Por Carmen Capriles, miembro de CIVICUS y participante en el Foro Político de Alto Nivel (FPAN) 2018
Durante el Foro Político de Alto Nivel (FPAN2018) que tuvo lugar en la Sede de las Naciones Unidas en Nueva York del 9 al 18 de julio, se hizo evidente la necesidad de tomar en cuenta un nuevo conjunto de partes interesadas a fin de lograr los objetivos de la Agenda 2030 sobre Desarrollo Sostenible; a los Defensores de los Derechos Humanos y del Medio Ambiente (DDHMA). Esta necesidad de inclusión se hizo evidente, no solo por el número de eventos paralelos que tuvieron lugar durante el FPAN2018 que, de una u otra forma abordaron el tema, sino también por el nuevo Acuerdo de Escazú. Dicho acuerdo está enfocado a proteger a los Defensores de los Derechos Humanos y del Medio Ambiente y el destino de este acuerdo depende de que se firme y ratifique en septiembre de este año.
El número de personas defensoras del medio ambiente y de los derechos humanos está aumentando en todo el mundo, por lo general como parte de una serie de movimientos que surgen con el objetivo de hacer frente a diversos conflictos. Estos conflictos pueden ir desde problemas muy locales, hasta detener megaproyectos como grandes presas o carreteras, así como desafiar regímenes establecidos que podrían tener impactos ambientales y sociales negativos a largo plazo. Entre estos posibles impactos se encuentra la pérdida de biodiversidad, la alteración de ecosistemas, las contribuciones al cambio climático o los desplazamientos de comunidades locales que llevan a la migración forzada que puede provocar una crisis de personas refugiadas o incluso genocidios. Estas voces se enfrentan al peligro de ser silenciadas para siempre, por lo tanto, la necesidad de abrir espacios donde puedan compartir sus luchas es crucial para lograr una implementación real y significativa del desarrollo sostenible.
En un contexto donde la sociedad civil cada día se compromete más a tratar de alcanzar las metas e indicadores de la Agenda 2030, bajo un escenario donde el espacio para las organizaciones de la sociedad civil se reduce constantemente, con los gobiernos escépticos sobre la contribución de los diferentes Grupos de Interés (GI) u otros actores al proceso y una abrumadora reducción de fondos para trabajar en una serie de temas dentro del espectro de los ODS, se ha elevado una bandera roja y las miradas se enfocan en un grupo cada vez más poderoso, y a su vez el más vulnerable de los actores civiles, los denominados defensores de los derechos humanos y ambientales.
Dentro de este grupo tan amplio y heterogéneo, los líderes indígenas, las comunidades marginadas, las minorías, los jóvenes y las mujeres, son quienes sufren un mayor riesgo ya que se enfrentan a otros desafíos producto de las crecientes desigualdades que amenazan sus derechos humanos básicos, por lo tanto, se necesita mucho coraje para alcanzar y comenzar una lucha mientras agregan otra carga más a su ya llena jornada de trabajo. Los crecientes peligros a los que se enfrentan los DDHA van desde el hostigamiento a miembros que terminan injustamente en la cárcel hasta ataques, que en el peor de los casos acaban con miembros del movimiento asesinados de manera brutal e impune.
El Acuerdo de Escazú
It has been the most lethal year in history for land & environmental defenders. Assassinations in #LatinAmerica especially alarming. #AtWhatCost? Greater action needed by governments to protect the safety & resources of communities. #Sign4TheEnvironment: https://t.co/P5bXNSFTDk pic.twitter.com/RgyX9tBXeH
— CIVICUS (@CIVICUSalliance) August 8, 2018
El Acuerdo de Escazú adoptado en marzo de 2018 es un Acuerdo Regional para América Latina y el Caribe, que tiene el objetivo de garantizar los derechos de acceso a la población; acceso a información, acceso a la participación y acceso a la justicia en temas ambientales, está inspirado en las luchas de los DDHA y comprende que las comunidades marginadas son las más afectadas por malas prácticas ambientales y sociales, teniendo poca o ninguna posibilidad de confrontar proyectos que pueden cambiar sus formas de vida o alterar ecosistemas enteros que pueden tardar siglos en recuperarse.
El Acuerdo de Escazú trae esperanza a una región donde se está produciendo el mayor número de asesinatos de DDHA. Con el objetivo de que este número se reduzca drásticamente mediante el reconocimiento y la garantía de los derechos de cualquier persona por parte de los Estados, sienta la necesidad de abordar problemas que podrían convertirse en una amenaza para el medio ambiente, promoviendo el acceso libre a la información de forma transparente, participando en la toma de decisiones y, lo más importante, recurriendo a la justicia una vez que se ha producido un impacto ambiental negativo, que afecta no solo a la vida de las poblaciones locales sino en muchos casos causando desastres ambientales.
La suerte del Acuerdo radica en el compromiso y la responsabilidad de los gobiernos de América Latina y el Caribe, con la esperanza de que al menos 11 Estados lo firmen y ratifiquen para que el Acuerdo entre en vigencia. Se ha programado una ceremonia especial que tendrá lugar el 27 de septiembre durante la próxima Asamblea General de la ONU para este asunto en particular.
En caso de que el Acuerdo de Escazú entre en vigencia, puede convertirse en el detonante para el cambio en una región donde el extractivismo se ha convertido en un importante motor de la pobreza, especialmente en áreas rurales, donde las personas tienen menos acceso para ejercer sus derechos debido a la falta de presencia política, y donde el trabajo de los movimientos sociales y ambientales proponiendo alternativas a estas grandes amenazas es vital. El Acuerdo tiene como objetivo abordar los problemas ambientales de una manera holística, reconociendo las funciones y la importancia de los diferentes componentes del ecosistema, incluyendo a sus habitantes, a fin de garantizar no solo los servicios ambientales, sino también garantizar la continuidad de la vida misma.
Defendiendo a las defensoras
A medida que el FPAN2018 se desarrolló, con alrededor de 40 países compartiendo sus Informes Nacionales Voluntarios (INV) sobre los logros alcanzados en los diferentes objetivos que se decidió evaluar en esta reunión en particular, el grupo principal de mujeres, en un movimiento audaz, reunió un número de mujeres de todo el mundo para compartir sus experiencias al enfrentar los desafíos de la defensa de su medio ambiente. Los testimonios de las luchas en curso de estas mujeres era abrumadores. No solo están logrando junto a sus comunidades grandes luchas, sino que también se ponen en primera línea de lucha enfrentando una serie de amenazas y hacen un llamado urgente para incluir estas luchas como formas imprescindibles para lograr la sostenibilidad para sus comunidades a largo plazo debido a que si su lucha se pierde, lo más probable es que sus comunidades a la larga terminen en situaciones de pobreza.
Una caja de herramientas para mejorar la implementación de la Agenda 2030
Durante la Conferencia de la Tierra en Río 92 quedó claro que los gobiernos solos no pueden lograr el desarrollo sostenible sin una colaboración activa y la participación de la sociedad civil. Sin embargo, los desafíos que enfrenta la sociedad civil para tener una participación más significativa dentro del proceso aumentan constantemente. En ese sentido es muy importante que los actores civiles conozcan una serie de herramientas que se han desarrollado en las últimas décadas para garantizar su participación y poder contribuir así al logro de la Agenda 2030 y los ODS.
En este sentido, varias organizaciones bajo el paraguas del Grupo Principal de la ONG tomaron el asunto para demostrar cómo la participación de la sociedad civil puede ser más efectiva mediante la identificación de herramientas útiles para aumentar la participación de la sociedad civil a lo largo del proceso. Como resultado de meses de organización, se puso en marcha un evento paralelo donde tuvo lugar una rica discusión bajo tres líneas de trabajo: a) Desarrollo de políticas b) Aplicación del principio de interrelaciones e c) Influencia en cuestiones transversales. Como resultado, se han identificado desafíos y alternativas para empezar un trabajo continuo, en unidad y solidaridad, de cara al próximo FPAN2019, donde el tema será justamente “Empoderando personas, garantizando la inclusión y la igualdad”.
Aunque los desafíos son grandes, a medida que la sociedad civil se involucra más en contribuir al logro de la Agenda 2030 y los ODS, existe una creciente preocupación por fortalecer un marco de trabajo que permita incluir, dentro de toda la arquitectura del proceso, más voces, con el objetivo de reducir la pobreza y lograr la prosperidad sin dejar a nadie atrás. Esto se puede lograr garantizando procesos más participativos, no solo durante las FPAN sino también a nivel nacional. El proceso tiene que reconocer las contribuciones, sin importar cuán pequeño o grande sean, de todos los actores civiles y especialmente incluir esas luchas que apuntan alcanzar objetivos comunes más grandes.