CIVICUS conversa acerca de la reforma de los códigos Penal y de las Familias cubanos y de las reacciones del régimen a las grandes protestas de 2021 con Marta María Ramírez, periodista y feminista autónoma cubana.
Foto de María Lucía Expósito
¿Cuál es tu balance de la reciente reforma del Código Penal cubano?
La reforma del Código Penal no se entiende sin referencia a las protestas del año pasado. El argumento que se dio para justificar la reforma refirió a la reforma de la constitución: una vez actualizada la constitución en 2019, era necesario hacer esta reforma. Pero ya el proceso constitucional resultó engañoso: uno pensaría que una actualización constitucional es algo positivo, pero en Cuba no necesariamente es así. El proceso de reforma constitucional ya de por sí fue complicado: se hizo el ritual de la consulta pero fue básicamente impuesta. Y en términos de sustancia, la nueva constitución contiene muchos elementos cuestionables, que son los que debieran haberse reformado, pero se trasladaron intactos de la vieja constitución.
Por ejemplo, si bien la nueva constitución reconoce la existencia del mercado, continúa declarando que el sistema vigente es el de la economía socialista y subraya el carácter “irrevocable” del socialismo. El sistema de partido único continúa intacto, con el Partido Comunista Cubano reconocido como “la fuerza política dirigente superior de la sociedad y del Estado” en función de “su carácter democrático y la permanente vinculación con el pueblo”.
Dicho esto, otras libertades que la Constitución también reconoce se vacían de sentido. Por ejemplo, la Constitución reconoce “los derechos de reunión, manifestación y asociación, con fines lícitos y pacíficos, […] siempre que se ejerzan con respeto al orden público y el acatamiento a las preceptivas establecidas en la ley” – la misma ley que establece que la única pertenencia política legítima es al Partido Comunista Cubano.
Lo mismo ocurre con la libertad de expresión y creación artística, reconocida si se ejerce “conforme a los principios humanistas en que se sustenta la política cultural del Estado y los valores de la sociedad socialista”, o sea, solo si se expresa aquiescencia, pero no si se expresa un pensamiento crítico.
Pero en función de esta reforma se sostuvo que se debía actualizar el resto del marco legal, incluidos el Código Penal y el Código de las Familias. En el caso del Código de las Familias, esto era realmente necesario, porque no se actualizaba desde 1975 y estaba totalmente desajustado en relación con la realidad de la sociedad actual. La reforma del Código Penal también se justificó por la necesidad de “modernizar” la legislación y codificar delitos que el anterior, que databa de 1987, no reconocía, como los delitos ambientales, la cibercriminalidad y la violencia de género. Pero desde mi perspectiva, esta reforma solo se entiende en referencia a las protestas de julio del año pasado y sus antecesoras: las del 11 de mayo de 2019, el 27 de noviembre de 2020 y el 27 de enero de 2021.
Con el objeto de proteger al régimen del disenso, todas las tácticas que utiliza el activismo han sido transformadas en delitos de desorden público y contra la seguridad del Estado y se penaliza la financiación extranjera de organizaciones de sociedad civil y medios de comunicación. Así se busca ahogar a los medios disidentes, porque ¿cómo se va a financiar en Cuba un medio que no esté alineado con el Estado?
También se han endurecido las penas para varios delitos. La pena de muerte no solamente no se ha eliminado, sino que se ha agregado para algunos delitos más. La edad de imputabilidad es de las más bajas del mundo ¿Qué clase de modernización es esta? Por algún motivo se decidió no someter esta reforma a ninguna clase de consulta.
Si se analiza la producción de leyes de los últimos años, es evidente que ha habido un proceso de blindaje del régimen, que además ha avanzado más allá de controlar las acciones, para intentar también controlar el pensamiento. Este blindaje se cierra con el Código Penal, que busca evitar que se repitan las protestas del año pasado y acallar cualquier disenso
¿Cómo se entiende la discrepancia entre esta reforma tan regresiva del Código Penal y la aparentemente progresista reforma del Código de las Familias, actualmente en curso?
El Código de las Familias también debió actualizarse tras la reforma constitucional, aunque en realidad hubiera debido –y hubiera podido– ser reformado mucho antes. La primera vez que oí hablar oficialmente en Cuba sobre el matrimonio igualitario fue en el año 2007. Ya desde entonces hubo peticiones de reforma surgidas de la academia, que es donde se concentraba el activismo vinculado a cuestiones de género, derechos de las mujeres y las minorías sexuales.
Pero hubo mucha resistencia y la excusa era que para reconocer el matrimonio igualitario se necesitaba reformar la constitución. Lo cual obviamente no era cierto: el matrimonio estaba regulado por el Código de la Familia y no por la constitución y cuando ésta se reformó, no se incorporó este derecho, sino que se lo excluyó y se lo dejó pendiente para cuando se reformara el Código de las Familias.
El tema del matrimonio igualitario volvió a quedar en el centro del debate desde el momento que, como consecuencia de la reforma constitucional, se debe reformar el Código de las Familias, y entonces recomenzaron las presiones para que este derecho que no se consagró constitucionalmente fuera incluido en el Código – cosa que se podría haber hecho en 2007, 15 años atrás. Pero claramente en Cuba se gobierna así.
En el Código de las Familias que se llevó a consulta no hay protección especial para las infancias trans. Nada, ni una mención, aunque sabemos que este grupo presenta altas tasas de abandono escolar, expulsión del hogar y bullying escolar, por parte tanto de alumnos como profesores, es decir, una total imposibilidad de vivir su identidad de género con garantías. Cuando crecen, las personas trans, y particularmente las mujeres trans, son las víctimas predilectas de disposiciones punitivas relativas a “conductas predelictivas”. Algo tan fascista que ya no está más con ese nombre en el actual Código Penal, pero que seguirá vigente en otras disposiciones, en el imaginario de los operadores del derecho y en los sesgos que de hecho seguirán existiendo.
¿Por qué estamos discutiendo estos temas ahora? Daría la impresión de ser una cortina de humo, una maniobra para aplacar una demanda sin hacer cambios profundos en el régimen político. Las dos estrategias que parecen ser contradictorias -una reforma regresiva del Código Penal y una reforma aparentemente progresista del Código de las Familias- apuntan en la misma dirección, la estabilización del régimen.
Digo “aparentemente progresista” porque después de todo un proceso de consultas, ahora el parlamento debe tomar las propuestas recibidas, reformular el proyecto y fijar una fecha para un referendo que lo convierta en ley. Todavía no sabemos qué va a quedar en ese proyecto y qué se va a diluir o a modificar. Tampoco se sabe cómo se traducirá ese documento a la vida cotidiana de las familias cubanas.
¿Cuáles son elementos positivos que se espera que entren en el nuevo Código de las Familias?
Uno de los temas incluidos en el proyecto del Código de Familias es el matrimonio entre personas del mismo sexo, con posibilidad de adopción. Otro tema que se ha incluido es el de la llamada gestación solidaria, o gestación subrogada, hasta ahora ilegal. Este último genera una preocupación enorme entre las activistas feministas. Recordemos que estamos en un contexto de machismo brutal y de feminización de la pobreza. ¿Cómo se regulará la gestación solidaria? Aunque la ley sea clara en relación con la prohibición de remuneración, ¿cómo se podrá evitar en este contexto el desarrollo de un mercado negro basado en la explotación de las gestantes?
Otro tema importante es el de los derechos de los abuelos a tener relación con sus nietos, que tiene su contraparte en algunas disposiciones sobre responsabilidad parental, entre las que se contarían la de respetar y facilitar el derecho de los hijos a mantener comunicación con sus abuelos y otros parientes cercanos.
Otro parteaguas es de hecho el tema de la responsabilidad parental, que viene a sustituir al concepto de patria potestad, con un desplazamiento interesante de la idea del poder de los padres y madres sobre los hijos a la idea de que los padres y las madres tienen una responsabilidad sobre los hijos e hijas. Esto es muy interesante, y sin embargo ha generado revuelo, no solo desde sectores socialmente conservadores, sino también por parte del activismo político.
Esto hay que entenderlo en el contexto político de Cuba. Los y sobre todo las activistas –no necesariamente conservadoras– piensan que el énfasis en la responsabilidad le permitiría al Estado aducir irresponsabilidad para quitarles a sus hijos, o utilizar esta amenaza para obligarles a desistir de su activismo. Muchos activistas, y en particular las mujeres con responsabilidad maternal, hemos recibido esta clase de amenaza, con comentarios tales como “cuida a tus hijos”, “sabemos que estás con tu hija”, “ten cuidado por tu hijo”.
Pero yo pienso que estas amenazas de hecho ya existen, y lo que podría ocurrir bajo el nuevo Código es que también los padres sean obligados a hacerse cargo de sus responsabilidades –algo que actualmente no sucede en Cuba, con la consecuente feminización de la pobreza. Al igual que en otras partes de la región, han aumentado masivamente los hogares monoparentales, liderados por mujeres, algo que las cifras oficiales no reconocen.
Otro asunto en que se ha centrado la discusión es el de la autonomía progresiva de los niños y niñas. Sabemos que el castigo –incluso físico– se encuentra normalizado en Cuba, y que los padres toman decisiones importantes por sus hijos, sin consultarles. La idea de que los padres tienen que decidir todo por sus hijos hasta que lleguen a la mayoría de edad ha cambiado con el tiempo, y ha sido reemplazada por el concepto de que los niños van adquiriendo progresivamente la capacidad de tomar sus propias decisiones. Personalmente creo que como padres ya no debemos hablar estrictamente de crianza, sino más bien de acompañamiento de nuestros hijos en el aprendizaje.
Un tema importante contenido en la versión del documento que se llevó a consulta fue el del matrimonio infantil, incorporado a último minuto como resultado de una fuerte presión del activismo feminista, medios independientes y personas aliadas. Es un tema vital pero las personas encargadas de legislar no lo habían visto.
Muchos de estos temas han generado controversia, pero no considero que haya habido un auténtico debate. En un marco de semejante polarización política, el país no está preparado para debatir. Como lo han reportado activistas que participaron como observadores independientes, los debates que han tenido lugar en las etapas consultivas han estado mal orientados y no han sido liderados por personas bien entrenadas para conducirlos. En Cuba realmente no existe el debate; simplemente se escuchan monólogos a favor y en contra.
¿Qué otros problemas has detectado?
En términos generales, el problema no está en el contenido del Código de las Familias. Las mujeres somos más de la mitad de la población, y si se cuenta también a niños, niñas, adolescentes y personas pertenecientes al colectivo LGBTQI+, el nuevo Código estaría respondiendo a las necesidades de una amplia mayoría.
Pero tenemos grandes dudas respecto de las razones por las cuales se lo está impulsando justo ahora, sobre todo por el modo en que se alentaron algunas controversias que sirvieron para oscurecer el hecho de que al mismo tiempo se nos estaba imponiendo, sin ningún debate, una reforma terriblemente regresiva del Código Penal.
En el nuevo Código Penal, todo lo que hacemos en tanto que activistas y ciudadanos está criminalizado. Es un código medieval. El Código de las Familias, en cambio, se nos presenta como ultramoderno y consensuado, lo cual también genera incertidumbre respecto de su implementación. Pero mientras de la implementación del Código Penal no nos quedan dudas –sabemos que será implementado a rajatabla– del Código de las Familias, si termina siendo todo lo moderno y progresista que se anuncia, tengo enormes dudas de que sea realmente aplicado.
En gran medida, quienes se verían beneficiados por el nuevo Código de las Familias son los mismos que serán reprimidos con el nuevo Código Penal. Quienes están protestando por liberar a los activistas encarcelados tras las protestas de 2021 son, en su mayoría, madres solas que reclaman la libertad de sus hijos. Quienes salieron a las calles a protestar eran pobres, afrodescendientes, personas trans e hijos de madres solas. Este problema existe desde hace mucho tiempo y no ha habido políticas públicas para resolverlo. No se ha hecho el más mínimo intento de hacer políticas públicas con un enfoque de género. Los cambios que puedan resultar del Código de las Familias, en este contexto, son más que relativos.
El espacio cívico en Cuba es calificado como “cerrado” por el CIVICUS Monitor.
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