actores no estatales
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GUATEMALA: “El acoso judicial y la persecución penal tienen efectos desgastantes”
En el Día Mundial de la Libertad de Prensa CIVICUS conversa con Carlos Ernesto Choc, un periodista maya Q’eqchi’ con casi dos décadas de trayectoria, acerca de la criminalización del periodismo y los medios en Guatemala.¿En qué condiciones trabajan los periodistas en Guatemala?
Las condiciones para el ejercicio periodístico en Guatemala son bastante difíciles. Enfrentamos la persecución penal del Ministerio Público y amenazas que provienen de diversos actores, incluidos funcionarios públicos que enfrentan cuestionamientos o son investigados por los periodistas. Las campañas de difamación contra periodistas también son muy graves.
Internet y las redes sociales están plagadas de trols que mandan mensajes amedrentadores y difamatorios. Desprestigian el trabajo periodístico y luego las agresiones vienen naturalmente. Éstas llegan a provenir incluso del Estado, y en particular de agencias de seguridad pública. La Policía Nacional Civil agrede a los medios y a los periodistas tanto en el contexto de manifestaciones como en otros momentos y lugares en que no quieren que se transmita lo que ocurre para preservar la impunidad por delitos o violaciones de derechos perpetradas en los territorios.
Desde 2015 a la fecha las agresiones contra la prensa no han hecho más que escalar. Ahora ya no solamente te persiguen penalmente, te acosan judicialmente, te amenazan, intimidan y difaman, sino que también te encarcelan. Para hacerlo, te imputan delitos que se usan para combatir al crimen organizado, tales como el de asociación ilícita, como es mi caso, o lavado de dinero, como en el caso de mi colega Rubén Zamora. O sea, nos acusan como criminales y nos procesan penalmente con acusaciones de estar vinculados con el crimen organizado, de liderar invasiones de tierra o de instigación a delinquir. Son claramente acusaciones fabricadas, por lo que se trata de detenciones ilegales, sin sustento. No tienen cómo probar sus acusaciones, pero mientras tanto uno es sometido a largos procesos penales.
Si bien todos los y las periodistas estamos vulnerados ahorita en este país, somos particularmente vulnerables quienes investigamos el tema de la agresión al medio ambiente, las violaciones de derechos humanos y temas vinculados con el narcotráfico y la corrupción. Son temas realmente complicados y hay quienes los investigan desde el anonimato porque muchos han sido asesinados – el más reciente, Eduardo Mendizabal, hace poco más de un mes.
La situación se complica cada día más y ha habido periodistas comunitarios que han optado por emigrar y dejar de ejercer la labor periodística. Es triste ver a los colegas que se van yendo, y bajo el actual gobierno son cada vez más. Yo mismo no me veo en el exilio, pero lo considero una opción de última instancia.
¿En qué situación te encuentras tras el proceso de criminalización que has experimentado?
El mío ha sido un caso de persecución penal con el que han intentado censurarme. Comenzó en 2017 cuando investigaba la contaminación del lago de Izabal. Estaba documentando las protestas de pescadores contra la minería y capté el momento exacto en que un manifestante era asesinado por disparos de la Policía Nacional Civil. La acusación en mi contra vino de la empresa minera, una compañía de capital ruso basada en Suiza, Solway Investment Group. En agosto de 2017 tuve una orden de captura. Una audiencia tras otra fueron suspendidas y mi primera declaración fue escuchada en enero de 2019, cuando me dieron una medida sustitutiva.
Cuanto tienes medida sustitutiva de prisión estás libre bajo ciertas condiciones: quedas atado a la obligación de firmar un libro en el Ministerio Público cada 30 días y tienes prohibido estar en ningún sitio donde se vendan bebidas alcohólicas, entre otras cosas. La fuerza pública, la policía, las autoridades están pendientes de donde estés y esperan que cometas algún incumplimiento para poder procesarte. Yo veo a estas medidas sustitutivas como formas de castigo que implican restricciones y limitaciones a tu derecho tanto de informar como de ser informado.
En enero de 2022 tuve otro proceso penal, acusado por la Policía Nacional Civil de instigar a la violencia durante una protesta de comunidades indígenas en Izabal contra la mina a cielo abierto en activo más grande del país, de la Compañía Guatemalteca de Níquel, subsidiaria de Solway. Trece agentes de policía me acusaron de haberlos agredido físicamente a ellos, cuando todo lo que yo hacía era documentar el momento en que las fuerzas de seguridad reprimían a los pobladores con gas lacrimógeno. Desde entonces ya no pude ejercer mi trabajo como periodista, ni desplazarme libremente, hasta que mis abogados lograron probar frente al juez que realmente soy un periodista y no un criminal. En septiembre se levantaron los cargos en mi contra. Ha sido muy agotador: el acoso judicial y la persecución penal tienen efectos desgastantes.
¿Qué estrategias han adoptado para poder seguir trabajando?
Las estrategias para romper la censura se renuevan día a día, y están muy centradas en la seguridad no solamente física sino también digital, y en particular en la seguridad de los archivos. También es muy importante la articulación local, nacional e internacional entre las y los periodistas y los medios alternativos e independientes.
Estas articulaciones han hecho posibles trabajos como Sangre Verde, publicado en 2019, y Secretos Mineros, publicado en 2022. Ambos fueron liderados por Forbidden Stories, una organización con sede en Francia que apoya la publicación del trabajo de periodistas que enfrentan en sus países amenazas, criminalización y violencia. El primero fue el resultado de una investigación realizada en tres países de tres continentes: Guatemala, India y Tanzania, y analiza las tácticas de la industria minera para criminalizar a quienes se oponen a sus prácticas y obstaculizar el trabajo periodístico. La segunda surgió de la filtración de una enorme cantidad de archivos internos de Solway sobre el funcionamiento de su proyecto minero Fénix en Izabal. Un consorcio de 20 medios de 15 países del mundo hizo una investigación con información corroborada por 65 periodistas, incluido el equipo de Prensa Comunitaria que yo integraba.
De lo que se trata es de encontrar la forma de seguir haciendo el trabajo que uno está haciendo. Igual que muchos otros, yo hago periodismo por pasión y por convicción. No espero un premio o un reconocimiento internacional: sé que lo que estoy haciendo va a ayudar mucho a mi comunidad y a la sociedad en general. Considero que visibilizar el daño al medio ambiente y las violaciones de derechos humanos es muy importante.
¿Qué tipo de apoyos reciben actualmente periodistas y medios comunitarios de Guatemala, y qué apoyos adicionales necesitarían?
Recibimos apoyo sobre todo bajo la forma de acompañamiento: acompañamiento jurídico, acompañamiento de organizaciones de derechos humanos y acompañamiento de la propia comunidad y de las autoridades comunitarias que respaldan nuestro trabajo.
Esto es muy importante, pero hay mucho más por hacer. Una de las situaciones que experimentamos los y los periodistas criminalizados o en situación de riesgo es la dificultad para sobrevivir económicamente y mantener a nuestras familias, por lo que es importante el apoyo económico. Lo mismo pasa con el apoyo en materia de salud, porque hay momentos en que por las situaciones que vives, el cuerpo ya no te responde. Finalmente, es importante la provisión de espacios de intercambio con otros colegas periodistas. Ayuda mucho conocer las experiencias de otros.
El espacio cívico en Guatemala es calificado como “represivo” por elCIVICUS Monitor.
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GUATEMALA: “Estas elecciones son clave porque nos dan la posibilidad de optar por un rumbo distinto”
CIVICUS conversa con Jordán Rodas Andrade acerca de las elecciones generales de Guatemala – en las cuales un candidato que trae promesas de reforma inesperadamente pasó a la segunda vuelta – y de las perspectivas de apertura del espacio cívico y cambio democrático.Jordán Rodas es abogado especialista en garantías constitucionales y derechos fundamentales, transparencia y lucha contra la corrupción. Además de ser docente universitario, en 2015 fue electo vicepresidente del Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala y entre 2017 y 2022 fue Procurador de los Derechos Humanos de Guatemala. En el ejercicio de esta función fue repetidamente criminalizado y amenazado, como consecuencia de lo cual ha debido exiliarse.
¿Cómo ha evolucionado en los últimos tiempos la situación del espacio cívico en Guatemala?
En los últimos años ha habido un deterioro muy preocupante del espacio cívico en Guatemala, que se agudizó bajo el gobierno del actual presidente, Alejandro Giammattei. Su antecesor, Jimmy Morales, un comediante devenido presidente, dejó instaladas muy malas prácticas, pero éstas llegaron a niveles extremos con Giammattei.
En los últimos años, muchas personas defensoras de derechos humanos y de derechos de la tierra, periodistas y defensores de justicia tuvimos que salir de nuestro país, obligados por un clima hostil de persecución y criminalización. Este cierre de espacios y la ausencia de una prensa independiente han sido caldo fértil para el avance de un régimen autoritario. Estas elecciones son clave porque nos dan a las y los guatemaltecos la posibilidad de optar por un rumbo distinto por el bien del país.
¿Qué fue lo que le ha llevado a exiliarse?
En mis cinco años como procurador fui criminalizado con 18 procesos de antejuicio, todos los cuales fueron rechazados. Es desgastante tener que defenderte constantemente de tal sucesión de causas espurias. Luego tuve ocho solicitudes de remoción por parte de congresistas, además de una agobiante asfixia financiera.
Sobre todo, he sido testigo del debilitamiento de la justicia. Muchos debieron tomar la difícil decisión de irse del país para salvar su vida, su libertad o su integridad. Entre ellos se cuentan Juan Francisco Sandoval, ex responsable de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI), Erika Aifán, una jueza independiente, el juez Miguel Ángel Gálvez y muchos otros que de una u otra manera tocábamos fibras del poder político y económico.
No es casual que detrás de la persecución contra operadores de justicia y periodistas se encuentre con frecuencia la Fundación contra el Terrorismo, dirigida por el empresario Ricardo Méndez Ruiz, que ha sido señalado por el gobierno de Estados Unidos por actos de corrupción y contra las instituciones democráticas. Esta organización fue querellante en el proceso penal contra Virginia Laparra, ex fiscal de la FECI en Quetzaltenango, que guarda prisión desde hace más de un año y que no debería haber sido detenida por denunciar casos de corrupción de un juez. Denunciar no es un delito en ninguna parte del mundo.
La misma organización persiguió penalmente a José Rubén Zamora, el fundador de elPeriódico, uno de los principales críticos del gobierno que durante años ha denunciado la corrupción. Zamora fue recientemente condenado a seis años de cárcel por varios supuestos delitos, incluido el de lavado de dinero. Ha sido un mensaje muy grave contra la libertad de prensa: la prensa independiente ha tenido que autocensurarse y pese a eso seguir dando la batalla.
Yo todavía estaba en Guatemala cuando Zamora fue capturado, y entonces decidí tomar distancia. Me fui en agosto pero regresé en diciembre, por tierra, para participar en la asamblea del Movimiento de la Liberación de los Pueblos (MLP), que nos proclamó a Thelma Cabrera, una mujer indígena Maya Mam, y a mí como su binomio presidencial. Hace cuatro años el MLP quedó en cuarto lugar, pero ante el hartazgo social frente a la corrupción y gracias a su apertura al pueblo mestizo pienso que ahora contaba con altas posibilidades de entrar a la segunda vuelta.
Pero mi sucesor en la procuraduría presentó una denuncia espuria en mi contra a raíz de la cual bloquearon nuestra fórmula presidencial. Se negaron sistemáticamente a darme información sobre el contenido de la denuncia. O sea que solamente la utilizaron para dejarme fuera de competencia. Desde entonces he continuado la lucha desde el exilio. No será lo que uno quiere, pero es lo que toca.
¿Cuáles tendrían que ser las condiciones para que usted decidiera regresar a Guatemala?
Justamente lo platicaba la semana pasada a raíz de una reunión de trabajo con el Estado Guatemalteco mediada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Yo he sido beneficiario de una medida cautelar de la CIDH desde 2017. Estas medidas establecen que el Estado tiene la obligación de velar y garantizar la vida, la integridad, la seguridad y la libertad, cosa que en mi caso el Estado de Guatemala no ha cumplido. Para regresar quisiera tener ciertas condiciones mínimas: que el Estado no me persiga ni me criminalice.
Actualmente hay dos denuncias en mi contra, una presentada por la Procuraduría de Derechos Humanos y otra presentada por la Contraloría General de Cuentas. No tengo conocimiento oficial de cuáles son las acusaciones porque no tengo los documentos; los tengo pedidos por acceso de información. Pero parece ser que es porque en mi declaración patrimonial puse que había entregado el cargo el 20 de agosto, que es cuando terminaba el periodo constitucional, pero me fui del país el día 18 dejando designada a la procuradora adjunta como lo indica la ley. Es decir, no habría ninguna falsedad ni delito. Este caso está bajo reserva y he pedido al Estado, como muestra de buena voluntad, que no prorrogue esta reserva, sino que me entregue copia de la denuncia para poder defenderme, y que garantice mi vida y mi seguridad, así como la de mi familia que está en Guatemala.
¿Ha fracasado la lucha contra la corrupción en Guatemala?
La lucha contra la corrupción no ha fracasado, pero sí se ha detenido como resultado de una estrategia muy bien pensada de la alianza corrupta entre funcionarios políticos y actores del sector privado.
Sin embargo, hoy más que nunca tengo la esperanza de que aprendamos las lecciones dolorosas y positivas de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), que creo que tiene más luces que sombras. Espero que a partir de ese aprendizaje podamos, más pronto que tarde, retomar la lucha contra la corrupción.
El acompañamiento internacional seguirá siendo indispensable porque nuestro sistema de justicia es muy poroso, está permeado por el crimen organizado y carece de institucionalidad. Tres de los nueve magistrados de la Corte Suprema de Justicia y varios otros jueces y funcionarios judiciales están en la Lista Engel del Departamento de Estado de Estados Unidos, que incluye a personas que han cometido actos de corrupción o han participado en acciones para socavar la democracia de sus países. Tenemos miembros del Tribunal Supremo Electoral que están acusados de falsificar sus títulos de doctorado para ser electos y un Procurador de Derechos Humanos que fue el responsable de derechos humanos de Giammattei en el sistema penitenciario en la época en que puso en marcha la “Operación Pavo Real”, un operativo policial que resultó en masacre y le costó a Giammattei diez meses de cárcel (pero también lo proyectó hacia la presidencia). De ahí la confianza entre estos dos funcionarios.
Pero es evidente que la gente está cansada de todo esto y lo demostró en las urnas el 25 de junio, cuando se dijo no al regreso al pasado y sí a una propuesta que lanza un mensaje de esperanza para la lucha contra la corrupción. Así lo ha dicho el candidato que representa esa esperanza, Bernardo Arévalo, que contra todo pronóstico pasó a la segunda vuelta.
¿Considera que estas elecciones han sido libres y competitivas?
La elección presidencial no ha sido libre y competitiva, porque unas elecciones limpias no solamente requieren que no haya fraude el día de la votación, sino también que de una serie de elementos durante todo el proceso desde el momento de la convocatoria a elecciones. Ello ocurrió el 20 de enero, y el día 27 el Estado nos cerró la puerta e impidió nuestra participación. No solamente violó nuestro derecho a presentarnos a la elección sino que también restringió el derecho de la ciudadanía a tener todo el abanico de opciones.
En reacción a esta exclusión Thelma Cabrera llamó al voto nulo, y la matemática no miente. Ganó el voto nulo, con 17%, más que la candidata más votada, Sandra Torres, que sacó alrededor del 15%. El hartazgo de la población está bien claro.
La inequidad de la competencia también se manifestó en el manejo de los recursos públicos por parte del partido oficial y en la relación extremadamente cercana del gobierno con algunos magistrados del Tribunal Supremo Electoral.
Pero el hecho de que Bernardo Arévalo lograra entrar a la segunda vuelta es, junto al voto nulo, el voto en blanco y la abstención, una muestra de enorme rechazo al sistema. Tengo muchas expectativas en la segunda vuelta, en la que espero que la población guatemalteca tenga una participación masiva y aproveche esta oportunidad de escoger un futuro mejor.
¿Qué tendría que hacer el nuevo gobierno de Guatemala para devolver al país al camino de la democracia?
Ante todo, el mensaje anticorrupción debe ir acompañado de acciones concretas. La venganza contra los operadores de justicia debe cesar, debe reponerse el estado de derecho y se debe garantizar la libertad de la prensa independiente.
El nuevo presidente debería formar un gabinete incluyente de sectores progresistas. Debería convocar a partidos políticos, fuerzas sociales y movimientos de los pueblos originarios para hacer en conjunto una propuesta que garantice políticas públicas que beneficien a los más necesitados.
El nuevo gobierno debería desmarcarse totalmente de las malas prácticas del pasado y tener mucho cuidado con la tentación del poder. Debe prevalecer su responsabilidad para con quienes han depositado en él su confianza. Habrá tentaciones en el camino, por lo que es fundamental que apueste por gente ética, capaz, y coherente con los valores que proyectó en la competencia electoral, en la que la gente los votó por reconocerlos ante todo como un partido honesto. Seguramente Bernardo es el más interesado en honrar el legado de su padre, el expresidente Juan José Arévalo. Su gobierno podría llegar a ser un tercer gobierno de la revolución, retomando y mejorando las grandes conquistas obtenidas en esa primavera democrática de entre 1944 y 1955.
El espacio cívico en Guatemala es calificado como “represivo” por elCIVICUS Monitor.
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GUATEMALA: “Nuestra democracia corre riesgo en manos de redes político-criminales”
CIVICUS conversa con Evelyn Recinos Contreras acerca de las elecciones generales de Guatemala – en las cuales un candidato que trae promesas de reforma inesperadamente pasó a la segunda vuelta – y de las perspectivas de apertura del espacio cívico y cambio democrático.Evelyn es ex investigadora de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) y ex asesora de la fiscal general de Guatemala. Actualmente vive en el exilio a causa de su activismo por los derechos humanos.
¿Cuál es la situación del espacio cívico en Guatemala?
El espacio cívico en Guatemala se encuentra gravemente amenazado. Para entenderlo mejor hay que saber que, como consecuencia del conflicto armado, el tejido social está roto. Es difícil hablar de un involucramiento ciudadano de base. Los sectores que durante décadas sirvieron de motor de cambio social, como el magisterio, el sindicalismo y los estudiantes de institutos y de la universidad pública, fueron golpeados irreparablemente por la violencia.
De todos ellos probablemente el único sector de base que actualmente está organizado son los pueblos mayas indígenas, en lucha por la defensa del territorio y los recursos naturales. Y en la ciudad, las organizaciones de sociedad civil de derechos humanos y por la democracia, que organizaron su trabajo alrededor del fortalecimiento de las instituciones democráticas, con fuerte énfasis en el tema de la justicia.
Son precisamente esos sectores los que están siendo golpeados nuevamente mediante el autoritarismo y la violencia estatal. En el interior del país miles de lideresas y líderes comunitarios están siendo criminalizados y comunidades enteras tienen órdenes de captura y son amenazadas con procesos penales. Similar situación se vive a nivel urbano donde el sistema de justicia ha sido capturado por redes político-criminales que utilizan las plataformas del Estado para financiar sus empresas criminales y amedrentar a operadores de justicia, personas defensoras de derechos humanos y activistas que luchan por los derechos humanos y el fortalecimiento del espacio cívico y la democracia.
Las redes de corrupción e impunidad afectan al propio espacio democrático, como lo evidencia el hecho de que se impidiera la inscripción de candidaturas y la participación en las elecciones de personas como Thelma Cabrera, del Movimiento de Liberación de los Pueblos.
¿Cuáles son las causas de la erosión democrática que vive Guatemala?
La erosión democrática en Guatemala se debe a que redes político-criminales han tomado las instituciones y las usan para perseguir sus intereses, no para el bienestar de la ciudadanía y el fortalecimiento de la democracia. Pero ha sido un proceso gradual y casi imperceptible. Se han debilitado varias instituciones clave, como la Policía Nacional Civil, que se encarga de dos tareas principales: prevenir el delito y mantener la seguridad ciudadana, y colaborar en investigaciones criminales. Durante años la sociedad civil trabajó con los mandos policiales para construir una institución al servicio de la seguridad democrática, de modo que su labor sirviera para procurar un espacio cívico en el que las y los ciudadanos pudieran gozar de sus derechos fundamentales y vivir una vida digna sin violencia. Pero partir de 2017 hemos visto un debilitamiento de la institución, el despido de mandos y el mal uso de sus recursos.
En el poder judicial encontramos problemas similares. Las altas cortes no han llevado a cabo el proceso normal de alternancia, es decir que no han realizado las elecciones de nuevos magistrados, pero además las dos últimas elecciones que se realizaron fueron denunciadas e investigadas por actos de corrupción. El Ministerio Público también ha sido debilitado por efecto de una política de persecución penal y criminalización de operadores de justicia, que además ha hecho que se dejara de lado la investigación de delitos contra la vida, la violencia contra la mujer y contra el patrimonio que golpean duramente a la ciudadanía. Los índices de violencia e inseguridad en Guatemala son prácticamente tan elevados como los que se viven en países con conflictos armados internos.
¿Considera que la lucha contra la corrupción en Guatemala ha fracasado?
Es muy difícil responder en términos absolutos sobre el éxito o fracaso de la lucha contra la corrupción en Guatemala. Creo que los casos que se llevaron a juicio tuvieron el sustento de pruebas y se respetó el debido proceso. En ese sentido fueron exitosos. Pero esto era solamente una parte de la lucha contra la corrupción, ya que el derecho es una plataforma limitada. El daño a la sociedad ya estaba hecho, los recursos ya se habían perdido.
La lucha contra la corrupción solo tiene verdadero éxito cuando hay un involucramiento social que conlleva un escrutinio de la función pública y reclama rendición de cuentas. A eso, tristemente, aún no hemos llegado.
Para quienes se han involucrado en la lucha contra la corrupción, las consecuencias negativas han sido evidentes. Fiscales, jueces y juezas, personas defensoras, activistas, lideresas y líderes comunitarios son perseguidos con acusaciones infundadas y empujados al exilio. Eso transmite un mensaje contundente de temor a la sociedad guatemalteca. Pero estoy convencida que la lucha no acaba aquí. Nos merecemos un país en el que todas y todos podamos vivir con libertad y dignidad. Los pueblos mayas llevan resistiendo por más de 500 años, creo que son nuestro mejor ejemplo.
¿Piensa que de esta elección podría surgir un cambio positivo?
Creo que hay esperanza. La ciudadanía demostró que está cansada de los mismos actores oscuros que durante años han encarnado a intereses económicos voraces que explotan pueblos y territorios y usan la discriminación, la doble moral y la violencia estructural.
La llegada a la segunda vuelta electoral del binomio del partido Semilla, nacido después de las protestas ciudadanas anticorrupción de 2015 y que reúne muchas personas que nunca participaron en partidos políticos, es una evidencia del deseo de cambio. La ciudadanía rechazó a los típicos actores políticos que representan intereses económicos arcaicos y encarnan formas de hacer política autoritarias y corruptas.
Para que el cambio realmente se materialice, necesitamos que la comunidad internacional vuelva los ojos a Guatemala. El riesgo que corre nuestra democracia en manos de redes político-criminales no debe pasar desapercibido. Necesitamos que la comunidad internacional llame la atención y se pronuncie sobre la situación de nuestro país, porque la violación de los derechos humanos de los y las guatemaltecas nos afecta a todos como humanidad.
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MÉXICO: “Cuando el activismo climático amenaza intereses poderosos, es catalogado al mismo nivel que el terrorismo y el narcotráfico”
CIVICUS conversa acerca del rol de la sociedad civil y sus expectativas frente a la próxima cumbre climática COP28 con María Reyes, una joven activista por los derechos humanos y ambientales del estado mexicano de Puebla.María es parte del colectivo Futuros Indígenas conformado por pueblos y juventudes de México y Centroamérica. Participa en la división Sur Global de Fridays for Future (FFF), una organización que lucha por la justicia ambiental y aboga por acción frente a la emergencia climática.
¿Cuáles son los principales problemas ambientales de México?
En términos generales, México es muy vulnerable ante la crisis climática. Un tema central es la escasez de agua, en parte causada por sequías, pero también por problemas de infraestructura, ya que muchas personas no tienen acceso a tuberías de agua potable, y por una muy mala distribución y sobreexplotación de mantos acuíferos por parte de empresas. Si a la sequía existente le sumamos el hecho de que en muchas comunidades hay compañías que consiguen concesiones por medios no legales ni transparentes y se apropian de la poca agua que queda, la situación para la gente se vuelve insoportable.
México es uno de los países más peligrosos para ser activista y defensor ambiental. En el sureste de México hay una red de megaproyectos extractivos transnacionales, como el Corredor Interoceánico y el “Tren Maya”, que además de amenazar al medio ambiente por la tala de árboles y la extracción de agua, desplazan fauna, expropian territorios yrecursos, dañan a los pueblos y cometen violaciones de derechos humanos. Cuando las comunidades locales, y sobre todo las comunidades de pueblos originarios, se oponen a estos megaproyectos que son impuestos en sus territorios, sin ninguna consulta y sin su consentimiento (o con consultas amañadas), resultan criminalizadas.
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PARAGUAY: “Se vienen años muy duros para la sociedad civil que promueve los derechos humanos”
CIVICUS conversa acerca de las recientes elecciones generales de Paraguay con Marta Ferrara, directora ejecutiva de Semillas para la Democracia.Fundada en 2006, Semillas para la Democracia es una organización de la sociedad civil (OSC) cuyo principal objetivo es contribuir al mejoramiento de la calidad de la democracia en Paraguay, para lo cual promueve la participación ciudadana, la equidad social y el ejercicio responsable del gobierno.
¿Cuáles son los principales desafíos de Paraguay, y en qué medida los resultados de la reciente elección podrían contribuir a resolverlos?
Los principales problemas del Paraguay son fundamentalmente de tipo económico, derivados de la profunda desigualdad existente. En los últimos años Paraguay ha tenido indicadores macroeconómicos muy buenos, con un alto crecimiento, pero ha seguido teniendo una enorme desigualdad, alto desempleo, gran informalidad laboral y falta de acceso a salud, educación y oportunidades. Es un país manejado por unas élites ganaderas y agroexportadoras inmensamente ricas que gobiernan en su beneficio y en detrimento de una sociedad terriblemente desigual. Creo que esa es la característica central de la sociedad y la economía paraguaya. Es un problema estructural y profundo, y esta elección no ha hecho nada por resolverlo. De hecho, han ganado los mismos de siempre, es decir, los mismos sectores que han mantenido al país en esta situación desde hace más de 70 años.
En esta elección estuvo en juego la posibilidad de alternancia en el poder. Sin embargo, esto no necesariamente hubiera significado un cambio radical, porque el candidato de la Concertación, la coalición opositora, también era conservador, aunque del Partido Liberal. Llevaba de compañera de fórmula a una mujer, pero así y todo continuaba representando a un sector conservador de la sociedad. No eran candidaturas disruptivas que representaran un cambio real en la forma de hacer política o de ejercer el poder, ni en las políticas públicas ni el sector social al que representan.
¿Cómo explicas la cómoda victoria del Partido Colorado, pese al bajísimo nivel de aprobación del actual presidente?
Los resultados se explican en gran medida por los efectos, que ya anticipábamos, de sistema de listas desbloqueadas con voto preferente en el contexto de una oposición dividida.
Hace un par de años se hizo una reforma electoral que reemplazó las listas partidarias cerradas y bloqueadas por listas desbloqueadas con voto preferente. En estas el votante puede seleccionar un candidato dentro de la lista que elija, de modo que vota tanto por un partido como por un candidato; luego, de acuerdo con la cantidad de votos obtenidos por cada uno de los candidatos y su lista, se distribuyen los escaños mediante el sistema D’Hont.
Este sistema se estrenó en las pasadas elecciones municipales y ya sabíamos que iba a tener algunos efectos negativos. Un gran problema que tienen las listas desbloqueadas es que generalmente el candidato que cuenta con más dinero es el que consigue posicionarse mejor. También generan una fuerte competencia de todos contra todos dentro de los partidos.
Además, se cambió el sistema antiguo por urnas electrónica sin dar suficiente capacitación, es decir, sin que la gente esté preparada para utilizarlo. Ello permitió la difusión del llamado “voto asistido”, que es ilegal, y que básicamente consiste en que haya gente en los lugares de votación interfiriendo con el voto con la excusa de ayudar al votante a usar el sistema electrónico.
Todo esto benefició al Partido Colorado, que por el tiempo que lleva al frente del Estado es el partido que cuenta con mayores recursos, y que logra presentar suficiente diversidad interna como para dar opciones de recambio a quienes están descontentos con su propia gestión de gobierno.
Se produjeron, sin embargo, algunas pequeñas mejoras en la representación de las mujeres. Por primera vez dos mujeres han sido elegidas gobernadoras y hay algunas más que antes en ambas cámaras del Congreso.
Pero con la oposición dividida, el Partido Colorado sacó la diferencia más amplia de todo el período democrático. Además de ganar la presidencia, obtuvo el control de ambas cámaras del Congreso y de 15 de las 17 gobernaciones.
El otro elemento que definió a esta elección fue la emergencia de un tercer espacio político de oposición de carácter populista-autoritario y estilo mesiánico. Liderado por Paraguayo Cubas, representa al llamado “voto bronca”, es decir, a los descontentos con los partidos tradicionales y con la forma en que se ha llevado adelante la política durante décadas. Esta candidatura no le quitó votos al gobierno sino a la oposición, y se colocó inesperadamente en un cercano tercer lugar, con más de 20% de los votos.
¿Qué sustento tienen las denuncias de fraude que expresan las actuales movilizaciones callejeras?
Los seguidores de Paraguayo Cubas, a los que se ha sumado gente de prácticamente todos los sectores de la oposición, muchos de ellos jóvenes desafectados de la política, están saliendo masivamente a las calles de todo el país para denunciar fraude, pese a que tuvieron una votación muy buena, que ni siquiera ellos esperaban. El hecho de que un grupo antisistema esté movilizando protestas de unas dimensiones que no se han visto en mucho tiempo representa un gran desafío para el futuro de la democracia en Paraguay.
Estas fueron unas elecciones relativamente pacíficas en las que prácticamente no hubo violencia. Lo que sí hubo en abundancia fue desinformación, discurso de odio y agresiones a través de las redes sociales durante toda la campaña. Estas agresiones afectaron fuertemente a las OSC, incluida la nuestra, Semillas para la Democracia, y procedieron mayormente del partido de gobierno y de la agrupación y los seguidores de Paraguayo Cubas, aunque también la Concertación tuvo expresiones similares contra sus oponentes políticos.
¿Qué rol desempeñó la sociedad civil en el contexto electoral?
La sociedad civil desempeñó un rol relativamente importante, a pesar de las restricciones que ha debido enfrentar. El Tribunal Electoral en principio no autorizó la observación electoral de la sociedad civil y en cambio sacó un reglamento bastante restrictivo. Finalmente aceptó que el Consorcio Sakã, una coalición de sociedad civil, hiciera una observación y un conteo paralelo, pero con muchísimas restricciones.
Semillas para la Democracia ha participado activamente en la denuncia de los problemas del financiamiento político, un tema que hemos logrado instalar en la agenda. Es que el otro gran problema de Paraguay, junto con la enorme desigualdad, es la corrupción. La falta de control sobre el dinero en la política ha llevado al poder a grupos ligados al crimen organizado, tanto en el Congreso como en las gobernaciones.
Pronto estaremos trabajando en el control del financiamiento político. En Paraguay el gasto de las campañas se controla con posterioridad a las elecciones. Recién un mes después, cuando los partidos van presentando sus rendiciones, se empieza a hacer un control a través del Observatorio Ciudadano de Financiamiento Político que tiene el Tribunal Electoral, cruzando datos de contrataciones públicas con las declaraciones juradas que tienen los sitios web de los organismos públicos. La ley de acceso a la información de Paraguay es bastante buena y nos permite hacer ese trabajo.
¿Cómo ves en futuro de a democracia en Paraguay?
En el mediano o largo plazo veo una situación bastante difícil. Quedan muchas cosas a resolver para mejorar la calidad de la democracia. El nuevo sector emergente es violento, antiderechos, fundamentalista y mesiánico. Su inspiración es el presidente popular autoritario de El Salvador, Nayib Bukele, y su forma de gobernar, por lo que creo que nos esperan años muy duros.
El sector del Partido Colorado que ganó las elecciones es un sector cuyos dirigentes atacan a la sociedad civil. Son antiderechos, autodefinidos como “provida”, están en contra del matrimonio igualitario, de los derechos sexuales y reproductivos y atacan todos los temas relativos a la agenda de género. Por eso creo que a la sociedad civil nos esperan años muy duros. Vamos a tener que hacer esfuerzos para unirnos y articular acciones entre los distintos sectores de la sociedad civil, sobre todo los que trabajamos temas de derechos.
En este momento algunas organizaciones contamos con algunos fondos de la cooperación internacional, y esperamos que estos apoyos aumenten y se fortalezcan para que podamos llevar adelante un trabajo articulado frente a todos estos desafíos. Va a ser una lucha constante, tanto más difícil porque ya hemos visto ataques contra la libertad de expresión y la libertad de prensa.
No espero gran cosa de los próximos meses. Por el momento, debemos estar atentos para entender en qué dirección avanza esto. Pero lo que sí es seguro es que se vienen años muy duros para las OSC que promovemos los derechos humanos.
El espacio cívico en Paraguay es calificado como “obstruido” por elCIVICUS Monitor.
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