAJI NYUKI NA UHIFADHI MAZINGIRA (JUKUNUM)
- JUMUIYA YA KULINDA NA KUTETEA HAKI ZA WANAWAKE NA WATOTO MKOANI (JUKUWAM)
- JUMUIYA YA KUTETEA HAKI ZA WANAWAKE NA WATOTO SHRHIYA YA OLE (JUKUHAWA),
- JUMUIYA YA MAENDELEO YA ELIMU KWA WATOTO PEMBA (JUMAEWAPE)
- JUMUIYA YA MAENDELEO YA ELIMU KWA WATOTO PEMBA (JUMAEWAPE),
- JUMUIYA YA MAENDELEO YA WAVUVI WA KOJANI (KOFDO)
- JUMUIYA YA MAENDELEO ZIWANI (JUMAJZI)
- JUMUIYA YA OWEDE
- JUMUIYA YA TUMAINI JIPYA PEMBA(TUJIPE)
- JUMUIYA YA TUSISHINDWE DEVELOPMENT ORGANISATION PEMBA (TUDOPE)
- JUMUIYA YA WASAIDIZI WA SHERIA PEMBA (JUWASPE)
- KARAPATAN
- Kagera Human Rights Defenders and Legal Aid Support Organisation
- Kabataang Gabay sa Positibong Pamumuhay (KGPP) Inc.,
- Kadesh International
- Khpal Kore Organization
- KUTAFITI-The Social Science Centre for African Development
- KARENY MASASI
- Kigoma Paralegal Aid Centre (KIPACE)
- Kigoma Ujiji Non-Governmental Organisation Network (KIUNGONET)
- Kigoma Women Development
- KIKUNDI CHA USHINDI
- KIWOHEDE
- KOK Foundation
- Lawyers for Human Rights
- LARETOK-LE-SHERIA NA HAKI ZA BINADAMU NGORONGORO (LASHEHABINGO)
- Legal and Human Rights Centre (LHRC)
- Lindi Regional Press Club (LRPC)
- Lindi Women Paralegal Aid Centre (LIWOPAC)
- Liwale FARMERS Association (LIFA)
- Migrant workers Association of Lesotho (MWA-Ls)
- Monna ka Khomo (Lesotho Herd boys Ass.)
- My Future Matters
- Manyara Early Childhood Development Network
- Mauritius Council of Social Service (MACOSS)
- Media Education Centre
- Magata Primary Cooperative Society
- Manyara Regional Civil Society Network (MACSNET)
- Mapambano Centre for Children
- MAWAZO DANIEL-NYDT
- Mbeya Hope for Orphans
- Mbeya Paralegal Aid Centre (MBEPACE)
- MBEYA WOMEN
- MCHOMORO AIDS COMBAT GROUP
- Media Association for Indigenous and Pastoralist Communities
- Media Support Tanzania
- MICHAEL REUBEN NTIBIKEMA-ELIMU MWANGAZA TANZANIA
- MICHEWENI ISLAMIC DEVELOPMENT ENVIRONMENTAL CONSERVATION AND AIDS CONTROL(MIDECAC)
- MIKONO YETU CENTRE FOR CREATIVITY AND INNOVATION (MIKONO YETU)
- Morogoro Paralegal Centre (MPLC)
- MSICHANA INITIATIVES
- Mtwara NGOs Network (MTWANGONET)
- Mtwara Paralegal Centre
- MTWARA YOUTH ANTI AIDS GROUP
- MUKEMBA GROUP MAENDELEO
- MUSSA JUMA-MISA TANZANIA
- MWANAMKE NA UONGOZI
- National Council of NGOS (NACONGO)
- NNATIONAL Union of Mine and Energy Workers of Tanzania (NUMET)
- NEEMA KITUNDU-FAWETZ
- NETWO
- New Family Organisation
- New Hope Winners Foundation (NHNWF)
- NGUVUMALI Community Development of Environment
- NICAS NIBENGO- BASE FOR EDUCATION DISSEMINATION
- NOMADIC PASTORALIST DEVELOPMENT ORGANIZATION(NOPADEO)
- NTABYMA
- NYAKITONTO YOUTH FOR DEVELOPMENT TANZANIA
- Nelson Nohashi Ministry
- New Horizon Global
- NGO World and Danube
- ONG Les BA TISSEURS
- Outreach Social Care Project, Democratic Republic of Congo (DRC)
- Open Mind Tanzania
- Organisation for Rural Self-Help Initiatives (ORSHI)
- Plant Protection and Regulatory Services Directorate
- Population and Development Society
- PEN Kenya
- PAMOJA DAIMA (PADA)
- Paralegal Primary Justice (PPJ)
- Peace Relief Organisation (PRO)
- PEMBA Association for Civil Society Organisation (PASCO)
- PEMBA EAST ZONE ENVIROMENT ASSOCIATION (PEZEA)
- PEMBA ISLAND RELIEF ORGANIZATION (PIRO)
- PEMCO
- Peoples Development Forum (PDF)
- Peoples Health Movement Tanzania (PHM)
- PINGOS FORUM
- Policy Curiosity Society
- Poverty Alleviation in Tanga (POVATA)
- Promotion and Women Development Association (POWDA)
- PROSPERUS HEALTH LIFE INITIATIVES
- PWAAT
- RAFIKI Social Development Organisation
- REHEMA JOSPHEPH-CENTA
- Resource Advocacy Initiative (RAI)
- RIEFP
- ROWODO
- RUANGWA Organisation for Poverty Alleviation (ROPA)
- Rural Woman Development Initiative (RUWODI)
- Rainbow Pride Foundation
- Recycle Up!
- RESEAU DES JEUNES POUR LE DEVELOPPEMENT ET LE LEADERSHIP AU TCHAD, Chad
- RESPECT CAMEROON
- Salum Mbaruok
- Sikhula Sonke Early Childhood Development
- SPEDYA-Africa
- Street Youth Connection Sierra Leone (SYC-SL)
- Sujag sansar orgnaition
- Sustainable Social Development Organization (SSDO)
- SADELINE HEALTH CARE TRUST
- Safe Space for Children and Youth Women Tanzania (SSCYWT)
- SAHRiNGON
- SAKALE Development Foundation
- SAUTI YA HAKI TANZANIA
- SAUTI YA WANAWAKE UKELEWE
- Save the Mother and Children of Central Tanzania (SMCCT)
- SAWABI BIHARAMULO
- Service Health and Development for People
- SHALOM OPHARNAGE CARE CENTER
- SHAMILA MSHANGAMA
- SHIMAWAMI
- SHIRIKA LA BINADAMU NANDANGALA
- SHIVYAWATA
- SHUKURU PAUL-HRC
- SOPHIA KOMBA-CAGBV
- SORF DODOMA
- Sports Development Aid Lindi
- Trade Union Congress of Swaziland (TUCOSWA)
- The Tahrir Institute for Middle East Policy
- The Maldivian Democracy Network
- Tai Tanzania
- Tanzania Agricultural Modernization Association (TAMA)
- Tanzania Development Trust
- TEACH
- The Need Today
- The Youth Voice Of SA
- Tim Africa Aid Ghana
- Transparence_RD Congo
- Trio Uganda, United Kingdom
- TUKELAKANG ENTETE FOUNDATION / YAYASAN TUKELAKANG ENTETE
- Trag Foundation
- TAMHA Paralegal Aid
- TANDAHIMBA Women Association
- TANGA Paralegal Aid
- TANGIABLE INITIATIVES FOR LOCAL DEVELOPMENT TANZANIA
- Tanzania Association of NGOs (TANGO)
- Tanzania Centre for Research for Research and Information on Pastoralism (TCRIP)
- Tanzania Citizen Information Bureau
- Tanzania Hone Economic Association (TAHEA) BIHARAMULO
- Tanzania Human Rights Defenders Coalition (THRDC)
- Tanzania Legal Knowledge and Aid Centre
- Tanzania media Woman’s Association (TAMWA)
- Tanzania Media Women’s Association
- Tanzania Network for Legal Providers (TANLAP)
- Tanzania Network of Women Living with HIV and AIDS (TNW+)
- TANZANIA Pastoralist Community Forum (TPCF)
- Tanzania Peace Legal Aid and Justice
- Tanzania Tobacco Control Forum
- Tanzania Widows Association (TAWIA)
- Tanzania Women Empowerment in Action (TAWEA)
- Tanzania Women Teachers Association
- Tanzania Youth Potential Association
- TAWASANET
- TAWEDO
- TAWLA
- TECDEN
- TEN/MET
- TGNP MTANDAO
- The African for Civil Society (TACS)
- The African Institute for Comparative and International Law (AICIL)
- The Development for Accountability in Tanzania
- The Foundation of Human Health and Social Development (HUHESO)
- The Life Hood Children and Development Society (LICHIDE)
- The Organisation of Journalists Against Drug Abuse and Crimes in Tanzania (OJADACT)
- The Voice of the Marginalised Community
- TNRF
- Tree of Hope
- TUNDURU PARALEGAL CENTRE (TUPACE)
- TUPACE
- TUSHIRIKI
- TUWAANDAE WATOTO
- TYVA
- Union for Promotion / Protection, Human Rights Defense and the Environment-UPDDHE/GL Democratic Republic of Congo (DRC)
- UNODC, Canada
- UMMY NDERIANANGAB-SHIVYAWATA
- UMOJA WA VIKUNDI VYA UZALISHAJI MALI NA UELIMISHAJI RIKA MAGU (UVUUMA)
- UMOJA WA WAWEZESHAJI KIOO
- Under the Same Sun (UTSS)
- UTPC
- UTTI MWANGA’MBA-CWCA
- UVINZA NGOS NETWORK (UNON)
- Volunteer Activists
- VIJANA ASSEMBLY
- Vital Projection Limited
- Voice of the Voiceless
- Volunteer for Youth in Health and Development (VOYOHEDE)
- Victoria Quade, New Zealand
- Women for Social Progress, Mongolia
- WAHAMAZA
- WAJIBU Institute of Accountability
- WALIO KATIKA MAPAMBANO NA AIDS TANZANIA(WAMATA)
- WASOMI VOICE FOUNDATION
- WGNRR AFRICA
- Widows and Orphaned Development Organisation
- WILDAF
- WOFATA
- WOMEN ACTION TOWARDS ENTRP.DEVELOPMENT
- WOMEN DIGNITY
- Women Legal Aid Centre (WLAC)
- Women Life Foundation
- Women Wake-Up (WOWAP)
- Women’s Promotion Centre (WPC)
- Women’s Empowerment in Action
- WOTE INITIATIVES
- WOTE SAWA YOUTH DOMESTIC WORKERS
- WOVUCTA
- Youth Against Aids Poverty
- Young League Pakistan, Pakistan
- Youth Africa and Peace Democratic Republic of Congo (DRC)
- YOUTH ASSOCIATION OF SIERRA LEONE, Sierra Leone
- Youth Harvest Foundation Ghana
- Youth Partnership for Peace and Development, Sierra Leone
- AND ONE
- ZAFELA
- ZAHRA SALEHE-ICCAO
- ZAITUNI NJIVU- ZAINA FOUNDATION
- Zanzibar Aids Association and Support for Orphans (ZASO)
- Zanzibar Association for Children Advancement (ZACA)
- Zanzibar Children Rights Forum
- Zanzibar Fighting Against Youth Challenges Organization (ZAFAYCO)
- Zanzibar Legal Service Center